PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DE CUBA: MIGUEL MARIANO GÓMEZ

Martes de Dimas

Miguel Mariano Gómez y Arias (Sancti Spíritus 1889-La Habana 1950). Abogado y político. Hijo del general José Miguel Gómez y de América Arias, una patriota que alcanzó el grado de capitana en el Ejército Libertador. Debutó como político en el Partido Liberal. Representante a la Cámara, donde se destacó por su honradez. Alcalde de La Habana en 1926, cargo del que fue despojado al suprimirse la alcaldía con la reforma constitucional de 1928. Opuesto al gobierno de Gerardo Machado, fue encarcelado en 1931 por su participación en la fracasada expedición de Río Verde, Pinar del Río. Una vez liberado marchó al exilio. A la caída de Machado regreso a Cuba y el Partido Acción Republicana. Se opuso a la Pentarquía y al Gobierno de los Cien Días. Por el prestigio alcanzado durante su alcaldía, fue el primer presidente de la República de Cuba electo por el voto popular después de las elecciones de 1925. Tomó posesión el 20 de mayo de 1936, y siete meses después fue destituido.
 
El contexto
 
Miguel Mariano tomó posesión de la Primera Magistratura después de la prolongada inestabilidad que siguió a la caída de Gerardo Machado; un período de constantes enfrentamientos entre las diversas fuerzas políticas, de empeoramiento de los males sociales y de un elevado cúmulo de problemas pendientes, entre ellos la amnistía a los presos políticos y la celebración de la asamblea constituyente.
 
Miguel Coyula, comandante del Ejército Libertador y periodista, le recomendó: “Procure el Dr. Miguel Mariano Gómez establecer un ambiente de cordiales relaciones en los Poderes Legislativo y Judicial; procure hacer de los institutos armados útiles instrumentos de su gobierno, garantizadores del orden y las libertades; procure conquistarse pronto el respeto público, y triunfará”. Mientras el político y periodista Sergio Carbó, escribió: “el nuevo gobierno ha de condensarse en una sola palabra: justicia”, y añadió que para que los soldados no tengan que salir de sus cuárteles, “el gobierno de Miguel Mariano Gómez tendrá que reparar el orden intolerable de la injusticia económica, de la injusticia cívica, raíz invisible de la inestabilidad popular… Cubanización, Nacionalización: He ahí el secreto único de la felicidad, de la paz perdurable, de la reconciliación y del progreso. No hay otro”.
 
Miguel Mariano parecía el hombre ideal. Contaba con la experiencia adquirida como congresista y como alcalde de La Habana, con el aval de haber sido proclamado en el Congreso con asistencia de sus adversarios, pero su coalición tripartita que lo acompañó no pudo enfrentar con éxito tan altos empeños.
 
Labor de Gobierno
 
Con un gabinete heterogéneo, Miguel Mariano anunció un paquete de medidas de carácter económico, social, cultural y político, extremadamente ambicioso para poder ejecutarse en un período de cuatro años.
 
Las contradicciones surgidas con las fuerzas armadas, el poco tiempo que ocupó la presidencia, sin apoyo del Congreso, y la pérdida del respaldo de una parte de las fuerzas que contribuyeron a su elección, explican lo poco que pudo hacer si se compara con presidentes como José Miguel Gómez, Mario García Menocal o Gerardo Machado. Su obra se concretó a: la construcción del Hospital de Maternidad, ubicado en las calles G y Línea, que lleva el nombre de su madre; y del Hospital Infantil de la calle G y 29, demolido hace poco tiempo; la construcción de casas de socorro; la devolución del aspecto colonial al Palacio de los Capitanes Generales; el remozamiento del Templete, de la Plaza de Armas; y la colocación de la primera piedra del Miramar Yacht Club. Obras por las que recibió el título de “alcalde modelo”.
 
El conflicto por las escuelas rurales
 
Para comprender la principal causa de su destitución, además de los perjuicios ocasionados por la inestabilidad y la violencia antes y durante su mandato, hay que tener en cuenta la pésima situación imperante en las zonas rurales. Fulgencio Batista, quien por su humilde origen social conocía perfectamente esa realidad, se convirtió en el principal promotor de una gran campaña de ayuda y mejoras para el campesinado.
 
También debe tenerse en cuenta que, a mediados de 1934, durante el gobierno de Carlos Mendieta una comisión de la Foreign Policy Association, invitada por el gobierno cubano, realizó un estudio económico y sociopolítico. Esta Comisión, en su informe final recomendó la aplicación de un programa de reconstrucción, porque existía: “…una demanda universal y profunda, en todas partes de la isla, por semejante cambio social, y el rechazar esta demanda es equivalente a lanzar a la República de Cuba en crónico caos. Por otra parte, la propia existencia de esta demanda es la mayor garantía para promover la reforma…”
 
Fulgencio Batista, conectado con ese estudio, impulsó el desarrollo de varios programas desde el Ejército, que desde la insubordinación de los sargentos en 1933, al asumir el programa de exigencias del Directorio Estudiantil Universitario, transformó sus demandas iniciales en un acto revolucionario. De ahí en adelante, en medio del vacío constitucional creado, las fuerzas armadas actuaron como un poder paralelo al Presidente.
 
