Armando Chaguaceda
En mi columna anterior exploramos cómo inciden las diferentes actitudes y niveles de responsabilidad de los cubanos -dentro y fuera de la Isla- en la actual coyuntura nacional. Una donde el regimen resiste grandes presiones externas, la gente protesta como nunca y la crisis de agrava, pero no existe todavía una presión interna o del exilio, cohesionada y dirigida, que provoque el cambio político de sistema. Estamos ante una coyuntura que se mueve rápido, con el trasfondo de un deterioro general de la situacion en la Isla.
Los datos son reveladores. Washington ha escalado con la Orden Ejecutiva 14404, sanciones directas a GAESA -el corazón económico-militar del régimen- y designaciones a 11 miembros de la élite y el Minint: se trata de un ataque quirúrgico al aparato represivo-económico. Pero simultáneamente —y esto es lo crucial— el nieto de Raúl Castro, conocido como “Raulito”, se reunió en secreto con Rubio. Mientras, Díaz-Canel confirmó que Cuba y EE.UU. mantuvieron conversaciones dirigidas a encontrar soluciones mediante el diálogo. Y el director de la CIA se reunió con funcionarios cubanos, incluido el propio Rodríguez Castro, el Ministro del Interior y el jefe de inteligencia, para tratar cooperación en materia de inteligencia y estabilidad económica.
Esto parece ser el status actual: Washingon negocia bilateralmente con el propio régimen -incluida su cúpula represiva- por encima de cualquier interlocutor opositor o exiliado. No hay, en este proceso, un actor de oposición interna ni una coalición exiliada sentada en esa mesa. La presión máxima convive con el pragmatismo de tratar directamente con los mismos generales sancionados, porque a EE.UU. le interesan cuestiones inmediatas -migración, seguridad, geopolítica frente a Rusia/China/Irán- más que necesariamente una transición liderada por la disidencia o el exilio de Miami.
Adentro, el patrón de 2021 se repite, multiplicado, pero no escala: desde que el 6 de febrero se produjo un masivo cacerolazo durante un apagón en el distrito de Arroyo Naranjo en La Habana, el gobierno cubano ha reforzado la movilización de sus fuerzas armadas y paramilitares. Por toda la Isla se expande una protesta real, mucho más frecuente y generalizada que en décadas pasadas, pero espontánea, local, sin estructura de mando ni capacidad de sostenerse en el tiempo frente a un aparato represivo que sigue intacto pese a las sanciones. Porque las sanciones dañan las finanzas de la élite, pero no desarman al Minint ni a la PNR de la noche a la mañana.
Fuera, el exilio no acaba de mostrar movlizaciones de masas que presionen a Washington a actuar de un modo claro y decisivo. Dentro del activismo anticastrista aparece un entramado político y mediático -con financiamientos, redes de donantes, aparatos de influencia, plataformas digitales- que organiza lealtades, castiga disidencias y administra prestigio. La vieja y poderosa energía sentimental y moral del exilio fue absorbida, profesionalizada y convertida en una máquina de poder sostenida por cabildeos y conferencias de prensa. Esto introduce un incentivo perverso: hay un sector del exilio que tiene más interés en perpetuar su propia relevancia que en disolverse mediante una transición exitosa que la volvería innecesaria. Lo que bloquea una repolitización genuina de los cientos de miles de nuevos emigrantes cubanos asentados en los últimos cinco años en las ciudades de la Florida.
Al mismo tiempo, sí aparecen esfuerzos de cohesión: organizaciones del exilio cubano presentaron en Miami el “Acuerdo de Liberación”, una alianza estratégica que busca articular una ruta hacia la caída del sistema político y una transición hacia elecciones libres. No obstante, falta por ver qué capacidad real tendrá esta alianza para incidir en la dinámica interna de la Isla, en un contexto de crisis económica, éxodo creciente y represión sostenida contra la disidencia. Y cómo se conectará con una nueva generación de recién emigrados, que hasta ahora carece de una voz política activa.
La coyuntura de 2026 puede leerse como un triángulo de actores, ninguno capaz de imponer una salida por sí solo. El régimen, muy debilitado económicamente pero con un aparato represivo intacto y una cúpula militar-empresarial (GAESA) que ha aprendido a negociar con Washington sorteando tanto a la oposición interna como al exilio. Ofreciendo gestos cosméticos -apertura a inversión de cubanos en el exterior, que el propio exilio recibe con escepticismo- para ganar tiempo sin ceder poder real.
Mientras, crece una resistencia popular interna, más frecuente y visible que en tres décadas pero sin arquitectura organizativa que la sostenga entre picos de protesta; carente de un liderazgo nacional reconocido, toda vez que el propio régimen ha encarcelado o exiliado sistemáticamente a cualquier candidato a ese liderazgo.
Por último, el exilio, con capacidad económica y de cabildeo real -las sanciones de 2026 son, en parte, resultado de ese cabildeo- se muestra fragmentado entre una “industria” con incentivos propios de autoperpetuación, una vieja guardia de línea dura, una nueva generación movilizada pero aún simbólica, y una mayoría silenciosa desconectada de lo político.
La consecuencia política es que no existe hoy un vértice capaz de capitalizar el momento de mayor debilidad económica del régimen desde el Período Especial. Comparado con Europa del Este 1989 -donde sí hubo, en casos como Polonia o en menor medida Checoslovaquia- una oposición organizada esperando el momento de fractura del patrón externo, la transición posible en la Cuba de 2026 tiene a su favor la presión externa -sanciones severas, aislamiento financiero, negociación forzada- pero carece del Solidarność o el Foro Cívico que convierta esa fractura en transición ordenada. El resultado más probable, si esta asimetría persiste, no es una revolución negociada sino, o bien un colapso caótico sin conducción clara, o bien -lo que de hecho parecen estar tanteando Rodríguez Castro y la CIA en esas reuniones secretas- una transición pactada desde arriba entre la cúpula militar cubana y Washington. Eso preservaría buena parte del poder económico de GAESA bajo una fachada reformada, dejando fuera tanto a los presos políticos y manifestantes de la Isla como a la mayor parte del exilio organizado. Lo cual sería, éticamente, la culminación más amarga posible de las asimetrías de responsabilidad derivadas de siete décadas de dictadura. Un final donde el costo lo ponen los de adentro y el resultado lo negocian los de siempre.
- Armando Chaguaceda Noriega (La Habana, 1975).
- Politólogo e historiador. Especializado en procesos de democratización en Latinoamérica y Rusia. Reside en México.