Armando Chaguaceda
El tema de la responsabilidad colectiva bajo dictaduras totalitarias es uno de los más disputados de la filosofía política del siglo XX. Evaluando los comportamientos, dentro y fuera de la isla, es posible hacer un análisis somero -analítico, político y ético- de la responsabilidad colectiva de los cubanos en la pervivencia de su dictadura. Se trata de una pregunta legítima y compleja, que merece un tratamiento capaz de separar varios planos analíticos que suelen mezclarse -el histórico, el estructural, el ético-individual- evitando siempre los veredictos concluyentes. Y hay, al menos, dos tradiciones que confluyen para intentar explicar el problema.
La tradición que podemos llamar estructuralista -con raíces en la obra de Hannah Arendt, pero también en la sociología de regímenes autoritarios- sostiene que la pregunta “¿por qué el pueblo no se levanta?” invierte la carga moral. Porque, según esta perspectiva, en un Estado totalitario con monopolio de la violencia, control de la información, atomización social deliberada -ej los Comités de Defensa de la Revolución, diseñados para que cada vecino vigile a su vecino- y dependencia material del Estado -empleo, vivienda, cartilla de racionamiento, etc-, la “pasividad” no es una elección moral libre sino una adaptación racional a condiciones de coerción extrema. Bajo esta óptica, culpar al pueblo cubano de la pervivencia del régimen es análogo a culpar a los ciudadanos soviéticos de no haber derrocado a Stalin en 1937.
Otra tradición -más cercana a Vaclav Havel en “El poder de los sin poder”- sostiene lo contrario: que incluso bajo coerción extrema existe un margen de complicidad cotidiana -lo que Havel llama “vivir dentro de la mentira”- que sostiene al sistema precisamente porque millones de pequeños actos de conformidad (aplaudir en el acto, denunciar al vecino, repetir la consigna) son los ladrillos con que se construye la fachada de legitimidad que el régimen necesita. En esta lectura, sí hay responsabilidad difusa, graduada, no punitiva pero real, y el hecho de que algunos —Payá, las Damas de Blanco, los presos de la causa 11J— sí resistieron a costos enormes es la prueba de que la resistencia era posible, lo cual complica la excusa puramente estructural. Llamo a este enfoque el de la agencia personal.
Mi lectura es que ambas tienen razón parcial y que la pregunta correcta no es “culpable o no culpable” sino en qué grado, y con qué asimetría entre quienes tienen más y menos que perder. No es lo mismo la responsabilidad de un ama de casa o jubilado que necesita la protección estatal -por miserable que esta sea- para no pasar más hambre, que la de un cuadro del Partido, un oficial de las FAR, o un intelectual con proyección internacional. Las vulnerabilidades de unos y las responsabilidades de otros los diferencian, aunque todos parezcan confluir en la defensa del status quo.
Una sociedad que cambia
Durante casi 70 años, el castrismo ha gobernado Cuba sin mayores resistencias. Lo hizo durante de 1959 a 1989 contando con el apoyo activo de la mayoría de la población, sostenido por logros reales -alfabetización, salud- y por una legitimidad revolucionaria/nacionalista que no requería represión masiva para sostenerse. Desde ese momento y hasta fecha reciente, se mantuvo en el poder contando con el éxodo y la apatía de las otroras masas entusiastas, sin encontrar una resistencia masiva y frontal a sus decisiones. Desde el Período Especial (1991–¿) y hasta 2021, el régimen gestionó el descontento canalizandolo hacia la válvula de escape migratoria -Mariel en 1980, crisis de los balseros de 1994- en vez de reprimir políticamente puertas adentro, lo cual es una estrategia deliberada y estudiada: exportar el disenso en vez de enfrentarlo.
Solo en los últimos años hemos visto protestas populares, con reclamos políticos, más grandes y sostenidas, que aunque no alcanzan a derrotar al régimen dan cuenta de un cambio decisivo en la mente de los cubanos. Un quiebre psico social que se resume en no dejar de temer la represión estatal (por demás ampliada) pero descubrir, en una práctica forzada por la desesperación, del derecho a tener derechos. Los eventos del 11 y 12 de julio de 2021, así como las protestas posteriores (de 2022 al presente) representan un salto cualitativo -reclamo político explícito, simultaneidad geográfica, participación de sectores antes pasivos- aunque han sido, en los casos más masivos y beligerantes, aplastadas con rapidez y eficacia, con cientos de presos políticos resultantes. Lo que confirma que la capacidad represiva del aparato y el costo de la protesta siguen siendo altos.
Pero si la situación se torna compleja al evaluar a personas que viven bajo la amenaza y el ejercicio cotidiano de la coacción estatal, vale la pena echar también una mirada al otro lado del estrecho de la Florida.
La paradoja del exilio instrumental
Por otro lado, los cubanos que logran llegar a EUA en estos años recientes, siguen alegando en su mayoría ser perseguidos politicos, para recibir un trato privilegiado por su supuesta condición. Pero luego se han mantenido mayoritariamente desconectados políticamente de la situación de su país natal. Lo que genera la paradoja de ser una “comunidad” que usa oportunistamente su condición de exiliado pero luego no la honra con alguna forma -informacion, organización, acción- de repolitización útil para la liberación de su país de origen. Esta verdad -que a algunos puede molestar por incómoda- no ignora sin embargo la labor de los que, en un exilio real, siguen trabajando -a veces de forma modesta y casi anónima- por el cambio en su pais natal.
