Los derechos humanos y los deberes cívicos son la base y el rasero para promover y evaluar la convivencia pacífica y próspera de las naciones.
Esta es una convicción que ha madurado a lo largo de la historia de la humanidad y que alcanzó su grado más alto con la adopción, por la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948. Cuba fue entonces el país que tuvo el honor de presentar la Declaración al Plenario de la Asamblea para que fuera votada, en la voz del académico, crítico de arte y diplomático cubano Guy Pérez Cisneros. Cuba había contribuido también al enriquecimiento del texto durante su redacción.
Esos 30 derechos aprobados por la ONU son universales, indivisibles e inalienables. Por tanto, no pueden ser atribuidos a unas culturas o países y para otros no. No pueden ser separados unos de otros, por ejemplo, no pueden violarse los Derechos cívicos y políticos con la justificación de que se garantizan los Derechos económicos, sociales y culturales, o viceversa. Tampoco pueden ser alienados o desconocidos o falsamente interpretados, ni pueden ser violados por ninguna autoridad ni poder, por fuerte o legítimo que sea. Los derechos son intrínsecos de la naturaleza humana, y por tanto, inseparables de la dignidad y la felicidad de cada una y de todas las personas.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es, pues, fuente e inspiración para todos los que, alrededor del mundo, trabajan y luchan pacíficamente por la difusión, la educación y la defensa de todos los derechos humanos para todos.
Sin embargo, siendo como fue en 1948 el paso de madurez más alto de la humanidad civilizada, fue solo una declaración que no es vinculante, es decir, que no obliga jurídicamente a los Estados a cumplirla y a hacerla cumplir. Solo obliga moralmente, éticamente. Que ya es bastante.
Es por eso que una década después, la misma Organización de Naciones Unidas promueve la redacción de dos Pactos Universales, que adoptados libremente por las naciones del mundo, se convirtieran en instrumentos jurídicos vinculantes de la obligación de cumplirlos íntegramente tanto por parte de los gobiernos firmantes como por parte de todos los ciudadanos.
De esta forma, el 16 de diciembre de 1966 se pusieron a disposición de todos los países del mundo esos dos Pactos: El Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales. Como los Derechos Humanos son indivisibles, las naciones y sus gobiernos deberían adherirse a ambos instrumentos jurídicos.
Para adherirse a estos Pactos se necesitan dos pasos: Ser firmados por el gobierno del país entregando su protocolo en la sede de las Naciones Unidas y ser ratificados por el Parlamento o la instancia legislativa que en cada país pueda darle fuerza de ley superior. A partir de esa ratificación, la Constitución y las demás leyes del país deben ser modificadas o adecuadas para hacerlas coherentes con esos instrumentos internacionales. A partir del segundo paso y en el término que se prescribe, los Pactos son vinculantes para ese país y obligan tanto moral como jurídicamente. Las violaciones de estos pactos pueden ser llevadas al Tribunal Internacional de las Naciones Unidas en La Haya para ser juzgadas.
La salvaguarda de los derechos humanos para todos los ciudadanos trasciende las fronteras nacionales y es una responsabilidad de toda la comunidad internacional y de los organismos mundiales competentes. La soberanía nacional no puede ser usada como pretexto para que gobierno alguno viole los Derechos Humanos impunemente. La razón es muy sencilla y suficiente: la soberanía y la independencia de los países emana y se legitima de la soberanía y la independencia de cada uno de sus ciudadanos que son los soberanos. Si se viola la soberanía del ciudadano la soberanía nacional no existe más. Sería entonces la soberanía de un grupo o gobierno sobre la indefensión del resto de la sociedad.
