En nuestro país algo más de doscientas personas cumplen condenas por motivos políticos o de conciencia, estos dos conceptos tan controvertidos en la jurisprudencia penal internacional lo son también en Cuba y pone en constantes aprietos al Estado cubano, que una y otra vez les niega ese estatus a estos prisioneros, reconocidos como tales por la comunidad internacional.
Por Juan Carlos Fernández
El asunto medular para el Estado cubano radica, pienso yo, en el dilema de si conviene reconocer la existencia de esta categoría específica de presos. Puesto que calificarlos de políticos o de conciencia significaría que sus maneras de pensar, opiniones y actos cuestionan directamente la legitimidad y la autoridad del gobierno. Por el contrario concederles un estatus diferente estaría admitiendo de manera implícita que se enfrenta a un problema mucho mayor y más complejo que el de la delincuencia común, que por lo general no implica una hostilidad en su contra.
Para paliar la situación, no para solucionar el problema, el Estado, representado en sus más altos dirigentes, acude históricamente, desde que tengo uso de razón, a la descalificación de estas personas y los ideales que defienden, escudándose en un nacionalismo que raya en la ceguera, negando llanamente que se practiquen detenciones y encarcelaciones de carácter político, calificándolas como de vulgares delincuentes o mercenarios.
En una sociedad democrática es inconcebible que un gobierno encarcele a sus adversarios políticos. Cuando esto sucede en Cuba, opino que con demasiada frecuencia, y la opinión pública se moviliza exigiendo la libertad de estos hombres y mujeres, vuelve nuevamente la espada estatal a descalificar y ofender, en este caso su atención se centra en la comunidad internacional y las figuras o gobiernos que se solidarizan con los nuevos condenados. Es todo un círculo vicioso del que, desde hace tiempo, demasiado, no se sale y que en nada ayuda a parte alguna.
Por otra parte, en nuestro país los opositores y disidentes tienen muy pocas herramientas, legislativas y constitucionales, con las que defenderse, aunque siempre existen alternativas, tales como: Se declaran inocentes de los supuestos delitos que se les imputan, fundamentando esta postura en que su condena se basa en procederes inmorales y totalmente parcializados. Otra forma es cuestionando la propia legislación comparándola con los instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos, que son bastantes, demostrando que sus actos no son, en manera alguna, constitutivos de delito, sino que es la propia autoridad la que les imprime un carácter criminal con el objetivo de amordazar a la oposición. También los opositores y disidentes cubanos a menudo objetan la sentencia demostrando que los supuestos actos que el Estado tacha de criminales, la llamada propaganda enemiga o la peligrosidad pre- delictiva por ejemplo, que está siendo tan usada últimamente por las autoridades cuando de juzgar a opositores se trata, se justifican por la ilegitimidad de las autoridades que ejercen el poder.
A nivel internacional desde hace unos años, una organización tan prestigiosa como Amnistía Internacional comenzó a utilizar una categoría, pienso que es de las más relevantes, que para los opositores y disidentes en Cuba ha sido de suma importancia dado el carácter pacífico de su lucha, esta es la de: presos de conciencia. Esta categoría incluye a todos los individuos que están encarcelados por causa de sus creencias o por sus opiniones, haciendo una excepción de los que han practicado o propiciado la violencia, muchos cubanos que hoy guardan prisión han sido incluidos en ella. Aunque esto no ha significado que en los establecimientos penitenciarios del país se les clasifique como tal y reciban el tratamiento que les otorgan los tratados y convenios sobre tratamiento a los reclusos adoptadas por Naciones Unidas que incluyen la separación por categorías, locales destinados a los reclusos, higiene personal; alimentación, servicios médicos, ejercicios físicos, disciplina y sanciones, etc. El no cumplimiento de estos y demás acápites ha sido continuamente denunciado por los propios presos y sus familiares a organizaciones de defensa de derechos humanos, incluida la ONU, debido a las constantes violaciones en que incurren las autoridades penitenciarias cubanas. Por ejemplo, la Regla 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento a los Reclusos de las Naciones Unidas apunta específicamente en la diferenciación y protección de los reclusos y reza textualmente: Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles. Esta regla tan bien definida no es cumplida en ningún establecimiento penitenciario del país, los presos políticos y de conciencia conviven con los presos comunes y en muchas ocasiones con reclusos altamente peligrosos. Esto es solo a modo de ejemplo para ilustrar esta realidad.
Por último, opino que las personas que desde hace cincuenta años toman las decisiones que nos afectan a todos los cubanos, debían hacer un examen profundo de su actuación pública y tomar conciencia de la actual situación del país y de la comunidad internacional, las normas de la geopolítica no son las mismas de las de 20 ó 30 años atrás, el mundo ha cambiado y seguirá cambiando. El empeño de encarcelar a opositores y disidentes no es la solución, más bien demuestra el fracaso político de un sistema que por un lado reconoce las preferencias sexuales de cada quien como un problema del individuo con su conciencia, sin embargo se obstina, más bien se obceca, en no reconocer la libertad de esa misma conciencia cuando a corrientes de pensamiento político, económico o social diferentes al oficial, son enarboladas por cubanos y cubanas dentro o fuera de la Isla. Sin embargo, el gobierno cubano mantiene excelentes relaciones con Estados en los que gobiernan social- demócratas, demócratas- cristianos, liberales, socialistas, etc. ¿Por qué entonces se encarcela a los cubanos que se afilian a estas corrientes de pensamiento y proponen sus programas al pueblo? ¿No tienen igual validez estas propuestas a las del Partido Comunista?, ¿Consideran nuestros gobernantes que los tratados de defensa de los derechos de las minorías, tanto étnicas, religiosas o políticas, el caso que nos ocupa, son selectivos e injustos?
El gobierno cubano debe admitir que el reclamo de la condición de preso político o de conciencia por muchos de los detenidos, enjuiciados y encarcelados en las cárceles cubanas indica hasta qué punto esos ciudadanos y el sector de la población que los apoya, creciente por cierto, dentro y fuera del país, se sienten excluidos y marginados. Las soluciones políticas, la puesta en libertad de estas personas, por ejemplo, el diálogo y el debate entre todos para la búsqueda de soluciones a los graves problemas de nuestro país serían mucho mejor que hacer intervenir el poder judicial. Esta actitud, además de valiente y justa, les daría a nuestros gobernantes una mayor credibilidad ante el pueblo y la comunidad internacional y calmaría, de eso estoy seguro, el perenne dolor de cabeza que implica tener en las prisiones, en pleno siglo XXI, a más de un centenar de personas que solo están ejerciendo el mismo derecho que los militantes del PCC, solo que con un prisma diferente, pero tan auténtico como aquel y con el mismo amor por Cuba y su progreso.
Juan Carlos Fernández Hernández (1965).
Ex- Corresponsable de la Hermandad de Ayuda al Preso y
sus Familiares de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de
Pinar del Río. Animador de la sociedad civil.