Aquí el argumento toca un punto real y documentado, aunque hay que matizarlo generacionalmente. El exilio cubano histórico -generación 1959–1980, la que construyó la actual política de Miami- sí fue intensamente politizado y organizado en función del retorno o la liberación de la isla. Las oleadas posteriores —especialmente la migración económica post-2000 y sobre todo post-2021, que en términos numéricos es la mayor de la historia de la migración cubana- se acogen mayoritariamente a beneficios migratorios diseñados originalmente para perseguidos políticos -Ley de Ajuste Cubano, parole humanitario- con una motivación predominantemente económica, y en efecto una vez instalados en EE.UU.
Hay por tanto una instrumentalización del estatus sin la correspondiente politización posterior. Además -y esto agrava la contradicción- una parte sustancial de esa misma diáspora envía remesas que son, hoy, uno de los pilares de divisas del régimen, es decir, financia indirectamente al aparato del cual dice haber huido. Pero también hay que decir, en honor a la precisión: no toda la diáspora es así, como ejemplifica la nueva generación de artistas y activistas exiliados tras 2021. Por otro lado, el reproche moral hacia quien emigró huyendo de un colapso económico real, buscando simplemente vivir, tiene un límite razonable: no toda persona debe subordinar su vida privada a un proyecto político de liberación nacional.
Las comparaciones ajenas: válidas, pero con matices
Partiendo de esos -y otros- enfoques analíticos y de las evidencias empíricas, a menudo ponemos el afán en comprender para transformar, acudiendo a las comparaciones con otros pueblos en condiciones similares de opresión autoritaria. Estas son válidas, pero deben hacerse con cautela metodológica y sin simplificaciones políticas o morales. Porque lo más interesante y potencialmente valioso no es sólo constatar la similitud sino darnos cuenta de qué variable marcó la diferencia en los casos donde el régimen cayó y donde no lo hizo.
En Europa del Este (1989) la variable decisiva no fue tanto un cambio de ánimo popular repentino como la retirada del patrón externo: la URSS de Gorbachov dejó de garantizar la represión con tropas propias, cambiando la doctrina Brézhnev por la doctrina Sinatra. Sin ese cambio en Moscú, Honecker o Ceaușescu probablemente hubieran aplastado las protestas como lo hizo China en Tiananmén ese mismo año. En China, ese mismo tipo de protesta masiva fue aplastada (1989) sin un costo político externo significativo, dejando un régimen consolidado 35 años después. Es el contraejemplo que muestra que la protesta masiva no garantiza nada sin fractura del aparato represivo o de sus patrocinadores. Sin olvidar la supervivencia de casos extremos como Corea del Norte, donde se muestra que el control total de la información y la organización, unido a una ausencia total de memoria de alternativa puede sostener un sistema indefinidamente sin que la idea misma “responsabilidad colectiva” tenga sentido operativo alguno.
La lección más honesta es que en casi ningún caso histórico la dictadura cayó solo por el hartazgo o la resistencia interna del pueblo llano. Casi siempre hizo falta una combinación de (a) fractura en la élite gobernante o pérdida de un patrocinador externo, (b) colapso económico que volviera insostenible el aparato represivo mismo, y (c) una resistencia organizada -minoritaria pero sostenida- capaz de capitalizar el momento cuando (a) o (b) ocurrían. Cuba, hasta ahora, no ha tenido ni fractura elitista significativa -el aparato militar-FAR controla la economía a través de GAESA y tiene incentivos materiales fuertes para sostener el sistema- ni un colapso que vuelva insostenible la represión misma. No obstante, desde los eventos de 2021 y con la crisis actual de apagones, migración masiva, escasez alimentaria severa- estamos más cerca de ese punto que en cualquier momento desde 1959.
Un problema serio, sin veredicto fácil
Creo que la responsabilidad colectiva existe, pero es desigual y decreciente en la dirección incorrecta: mayor en quienes tienen poder, recursos o proyección para disentir con menor costo relativo (intelectuales protegidos por fama internacional, diáspora con seguridad económica ya consolidada, cuadros medios del aparato) y menor en quien apenas sobrevive el día a día bajo escasez y vigilancia. Juzgar con la misma vara al activista político y al jubilado que aplaude en el acto oficial para no perder la pensión es una simplificación injusta. Pero negar cualquier responsabilidad difusa -incluida la de una diáspora que usa el estatus de refugiado sin sostener después ningún compromiso político con la liberación del país que dice haber tenido que abandonar- también sería una forma de eximir de juicio moral a quien tiene, comparativamente, más margen de acción y menos que perder.
De cualquier modo, los acontecimientos en la isla y fuera de ella han entrado en una dinámica acelerada y de destino incierto. Los actores del cambio y la continuidad -viejos, nuevos o reciclados- van quedando visibles a los ojos de la gente. Las inercias se rompen, sobre todo allí abajo donde la gente debe decidir entre un terror sin fin o un final, aunque tenga algo de terror. Pero eso, querido lector, lo abordaremos en nuestra siguiente columna. Hasta el próximo miércoles.
- Armando Chaguaceda Noriega (La Habana, 1975).
- Politólogo e historiador. Especializado en procesos de democratización en Latinoamérica y Rusia. Reside en México.