Hay países como Estados Unidos que no se han adherido al Pacto de Derechos económicos, sociales y culturales y otros como toda la Unión Europea que no solo se han adherido a ambos sino que han redactado una Carta Europea de Derechos Humanos que inspira el Pacto de Lisboa, especie de constitución regional aunque no tiene esa denominación. Hay personas y gobiernos que han sido juzgados y condenados por el Tribunal Internacional de la ONU y otros están siendo procesados por el incumplimiento de los Pactos que han ratificado. En los orígenes del Derecho brilla un viejo refrán latino que dice: “Pacta sum servanda”, lo pactado debe ser observado, respetado, cumplido. Es la clave de la convivencia pacífica. Su inobservancia es la razón de todas las guerras y conflictos antiguos y presentes.
Cuba fue uno de los países líderes en la redacción y firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Algunos artículos de su mejor Constitución, la de 1940, sirvieron de inspiración para artículos que quedaron plasmados en la Declaración Universal. Sin embargo, 44 años después de emanados, Cuba no ha ratificado aún los instrumentos vinculantes.
El 28 de febrero de 2008, el entonces canciller cubano, depositó en la Sede de las Naciones Unidas, la firma de ambos Pactos Internacionales por parte del Gobierno de Cuba. Pero la firma no es más que el primer paso, y no convierte a Cuba en nación pactante y comprometida a cumplirlos y hacerlos cumplir por ley. Es necesario que esos Pactos sean ratificados por el Parlamento cubano o por la instancia que según nuestra Constitución tenga la jurisdicción para ratificar pactos internacionales.
En meses pasados han sido excarcelados y desterrados un grupo de presos políticos y de conciencia. Nos alegramos con ellos y sus familias al mismo tiempo que compartimos su dolor por la deportación, tan injusta como el enjuiciamiento y 7 años de prisión de esos 75 hermanos nuestros, sólo por pensar y actuar pacíficamente a favor de la democracia en Cuba. Ellos y las Damas de Blanco, junto a la memoria martirial de Zapata y las huelgas de Fariñas, premio Sajarov, serán un recordatorio perpetuo en la memoria nacional del sacrificio y de los métodos que pueden conducir a la nación cubana hacia mayores grados de libertad y de reconciliación.
Este gesto, aunque incompleto e insuficiente, pudiera ser la puerta para que Cuba ratificara los dos Pactos de Derechos Humanos y comenzara así la reforma gradual de su legislación con el fin de hacerla coherente con el espíritu y la letra de esos instrumentos internacionales que ya fueron firmados por el Gobierno cubano desde hace dos años.
Razón política
Cuba debe ratificar los dos Pactos de Derechos Humanos, porque ello se corresponde con lo mejor para la estabilidad y la participación política. Solo así se pudiera hablar de “proceso” de apertura o de “actualización” de nuestro país según la conciencia universalmente asumida. Sólo en la libertad y la responsabilidad de todos los ciudadanos, en el respeto absoluto de todos sus derechos y deberes, todos bajo la garantía de un marco legal se podría impedir, para siempre, que haya cientos de hermanos injustamente perseguidos o encarcelados por razones de conciencia o de opción política. Es un asunto de gobernanza democrática. De lo contrario, volverán a llenarse las cárceles mientras haya un cubano o cubana que intente ejercer pacíficamente sus derechos y deberes cívicos y políticos, económicos, culturales o sociales, inalienables e inseparables de la convivencia pacífica en su más alto grado. Ratificar los Pactos es, por tanto, cumplimentar una deuda con la misión política del Estado de crear y salvaguardar un marco de Derecho que proteja a los ciudadanos y les facilite su participación plena y democrática en las instituciones y en las asociaciones independientes de la sociedad civil.
