Martes de Dimas
El pasado 25 de febrero, en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en la presentación del proyecto de ley de soberanía y seguridad alimentaria, estaba presente el cuerpo diplomático acreditado en Cuba. El ministro de Agricultura, Ydael Pérez, explicó que el proyecto se sustenta en el derecho de la población a una alimentación sana y adecuada, y es una plataforma para lograr la seguridad en este ámbito, un aspecto de importancia estratégica para el país.
El concepto de soberanía alimentaria, que designa el poder de una nación para definir su política agraria y alimentaria, implica que los productores, distribuidores y consumidores, gocen del correspondiente empoderamiento para lograr tal fin.
En países con sistemas autoritarios o totalitarios, donde el Estado tiene supremacía sobre las personas y las cosas, predomina la propiedad estatal sobre los medios de producción y las personas han sido convertidas en objetos, el concepto de soberanía alimentaria es imposible, ante la ausencia de los sujetos poseedores de derechos y libertades para desempeñar el papel de soberano. Ese es el caso de Cuba. Precisamente, por esa ausencia, Cuba que antes producía el 80% de los alimentos de de origen agropecuario, hoy sólo produce el 20%, lo que obliga anualmente a erogar cientos de millones de dólares para adquirir en el exterior lo que se puede producir en el país.
La ineficiencia productiva sostenida durante décadas ha conducido a una crisis cada vez más profunda, cuyas manifestaciones más evidentes son la disminución en la producción de azúcar, de café, de carnes, de arroz y/o de medicamentos; es decir, de productos básicos para sobrevivir; mientras las colas alrededor de los mercados cada vez son más largas, la mayoría de las veces no para comprar, sino para ver si sacan algo a la venta.
Por tanto, aspirar a una soberanía alimentaria sin antes analizar las causas del retroceso sufrido, en ausencia devoluntad política para restablecer las bases, los mecanismos, y los derechos y libertades que permitían producir el 80% en el país, puede ser una falacia, una burla o cualquier otra cosa, menos un proyecto viable en ausencia del soberano.
Entre las causas de la actual crisis productiva salta a la vista, en primer lugar, la estatización con las leyes de reforma agraria de 1959 y 1963 y la “cooperativización”, que elevaron las tierras estatales a más del 75% del total; medidas continuada con la Ofensiva Revolucionaria de 1968, que liquidó los restos de propiedad privada que había subsistido hasta ese momento acompañado, a la vez, con una mayor centralización de las decisiones económicas y por tanto, con la desaparición total de lospequeños y medianos empresarios sin los cuales la soberanía alimentaria es irrealizable.
El concepto de soberanía alimentaria, debatido en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrado en Roma en 1996, surgió de las experiencias de la vida campesina, de la pequeña y mediana propiedad. No por casualidad en la Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, que tuvo lugar en La Habana en 2001, la misma se definió como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción.
En Cuba ese derecho de los pueblos, basado en la pequeña y mediana producción, no existe. Por tanto, el primer paso, para aspirar a la soberanía alimentaria, es devolver a los cubanos ese derecho vulnerado.
Las tecnologías, la ciencia y la participación de las universidades, como se está enarbolando, resultaninsuficientes. En la década de los años 70 y 80 del pasado siglo, esos factores estuvieron presentes. Y gracias a las ventajosas relaciones con la Unión Soviética, particularmente después del ingreso al CAME, Cuba contó con una infraestructura en maquinaria agrícola y paquetes tecnológicos, sistemas de riego y empleo de miles de toneladas de herbicidas, pesticidas, fertilizantes y de concentrados alimenticios para la ganadería, superior a los que contaban el resto de los países de América Latina, sin embargo el nivel de productividad cubano era el más bajo de la región. Por qué fue así, sencillamente por el predominio absoluto de la propiedad estatal y la decisión política de impedir la existencia de la pequeña y mediana propiedad y el resurgimiento de una clase media nacional.
De espaldas a los hechos, después de intentar una y otra vez aumentar la producción agropecuaria desde la primacía de la empresa estatal, el pasado mes de marzo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, a pesar de que afirmó que en los primeros tres meses de 2022 se vio una “recuperación gradual” –recuperación ausente en la vida de los cubanos–, admitió que, ese “incremento” no serviría para recuperar el PIB alcanzado en 2019, antes de la pandemia del coronavirus. Lo cierto es, según sus propias palabras, que se dejó de cumplir el plan de cultivo de arroz, de carne bovina y de cerdo y de leche; y que 439 empresas continuaban con pérdidas. Además, la campaña de productos estratégicos como el azúcar y el arroz se quedaron por debajo del rendimiento esperado.
Resulta significativo que el proyecto de ley, presentado en la sede de la ANPP se hiciera en presencia del cuerpo diplomático, como si se tratara de un logro obtenido. La invitación al personal diplomático, a cooperar con el país para llevar a feliz término los objetivos propuestos, realizada por el ministro de Agricultura, hace pensar que el propósito de la presentación era brindar una imagen de cambios al exterior para una vez más solicitar ayuda.
El ministro recordó que Cuba lleva sometida más de seis décadas a un férreo bloqueo por parte de Estados Unidos, el cual tiene un impacto negativo en la producción agropecuaria y la importación de alimentos, a lo cual se suman las afectaciones derivadas del cambio climático y de la actual crisis por la Covid-19. Tal parece, según sus palabras, que con el novedoso plan, como obra de milagro, Estados Unidos suspenderá el “férreo bloqueo”, el cambio climático dejará de afectar y la Covid-19 desaparecerá. Lo que permitirá su realización.
El proyecto de ley dirigido a lograr la soberanía alimentaria en Cuba tendría realmente valor e importancia si en el mismo se colocara en primer lugar la devolución de los derechos y libertades a los cubanos, empezando por los productores, es decir, restituyendo la figura del soberano, como premisa para la soberanía alimentaria.
La Habana, 18 de abril de 2022
- Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
- Reside en La Habana desde 1967.
- Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
- Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
- Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
- Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).