Fotos tomadas de Internet.
Chile ante el malestar del éxito
Desde el año 2011 la izquierda chilena se ha lanzado a la búsqueda de “otro modelo”, una alternativa a la economía social de mercado que ha llevado al país a los notables éxitos económicos y sociales alcanzados durante estos últimos treinta años. Mucha tinta se ha derramado sobre la “inhumanidad” de un modelo que, paradójicamente, ha sacado a millones de chilenos de la pobreza y transformado a Chile en un país de clase media con el más alto ingreso per cápita de América Latina. Sin embargo, las propuestas concretas sobre el contenido de ese “otro modelo” han brillado por su ausencia. Antes, sus partidarios hubiesen lisa y llanamente propugnado una economía socialista planificada como alternativa, pero la evidencia histórica se ha encargado de demolerla. Lo más cercano a una alternativa es lo planteado por Fernando Atria y otros en el libro “El otro modelo”: expulsar la iniciativa privada de las áreas de los servicios del bienestar o de la esfera de los “derechos sociales” (salud, educación, pensiones, vivienda), como ellos los denominan. Se trata de un modelo estatista socialdemócrata que no solo es anacrónico y ha sido abandonado por las socialdemocracias más modernas del norte de Europa, sino que está concitando un creciente repudio de parte de la ciudadanía chilena, tal como lo muestra el derrumbe en las encuestas de la presidenta Michelle Bachelet, cuya aprobación apenas llega hoy al 15%, después de haber estado sobre 50% al comenzar su mandato, en marzo de 2014.
Esta constatación no quiere decir que quienes defendemos la plena vigencia de la economía social de mercado no debamos preocuparnos por sus formas concretas de funcionamiento y su capacidad de dar respuesta a las demandas siempre cambiantes de los ciudadanos. Esto es clave en el Chile de hoy, donde como resultado del éxito del modelo de economía libre y los tremendos progresos ya alcanzados han surgido nuevas inquietudes y demandas acerca de la calidad, sostenibilidad y, no menos, equidad del progreso logrado. Este “malestar del éxito”, que se manifestó espectacularmente el 2011 y fue inicialmente canalizado por la izquierda, seguirá estando presente y determinará el horizonte político chileno durante largo tiempo. Las últimas manifestaciones masivas pidiendo mejores pensiones y contra el sistema de pensiones basado en la capitalización individual lo muestran con mucha claridad. Esto implica que quienes queremos que Chile persevere en su senda de éxito no podemos hacer oídos sordos a estas nuevas inquietudes y demandas. Debemos hacerlas nuestras y canalizarlas, pero no hacia un cuestionamiento destructivo del modelo de economía social de mercado, sino hacia su profundización y mejoramiento.
En el caso del Chile actual corresponde, a mi juicio, poner un claro acento en el componente social de la economía social de mercado. Ello no implica que se deje de cuestionar lo referente al mercado, especialmente considerando el fuerte cuestionamiento que hoy por hoy se hace del mismo y las situaciones de abuso reiteradamente constatadas. En este sentido, creo que son muy interesantes los puntos de vista de pensadores británicos como Jesse Norman y Phillip Blond, que hablan de la necesidad de “moralizar el mercado” a fin de hacerlo más eficiente y éticamente defendible. Dejo de lado este tema para concentrarme en lo que, a mi parecer, debe ser hoy el punto focal de una discusión sobre la economía social de mercado: lo social.
Lo social en este caso se refiere específicamente a la necesidad de realizar intervenciones políticas de carácter redistributivo destinadas a corregir el resultado espontáneo de los mecanismos de mercado con la finalidad de ampliar la base de recursos y oportunidades de que dispone una parte significativa de nuestra sociedad. Se trata, en suma, de incrementar la igualdad de oportunidades y quisiera dar tres razones para fundamentar su apremiante necesidad: la primera referida a la eficiencia, la segunda a la ética y la tercera a la política.