Razón económico-social
Cuba debe ratificar los dos Pactos de Derechos Humanos, además, porque ello se corresponde con el anhelo de progreso y bienestar de las presentes y futuras generaciones de cubanos y cubanas. Todos los economistas y sociólogos respetados en nuestros días, coinciden en vincular profundamente el bienestar económico con el desarrollo humano integral. Las libertades civiles y políticas con el desarrollo de los pueblos. Recordemos el antológico tratado de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, titulado Libertad y Desarrollo. Los dos pactos se complementan, por tanto, inseparablemente. Sin derechos económicos, sociales y culturales no se pueden ejercer debidamente los derechos cívicos y políticos, y viceversa. La independencia económica promueve y exige las libertades del ciudadano. Sin respeto a las leyes propias del mercado, aún cuando sean debidamente reguladas, no hay derecho económico, ni autonomía material para ejercer los derechos políticos. Así mismo, sin respeto a los derechos de los pueblos no será posible la justa distribución de las riquezas creadas. Ratificar los Pactos es, por tanto, cumplimentar una deuda con la vocación cubana al progreso económico, a la justicia social y a un desarrollo humano integral.
Razón cívico-patriótica
Cuba debe ratificar los dos Pactos de Derechos Humanos, además, porque ello se corresponde con la más genuina y raigal herencia de los padres fundadores de la nación: desde el Padre Varela a Luz y Caballero, de Céspedes a Ignacio Agramonte, de Antonio Maceo a José Martí, quienes no solo lucharon por la libertad y los derechos para todos los cubanos sino que fueron incansables educadores de esos derechos y deberes en cada una de las épocas en que les tocó vivir. El Apóstol de nuestra Independencia propuso, precisamente, que quería que “la ley suprema de la República fuera el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. Ratificar los Pactos que representan hoy el máximo esfuerzo de la humanidad por alcanzar esa dignidad para todos por igual es, por tanto, cumplimentar una deuda con nuestras raíces patrias.
Razón cultural
Cuba debe ratificar los dos Pactos de Derechos Humanos, además, porque ello se corresponde con las esencias de nuestra identidad nacional. Aún cuando no teníamos la libertad política, los primeros cubanos que pensaron con cabeza propia y nos enseñaron a pensar, redactaron preceptos constitucionales que garantizaban los derechos fundamentales: Desde aquella especie de ensayo constitucional de Joaquín Infante en 1810, pasando por la propuesta del Padre José Agustín Caballero en 1811, la de Claudio Gabriel Zequeira en 1811 hasta la que presentó, como diputado electo democráticamente, el Padre Félix Varela en las Cortes españolas en 1820. Luego, al comienzo mismo de las primeras guerras de independencia, los cubanos y cubanas quisieron dejar definidos y garantizados los derechos de los ciudadanos libres: Desde la primigenia Constitución de Guáimaro (1869), pasando por la de Jimaguayú (1895) y la de la Yaya (1897). Desde la Constitución de la República de 1901 hasta la Constitución de 1940: la más democrática, progresista e incluyente de todas las que la nación cubana se ha dado, incluyendo la Constitución socialista de 1976 que consagró la dictadura de una clase sobre el resto de la nación. Podemos decir que en la cultura cubana hay una huella indeleble del Estado de Derecho no obstante que todas esas constituciones fueron, de alguna manera y en diverso grado, ignoradas, violadas en parte o en su totalidad, por intervenciones extranjeras, golpes de estado o leyes injustas. Para asegurar esa tradición democrática y constitucional en el alma de Cuba, baste recordar la actualísima Tesis doctoral del abogado Ignacio Agramonte. Ratificar los Pactos de Derechos Humanos es, por tanto, cumplimentar una deuda con las esencias de nuestra cultura nacional.
Razón antropológica
Cuba debe ratificar los dos Pactos de Derechos Humanos, en fin y sobre todo, porque estos instrumentos del Derecho Internacional, aún perfectibles, son considerados como la mayoría de edad, del respeto y la salvaguarda de la dignidad de cada hombre y mujer. Son y deben ser el mejor camino para alcanzar la máxima plenitud personal, la convivencia social y una participación democrática para todos los cubanos y cubanas, sin exclusiones. Todo sistema socio-económico y político debe tener como principio y fin la consecución de la felicidad de toda persona humana y el bien común para la sociedad entera. Sin educar, respetar y defender los derechos y deberes de forma sistemática e irrestricta, ninguna nación puede vivir en paz ni progresar material ni espiritualmente. Está en juego la persona humana, centro, sujeto y fin de todas las instituciones. Ratificar los Pactos de Derechos Humanos es, por tanto, cumplimentar una deuda con la búsqueda de la felicidad y el desarrollo integral de todos los ciudadanos cubanos.
Estas y otras razones, que debemos buscar, difundir y proponer entre todos, hacen de la ratificación de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una prioridad, un deber y un paso significativo en el camino que colocará a Cuba como un miembro pleno, normal y solidario en la comunidad de todas las naciones. Esa comunidad internacional y varios grupos regionales, ratifican cada año su voluntad de que Cuba sea tratada sin ningún tipo de restricciones o bloqueos, ya sean estos internos o exteriores, políticos o económicos. La comunidad internacional y los grupos regionales tienen autoridad moral para reconocer, exigir o criticar y acompañar a cualquier país del mundo en el respeto y despenalización del ejercicio de los Derechos Humanos, aún cuando en su propio país se incumplan en parte, porque ninguna nación es perfecta. Si esa autoridad moral es tan válida y reconocida para condenar toda restricción económica éticamente inaceptable, debe servir también para denunciar la violación de otros derechos civiles y políticos dentro de la nación que sufre el embargo. Cuba debería agradecer esa preocupación internacional por su bienestar y felicidad.
Una vez ratificados ambos Pactos, una nueva etapa se abrirá para Cuba. Tenemos la convicción de que esa nueva etapa podría avanzar ágil y eficazmente sobre dos ejes fundamentales: la educación cívica para todos y la reforma jurídica con la participación de todos.
Cualquiera puede preguntarse: ¿qué impacto puede tener la ratificación de unos Pactos internacionales en la vida cotidiana? Si se aplican bien, cambiará la vida de los ciudadanos. Si se adecuan a ellos las leyes nacionales, todos sabremos a qué atenernos y cuáles son nuestros espacios y los de los demás. Abrirá para cada persona un ámbito nuevo para la creatividad y la iniciativa, sea privada, cooperativa o pública. Se creará una atmósfera de seguridad personal y cívica que sanará la indefensión a la que todos estamos expuestos. Será, para cada ciudadano, como un balón de oxígeno que desplegará los asfixiados pulmones de los emprendedores y creadores. Todos lo notarán.
Bajo el Estado de Derecho, con un compromiso solidario y un acompañamiento de la comunidad internacional, mejorará cualitativamente la convivencia al interior de Cuba. Se sanearán las instituciones bajo el imperio de la ley y no de la arbitrariedad y la corrupción de los que deciden en ellas como si fuera “mandar un campamento”. Cada uno de los cubanos tendremos las herramientas para nuestra seguridad y el ejercicio de los derechos, y además, los mecanismos imparciales de defensa, para cuando esas herramientas no funcionen, sean violadas o caigan bajo las mafias o la corrupción.
Todo puede seguir igual si los Pactos fueran letra muerta y no se cambian las leyes injustas. Pero todo pudiera comenzar a cambiar si los ciudadanos nos educamos cívica y jurídicamente y usamos esas herramientas para exigir el derecho a un Estado de Derecho. Cuando esto comience a ocurrir, cesarán las evaluaciones miopes, las dilaciones cómplices, la connivencia entre las conveniencias económicas o comerciales y la agonizante búsquedas de indescifrables señales de un cambio sustancial que no existe. No hará falta escudriñar más en ese incesante discernimiento, con lupa y gestos, para desentrañar si las cosas están cambiando en Cuba. Todos podremos verlo a la luz del día y con las letras indelebles y claras de un marco legal internacionalmente avalado y acompañado.
Ratificar los Pactos de Derechos Humanos es un deber de gobernabilidad.
Cuba lo necesita urgentemente.
Pinar del Río, 20 de octubre de 2010
Día de la Cultura cubana