Martes de Dimas
La vivienda, como necesidad básica, debe y tiene que estar subordinada a un fin que es el ser humano. En nuestro país, el crecimiento de la población, el envejecimiento del fondo habitacional, el deterioro por falta de mantenimiento, los continuos derrumbes, el bajo ritmo de construcciones y la desmovilización ciudadana, conforman un cuadro que se agudiza en el tiempo, se generaliza en el espacio y amenaza con devenir tragedia.
Hasta la década del 50 del pasado siglo, sin desconocer las carencias e injusticias existentes, la persona que necesitaba una vivienda podía elegir entre el arrendamiento, la construcción o la compra. La renta, en dependencia de la calidad, el lugar y el tamaño, podía pagarse con el 10% del salario (en algunos lugares de la capital y otras grandes ciudades podía ser mayor). Con un salario mensual de unos cien pesos, podía solicitarse un crédito a instituciones como Previsora Latinoamericana, que se amortizaba en varios años con un 20 % de interés. Otras, como el Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), construían viviendas para trabajadores y clase media en repartos residenciales como Fontanar, Alta Habana y Aldabó, a precios que dependían de las medidas y comodidades del inmueble. Los que tenían mayor solvencia podían comprar directamente. En esas opciones, el Estado apenas participaba, al punto de no existir una institución especializada para esos fines.
El gobierno que asumió el poder en 1959, olvidando que las viviendas las empezaron a construir los hombres y sus familias antes del surgimiento del Estado, decidió, revolucionariamente, eliminar los mecanismos existentes y asumir la responsabilidad total en esa materia. Se crearon instituciones, se exoneró de impuestos durante diez años al que construyera una casa para vivirla, se rebajaron los alquileres y se aprobó una Ley de Reforma Urbana que reconocía la posesión de la vivienda como derecho imprescindible e inalienable del ser humano.
Desde esa voluntad, instituciones e instrumentos estatales, comenzó lo que en el argot revolucionario se designó como «batalla por la vivienda». Así, en la década del 60 el Estado revolucionario, que desde su inició demostró eficiencia en distribuir, pero no en producir, desconoció la experiencia acumulada antes de 1959, y procedió a la elaboración de un plan detrás de otro.
El primero, de 1960 a 1970, intentó construir 32 000 apartamentos anuales, pero no pudo rebasar la cifra de 11 000 como promedio. El segundo, de 1971 a 1980, elevó la meta a unas treintaiocho mil anuales, pero el resultado no alcanzó las 17 000 como promedio. A partir de 1981 se inició un plan de 100 000 anuales, que entre 1981 y 1990 no pudo rebasar la cifra promedio de 40 000. En 1995 se logró sobrepasar las 40 000, pero la cifra descendió paulatinamente hasta que en los primeros siete meses del año 2005 solo se habían concluido 7 300 viviendas.
Cuando el déficit habitacional heredado -resultado del fracaso de los planes del Estado y la desmovilización ciudadana- condujo a ocupaciones ilegales y construcciones no autorizadas, el énfasis estatal giró de la construcción al intento de controlar el creciente desorden. Las razones anteriores se unen al efecto devastador de los fenómenos atmosféricos. De 1998 al 2004 la cifra de esos eventos tropicales fue superior al promedio de diez por año, incluso en el año 2003 hubo dieciséis, de los cuales siete calificaron como huracanes con vientos superiores a los 118 kilómetros por hora, mientras entre los años 2001 y 2005 los huracanes con vientos por encima de los 178 kilómetros por hora superaron las cifras de cualquier década desde fines del siglo XVIII. En ese período cuatro organismos de esa magnitud -Michelle (2001), Charley e Iván (2004) y Dennis (2005)- visitaron la Isla. Y el año 2008 el crítico problema habitacional cubano recibió un golpe demoledor: alrededor de medio millón de viviendas fueron dañadas o derribadas totalmente por los fenómenos atmosféricos tropicales Fay, Hanna, Gustav e Ike.
Como resultado de los factores antes mencionados, un cálculo conservador arroja un déficit superior al millón de viviendas, el cual no es mayor «gracias» a los más de dos millones de cubanos que han abandonado el país desde 1959. Como el actual crecimiento demográfico demanda unas cincuenta mil nuevas casas anuales, al ritmo de las cien mil propuestas, se requerirían unos veinte años construyendo. Sin embargo, la realidad se impone, del plan de 100 000 ya para el 2008 no se rebasaban las 50 000 nuevas viviendas, es decir, una cifra que solo alcanzaba para satisfacer el crecimiento poblacional de ese año, por lo que el déficit acumulado continuaba en lista de espera.
En diciembre de 1984 la ley 48 «Ley General de la Vivienda», autorizó la «transferencia de la propiedad» a la cubana. Es decir, propiedad sin derecho de propietario. En 1988 se aprobó la ley vigente, encaminada a reordenar las regulaciones anteriores para propiciar la solución del déficit habitacional y fortalecer el control estatal sobre las operaciones alrededor de la vivienda. En julio del 2000 se aprobó el Decreto-ley 211, que contempla inspecciones físicas a los inmuebles, exige autorización institucional para permutar, y autoriza a funcionarios estatales para determinar sobre la propiedad de la persona, con menoscabo del derecho de propiedad reconocido en las leyes anteriores. En febrero del 2001 se aprobó otro decreto ley para el control de las contravenciones que eliminó definitivamente la compraventa entre particulares y otorgó a las entidades municipales de la Vivienda el derecho de confiscación.
La posible solución del problema habitacional en Cuba exige situar en primer plano al ser humano y desde ahí definir la función social de la vivienda y la imprescindible participación autónoma de los ciudadanos, al margen de criterios políticos, ideológicos o de cualquier otro tipo. El Estado debe y tiene que participar en la solución de forma paralela a los ciudadanos, que actualmente carecen de autonomía para la creación de pequeñas y medianas empresas privadas o cooperativas de materiales de construcción, de reparaciones, de venta de materiales, de transporte y de financiamiento alternativo, lo que constituye un insalvable obstáculo en el propósito de resolver o aliviar la crisis habitacional.
Se requiere, además, de la redefinición del derecho de propiedad como institución necesaria al ciudadano y al desarrollo, así como la realización de estudios multidisciplinarios sobre los factores psicológicos, sociológicos y demográficos, la creación de un nuevo organismo rector con rango de ministerio, y la creación e implantación de las instituciones y políticas correspondientes. Cuba demanda una nueva política habitacional cuyo eje central debe ser la combinación armónica entre justicia social, intereses individuales y sociales, libertad y posibilidad de participación, en fin, Estado y sociedad conjuntamente.
- Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
- Reside en La Habana desde 1967.
- Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
- Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
- Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
- Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).