Instituciones y ciudadanía son dos conceptos que, sin ser antagónicos, parecen contraponerse hoy día en Cuba. La indefensión del ciudadano es de tanta magnitud que ante cualquier situación cotidiana los cubanos sufrimos toda una “odisea” para dar solución al problema, sea complejo, sea sencillo.
En una sociedad donde han calado tan hondo la falta de valores, la ausencia de una exhaustiva educación y la imposición de esquemas e ideologías únicas, los diferentes roles sociales se mezclan, se tergiversan y en muchos casos se desconocen.
La gobernabilidad, definida como el arte de gobernar, tiene como misión articular un desarrollo sostenible entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Es el recurso de las instituciones para velar por la ciudadanía. La gobernanza de los propios ciudadanos es la capacidad de autogestión de la vida en el cumplimiento del marco legal establecido por el país, es el derecho a la organización que defienda a la persona sencilla de la compleja armazón de la institución.
Los roles están claros. Ahora bien, los vacíos generados en el poder y en la sociedad civil desembocan en el irrespeto al ciudadano y la violación de sus derechos fundamentales. Una sencilla mirada entorno al funcionamiento de nuestras instituciones nos indica el camino que nos queda por recorrer en la búsqueda del bienestar. No solo se trata de mostrar la mejor cara de la moneda, cuando se dice hacia el mundo que tenemos el sistema más democrático, con educación y salud gratuitas. Se trata de mirar y proyectar hacia dentro para que la vida del ciudadano común sea más llevadera y se sienta verdaderamente representado por unas instituciones de bases sólidas.
¿Cómo funcionan nuestras instituciones? ¿Cuál es el trato que recibimos en nuestras instituciones laborales, educativas, sanitarias y de servicios en general? El menor trámite puede convertirse en una agonía. El derecho más elemental puede ser violado bajo el amparo de la ley, que pareciera estar en función de las instituciones y pocas veces en beneficio del ciudadano.
Queda de parte nuestra, los de a pie, los protagonistas de nuestra historia personal, cumplir nuestros deberes ciudadanos para poder exigir nuestros derechos. Y de su parte, las instituciones, deben humanizar el trabajo, hacerlo terrenal y generar confianza en los ciudadanos. Desterrar el lenguaje común que repite: “Eso viene de arriba” o “Así está en la ley”, y hacerse accesibles, podrían ser los primeros pasos de acercamiento entre las instituciones y los ciudadanos.
Yoandy Izquierdo Toledo (Pinar del Río, 1987).
Licenciado en Microbiología.
Máster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia y el Centro de Bioética Juan Pablo II.
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
Responsable de Ediciones Convivencia.
Reside en Pinar del Río.