- Una conversación en La Habana
En una de mis primeras conversaciones con Dagoberto Valdés, en la Embajada de Polonia en La Habana, hace ya una década, hablamos de la transición pactada. No como fórmula académica, sino como la única vía que parecía capaz de ofrecer dos cosas a la vez: un cambio pacífico y un seguro contra el desenlace que nadie desea, el caos, la venganza, el deslizamiento hacia un Estado fallido.
Aquella conversación me acompaña desde entonces, porque yo venía de un país que hizo exactamente eso. Polonia negoció con quienes la habían gobernado durante más de cuatro décadas de dictadura comunista, y funcionó. En dos años era una democracia, y el cambio de régimen se produjo sin guerra civil.
Conviene aclarar de entrada un equívoco, porque en Cuba la expresión Mesa Redonda nombra un programa de televisión dedicado a adoctrinar. En Polonia nombró otra cosa: entre el 6 de febrero y el 5 de abril de 1989, el poder comunista y la oposición ilegalizada negociaron durante dos meses las condiciones del desmontaje de un régimen. Y la forma no era casual: en una mesa redonda nadie ocupa la cabecera, nadie queda en un extremo y nadie es arrinconado. El mueble era ya una parte del acuerdo.
Fue un éxito, pero funcionó de una manera que casi nadie había previsto, y dejó abierto un asunto que treinta años después seguía haciendo daño. Contar eso, y no la versión heroica, es lo que quizás pueda resultar útil.
- La palabra que no se podía decir
Durante los años en que residí en La Habana, entre 2015 y 2021, la parte polaca planteó más de una vez, en reuniones con representantes del gobierno cubano, su disposición a compartir la experiencia polaca de cambio político. Se ofrecía con toda la delicadeza posible, y lo que se ofrecía era ayuda para evitar errores: los que nosotros mismos habíamos cometido y que aún estábamos pagando. No era una propuesta ni una condición, sino una invitación a conversar.
Caía en el vacío. Siempre.
Lo llamativo no era el rechazo, que resultaba previsible, sino dónde se situaba. No se discutía el contenido de la oferta: el obstáculo aparecía antes, en el vocabulario. Ni siquiera era posible pronunciar la palabra transición. Nombrarla ya se entendía como una agresión, como si la sola existencia del término implicara un juicio sobre la legitimidad de quien escuchaba.
Anoto esto porque explica el límite de todo lo que sigue. La Mesa Redonda polaca no fue posible porque alguien tuviera un buen plan, sino porque en 1988 el régimen comunista aceptó que necesitaba negociar, y aceptó el lenguaje de la negociación. Ese es el prerrequisito. Con quien considera que la palabra misma es un insulto no se diseña ninguna transición pactada, por buena que sea la voluntad de la otra parte.
- La masa crítica
En agosto de 1980, en Gdansk, el gobierno comunista firmó unos acuerdos con el comité de huelga de los astilleros, encabezado por un electricista llamado Lech Wałęsa. El nombre Solidaridad ya circulaba: era el título del boletín que los huelguistas imprimían dentro del astillero. Semanas más tarde aquel movimiento se convirtió en un sindicato legal que en pocos meses reunía cerca de diez millones de afiliados, alrededor del ochenta por ciento de los trabajadores del sector estatal.
Conviene entender qué era ese bloque, porque la palabra sindicato despista. Dentro de Solidaridad convivían obreros de los astilleros, intelectuales, católicos, liberales, nacionalistas y campesinos: cayó el muro que separaba a la gente con estudios de la gente de las fábricas. Eso, y no el número, fue la masa crítica. Ninguno de esos grupos habría bastado por separado: los intelectuales sin fuerza material, los obreros sin programa jurídico ni voz internacional, y ambos sin el único espacio que el poder no controlaba del todo, que era la Iglesia.
Aquellos grupos tenían, además, proyectos de país incompatibles entre sí, y lo sabían. Lo que hicieron fue tomar una decisión: aplazar sus diferencias y aceptar un único objetivo común, la democracia. Todo lo demás quedaría para después. Y en efecto rivalizaron después, con una ruptura amarga en 1990 que dejó heridas que aún duran. Pero rivalizaron habiendo conseguido ya lo que perseguían. Ese orden importa: primero el objetivo compartido, luego la competencia legítima entre proyectos. Al revés no funciona.