Eficiencia
El mercado es, sin duda, un distribuidor altamente eficiente de los recursos productivos existentes. Sin embargo, sin una intervención correctiva puede tender a subutilizar los recursos potenciales, en particular aquellos referidos al capital humano y los talentos de la población. Estamos ante una situación de potencial “desperdicio” o “pérdida interna de cerebros”, para utilizar la expresión que Sebastián Piñera usó en 1976 en uno de los ensayos que conformaron su tesis doctoral. Esto implica que la falta de condiciones adecuadas para su desarrollo hace que una parte del potencial productivo y creativo de la sociedad nunca se realice y llegue “al mercado” para que este la distribuya eficientemente. Por cierto, el mercado crea incentivos para el desarrollo del capital humano de la población, pero su capacidad correctiva de las “desventajas de la cuna” y la falta de recursos que limitan las oportunidades de muchos dista mucho de ser óptima, particularmente en países donde importantes segmentos de la población carecen de las condiciones mínimas para realizar su potencial y aportar plenamente al proceso de desarrollo. Este es, evidentemente, el caso tanto del Chile actual como de América Latina en general, y por ello es que este punto es tan relevante. Se trata, resumiendo, de un enorme desperdicio social y, no menos, de una tragedia para cada persona afectada.
Un poco de historia
La historia económica abunda en ejemplos que ilustran la importancia clave de la igualdad básica de oportunidades para lograr un crecimiento económico dinámico y sostenible en el tiempo. El contenido concreto de la igualdad de oportunidades ha ido variando de época en época y tradicionalmente estuvo fuertemente relacionado con el acceso a la tierra. Disponer de tierra propia le da al trabajador capacidad de retener para provecho propio una parte importante del beneficio de su producción, que luego podía ser invertida tanto en mejoras productivas directas como en potenciar la educación de sus hijos, dotándolos de un capital humano incrementado.
El caso de Estados Unidos es, a este respecto, paradigmático. La gran nación del norte llegaría a la hegemonía mundial gracias, en gran parte, al amplio acceso del inmigrante a la tierra, hecho que fue decisivamente reforzado por las leyes aprobadas durante la Guerra de Secesión como la Homestead Act, dictada por Abraham Lincoln en 1862. Ello creó no solo una sociedad muy estable de propietarios y un gran mercado interno, sino también condiciones comparativamente óptimas para el desarrollo de sus talentos potenciales. Fue la sociedad con mayor igualdad de oportunidades de su tiempo y por ello también la más próspera y democrática.
Este tipo de ejemplos podrían multiplicarse fácilmente y veríamos, casi sin excepción, que donde la tierra estuvo más igualitariamente repartida, como en los países escandinavos, se generó mayor progreso, y donde estuvo el latifundio allí estuvo, y a veces aún está, la pobreza. Baste comparar, entre otros casos, el norte con el sur de Italia, o Cataluña y el País Vasco con Andalucía y Extremadura, en el caso de España.
Esta breve referencia nos dice también algo muy importante sobre el fracaso histórico de América Latina para alcanzar el desarrollo. Las grandes desigualdades heredadas de la época colonial excluyeron de una participación social plena a una gran mayoría de su población, lastrando con ello sus posibilidades de alcanzar, pese al extraordinario boom exportador de fines del siglo XIX, un progreso duradero. Esto es igualmente relevante para entender la historia de Chile. Hacia fines del siglo XIX el país experimentó una bonanza económica espectacular derivada de la incorporación de las provincias salitreras del Norte Grande. De hecho, entre 1870 y 1910 fueron muy pocos los países que alcanzaron un crecimiento económico mayor que el de Chile. En 1910 se llegó incluso a igualar o superar los ingresos per cápita de Francia o Suecia, para no hablar de Italia o España, pero ello no llevó a Chile al desarrollo sino a un frustrante y conflictivo siglo XX. La razón de ello es simple: Chile fue un país rico con demasiada pobreza y desigualdad, y pagó duramente las consecuencias de ello. El maná que nos cayó del norte salitrero lo hizo sobre una sociedad profundamente desigual, donde sus grandes masas de “peones”, “gañanes”, “jornaleros”, “vagabundos” o “rotos”, siguieron siendo presa de la pobreza, la falta de posibilidades educacionales, la subordinación, la exclusión y el menosprecio social y racial. A comienzos del siglo XX casi dos terceras partes de la población adulta estaban compuestas por analfabetos incapaces de hacer un aporte productivo que fuese más allá de lo más elemental. Su potencial de talento nunca se realizó, atando a tantos chilenos a la pobreza heredada y condenando al país al subdesarrollo. Esta es la dura lección que nos deja nuestra historia y sería muy triste que volviésemos a tropezarnos con la misma piedra.
