Martes de Dimas
En el juicio por el asalto al cuartel Moncada en 1953 la educación no ocupó un lugar central y la Ley Fundamental, de febrero de 1959 se limitó a reproducir los 13 artículos de la Constitución de 1940. Sin embargo, la Ley 680 “Reforma Integral de la Enseñanza” promulgada en diciembre de 1959, dio un giro a lo establecido hasta ese momento.
En apenas los diez meses transcurridos entre la sustitución de la <Constitución de 1940 por la Ley Fundamental(febrero de 1959) y la Ley de Reforma Integral de la Enseñanza), (diciembre del mismo año), se separaron a los miembros del Gobierno que procedían de los movimientos cívicos, que se opusieron a Fulgencio Batista, en busca de una solución pacífica y democrática por la vía del diálogo para restablecer la Constitución de 1940, celebrar nuevas elecciones y formar un gobierno que diera garantías a todas las partes.
Entre los ministros separados estaban: Ángel Fernández, de Justicia; Julio Martínez Páez, de Salubridad; Humberto Sorí Marín, de Agricultura; Luis Orlando Rodríguez de Gobernación; Manuel Ray Rivero, de Obras Públicas; Rufo López Fresquet, de Hacienda; Elena Mederos, deBienestar Social; Roberto Agramonte, de Estado; José Miró Cardona, Primer Ministro; y Manuel Urrutia Lleó, Presidente, quienes fueron sustituidos por figuras del Movimiento 26 de Julio y de otras fuerzas procedentes de la lucha armada.
El Congreso fue disuelto, los mandatos de gobernantes, alcaldes y concejales extinguidos y las asociaciones cívicas disueltas y de forma paralela se dictó un conjunto de leyes dirigidas a la concentración de la propiedad privada en manos del Estado. Una de ellas, la de mayor impacto, fue la Primera Ley de Reforma Agraria de mayo de 1959, mediante la cual el Gobierno intervino todas las fincas mayores de 30 caballerías (402 hectáreas); entregó parcelas de tierra a unos 100 mil arrendatarios, aparceros y precaristas, mientras el Estado se reservó el 40% de las tierras cultivables del país.
Es decir, en ese período de tiempo se separaron a las figuras del Gobierno consideradas “no revolucionarias”, se desmanteló la institucionalidad existente, se desmontó la sociedad civil, se inició la concentración de la propiedad en manos del Estado y del poder en una persona.
A partir del desmontaje cívico e institucional el sistema educacional establecido en la República sufrió un giro brusco hacia el control absoluto de la educación.
La Ley de Reforma Integral extinguió las Escuelas Primarias Superiores, las Escuelas Normales para Maestros, las Escuelas Normales de Kindergarten, las Escuelas del Hogar y los Institutos de Segunda Enseñanza. En su lugar creó las Escuelas de Oficios; Escuelas Tecnológicas Agrícolas e Industriales; Escuelas Secundarias Básicas; Institutos Tecnológicos Agrícolas e Industriales; Escuelas de Maestros Primarios e Institutos Pre-Universitarios. Y estableció los Niveles de Estudios correspondientes a la enseñanza primaria (del Pre-escolar al Sexto Grado), las Secundarias básicas y superior (de tres años cada una entre el sexto grado y la universitaria), y la gratuidad de la misma en los establecimientos públicos. Creó ocho Escuelas de Maestros Primarios (en la República se habían creado seis) y seis Escuelas Profesionales de Comercio (en la República habían nueve).
Esta Ley aún no privatizó la enseñanza, pero sí declaró que los planes de estudios y los métodos de las Escuelas de Maestros Primarios era función indelegable del Estado, y que el Estado era el único organismo con capacidad legal para crear centros de enseñanza oficiales en cualquiera de sus niveles. A la vez extinguieron todos los planteles de patronatos –escuelas fundadas por instituciones privadas religiosas o laicas– y se prohibió la creación de nuevos centros docentes por este sistema.
El ministro de Educación fue dotado de potestad para la jubilación forzosa del personal docente de las enseñanzas Primaria, Secundaria Básica o Secundaria Superior, que hubieran cumplido o cumpliere sesenta y cinco años de edad, cualquiera que fuere el tiempo de servicios prestados a la Administración Pública; una medida queapuntaba a la eliminación del profesorado emergido de las escuelas normales formadoras de maestros, lo que se correspondía con la clausura de estas instituciones educativas.
Lo anterior indica que en el momento en que se promulgó la Ley de Reforma Integral el Gobierno revolucionario ya tenía definido el establecimiento del control monopólico sobre la educación, como complemento del proceso de desmantelamiento de la institucionalidad existente, del desmontaje de la sociedad civil y de la concentración de la propiedad por el Estado. Es decir, con esta Ley las bases del sistema totalitario quedaron echadas.
El sistema de Escuelas de Instrucción Revolucionaria (EIR), para formar a los revolucionarios en la ideología marxista-leninista, creado en 1961, que incluía desde las Escuelas Básicas (EBIR) hasta la Escuela Nacional “Ñico López”, se extendió al sistema educativo.
La educación, devenida instrucción ideologizada, convirtió al ciudadano en masa. Los que por su formación democrática, principios sólidos o cualquier otra razón no se sometieron, pagaron y siguen pagando un alto precio: la pérdida de sus estudios y/o sus empleos, la persecución, la represión, el encarcelamiento y el destierro; lo cual puede verificarse consultando los informes mensuales del Observatorio de Libertad Académica (OLA).
El proceso descrito dio la razón al ilustre Enrique José Varona, quien expresó: “De todos los monopolios artificiales ninguno es más pernicioso que el de la instrucción. Y el monopolio existe, ya pretenda ejercerlo un individuo, una clase, un organismo social, ya el gobierno en representación del Estado. Junto a la enseñanza oficial conviene que florezca la enseñanza privada”. Es decir, la implantación de un modelo totalitario implica la subordinación de la educación y su conversión en instrumento para el adoctrinamiento ideológico.
Con la Ley de Reforma Integral de la Enseñanza el terreno quedó abonado para los dos siguientes pasos complementarios: la Nacionalización General y Gratuidad de la Enseñanza, y la Reforma de la Enseñanza Superior, que serán objeto de las siguientes entregas.
La Habana, 5 de junio de 2022
- Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
- Reside en La Habana desde 1967.
- Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
- Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
- Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
- Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).