Por Laritza Diversent Cambara
Laritza Diversent Cambara. Foto de Archivo.
A- Proceso de formulación de las propuestas de reforma electoral
El 23 de febrero de 2015 el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), anunció que en su VII Congreso a celebrarse en abril de 2016, se le pediría a la Asamblea Nacional del Poder Popular, órgano legislativo, modificar el proceso electoral y la adopción de una nueva Ley; con vista a las elecciones generales de 20181.
Nuestra organización realizó una investigación sobre el sistema electoral cubano y desarrolló debates en los que participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil independiente, para detectar los obstáculos que impedían la participación política de los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad y formular propuestas de solución a los mismos.
Una de las principales conclusiones de los debates fue la necesidad de un proceso de reformas a la Constitución, para compatibilizar el sistema legal a los cambios actuales dentro de la sociedad y los compromisos internacionales asumidos por el estado cubano en materia de derechos humanos.
Sin embargo, en algunos de los cambios propuestos no era imprescindible el proceso de reforma constitucional, razón por la que se decidió dividir el informe con las propuestas en dos partes: la primera contenía las propuestas que se podían implementar con una reforma de leyes. La segunda contenía las propuestas que para su implementación necesitaban una reforma constitucional.
El informe fue presentado a expertos en el tema electoral en América Latina, gracias a la alianza establecida con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), con sede en San José, Costa Rica. La Organización es experta en el tema electoral y tiene coordinaciones con las instituciones electorales de casi toda América Latina. Nuestra intención era aprovechar la rica experiencia de la región en los últimos 30 años.
La principal crítica a nuestro informe era que proponía una ruptura brusca con el sistema actual y no daba la oportunidad de diseñar una transición pacífica y ordenada hacia un régimen democrático.
Los expertos resaltaron también el difícil reto que nos encontrábamos, pues no se trataba de desmontar una sociedad autoritaria sino totalitaria y por la vía pacífica, y como primer problema, el desafío de cambiar valores en la sociedad, especialmente la tolerancia y las diferencias.
Advirtieron la oportunidad histórica, y la necesidad de aprovecharla detectando posibles escenarios y espacios. La normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y un posible levantamiento del embargo, rompían el círculo vicioso entre embargo y represión, enfatizando que uno reforzaba al otro.
Según la valoración de los expertos en Cuba aún no estamos en transición, aunque reconocieron que existía posibilidad de iniciarla, identificando nuestro segundo reto: ¿Cómo hacer una transición? ¿Qué reglas proponer? ¿Qué modelo de democracia queríamos? Insistieron en la necesidad de que identificáramos de dónde partíamos, a dónde queríamos llegar y qué capacidad teníamos para hacerlo.
Calificaron algunas propuestas de autoritarias, recomendándonos garantizar la libertad por encima de cualquier cosa, aconsejándonos restringir lo menos posible. Recomendaron eliminar todos los términos discriminatorios, especialmente respecto a la presentación de candidaturas. Nos criticaron el lenguaje del texto, especialmente su redacción en género masculino.
Nos recomendaron escoger solo propuestas mínimas pero que fueran estratégicas, para abrir el juego democrático, desarrolladas como máximo en 5 páginas, porque los políticos no leían textos largos. Enfatizaron, que si lográbamos abrir el juego político, existiría la posibilidad de discutir el resto de las propuestas.
B- Propuestas mínimas estratégicas de reforma al Sistema Electoral
Como propuestas mínimas estratégicas escogimos el derecho a participar en las elecciones, quién puede votar, quién puede ser votado; en segundo lugar, la libertad de expresión, lograr se permita la campaña electoral incluyendo acceso a la internet, para todo efecto; en tercero, un patrón electoral que genere confianza, incluyendo la paridad que debe estar entre nuestras propuestas estratégicas.
Las llamamos “tres propuestas claves de reforma al sistema electoral cubano”, que buscan una apertura política ordenada, que nos lleven a una transición pacífica y tratan de garantizar el libre ejercicio del derecho a elegir y ser elegidos de las ciudadanas y ciudadanos cubanos. También buscan generar confiabilidad y garantizar la integralidad y transparencia de las elecciones.