En Cuba no existe hoy una estructura comparable, y es importante decir por qué. No es por falta de coraje ni de talento organizativo. Es porque el régimen ha diseñado durante décadas un sistema que impide precisamente la agregación. Cada organización independiente que crece es vigilada, infiltrada, dividida, y sus miembros son encarcelados, regulados o empujados al exilio. La fragmentación de la sociedad civil cubana no es un fallo de la sociedad civil cubana. Es un producto del aparato represivo, y funciona exactamente como fue concebido para funcionar.
Laritza Diversent lo ha formulado sin adornos: la sociedad civil cubana no está hoy en posición de negociar, limitada como está entre la represión y el exilio. Es un diagnóstico honesto y hay que partir de él, no de un optimismo de conveniencia.
Ahora bien, si en lugar de una organización única se buscan los componentes de esa masa crítica, en Cuba están todos. Está el pensamiento, con el Centro de Estudios Convivencia y su Itinerario entre quienes forman personas y preparan propuestas para un momento que aún no llega, que es lo que en Polonia hacían los círculos de educación independiente antes de 1989. Está la protesta cívica y pacífica, sostenida durante décadas a un coste altísimo, desde las Damas de Blanco hasta Oswaldo Payá y su Proyecto Varela o Guillermo Fariñas, y junto a ella el arte y el periodismo independiente. Y está el trabajo jurídico y documental del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Cubalex, Justicia 11J, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Prisoners Defenders: registros verificados, con nombres, fechas y sentencias, que ninguna transición puede improvisar el día después.
Los componentes existen, por tanto. Lo que la experiencia polaca sugiere es que no se convierten en masa crítica por acumulación sino por decisión, y que esa decisión tiene un precio incómodo: exige que cada organización acepte que su propio proyecto de país no se discutirá todavía. Si trabajan juntos, la masa crítica del lado de la sociedad civil está al alcance, y lo que faltaría entonces no sería un actor más de ese lado sino el otro lado de la mesa. Porque el poder negocia con quien puede comprometerse en nombre de muchos; si no encuentra a nadie así, negocia consigo mismo. Y si no acepta que hay algo que negociar, no negocia en absoluto.
- Los que se fueron y los que se quedaron
Empecemos por lo que no se puede discutir. Una parte enorme de los cubanos vive fuera de Cuba, y no por una decisión libre. Se fueron porque el país dejó de ofrecerles condiciones para vivir, porque fueron perseguidos, o porque fueron expulsados. El destierro no es en Cuba una figura del siglo XIX: sigue practicándose, y está documentado con nombres y fechas. Hay presos políticos excarcelados a condición de abandonar la Isla, sacados de una prisión y llevados directamente a un aeropuerto sin poder despedirse de nadie.
De ahí se sigue una conclusión que conviene dejar sentada antes de cualquier matiz: quien fue expulsado no puede ser tratado después como si se hubiera marchado. El exilio cubano tiene pleno derecho a decidir sobre el futuro de su país, y ese derecho no es una concesión que alguien le otorgue. Es suyo por la misma razón que se lo intentaron quitar.
En Polonia, la diáspora de los años ochenta cumplió un papel importante pero acotado: financiaba, imprimía y presionaba a los gobiernos occidentales. Apoyaba, pero no mandaba. Cuando llegó 1989, nadie discutió que las decisiones se tomaban en Varsovia y en Gdansk, y que las tomaban quienes habían pasado allí los años difíciles.
La diáspora cubana es otra cosa. Es incomparablemente más rica que quienes se quedaron, está mucho más concentrada geográficamente, mejor organizada en términos políticos y asentada en el país que más determina el contexto internacional de Cuba, a noventa millas de la Isla y con vínculos familiares densos con ella. Buena parte de las propuestas de transición mejor elaboradas se producen fuera. Los recursos están fuera. El acceso a los decisores está fuera. Y las organizaciones de dentro operan bajo vigilancia permanente, con detenciones, cortes de internet y salidas forzadas.
Esa asimetría no es culpa de nadie, pero produce un riesgo específico que en Polonia no existió: que la diáspora acabe no apoyando el proceso sino conduciéndolo. Y no haría falta ninguna mala intención para que ocurriera, bastaría con la inercia de quien puede pagar, viajar, hablar con quien haga falta y publicar sin miedo, frente a quien no puede hacer casi nada de eso.
