En un contexto políticamente autoritario como el cubano, donde las ciencias sociales confrontan una serie de limitaciones materiales, culturales, legales e institucionales[i] la existencia de un pensamiento riguroso y con explícita vocación de incidencia pública es siempre una buena noticia. Máxime si se trata de un reformismo que no cuestiona la legitimidad del orden establecido -lealtad que le haría potencialmente audible para ciertos actores dentro del poder- sin dejar de ser profundamente analítico y crítico, desde altos quilates de sofisticación intelectual.
El trabajo del economista Pedro Monreal es, tal vez, el mejor ejemplo hecho desde Cuba y para Cuba, de esa perspectiva reformista. Y en su blog -que recomiendo a cualquier persona interesada en conocer los desafíos de los cambios y estancamientos económicos en la Isla- acaba de publicar un texto[ii], sobre el que escribo ahora los siguientes comentarios.
En su entrada reciente, Monreal se interroga sobre qué tipo de conocimiento sería efectivo para el propósito de influir, desde el conocimiento académico -me parece que, en este caso, ya devenido intelectual por su explícita vocación de incidencia pública- sobre la política en curso. Y se refiere, poco después, a la “política económica” y la “política social” como esferas de esa influencia. No menciona la “política política”, como podríamos llamar al conjunto de actores, procesos, e instituciones donde se concentra, distribuye, ejerce y contesta el poder.
Para quienes analizamos, criticamos y proponemos ideas de la “política política” -desde las ciencias políticas- queda claro que ese es el espacio más reducido, por la naturaleza misma del objeto de estudio, para proponerse influencia pública. Entonces, la noción de “efectividad” no deriva tanto -en las condiciones de Cuba pero también de otros países en la órbita autoritaria- de la pertinencia, sofisticación y aplicabilidad de las ideas, como de la voluntad política de quienes mandan para acogerlas. Depende menos de tener buenas propuestas y más del grado de apertura del régimen político y de la sofisticación, tolerancia al disenso, respeto a la experticia autónoma y niveles de diversificación de las élites políticas dominantes. Sobre todo, porque en un país donde no hay (al menos de forma visible) fracciones de élite y actores sociales diversos -ONGs, universidades autónomas, gremios, etc.- disputando legalmente un “mercado de ideas y soluciones”, la decisión de muy pocos pesa más que la pertinencia de la propuesta en sí.
Las ciencias sociales en Cuba -en particular la economía y en menor medida los antropólogos y sociólogos- están animando un debate sobre los problemas del país. Eso lo sabemos todos. Pero los lastres estructurales que impiden su desarrollo e impacto son, en buena medida, exógenos: derivados del tipo de orden político y, de ahí, del nexo que dentro de este se establece entre poder (invasivo y solipsista) y ciencia (subordinada y poco autónoma). Se le suman los endógenos -derivados de las carencias relativas de recursos, formación, capital humano y acceso a información y redes externas de los investigadores y centros de investigación-, pero estos serían derivados -y en buena medida también superables- a partir de su relación con el Estado/Partido.
En Cuba hay hoy una relativamente alta disponibilidad de teoría -“ideas relativas a lo que se desea ver hecho”, la define Monreal-; que choca con la improvisación, zigzagueos y lentitud de buena parte de la política pública -a la que yo llamaría, más propiamente, política estatal– “acerca de cómo se intenta alcanzarlo”. Porque en este segundo plano la influencia de los expertos está demasiado mediada por la decisión del tipo de poder vigente.
Comento todo esto porque a veces parecería que, en la actual coyuntura de reformas y transición dentro del esquema de poder insular, ante las ciencias sociales se abrirían dos opciones distintas a la de la alabanza leal. Una -donde ubico la postura de Monreal -busca ofrecer una teoría y propuestas que, como señala el autor, “pueda producir resultados “accionables” y recomendaciones específicas que permitan introducir esas ideas en el proceso de producción de políticas públicas”. Esto -lo entiendo así- no solo acotado al ámbito económico, sino al legal, al de abordaje de la estructura y cambio sociales, al de los medios de comunicación, etc. Una propuesta de consejería de altos quilates -con vocación de incidencia pública, allende el aconsejado- que yo llamaría, simplificando, una mirada “tecnocrática” del asunto. Más que necesaria en cualquier parte.
