Jueves de Yoandy
La política, en su concepción más pura y noble, representa el arte supremo de servir a la comunidad buscando el bien común que significa la creación de condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y de ejercicio de todos los derechos para que cada ciudadano encuentre el “hábitat” donde pueda desarrollar todas sus potencialidades.
La política, lejos de constituir un ejercicio del que se tiene que presumir o un trampolín para la consecución de privilegios particulares, se debe entender, únicamente, como una herramienta orientada a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizar sus derechos fundamentales y propiciar un entorno de justicia social y bien común.
Sin embargo, la historia contemporánea y el devenir cotidiano demuestran con demasiada frecuencia cómo este noble propósito es pervertido.
Cuando los funcionarios públicos desvirtúan su mandato y anteponen la preservación de prebendas o ideologías a las necesidades apremiantes de la población, el Estado deja de ser un protector que sea garante de los derechos humanos para convertirse en un mecanismo de opresión y asfixia.
La conducta ética no es un mero adorno retórico, ni un requisito burocrático que se cumple mediante declaraciones formales. Constituye el núcleo indispensable sobre el cual descansa la legitimidad de cualquier administración. Es, y debe ser, la brújula ética del servidor público.
Quien asume una responsabilidad pública acepta implícitamente un pacto de abnegación y responsabilidad frente a sus semejantes. Este compromiso exige una integridad inquebrantable, transparencia en la gestión de los recursos comunes y, sobre todo, una empatía genuina hacia los dolores y las esperanzas de los gobernados.
Cuando los dirigentes pierden de vista esta premisa fundamental, la estructura del Estado se corroe desde adentro. La función pública se transforma entonces en un fin en sí mismo, donde las estructuras de poder se blindan frente al escrutinio ciudadano y priorizan la supervivencia de la élite dominante por encima del bienestar general. La falta de probidad moral erosiona la confianza institucional, profundiza la desigualdad y condena a las sociedades al estancamiento y a la desesperanza.
El caso cubano podría ser un espejo de este dilema ético que adquiere una dimensión dramática y dolorosa. Durante décadas, la maquinaria gubernamental de la Isla ha justificado su existencia bajo la narrativa de la defensa de la soberanía nacional y la justicia social. No obstante, la realidad cotidiana de millones de ciudadanos contrasta de forma radical con ese discurso oficial. El pueblo cubano padece una asfixia sistémica caracterizada por la escasez crónica de alimentos, la precariedad de los servicios básicos, la falta de libertades esenciales y la desesperanza generalizada que empuja a generaciones enteras al éxodo.
La persistencia de esta crisis estructural evidencia una desconexión absoluta entre la cúpula dirigente y las necesidades reales de la población. Lejos de asumir la responsabilidad histórica de propiciar un cambio profundo que alivie el sufrimiento ciudadano, la burocracia gobernante tiende a refugiarse en la confrontación retórica, en el “enemigo histórico” y en la cerrazón institucional, perpetuando un modelo que asfixia la capacidad creativa del ciudadano y la capacidad productiva de toda una nación.
Una muestra reciente de esta desconexión moral se ha evidenciado en los escenarios multilaterales, como la actuación de la delegación cubana en la Organización de las Naciones Unidas, hace apenas dos días. En lugar de aprovechar los espacios de interlocución internacional para debatir con altura diplomática sobre las soluciones urgentes que demanda la crisis humanitaria y económica de nuestro país, la representación oficial suele optar por la huida, la confrontación ideológica vacía o el rechazo sistemático a cualquier crítica sobre la falta de garantías democráticas.
Este tipo de reacciones escenificadas en Nueva York reflejan con claridad un síntoma preocupante: la prioridad de los funcionarios no es interceder por el bienestar del ciudadano de a pie que sufre la escasez en cada barrio de Cuba, sino proteger y mantener una narrativa oficial a cualquier costo.
Abandonar el diálogo o cerrar los oídos ante la evaluación internacional de la crisis no resuelve el hambre ni detiene el colapso de la infraestructura nacional, solo confirma el aislamiento de una élite incapaz de sintonizar con el dolor de su propio pueblo.
La política necesita con urgencia un retorno a sus raíces humanistas. Esto significa poner a la persona humana como centro, sujeto y fin de toda la política y de todas las instituciones. Un vuelco drástico dirigido hacia la recuperación del sentido político. La transformación de Cuba, y de cualquier nación atrapada en dinámicas similares, exige funcionarios guiados por una profunda convicción ética, dispuestos a anteponer la dignidad humana por encima de los dogmas partidistas. Solo cuando la política recupere su vocación de servir, las naciones podrán sacudirse de todos estos males y abrir las puertas hacia un futuro de libertad y prosperidad genuina.
- Yoandy Izquierdo Toledo (Pinar del Río, 1987).
- Licenciado en Microbiología por la Universidad de La Habana.
- Máster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia y el Centro de Bioética Juan Pablo II.
- Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
- Doctor en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia. Responsable de Ediciones Convivencia.
- Reside en Pinar del Río.