Impedir que la Isla sea hundida en el mar, una responsabilidad de todos

Martes de Dimas

La mejor y última expresión de la continuidad en Cuba han sido los recientes acuerdos tomados en la sesión constitutiva de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) al ratificar en sus cargos −a pesar del resultado negativo de sus gestiones administrativas− al presidente de la República y a la casi totalidad de los funcionarios del Estado y del Gobierno.

Una mirada a la historia precedente devela que tan descabellada decisión no fue casual, sino el resultado lógico de la continuidad declarada desde sus orígenes. El 16 de octubre de 1953, en el juicio seguido contra los asaltantes al Cuartel Moncada, su líder, Fidel Castro, dijo: “nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres, y primero se hundirá la isla en el mar antes que consintamos en ser esclavos de nadie”.

La frase, de corte numantino, expresada mucho antes de asumir el poder, encubría un propósito manifestado durante la Crisis de los Misiles en octubre de 1962 y en la clausura del IV Congreso del Partido Comunista en octubre de 1991; propósito estrechamente relacionado con lo ocurrido en la en la sesión constitutiva de la X Legislatura de la ANPP:  la pretensión de decidir sobre la vida y la muerte de los demás sin tener que consultarles.

Para realizar esa intención en un país dotado de libertades y derechos refrendados constitucionalmente, se requería de una premisa: desmontar la infraestructura política, económica, cívica e institucional fraguada durante el medio siglo de república que precedió al asalto, y que el propio Fidel Castro mismo describió en el citado alegato de 1953:

Os voy a referir una historia. Había una vez una República. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; presidente, congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El Gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y en el pueblo palpitaba el entusiasmo.

Claro está que con esa infraestructura, aunque aún joven, ningún hombre o partido político podía determinar la suerte de Cuba. Se imponía su desmantelamiento, un proceso realizado esencialmente en los dos o tres primeros años de poder revolucionario.

La Constitución que tenía aquella República, la de 1940, en lugar de ser restablecida plenamente como se había anunciado en el discurso de defensa, fue sustituida en esos primeros años de revolución por la Ley Fundamental del Estado cubano, unos estatutos que  eliminaron la división de los poderes públicos, declararon la no necesidad de realizar elecciones libres, concentraron  los poderes de gobierno en un consejo de ministros presidido por el líder de la revolución, sustituyeron la diversidad de asociaciones cívicas por las llamadas organizaciones de masas, mientras el Estado monopolizaba la propiedad, la enseñanza, la cultura y los medios de comunicación, a la vez que erradicaba el pluralismo político: la figura del ciudadano desapareció, y el terreno quedó listo para el inmovilismo y la continuidad.

El deterioro de la agricultura, la industria, la energía eléctrica, el transporte, el sistema de salud y las finanzas; el retroceso en los sistemas de salud y educación; los millones de cubanos reducidos a la pobreza; la desnutrición; la elevada inflación; el aumento de la represión, y el éxodo masivo que sólo hacia Estados Unidos huyeron más de 270 mil cubanos en 2022, acumularon un descontento que se manifestó con fuerza en dos de los últimos hechos: las manifestaciones del 11 de julio de 2021 −un acontecimiento inédito en la historia política de Cuba por su extensión, magnitud y espontaneidad−, y la elevadísima abstención a las “elecciones” del 26 de marzo de 2023; una situación que ubica a Cuba como Estado fallido, aunque aún conserve el control del territorio nacional.

La decisión gubernamental de mantener el poder al precio que sea necesario llevó al Gobierno a desestimar las oportunidades de cambiar gradualmente, lo que ha conducido a una crisis sistémica profunda en la que ya ninguna reforma parcial puede revertir el proceso,  mientras una reforma estructural, que es lo que se requiere, conducirá inevitablemente, en el corto o mediano plazo, a lo que la oligarquía totalitaria no está dispuesta: la pérdida del poder; de ahí el peligro del atrincheramiento de la élite que controla al Partido-Estado-Gobierno.

La continuidad del fracaso que representan públicamente el presidente Díaz-Canel y los funcionarios ratificados en sus cargos, se corresponde palmo a palmo con lo manifestado por Fidel Castro el 16 de octubre de 1953: disponer la suerte de un pueblo sin su consentimiento; ahora con una diferencia sustantiva: el Partido-Estado-Gobierno –estructura creada para perpetuar el mando−, no sólo actúa sin el consentimiento del pueblo, sino contra su voluntad soberana, manifestada en las protestas populares, las “elecciones” y el éxodo.

Los que ocuparon el poder, al clausurar todos los caminos cívicos para el cambio, son responsables de lo ocurrido en más de seis décadas decidiendo el destino de Cuba con la balanza inclinada hacia el retroceso, un tiempo en el que han contraído intereses económicos −concentrados esencialmente en el holding GAESA, como ha demostrado la Asociación Cuba Siglo XXI− que el grupo gobernante está decidido a defender. Esto ha llevado a esta devenida élite oligárquica, a tratar de copiar el modelo más cercano a sus intereses: el poder oligárquico encabezado por Vladimir Putin en Rusia.

La imposibilidad de esa élite de mantenerse ante su avanzado estado de descomposición, permite asegurar que Cuba está abocada a una salida violenta, bien por una crisis al interior del poder, bien por una nueva oleada de manifestaciones masivas, circunstancias en la que todos seríamos perdedores, y cuya responsabilidad, de producirse, recaerá únicamente en quienes decidieron que primero se hundiría la Isla en el mar −y esclavizaron, eso sí, a todo un pueblo−antes de perder el poder.

Ante tal realidad se impone un esfuerzo combinado de inteligencia y acciones para que los cambios, inevitables, transcurran en dirección opuesta a la decisión numantina e inconsulta de la élite que ocupa el poder.

Lleida, 24 de abril de 2023

 

 


  • Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
  • Reside en La Habana desde 1967.
  • Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
  • Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
  • Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
  • Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
  • Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).
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