Martes de Dimas
La historia social es indetenible. Aunque la hacen los hombres la misma se rige por sus propias leyes. La prolongada duración del actual gobierno de Cuba proyectaba la falsa impresión de que la historia de la Isla se había detenido en el tiempo; una ilusión que el tiempo se ha encargado de desvanecer.
El origen de tal ilusión está en el desmontaje de la institucionalidad, la desaparición de la sociedad civil y de su agente: el ciudadano. Sin embargo, Cuba no estaba detenida, lo que ha ocurrido es que la acumulación de cambios, a veces imperceptibles, ha irrumpido de forma brusca.
El activismo y las redes sociales, gracias a Internet, al quebrar el monopolio estatal sobre la información y las comunicaciones, permitieron que hechos antes desconocidos, ahora fueran de conocimiento nacional e internacional. El Movimiento San Isidro, la concentración de jóvenes artistas en la sede del Ministerio de Cultura, la grandiosa manifestación del 11-J, y el llamamiento del 27-N, por solo citar cuatro eventos, al hacerse públicos estremecieron al poder y sacudieron el letargo de las mentes, provocando un salto que se venían gestando desde varias décadas atrás. Se trata de un hecho irreversible, pues a pesar de la represión desplegada contra los manifestantes, los miles de detenidos, enjuiciados, condenados y/o desterrados, las manifestaciones continúan.
Lo ocurrido con el sistema electoral es la más clara manifestación de ese proceso, caracterizado por la transformación de la apatía en conductas cívicas personales, y de acciones en pequeños grupos a acciones masivas, al punto de superar la historia precedente. Nunca antes, de forma simultánea, espontánea y pacífica, sin responder a la convocatoria de un partido político o un movimiento, millones de cubanos expresaron en las urnas un voto de castigo que introduce un nuevo escenario político.
Es importante tener en cuenta que las últimas elecciones libres, democráticas y competitivas celebradas en Cuba tuvieron lugar en 1948[1]. Para votar en ellas se requería haber cumplido los 20 años de edad, es decir, haber nacido antes de 1928. Por tanto, sólo los mayores de 94 años –si sus mentes aún les funcionan–, tienen una experiencia electoral verdadera; mientras otras cuatro generaciones carecen de una noción sobre el ejercicio y la importancia de las elecciones como manifestación de la soberanía popular.
Sin embargo, según los datos finales de las elecciones celebradas el domingo 27 de noviembre, publicados en la prensa oficial el `pasado jueves 8 de diciembre, 2 626 497 electores se abstuvieron y 623 632 anularon las boletas o las depositaron en blanco, lo que arroja un total de 3 250 129 cubanos, el 38,90% de los 8 254 717 empadronados; dato que en la capital alcanzó aproximadamente a la mitad de los habaneros.
La demostración de que se trata de un salto cualitativo y no de un hecho coyuntural está en los resultados de elecciones anteriores. En las parlamentarias de 2003 la suma de las abstenciones, las boletas depositadas en blanco y las anuladas fue solo de 6,13% del padrón electoral, lo que le permitía al Partido-Estado Gobierno exhibir un apoyo del pueblo casi absoluto. En las parlamentarias fue del 16,13%. En las municipales de abril de 2015 aumentó al 18,64%. En las de noviembre de 2017 al 21, 2%. Luego, en el referendo del Código de las Familias, en septiembre del año pasado la abstención alcanzó el 26%. Y ahora en las municipales se aproximó al 40%.
Teniendo en cuenta que en Cuba las elecciones no se realizan en presencia de observadores independientes, y que los datos son compilados y emitidos por la Comisión Nacional Electoral, creada por el propio gobierno, el resultado indica un salto de casi el 40% del electorado, lo cual devela la existencia de una grieta creciente entre pueblo y gobierno, y el renacimiento de conductas cívicas.
Lo significativo es que el salto ha ocurrido en ausencia de libertades y de soberanía popular, lo cual indica que está resurgiendo el ciudadano, un concepto que había desaparecido del escenario político cubano desde la década de 1960.
En “El Contrato Social o Principios del Derecho Político” (1762), Juan Jacobo Rousseau arribó a la siguiente conclusión: de la unión de las personas para defender y proteger sus bienes emana una voluntad general que convierte a los contratantes en un cuerpo colectivo político. Al ejercicio de esa voluntad general, devenida poder, se le denomina soberanía y al sujeto que la ejerce, es decir, al pueblo, soberano. “En esta filosofía –expresó Fidel Castro en su defensa durante el juicio por el asalto al Cuartel Moncada– se alimentó nuestro pensamiento político y constitucional que fue desarrollándose desde la primera Constitución de Guáimaro hasta la de 1940”[2].
Sin embargo, la Constitución vigente establece en su artículo 3, que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo; pero aclara que éste la ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ella se derivan. Es decir, la soberanía la ejercen órganos no elegidos por el pueblo, el cual está limitado a elegir a mano alzada, en las reuniones de circunscripción a candidatos para integrar las Asambleas Municipales del Poder Popular. De ahí en adelante, hasta la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es donde se concentra el poder, las Comisiones de Candidaturas, integradas por funcionarios de las organizaciones de masas (CTC, CDR, FMC, ANAP, FEU y FEEM) gozan de la potestad para incluir en las nominas hasta el 50% de los candidatos, sin necesidad de que hayan sido electos por el pueblo. Es decir, ni existe exista soberanía popular ni tampoco verdaderas elecciones.
El resultado de las elecciones del 27 de noviembre echa por tierra cualquier argumento para justificar la conservación del modelo totalitario y la existencia de un solo partido político: el comunista.
Si en 1959 los revolucionarios se legitimaron con la toma del poder mediante las armas y redistribuyendo lo que antes se había producido; hoy carecen de aquella legitimidad que le otorgaron las armas y también de la que otorgan las urnas, lo que permite deducir al menos dos posibles salidas:
Una, el aumento de las manifestaciones públicas y mayor represión gubernamental contra un pueblo que está hastiado y perdiendo el miedo, lo que podía y desembocar en una salida sangrienta que podría ser el último capítulo de la nación cubana.
Dos, una fractura en la esfera del poder, que recibiría el apoyo de una gran parte de los cubanos, en la cual aunque resulten inevitables algunas manifestaciones de violencia, podría conducir a una transición democrática.
Lo imposible es salir de la crisis actual y a la vez conservar el modelo que la generó.
La Habana, 12 de diciembre de 2022
[1] Las elecciones de 1954 y 1958, por las condiciones en que se celebraron, aunque fueron multipartidistas, no se pueden calificar como libres y democráticas.
[2] Fidel Castro. La historia me absolverá. Edición anotada. La Habana, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2008, p.85
- Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
- Reside en La Habana desde 1967.
- Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
- Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
- Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
- Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).