Jueves de Yoandy
Se veía venir. Era algo que de antemano sabíamos que no iba a quedar claro. Por mucho debate constitucional que hubiera, el capítulo de Derechos en la Carta Magna, más aún en la cubana, iba a ser un tema muy relativo en cuanto a su aplicación. Un sistema totalitario evitaría dejar un orificio abierto por donde pudiera colarse la libertad. Blindaría todo su aparato legal para, por un lado decir que todos los derechos están constitucionalmente recogidos, y por otro establecer un marco jurídico que condenara determinadas actividades derivadas del ejercicio de esos derechos. Y así ha sucedido, muy prontamente, con el Artículo 56 que enuncia:
“Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.”
Bajo el amparo de ese artículo, un grupo de cubanos ha presentado en los últimos días una carta de solicitud de manifestación pacífica a las asambleas provinciales del poder popular. Un intento de hacer válido un derecho legítimo en un país donde los derechos son, en ocasiones, letra muerta. La manifestación es el culmen de la libertad de expresión porque reúne las demandas de quienes ponen voz y cuerpo y, pacíficamente, piden por un motivo que compete a un sector o una mayoría de la sociedad. En todo país es un derecho reconocido en la Constitución, y además llevado a la práctica. Es impresionante ver cómo en las sociedades contemporáneas las fuerzas del orden cubren las manifestaciones para evitar disturbios y garantizan que transcurran los hechos en ausencia de violencia. Desgraciadamente en Cuba, con los sucesos del 11J, quedó demostrado que el gobierno invierte grandes fondos del presupuesto del Estado (al que contribuimos todos los ciudadanos) para fines militares; y también quedó demostrado que el mismo Artículo 4 de la “nueva” Constitución legitima la violencia y enfrenta a los hermanos por pensar diferente.
Las manifestaciones del 11J, sin precedente en la Isla, y que pusieron al gobierno en la alerta (más que sabida, pero irreconocida) de que el pueblo no aguanta más, que ha sido capaz de despertar y gritar en las calles por el cambio, fueron ampliamente reprimidas, y aún queda el saldo de cientos de presos pendientes de juicios ejemplarizantes y en los que la seguridad del Estado supera a veces el propio cumplimiento de la ley. Pero aquellas manifestaciones fueron espontáneas, miles de personas se sumaron paulatinamente a lo largo de la Isla, y no se pudo silenciar, hasta que los golpes del ejército uniformado y de algunos revolucionarios convocados, artillados con los más rudimentarios dispositivos para la violencia, se enfrentaron a los hermanos que también pedían para ellos libertad. La marcha que el gobierno recién acaba de denegar, estuvo previamente solicitada a las autoridades competentes, con fecha, hora y lugar, y con claridad en las intenciones. En eso difiere del 11J; pero el gobierno ha demostrado, una vez más, en ambos casos, que el disenso tiene sesgos muy bien definidos, y que el ejercicio de ciertos derechos es pura escritura para presentar al mundo y lavar el rostro manchado de los derechos humanos en Cuba.
Las respuestas ofrecidas a las personas que entregaron las solicitudes en las asambleas del poder popular parecen escritas por la misma persona, y los argumentos lo mismo servirían para una manifestación que para un periodista que cubre una noticia, escribe un texto, o participa en un evento de la sociedad civil.
“Subvertir el sistema político” sigue confundiéndose con hacer valer las libertades más elementales e intrínsecas de la persona humana. Subvertir algo significa cambiar el orden normal o estado correcto de las cosas. En el caso del sistema político vigente en Cuba, sin derecho a elecciones directas y transparentes, con la encarcelación de personas por pensar diferente y manifestarlo, con la persecución del que disiente, con la falta de legalización de las profesiones para el ejercicio privado, con la restricción de movimiento a un determinado grupo de personas, con asesinatos de reputación en los medios de difusión masiva monopolios del Estado, no se debe hablar de un sistema político normal.
Una “marcha con fines desestabilizadores” no fue la solicitud, que incluso, pidiendo el permiso indica que se haría con fines pacíficos, por las vías establecidas, y con la petición de que las fuerzas del orden estuvieran presentes para evitar cualquier indicio de violencia.
Esos dos argumentos son los que más han pesado en las respuestas oficiales para concluir que la marcha es ilícita. A lo que los funcionarios que firman las cartas agregan que, apenas fue pedido el permiso de manifestación, la marcha recibió apoyo de personalidades, legisladores, y medios extranjeros, sobre todo estadounidenses. El necesario enemigo que necesita el sistema para justificar los males, y a la vez tildar a sus ciudadanos de no pensar con cabeza propia.
El derecho constitucional invocado parece no ser suficiente porque la Constitución de la República de Cuba de 2019 estableció, en otros de sus artículos la supremacía del partido comunista y la legitimización de la violencia. Cualquier intento de libertad, reclamo social, protesta pública, o disenso explícito, podría ser reprimido en nuestro supuesto paraíso caribeño. Para ello también hay argumentos constitucionales y legales que limitan toda iniciativa ajena a la orientación política del gobierno.
Lo sucedido es otra evidencia de que aquello de que la Constitución estaba “atemperada” con los nuevos tiempos es, por lo menos, incierto. A ningún país del mundo se le ocurre llamar ilícita a una marcha para la que se ha pedido permiso; pero bueno tampoco van las naciones llamando mercenarios a sus ciudadanos por el hecho de pensar y hablar sin hipocresía. En el Reino del absurdo nada es imposible. Y cualquier realidad, por muy increíble que esta sea, puede ser superada.
Es una pena que tengamos que seguir exigiendo el derecho a tener derechos, pero confío en que los cubanos de buena voluntad no cesarán en el empeño de construir una Cuba más plural por la vía del diálogo y la negociación, y con todas las cartas sobre la mesa, sin exilio ni exclusiones de otro tipo.
- Yoandy Izquierdo Toledo (Pinar del Río, 1987).
- Licenciado en Microbiología.
- Máster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia y el Centro de Bioética Juan Pablo II.
- Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
- Responsable de Ediciones Convivencia.
- Reside en Pinar del Río.