Lunes de Dagoberto
Uno de los derechos humanos universalmente reconocidos es el que salvaguarda la vida privada de todo ciudadano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por todas las naciones que conforman la ONU, entre ellas Cuba, consagra el derecho a la privacidad en su artículo 12:
“Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”
En Cuba, la Constitución vigente reconoce y protege este derecho en el artículo 48 que cito a continuación textualmente:
“Artículo 48. Todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal
y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad personal.”
Ahora bien, no todos respetamos este derecho en nombre de otras libertades. Es de notar que este precepto de la Carta Magna de Cuba no solo protege la intimidad personal sino también la familiar. En este sentido es debemos tener cuidado con exponer a la luz pública momentos de convivencia familiar, sea en el hogar o en espacios públicos, sin autorización de la familia o la persona.
Es de especial cuidado y protección cuando en esas exposiciones públicas sea en videos o fotos, tomados en actividades familiares por familiares u otras personas, sin la debida autorización, involucra o muestra a menores de edad. Este es una circunstancia que agrava el delito de captar imágenes, publicarlas o manipular sus contenidos o interpretación.
En otra parte de este artículo de la Ley de leyes se otorga la misma protección a la voz, al honor y a la identidad personal. Es decir, no se trata solo de captar grabaciones o fotos, sino de publicarlas en espacios televisivos, prensa escrita, redes sociales o cualquier otra forma de exposición pública sin el debido consentimiento expreso de las personas o familias expuestas.
Salvaguardar el honor y la identidad propia de todos los ciudadanos, es decir, no descalificarla, ni atacar sus ideas, creencias o fama, es también un deber cívico y su violación está penada por ley y consagrada por la actual Constitución de la República para cualquier persona que lo cometa independientemente de su ideología o cargo público. Por tanto, nada puede justificar violar un precepto legal. Aún más si se le otorga ese rango en la ley suprema.
Sin embargo, no basta con el enunciado de la ley positiva, ni tampoco la correspondiente y necesaria condena y proporcional castigo penal. La ley se convierte en sal y agua si no existe, simultáneamente, la debida y sistemática educación ética y cívica del ciudadano. De lo contrario, la indecencia, la vileza, la violencia mediática, enconarán la convivencia social y creará en Cuba y en cualquier país un ambiente viciado, barriotero y contaminante desde el punto de vista legal, ético y espiritual.
Comencemos por cada uno de nosotros. Cuidemos no exponer a nadie sin su consentimiento, pero mucho más cuidemos a nuestros menores. Ellos deben estar especialmente protegidos de la exposición pública. Ya hemos sufrido con videos de niños bailando de forma descompuesta o inadecuada para su edad y, por suerte, los que lo perpetraron han recibido el rechazo de muchos en nuestra sociedad.
Cuidemos la identidad, la honra, la imagen y la vida privada personal y familiar de todos y cada uno de los cubanos y Cuba será mejor: más respetuosa del compatriota, más tolerante con el diferente, más decente en sus costumbres y alcanzará, cada vez mayores grados de civismo y convivencia fraterna.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
- Dagoberto Valdés Hernández (Pinar del Río, 1955).
Ingeniero agrónomo. Premios “Jan Karski al Valor y la Compasión” 2004, “Tolerancia Plus” 2007, A la Perseverancia “Nuestra Voz” 2011 y Premio Patmos 2017. - Dirigió el Centro Cívico y la revista Vitral desde su fundación en 1993 hasta 2007.
Fue miembro del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” desde 1999 hasta 2006.
Trabajó como yagüero (recolección de hojas de palma real) durante 10 años.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia y su Director.
Reside en Pinar del Río.