Ética
Lo dicho desde el punto de vista de la eficiencia es importante, pero aún más lo son las consideraciones éticas sobre la necesidad de una intervención política correctiva en los mecanismos de mercado. Desde el punto de vista de las ideas de la libertad y la igual dignidad de los seres humanos, la libertad no puede ser el privilegio de algunos, sino un derecho real de todos. Este es el presupuesto ético fundamental de una sociedad libre y lo seguiría siendo aún si una sociedad de hombres libres no fuese la alternativa más eficiente en términos económicos.
Ahora bien, el ejercicio real de la libertad exige condiciones que tienen directamente que ver con nuestro acceso a ciertos recursos y seguridades básicas, sin las cuales la libertad queda reducida a una pura promesa incumplida. La libertad de leer libros es más una burla que una posibilidad para quien nunca tuvo la oportunidad de aprender a leer, la libertad de información queda reducida a muy poco cuando no se tiene la formación mínima que se requiere para procesarla y la libertad de circulación no es más que una parodia cuando la delincuencia se apropia de nuestras calles o la falta de medios de transporte adecuados la hacen, de hecho, imposible o sumamente costosa.
En suma, el uso de la libertad requiere, como bien lo ha señalado el premio Nobel Amartya Sen, del acceso simultáneo a ciertos derechos, capacidades y recursos. Por ello la ética de la libertad coincide con la perspectiva que subraya la importancia de la igualdad básica de oportunidades. Las capacidades y los recursos necesarios para ejercer la libertad van incrementándose con el avance del progreso. Por ello es importante no quedarse amarrados a un concepto absoluto de pobreza, sino considerarla también desde el punto de vista relativo, es decir, como aquel umbral que define la exclusión del desarrollo social. Esta pobreza relativa que impide o cercena la participación social fue, con toda razón, subrayada por Adam Smith en “La riqueza de las naciones” y es la misma que limita la realización de nuestras posibilidades o talentos. En este sentido, libertad real e igualdad básica de oportunidades son dos términos absolutamente complementarios que definen la mirada ética que, a mi juicio, debe inspirar nuestros esfuerzos políticos.
Política
Las razones políticas para poner el acento sobre la igualdad básica de oportunidades me parecen hoy evidentes. La estabilidad y la cohesión sociales dependen de la existencia de un sentido general de justicia acerca del orden establecido. Ahora bien, el sentido de lo justo y, por ello, legítimo, ha evolucionado notablemente. Hubo un tiempo en que la desigualdad y las jerarquías hereditarias fueron consideradas legítimas, tal como lo fue el poder de los monarcas absolutos por gracia divina o la limitación de la libertad o los derechos políticos a una minoría de la población. Todo ello constituye parte del universo social premoderno, aquel que fue definitivamente subvertido por la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 al proclamar, como principios fundacionales de la legitimidad del orden político, la igualdad así como el respeto a la vida y la libertad de todos (“Todos los hombres son creados iguales… dotados por su creador de ciertos derechos inalienables… entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”).
La historia política de la modernidad trata de cómo congeniar y realizar esos valores: el de la igualdad, para que no destruya, sino que potencie el de la libertad, y el de la libertad, para que no se transforme en indiferencia y falta de solidaridad para con el prójimo. Y ese fue, justamente, el gran desafío en nuestro Chile a fines del 2014. Solo comprometiéndonos sin la menor ambigüedad con la igualdad que extiende y fortalece la libertad, es decir, con la igualdad básica de oportunidades, podremos combatir con éxito la idea socialista que busca homogeneizarnos, atentando contra nuestra diversidad natural y sembrando la envidia.
La legitimidad política del orden social de la libertad solo será sólida cuando la abrumadora mayoría de los chilenos sienta que tuvo una oportunidad justa de realizar sus potencialidades y alcanzar sus sueños, y que sus hijos también la tendrán. Un orden político justo no puede basarse en la lotería del nacimiento, sino en nuestra responsabilidad común de que a nadie le falten las condiciones básicas del ejercicio de la libertad.