Se basan en el precepto constitucional que afirma que “Cuba es un Estado… independiente y soberano, organizado… como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política…”, para promover “elecciones con integridad” basadas en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política.
1. El derecho de los cubanos a elegir y ser elegidos
El problema
En las elecciones, las y los ciudadanos someten sus propuestas de candidatos/as a Delegados/as Municipales, a votación directa y pública (a mano alzada) en las asambleas de nominación. Sus preferencias o apoyos políticos se exponen públicamente a través de un método que origina el miedo a las represalias y en consecuencia, limita la diversidad de postulaciones.
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) tienen la potestad de otorgar avales de comportamiento y modo de vida de las y los ciudadanos, lo que es usado como mecanismo de intimidación, que impide la libre expresión de sus preferencias políticas y condiciona el ejercicio libre del derecho a elegir.
La Ley Electoral asigna la función de seleccionar las y los candidatos a cargos de elección nacional y de dirección del gobierno a comisiones integradas por representantes de 6 organizaciones notoriamente comprometidas con el Partido Comunista de Cuba (PCC). Además de los CDR, entre ellas se encuentran la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Generalmente sus dirigentes ocupan cargos en las más altas estructuras del PCC y en el Consejo de Estado. La actuación de estas comisiones elimina la posibilidad de competencia, ya que proponen un solo candidato por cargo, que con frecuencia pertenece al único partido político reconocido.
Esta situación genera inequidad, y violenta el derecho de las y los ciudadanos a postularse en condiciones de igualdad. No existen oportunidades para candidatos/as distintos a los del régimen para ocupar cargos de elección popular.
Nuestra propuesta
La eliminación de las comisiones de candidaturas y las asambleas de nominación.
Reconocimiento y respeto del derecho a ser elegidos. Las y los ciudadanos tienen derecho a postularse como candidatas y candidatos para ocupar cargos públicos electivos a todos los niveles, como representantes de un movimiento, partido político o asociación cívica política.
La nominación debe realizarse mediante inscripción ante la autoridad electoral competente, que tendrá que garantizar la paridad de género, el derecho de las y los candidatos a realizar campañas electorales con acceso en condiciones de igualdad a los medios de comunicación y al financiamiento público y privado con reglas claras de rendición de cuentas.
La ley debe procurar la alternancia en el poder como principio democrático.
2. Limitaciones a la libertad de expresión, reunión y asociación
El problema
El sistema establecido por la actual ley electoral impide que se generen las condiciones para que pueda producirse una deliberación plural y abierta, sobre los asuntos de interés público.
Prohíbe la campaña electoral y restringe el derecho de las y los ciudadanos a formular y manifestar sus preferencias políticas y obtener información de diversidad de fuentes.
También se restringe la libertad de las y los ciudadanos con aspiraciones políticas a desarrollar actividades naturales de quienes compiten a cargos de elección popular, a saber, la búsqueda de recursos y de votos, y a organizarse abierta y legalmente en partidos políticos.
Cabe destacar que el sistema electoral es apartidista y no existe prohibición expresa para la existencia de otras organizaciones políticas.
Nuestra propuesta
Garantizar a las y los ciudadanos, el derecho a organizarse en movimientos, partidos políticos o asociaciones cívicas con fines políticos de acuerdo a sus preferencias ideológicas, para la formulación de propuestas sobre políticas públicas, promoción del debate público y la observación de procesos electorales.
Debe ofrecerse protección especial a las expresiones relacionadas con asuntos de interés público y a las personas que buscan ocupar cargos de representación pública. Respetar el pleno ejercicio de la libertad de expresión tanto para que los candidatos/as puedan manifestar sus propuestas y se genere un sano y equilibrado debate, como para que las y los ciudadanos puedan expresar libremente sus inquietudes con el fin de ejercer un voto consciente.