En el mes de marzo de 1936, dos meses antes de Miguel Mariano tomar posesión, con los decretos-leyes 705, 706, 707 y 708 se dispuso que: La Dirección de Sanidad Y Beneficencia organizara un Servicio Técnico de Salubridad, presidido por el director de Sanidad para llevar las estadísticas, el perfeccionamiento de los productos biológicos, la investigación de las enfermedades infecciosas, la sanidad e higiene en los campos prenatal y postnatal. La creación del Consejo Nacional de Tuberculosis, que previo a la construcción del fastuoso centro en Topes de Collantes, en Las Villas, comenzó operando en el sanatorio La Esperanza, de la capital. La fundación del Instituto Cívico-Militar en Ceiba del Agua, que abarcaba desde la enseñanza primaria hasta el nivel tecnológico superior para hijos de padres campesinos, obreros, policías y alistados del Ejército y de la Marina de Guerra fallecidos en el servicio. Y la construcción de la Corporación Nacional de Asistencia Pública, formada por las instituciones privadas de beneficencia y el hospital de San Lázaro, en el Rincón; el hospital Asilo de Dementes de Mazorra y el asilo de ancianos, Tiscornia, en La Habana.
 
Antes de esos cuatro proyectos, en febrero de 1936, la educación rural ocupó un lugar especial, para lo cual se estableció un vasto sistema de escuelas cívico-militares. Para su ejecución, durante el gobierno provisional de José A. Barnet, se dictó el Decreto Ley No. 620, que autorizaba al jefe de las fuerzas armadas a designar miembros del Ejército para prestar servicios de enseñanza primaria en lugares donde no existían escuelas ni probabilidades de su creación próxima. Este Decreto-Ley aunque reservaba al secretario de Educación la facultad de inspeccionar el funcionamiento de la aulas desde el punto de vista técnico, la educación primaria rural quedó en manos de la jefatura castrense.
 
Posteriormente, el Cuartel General del Ejército lanzó un llamamiento a los graduados de Escuelas Normales y a los maestros agrícolas, varones, menores de treinta y cinco años, a los que ofreció puestos de sargentos de la reserva militar si aceptaban servir en las aulas que abriría el Ejército. Con esa convocatoria se incorporó un número considerable de maestros que se encontraban desempleados.
 
Para costear los gastos del proyecto de las escuelas cívico-militares, Batista propuso imponer un impuesto de 9 centavos por cada saco de azúcar producida, para lo cual el Congreso, a fines de diciembre de 1936, aprobó una Ley estableciendo dicho impuesto. La disposición proporcionó 1 millón y medio de dólares, con los que se podían costear 2 300 escuelas rurales militares.
 
Miguel Mariano, que desde el discurso inaugural de su gobierno, el 20 de mayo de 1936, en referencia a la participación de los militares en actividades de la vida civil, había expresado: “La sola fuerza es precaria si no está animada y autorizada por la razón y la justicia, sin la cual no puede existir una paz firme y permanente”. Al siguiente mes comenzó a tomar medidas para separarse de Batista. Despidió a 3 mil empleados del gobierno, la mayoría reservistas militares, pero el choque definitivo entre el poder militar y el del Presidente se produjo por las escuelas rurales, al considerar que el carácter militar de las mismas atentaba contra la vida civil. En consecuencia vetó la Ley aprobada por el Congreso, ordenó a su embajador en Washington comunicar al presidente Roosevelt que él consideraba que la medida de las escuelas militares constituían una amenaza contra el “gobierno democrático y constitucional”. Mientras su secretario del Tesoro apeló al embajador estadounidense en La Habana con la misma intención, a lo que este respondió que “Washington no podía intervenir”; determinación que fue confirmada por Roosevelt.
 
En medio de las contradicciones, ante los más altos jefes del Ejército reunidos en Mantua, Pinar del Río, Batista amenazó con establecer una Junta Militar y disolver el Congreso si el proyecto de las escuelas rurales era inhabilitado.
 
Miguel Mariano fue acusado en la Cámara de Representantes por “coartar el libre funcionamiento del Poder Legislativo”. La acusación prosperó y pasó al Senado, que convertido en tribunal, juzgó al Presidente por reconvención, una especie de Impeachment que sesionó durante tres días, encabezado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Miguel Mariano fue declarado culpable y destituido el 24 de diciembre de 1936 por 22 votos contra 12. Dos días después, Federico Laredo Bru, quien ocupaba la vicepresidencia de su Gobierno, como estaba establecido constitucionalmente, asumió la presidencia. 
 
Lecciones de la historia para el futuro de Cuba
 
La correcta conducta moral, la experiencia como congresista y alcalde, y el apoyo recibido que lo llevó a la presidencia, eran condiciones necesarias, pero no suficientes para enfrentar el reto que le tocó como Presidente. El manejo de sus relaciones con el Congreso y especialmente con el Ejército, que había demostrado ser la única fuerza capaz de imponer orden, en tan convulso período de la historia republicana, la prioridad no podía ser el enfrentamiento sino la negociación, para que esos proyectos encabezados por las fuerzas armadas pasaran gradualmente al poder civil, como ocurrió después de su gobierno. La política, como sabemos, no es el enfrentamiento, mucho menos con una fuerza superior, sino el arte de lo posible en cada momento. Había que priorizar los programas de justicia social y de empoderamiento de los cubanos como base sólida de la nación para, como expresó Sergio Carbó, los soldados no tuvieran que salir de sus cuarteles. La limpieza de su conducta fue reconocida por el Congreso de la República, cuando dispuso en 1950 su rehabilitación moral.
 
La falta de visión a largo plazo, la carencia de la cultura de negociación y el no colocar la nación por encima de los intereses de partidos o personas, es la gran enseñanza que nos aporta la experiencia de Miguel Mariano para el presente de Cuba. Por ese hecho su figura no puede ni debe ser soslayada ni vilipendiada, porque es parte de nuestra historia. Ignorarla conduce a repetir las mismas faltas y eso, no puede ni debe seguir ocurriendo.

 

 


  • Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
  • Reside en La Habana desde 1967.
  • Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
  • Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
  • Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
  • Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
  • Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).

 

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