El riesgo, por tanto, no es que la diáspora participe, sino que, terminado el proceso, quede instalada la idea de que lo decidió todo Miami y de que quienes se quedaron dentro, y pagaron el precio de quedarse, no tuvieron ni voz ni influencia. Una transición puede sobrevivir a muchos errores técnicos, pero a un déficit de legitimidad de ese tamaño, no. Y quien quiera aprovecharlo lo tendría demasiado fácil: bastaría con repetir que todo fue una operación extranjera.
Lo que se necesita no es limitar a nadie, sino diseñar un equilibrio explícito, y hacerlo antes y no después. No sé cuál es la fórmula, y no me corresponde proponerla. Pero en 1989 nadie tuvo que discutir quién decidía, porque la respuesta era evidente para todos. En Cuba no lo será, y cuanto más tarde se acuerde, más caro saldrá.
Hay señales de que el problema está identificado. El Consejo para la Transición Democrática ha reclamado una silla propia para la sociedad civil cubana en cualquier negociación sobre el futuro del país, y en su enumeración de quiénes son Cuba incluye tanto a los de dentro como a la diáspora. La conciencia existe, falta convertirla en reglas.
- Quién define el pasado
Queda una cuestión que Polonia resolvió peor y que aquí sólo puedo señalar, porque merece un tratamiento propio. En agosto de 1989, al presentar el primer gobierno no comunista del bloque soviético, Tadeusz Mazowiecki dijo ante el parlamento que su gabinete respondería sólo de lo que hiciera a partir de ese momento, y empleó una imagen: el pasado quedaba separado por una línea gruesa. No hablaba de archivos ni de responsabilidades penales. Un año más tarde la frase se leía como un tachón, borrón y cuenta nueva, impunidad pactada. Y quien la rebautizó así no fue el régimen saliente, sino los antiguos compañeros del que la había pronunciado.
La lección cabe en una línea: lo que no se define, lo define otro. El Editorial 109 de esta revista sitúa el cambio fraude entre los desenlaces posibles para Cuba, y la experiencia polaca añade que ese riesgo no exige mala fe de nadie: basta con dejar el estatuto del pasado como cuestión abierta, sin norma y sin procedimiento, para que cualquiera lo nombre a su conveniencia. Qué deba contener esa norma no lo puede decir un polaco, porque es una decisión moral cubana. Lo que sí puedo decir es que hay ya trabajo hecho, en Cubalex, en los informes del Itinerario de este Centro y en la documentación acumulada por las organizaciones de derechos humanos, y que decidirlo por ley y a tiempo siempre será preferible a dejarlo al criterio moral del momento, que acaba dependiendo de quién tenga más fuerza cuando ese momento llegue.
- No hay modelos, hay decisiones
Vuelvo a aquella conversación en la Embajada. Sigo pensando que el planteamiento era correcto, y por eso he intentado contar cómo funcionó aquello en realidad, y no la versión heroica que circula en los aniversarios. La transición polaca figura hoy entre las experiencias exitosas de salida de un régimen comunista, y ese resultado no está en discusión. Pero el proceso que condujo a él fue mucho menos ordenado de lo que sugiere su desenlace: los acuerdos fueron rebasados por los hechos en semanas, y una cuestión central quedó sin resolver y se pagó cara durante décadas.
De ahí que la palabra modelo no sirva. Cuba no tendrá una Mesa Redonda, ni una Solidaridad, ni un 1989. Lo comparable no son las condiciones, que son distintas, sino las decisiones, que se parecen mucho: si los distintos componentes de la sociedad civil aceptan un objetivo mínimo común antes que sus programas completos; quién decide, dentro y fuera; y cuándo se fija por ley el estatuto del pasado.
Ninguna de las tres puede tomarla un extranjero, pero las tres se toman una sola vez, y siempre con menos tiempo del que uno querría.
Queda aquella otra cuestión, la del vocabulario, y es la que no depende de la sociedad civil cubana. Mientras la palabra transición siga siendo, para quien manda en Cuba, una agresión y no un asunto del que conversar, nada de lo anterior tiene por dónde empezar. El día en que pueda pronunciarse, todo lo demás pasa a ser posible. Difícil, pero posible.
- Adrian Chrobot.
- Doctor en Ciencias Sociales por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa en 2012.
- Diplomático con más de 15 años de experiencia en misiones internacionales, especializado en
- Derechos Humanos, asuntos europeos, migraciones, América Latina y diplomacia pública y cultural.
- Actualmente trabaja como profesor titular en la Universidad de Silesia en Katowice (Polonia) y profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna.