Jueves de Yoandy
El concepto de sociedad civil es un concepto bastante dinámico, en tanto ha sido reformulado, cambiado y enriquecido a lo largo de los años. El término está estrechamente relacionado con otros grandes conceptos como son gobernanza democrática, Estado de Derecho, representación democrática y Bien Común. Según Valdés y colaboradores, la sociedad civil es “el conjunto abierto, complejo, diverso, incluyente, articulado, de las relaciones y recursos que conforman un tejido social” y que incluye a diversas “organizaciones de carácter local, nacional e internacional, cuyos rasgos comunes son: la autonomía, sus métodos y fines pacíficos y su espacio público” (Valdés et al., 2014).
Durante mucho tiempo ha sido vista la relación entre sociedad civil y Estado desde la arista del control de la primera sobre los bienes, servicios y función que desarrolla el segundo. Sin embargo, por la propia evolución social, “cambio de época” y los análisis críticos de la realidad contemporánea, se ha demandado un nuevo modelo de interacción donde puedan converger para la colaboración a través de la participación responsable y efectiva. La propia gobernanza democrática, si es realmente vivida con calidad, implica descentralizar el poder por parte del Estado y permitir que los asuntos sociales, económicos, políticos, culturales, religiosos y de cualquier índole, puedan estar a cargo de lo que algunos autores denominan “agentes extraestatales”; que no son más que las organizaciones intermedias, es decir, los diversos actores de la sociedad civil.
El hecho de que exista diversidad, no necesariamente implica unidad, ni mucho menos que exista una participación real; pero de existir esta última los beneficios para el sistema político son altos y comprenden: la búsqueda sinérgica de soluciones a los asuntos de interés común. Es decir, la resolución de problemas sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que fomenten la inclusión, que se traduzcan en libertades económicas, que propicien el respeto de los derechos humanos universales; y que por tanto, eleven la calidad democrática del sistema de gobierno.
Por otro lado, la generación de políticas públicas, emanadas de los diferentes actores de la sociedad civil y sus grupos de trabajo, permite mejorar la toma de decisiones de los políticos en el poder. La existencia de organizaciones para el estudio social, los llamados laboratorios de ideas, o think tanks, cuya función prácticamente generalizada es la generación de estrategias de desarrollo, o asesoría gubernamental, basada en problemas acuciantes de cada región, conflictos, grupos vulnerables o situaciones especiales, son un ejemplo de cómo se puede hacer advocacy o incidencia política desde la ciudadanía.
En los regímenes totalitarios, como es el caso de Cuba, la función principal de la sociedad civil, para lo cual debe estar preparada, bien articulada y unida es: hacer incidencia sobre el Estado/gobierno con el fin de promover el cambio de un sistema autoritario hacia la inclusión y la democracia. Esto solo es posible a través del diseño de líneas de trabajo coordinado y eficiente de todos los grupos de la sociedad civil, ya sea en el mundo de la cultura, los Medios de Comunicación Social, la generación de pensamiento a través de los centros de estudio, las demandas ciudadanas de las organizaciones en contra de la exclusión social, como las Ligas LGBT, movimientos por la integración racial, o en defensa de los derechos de la mujer, entre otros.
Como la sociedad civil es incluyente, pluralista, abierta y “ecléctica” (Ginger, 1985) esta coexiste, colabora y trabaja en “la creación de una opinión sobre los asuntos políticos” (Pérez-Díaz, 1996). La generación de dichas opiniones, la conducción de las diferentes estrategias de concertación, el desempeño de las funciones y la gestión de las tareas, dependerá siempre de los recursos humanos. Por tanto, para una interacción eficaz entre los diferentes actores sociales pueden ser reconocidos, al menos, dos grandes retos. El primero, la voluntad para integrarse, que implica a su vez, ser colaborativos, resolutivos, equilibrar el dilema de vocación para la política-profesionalismo y, sobre todo, capacidad de diálogo y apertura a lo nuevo. El segundo, la formación ciudadana, que posibilita la comprensión de la diversidad de roles sociales, el comportamiento adecuado ante situaciones adversas, la coexistencia pacífica y el respeto a la dignidad humana.
Otros retos a enfrentar podrían ser:
- La falta de libertad de expresión (instaura la hegemonía de criterios, limita la participación proactiva, reduce la producción de pensamiento y propuestas de solución).
- La colectivización (elimina la riqueza de la diversidad, limita el pluralismo y contrapone el Estado a un grupo homogéneo que desfigura la esencia de la sociedad civil).
- El burocratismo (disminuye la voluntad para la resolución de un conflicto al enfrentarse a las trabas de un sistema que en lugar de facilitar la gestión, disminuye su velocidad, y en ocasiones impide arribar a resultados positivos. Decía san Juan Pablo II que “el control burocrático esteriliza toda iniciativa y creatividad” (Encíclica Centesimus annus. 1991).
Un programa para el fortalecimiento de la sociedad civil diseñado desde el poder público limita la creación y el pensamiento; vendría a ser como la hoja de ruta, el itinerario o guión, para responder a unos intereses que no necesariamente tienen que coincidir con las líneas de acción de las organizaciones intermedias. La principal virtud de las organizaciones de la sociedad civil es su independencia. El control del Estado sobre ellas sería un factor que va en contra de la propia naturaleza del concepto y una limitante del tiempo de vida útil de cada organización.
Si la sociedad civil se rige por un programa orientado desde la institucionalidad del poder público, se convierte en repetidora de un modelo, en entidad de respuesta a intereses no convenidos en el seno de la organización y se aleja de su objeto social. Además, si se asignan programas que vayan más allá de la mera cuestión social, en sentido general, la sociedad civil adquiere una connotación netamente política y se dificulta la sostenibilidad de sus funciones.
Por último, la conducción de los programas de desarrollo orientados desde el Estado, genera divisiones en aquellos grupos que insistan (como debe ser) en el ejercicio de la autonomía funcional, de acuerdo al respeto mutuo y la coexistencia pacífica. La fragmentación interna provoca desarticulación, desacuerdos, luchas organizacionales y deforma la credibilidad y función de la sociedad civil.
El futuro democrático, participativo y de justicia social de nuestras naciones depende de la salud de la interacción Estado-sociedad civil.
Referencias
Valdés Hernández, D. et al., (2014) Ética y Cívica: Aprendiendo a ser persona y a vivir en sociedad. Ediciones Convivencia.
Pérez V., (1987) El retorno de la sociedad civil. Instituto de Estudios Económicos. Madrid.
- Yoandy Izquierdo Toledo (Pinar del Río, 1987).
- Licenciado en Microbiología.
- Máster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia y el Centro de Bioética Juan Pablo II.
- Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia.
- Responsable de Ediciones Convivencia.
- Reside en Pinar del Río.