La otra sería la opción de, con un conocimiento también riguroso, identificar los problemas y las urgencias -de toda índole, pues los humanos no somos solo productores y consumidores, sino también ciudadanos- orientada a la sociedad en general, incluidos los “decisores” pero no agotándose en ellos. El problema es que esta última postura “activista”, si parte de una concepción de derechos y una mirada humanista -sin detenernos ahora en que ideología se profese- choca directamente con un poder de vocación monopólicos al que, como decía en un rapto de sinceridad una vieja sacerdotisa del estalinismo habanero “no le gusta que lo estudien”. Mucho menos que lo interpelen.
Sin embargo, lo que (creo) sucede hoy en Cuba, en medio del solapamiento del proceso de reforma económica y sucesión del poder, es que este último está considerando adverso tanto al consejo tecnocrático como a la incidencia cívica desarrollada desde ámbitos académicos. Y que, quienes desde las ciencias sociales nos ubicamos más cerca de este segundo (sub)campo del quehacer intelectual, a veces nos preguntamos si realmente la supresión de los espacios, proyectos y pensadores orientados a la incidencia cívica no será solo la antesala -o si transcurre en la simultaneidad, pero en silencio- del silenciamiento de sus pares tecnocráticos. Hoy por “nosotros”, mañana por “ustedes”… ¿o acaso, al mismo tiempo, ya van por todos, en diferentes velocidades y profundidad?
Señala Monreal que “la utilización de la ciencia para cambiar la realidad es más acerca de adaptarse al proceso político que existe realmente y no al que uno le gustaría que existiera”. Mi pregunta es qué hacer cuando el proceso político dominante no considera las propuestas que, dentro de la ley vigente, se le hacen. Y cuando penaliza a quienes las hacen, desde la tecnocracia o el activismo. ¿Dónde radican el límite y el equilibro entre la adaptación y la audacia dentro de una agenda reformista?
Y aparece aquí el problema de las consecuencias sobre la gente concreta, una tercera dimensión del análisis de Monreal. Si bien estas consecuencias para el hijo del vecino emanan mucho más de quienes -con todos los recursos administrativos, materiales y coactivos- aplican la política desde el Estado, me parece que también el propio quehacer académico -con sus elecciones y omisiones, en los planos investigativo y divulgativo- tiene algo que decirle a los ciudadanos de a pie. Aunque enfoque su discurso, principalmente, hacia el Estado.
Solo que me pregunto: ¿eso que llama el autor “proceso político” no incluye -aún desde la asimetría de poder- a los sujetos ajenos a los círculos de poder, que también tienen existencia, agencia y derechos; aunque estos sean disminuidos y ninguneados por el Leviatán? Y, si dentro de ese segmento de la academia preocupado en el futuro de la nación cubana nos quedamos privilegiando el consejo a un poder que no parece querer escucharnos, ¿que sucederá con “eso” que sucede cada día en las franjas de lo “no oficial” y lo “anti oficial” en el país? Más allá de los burócratas, los gerentes y los emprendedores. ¿Los dejamos, fáctica y analíticamente, en la invisibilidad, la inexperiencia y el silencio?
[i]Ver los textos de Haroldo Dilla http://nuso.org/articulo/cuba-los-avatares-del-reformismo/ Yvon Grenier http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/191
[ii] Ver https://elestadocomotal.com/2018/03/30/reformando-cuba-las-tensiones-entre-la-teoria-las-politicas-y-la-practica/
Armando Chaguaceda Noriega (La Habana, 1975).
Doctor en Historia y Estudios Regionales, Universidad Veracruzana (2012). Licenciado en Educación (2000), Maestría en Ciencia Política (2004), Licenciado en Historia (2006).
Miembro de Latin American Studies Association (LASA).
Miembro de Amnistía Internacional. Investigador y docente del Cuerpo Académico Estudios Políticos, Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Universidad Veracruzana.
Profesor-Investigador, Departamento de Gestión Pública y Desarrollo Edificio de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSyH) Universidad de Guanajuato Campus León.
Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC). Cuba.