En consonancia con estas propuestas y su adecuada implantación, realizamos un estudio de la Ley de Asociaciones y su reglamento y formulamos propuestas para la reforma de ambas normas legales. Además, el 26 de febrero de este año, Cubalexpresentó formalmente al Ministerio de Justicia, la solicitud de legalización de nuestra organización e invitamos y asesoramos a otra organización a que iniciaran este proceso. Debemos recibir respuesta a finales del próximo mes de julio.
Actualmente la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana ya presentó su solicitud de legalización al Ministerio de Educación Superior identificado como órgano del estado afín, otras como el Partido Político “Pedro Luis Boitel”, están en proceso de preparación de la documentación necesaria para formular similar solicitud.
3. Independencia funcional del Organismo Electoral y el Registro de Electores
El problema
Actualmente la Comisión Electoral Nacional (CEN), máximo órgano electoral, solo funciona en tiempo de elecciones y se integra por mandato del Consejo de Estado.
Su carácter transitorio, su designación por un órgano político y la no profesionalidad de sus miembros, atenta contra la independencia e imparcialidad, requisitos con los cuales debe contar cualquier órgano electoral que pretenda dirigir elecciones democráticas.
Por su parte el Registro de Electores está a cargo del Ministerio del Interior, una institución militar, lo que inhibe a las y los ciudadanos para solicitar la información necesaria que les permita ejercer sus derechos civiles y políticos.
Las funciones asignadas por el actual sistema electoral a las organizaciones sociales y de masa, en especial al CDR, atentan contra el libre ejercicio del derecho al voto de las y los ciudadanos y restan transparencia a las elecciones. Ejemplo: la verificación de las Listas de Electores.
Otras funciones que les son asignadas a sus miembros y que afectan profundamente el proceso electoral son: la de conformar la integración de las mesas electorales e incluir electores que no cumplen con el requisito de residencia al momento de la votación.
Nuestra propuesta
Generar confiabilidad en el órgano electoral y por ende en las elecciones, promover el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos de las y los ciudadanos, así como la integralidad y transparencia de las elecciones, otorgando al órgano electoral, carácter descentralizado y permanente, y adscribiéndole el Registro de Electores para garantizar la independencia funcional y económica.
En especial proponemos la debida identificación de las sedes del Registro de Electores, al menos una por provincia. Candidatos/as y votantes, tendrán derecho a solicitar al Registro Electoral información para verificar la precisión de su contenido.
El Registro Electoral no debe permitir el uso o difusión de la información personal de los electores, para ningún propósito distinto al del ejercicio del derecho al voto.
Las y los funcionarios que integren los órganos electorales y el Registro de Electores, mientras desempeñen su cargo no podrán postularse como candidatos/as a cargos públicos electivos o por designación en cualquier organismo del estado de carácter ejecutivo o en entidades económicas, sean estatales o privadas.
Y de postularse a elecciones, deberán renunciar a su cargo dos (2) años antes del proceso electoral en cuestión. Tampoco podrán ocupar cargos directivos en organizaciones político-partidistas. Y en ningún caso podrán ser militares activos o en servicio.
Debe eliminarse toda situación que tenga la potencialidad de restringir la libertad de decisión y voto de las y los electores, eliminando también las funciones asignadas legalmente dentro del proceso electoral a las organizaciones sociales y de masas, en especial las que asumen los CDR.
La nueva ley debe impedir la doble votación y con ello el eventual fraude electoral. Las reglas de actualización y corrección sistemática y transparente del Registro Electoral deberán realizarse en un plazo límite previo al día de las elecciones. Con ello se limita la posibilidad que tienen actualmente los órganos electorales temporales inferiores de realizar inclusiones en la lista el día de las elecciones.
Por último, deben eliminarse las funciones asignadas a los órganos electorales temporales en la verificación, tramitación o resolución de reclamaciones relacionadas con las inscripciones en el Registro Electoral.
C- Presentación de las propuestas de Reforma Electoral a las autoridades nacionales
El pasado 14 de abril Cubalex, conjuntamente con la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y el Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel Abraham”, aprovechando la Celebración del VII Congreso del PCC, presentó las tres propuestas claves de reforma al sistema electoral cubano a la Ingeniera Lázara Mercedes López Acea, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana, Miembro del Comité Central, del Buró Político y Vicepresidenta del Consejo de Estado.
En la carta solicitamos a López Acea que en su condición de Miembro del Buró Político haga llegar estas nuestras propuestas a la magna y trascendental cita de los comunistas cubanos, para que sean consideradas, debatidas, discutidas y tomadas en cuenta a la hora de formular las indicaciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y concebir la estrategia de desarrollo a corto, mediano y largo plazos de nuestra nación, con todos y para el bien de todos los cubanos. Igualmente le pedimos que en su carácter de Diputada y Vicepresidenta del Consejo de Estado hiciera llegar nuestras propuestas al parlamento.
La reelección de Raúl Castro como Secretario General del Partido y la ratificación de la irrevocabilidad del socialismo en Cuba, son muestras de la postura intransigente de las autoridades del único partido reconocido cuya intención es mantener un Estado totalitario.
No obstante, Cubalex invita a las organizaciones de la sociedad civil, y a todos los ciudadanos cubanos que estén interesados en participar en la formulación de políticas públicas, específicamente en el proceso de reforma electoral, a que sigan y nos acompañen en este proceso, en principio, haciendo un seguimiento a la acogida de las tres propuestas por parte de las autoridades nacionales. Igualmente ofrece sus servicios de asesoría y asistencia técnica, y capacitación, a las organizaciones de la sociedad civil cubana que nos lo requiera.
Las propuestas fueron presentadas conjuntamente con la “Matriz de reforma de la legislación electoral”, documento en el que se especifica qué normas legales deben ser modificadas o eliminadas, así como los contenidos que deben adicionarse para la implementación de nuestras propuestas.
En las mismas, dimos a los actos electorales un orden lógico y continuo, estableciendo términos en que cada uno de ellos debía realizase y el órgano responsable, para brindar mayor certeza jurídica y transparencia al proceso electoral.
Continuaremos insistiendo y presionando a las autoridades nacionales. Presentaremos a la Asamblea Nacional un Anteproyecto de reforma de ley electoral a través del ejercicio directo e indirecto de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 88 de la Constitución de la República.
Solicitaremos a diputados, a la Comisión de asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, a las Direcciones nacionales de las organizaciones sociales y de masas, que presenten nuestro Proyecto de Ley al Parlamento.
También comenzamos a estudiar una estrategia para realizar la iniciativa legislativa ciudadana, prevista específicamente en el artículo 88 inciso g de la Constitución, en relación con el Artículo 64 del Reglamento de la ANPP, que exige que el Proyecto de Ley esté respaldado por la firma de 10 mil ciudadanos en pleno goce de sus derechos al sufragio activo y pasivo, probado mediante declaración jurada ante notario, un procedimiento que hasta la actualidad, no se ha realizado. Próximamente Cubalex solicitará a la Dirección Nacional de Notarías que nos informe cómo debemos realizar el proceso. En cuanto tengamos la respuesta de la autoridad comenzaremos la tramitación del mismo.
Invitamos al resto de las organizaciones de la sociedad civil a trabajar conjuntamente con nosotros en elaborar estrategias para hacer llegar las tres propuestas claves de reforma al parlamento por diferentes vías, a insistir, presionar e incidir en las autoridades nacionales.
Estas acciones tienen la intención de llamar la atención sobre la necesidad de impulsar reformas legales que garanticen un entorno seguro para el desarrollo de la sociedad civil, a la par que ejerzan presión sobre las autoridades nacionales, en el contexto actual de aparente apertura política. Estrategia similar utilizaremos en la presentación del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de asociaciones que a continuación explico.
(Continuará en Convivencia 52)
(Esta ponencia aparece íntegra en nuestro portal web www.convivenciacuba.es)
Referencias
Laritza Diversent Cambara.
Abogada.
Directora del Centro de Información Legal Cubalex.
Reside en La Habana.