Además, solo bajo esas condiciones se pueden legitimar el mayor éxito y riqueza de algunos. Es por ello que en Estados Unidos ha existido no solo una aceptación, sino incluso un culto al éxito y al enriquecimiento legítimo. Se trata de una cultura fundada en aquella historia que ya fue comentada, en esa igualdad de oportunidades que la sociedad estadounidense le brindó a tantos y que, justamente por esa razón, permitió fundar el “sueño americano” sobre la sólida roca de “the land of opportunity”. En esta perspectiva, se entiende que la preocupante orientación actual de la política estadounidense con el surgimiento de líderes populistas como Donald Trump y Bernie Sanders está directamente vinculada con el debilitamiento del “sueño americano” y el surgimiento de un amplio pesimismo en diversos estratos de la población de Estados Unidos.
En todo caso, el contraste histórico con lo ocurrido en América Latina no puede ser más fuerte y aleccionador. En nuestros países, el éxito y la fortuna están casi siempre puestos bajo sospecha y ello viene de una historia de lacerantes desigualdades, donde las oportunidades les han sido negadas a tantos y donde muchas veces la fortuna fue construida sobre la base de la violencia -con su exponente paradigmático en la conquista de América-, la connivencia con el poder político, el privilegio, el negociado o el abuso. Todo ello nos lastra y nos conmina a crear una sociedad más justa y, por ello, más libre.
Igualdad de oportunidades y Estado solidario
Varias veces se ha nombrado el concepto de igualdad básica de oportunidades, pero sin definirlo más concretamente en nuestro contexto actual. Se aludió a la importancia histórica del acceso a la tierra pero es evidente que hoy ya no se trata de ello. A mi juicio, y sin entrar a detallar cada punto, se trata de cuatro aspectos: educación, salud, seguridad ciudadana e infraestructura. Es en torno a ellos que debemos focalizar nuestras intervenciones correctivas de los efectos espontáneos del mercado, comprometiéndonos a que todo chileno tenga acceso a esas condiciones sin las cuales el ejercicio de la libertad y la realización de sus potencialidades en gran medida se hacen ilusorias. Esto no excluye otras intervenciones, como las que tienen que ver con la situación de la población mayor, pero centran la discusión en el tema de este ensayo: la distribución más pareja de las oportunidades y las condiciones que las hacen posibles.
Ese debe ser nuestro gran compromiso político, pero ello no implica en absoluto que propongamos un tipo de Estado de bienestar al estilo del actual Gobierno chileno, es decir, donde el Estado asume no solo la responsabilidad de que a nadie le falten estos recursos sino que de hecho pretende monopolizar su financiamiento y gestión. Eso es algo que debemos rechazar con fuerza. Nuestra concepción de Estado de bienestar debe seguir siendo subsidiaria respecto de lo que pueda emprender la sociedad civil, que debe concitar el foco de nuestra atención. Nuestras intervenciones deben potenciarla, empoderando directamente a los ciudadanos y no al Estado ni a los políticos de turno. Esa es la opción de la solidaridad con libertad o, como la he llamado en otro contexto, del Estado solidario, que es diametralmente opuesto al Estado-patrón de la ideología socialista.
Para concluir, quisiera proponer un cambio en nuestro vocabulario que sirva para destacar con fuerza la importancia que debemos darle al aspecto social o solidario de la economía de mercado. Tal vez podríamos, en lugar de la palabra “social”, que es un poco imprecisa y deslavada, usar la palabra “solidaria”. Así, en lugar de economía social de mercado podríamos decir economía solidaria de mercado.
Mauricio José Rojas Mullor (Santiago de Chile, 1950).
Político, historiador económico y escritor sueco de origen chileno.
Fue parlamentario por el Partido Popular Liberal sueco desde 2002 hasta noviembre de 2008.
En 2014 asumió la dirección de la Academia Liberal de la Fundación para el Progreso de Chile.
Nota de la redacción:
Este artículo fue publicado por el diario 14ymedio y lo publicamos en Convivencia con autorización expresa del autor