Martes de Dimas
Con el surgimiento del ciudadano (sujeto de derechos y obligaciones refrendados en las leyes) y de la sociedad civil (entramado de asociaciones, espacios públicos, medios de expresión y otros recursos, mediante los cuales los ciudadanos participan en los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de su interés, sin más autorización que las que emanan de las leyes), la historia de la humanidad dio un vuelco en la época contemporánea.
La sociedad civil, autónoma respecto al Estado, complementada con la división y temporalidad de los poderes públicos, conforma la base para el equilibrio democrático constituye un factor esencial para la participación, el progreso y el bien común. Su eficacia depende de que las libertades y derechos ciudadanos estén refrendados constitucionalmente.
En Cuba sus gérmenes de la sociedad civil se remontan al reclamo de igualdad de la naciente oligarquía criolla respecto a los peninsulares en la primera mitad del siglo XVIII. Creció con la labor formadora de figuras como el Obispo Espada, Félix Varela y José de la Luz y Caballero; de instituciones como la Universidad de San Gerónimo de La Habana (1728), el Seminario San Carlos (1774), el Papel Periódico de La Habana (1790), la Sociedad Amigos del País (1793), la Comisión Permanente de Literatura (1830), y el Repertorio Bimestre de la isla de Cuba (1831). Tomó cuerpo con las leyes implantadas en Cuba a partir de 1878 con la firma del Pacto del Zanjón, que se concretaron en publicaciones, partidos políticos, sindicatos, periódicos y diversas asociaciones que robustecieron la actividad pública de los cubanos. Y se refrendó en la primera mitad del siglo XX en las constituciones de 1901 y 1940.
Las asociaciones y la prensa escrita, radial y televisiva participaron en todos los asuntos nacionales. Sin embargo, la sociedad civil no alcanzó la madurez suficiente para impedir el giro del proceso revolucionario hacia el totalitarismo.
La revolución de 1959, convertida en fuente de derecho, en lugar de restablecer plenamente la Constitución de 1940 como se había prometido, sin consulta popular la sustituyó por la “Ley Fundamental del Estado Cubano” e inició un proceso fatal para la el país: la concentración de poder, la eliminación de la propiedad privada y el desmontaje de la sociedad civil.
Los mandatos de gobernadores, alcaldes y concejales fueron extinguidos, los órganos judiciales disueltos, los magistrados y jueces separados de sus cargos y la división de poderes eliminada. Las organizaciones revolucionarias iniciaron un proceso de unión que culminó con la fundación del Partido Comunista de Cuba en 1965. El diverso movimiento juvenil desapareció para dar paso primero a la Asociación de Jóvenes Rebeldes y luego a la Unión de Jóvenes Comunistas. Las asociaciones femeninas de todo tipo se convirtieron en la Federación de Mujeres Cubanas. Las asociaciones de estudiantes universitarios en la FEU y las de nivel preuniversitario en la Unión de Estudiantes Secundario. El movimiento obrero fue intervenido, mientras la Autonomía Universitaria, que había sido refrendada en el artículo 53 de la Constitución de 1940 desapareció con la Reforma Universitaria de 1962. La prensa escrita, radial y televisiva, la enorme red de cines, la producción editorial y las instituciones culturales quedaron limitadas a la frontera establecida desde el poder: Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho.
El tiro de gracia lo propinó la “ofensiva revolucionaria” de 1968, que barrió los más de cincuenta mil pequeños establecimientos de producción y servicios que habían sobrevivido: bodegas, bares, barberías, cafetería, talleres artesanales, reparadoras de calzado y puestos de venta de fritas, conjuntamente con sus dueños; es decir, todo aquel que tenía un medio de vida independiente.
No fue casual que el primer proyecto depositado en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para la elaboración de la Declaración Universal de los derechos Humanos de 1948 lo presentara la delegación cubana. Mientras que con la Constitución de 1976 la historia constitucional de Cuba sufrió una regresión histórica, al punto que los derechos humanos han retrocedido a la época anterior a las libertades que España implementó en Cuba en 1878.
Llegados a este punto los cubanos, excluidos de espacios cívicos autónomos y de propiedad, respondieron con el desinterés, las actividades al margen de la ley, el robo al Estado y la huida al exterior.
Atascados por el proceso descrito y acelerado por el desgaste y las medidas del gobierno estadounidense, los planes para salir de tan profunda crisis han sido y serán nulos sin la restitución del ciudadano y de la sociedad civil autónoma.
La politóloga germano-americana Hanna Arendt, expresó en una oportunidad que, cualquier “revolución que se proponga liberar a los hombres sin plantear, paralelamente, la necesidad de generar un espacio público que permita el ejercicio de la libertad, sólo puede llevar a la liberación de los individuos de una dependencia para conducirlos a otra, quizás más férrea que la anterior.
De la irrupción de los pueblos en la toma de decisiones emerge la política ciudadana, paralela a la tradicional. Una forma diferente, pero necesaria que convierte a esta dimensión humana en genuina actividad pública, donde la persona se convierte de observador o simple elector en agente activo. Lo que le otorga a la política un papel que impide a los gobiernos legitimarse al margen de espaldas al pueblo.
El resurgimiento de la sociedad civil y el empoderamiento ciudadano es contrario a la conservación del actual modelo totalitario. Esa disyuntiva explica la ausencia de voluntad política para implementar los derechos contenidos en los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como fundamentos para el renacimiento del ciudadano y de la sociedad civil.
Ante la disyuntiva, el Gobierno cubano decidió blindar el modelo totalitario con la Constitución de abril de 2019, cuyo texto conserva las causas del retroceso: La existencia de un solo partido político como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. La propiedad estatal, causa del declive económico, como la forma fundamental de la economía. La prohibición a los cubanos de invertir y ser empresarios en su país. Y las libertades y los derechos, limitados a ejercerse de conformidad con la ideología del partido gobernante; todo lo cual explica la imposibilidad del progreso y el bien común.
El resultado de tal decisión no sorprende. Desde mediados del siglo XVIII el economista y filósofo escocés, Adam Smith, había planteado que: Ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables.
La Habana, 23 de febrero de 2020
- Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
- Reside en La Habana desde 1967.
- Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
- Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
- Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
- Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).