Cuba, los cubanos y cubanas, necesitamos para el presente y para el futuro democrático reconocer y confiar en el valor cívico de la representatividad.
En pleno siglo XXI, no estamos en la Atenas de Pericles en la que todos los ciudadanos libres acudían al areópago para, a voz en cuello y personalmente, ejercer la democracia primitiva. No todos los que vivían en Atenas eran libres, y por tanto ciudadanos, ni todos asistían al anfiteatro a debatir los asuntos de la ciudad, y debemos recordar que se reducía a eso: una ciudad pequeña si la comparamos con las de hoy. Y lo que se discutía eran los problemas de la ciudad. Allí nació la democracia y el civismo de la polis, es decir, la política.
Los tiempos han cambiado, y la sociedad moderna ya no es el pequeño Estado-ciudad, sino Estados-Nación, comunidades regionales, e incluso, una comunidad internacional como la ONU y todos los demás sistemas globales. Es absolutamente imposible ejercer la democracia como en la Atenas de la antigüedad.
Nacieron, pues, las instituciones representativas donde todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de ejercer la democracia a través de sus representantes elegidos por ellos y de entre ellos. La representatividad es, de este modo, el camino principal de la democracia moderna. Sin una legítima y participativa representatividad, elegida libre y responsablemente, las instituciones democráticas no funcionan y los autoritarismos tienen el campo libre para controlar y manipular el poder.
No obstante, las nuevas tecnologías y el independiente tejido de la sociedad civil, son otras formas alternativas y directas para la participación democrática. Lo que en Atenas se hacía a voz en cuello hoy se hace con el twitter, los sms, los blogs y las demás publicaciones digitales. El periodismo ciudadano es otro camino para ejercer la soberanía personal y grupal. Las nuevas tecnologías de la información crean opinión pública, construyen sociedades transparentes, tejen convivencia cívica, ejercen presión política, constituyen un escudo defensivo para los más vulnerables, articulan redes de solidaridad efectiva y directa, pero no bastan. Las instituciones representativas y participativas son indispensables. Sin instituciones no hay país, ya lo decíamos en nuestro Editorial No. 12, de noviembre-diciembre de 2009.
También podemos decir: sin representatividad no hay democracia. Confiar en la representatividad democrática es una asignatura, todavía pendiente, que todos los cubanos debemos rescatar y aprobar. El futuro de Cuba depende de una formación cívica que nos capacite para reconocer, creer y confiar en la representatividad como mecanismo para ejercer la soberanía de cada ciudadano a través de las instituciones libremente elegidas y controladas por la sociedad civil.
Ya sabemos los vicios, pecados, corrupciones y limitaciones de las instituciones democráticas a lo largo de nuestra historia. Que por cierto, no fueron ni siempre, ni en todos los casos. Cuba tuvo instituciones democráticas eficientes, legítimas y renovables. Tampoco obviamos la falta de representatividad política en las actuales estructuras de poder.
A pesar de esos defectos propios del analfabetismo cívico y de una deficiente formación ética, el ejercicio democrático puede salvarse con la combinación del cuarteto: soberanía ciudadana-representatividad–instituciones-democracia. Estos son los pilares indispensables para respetar, defender y promover todos los Derechos Humanos para todos y la mejor vía para la búsqueda del bien común en su mayor grado. Así lo sintetizaba, con su afilado humor, Winston Churchill, Primer Ministro de Gran Bretaña a mitad del siglo XX: “La democracia es el peor de los sistemas políticos… con excepción de todos los demás”.
Sin embargo, para que los ciudadanos podamos creer y confiar en la representatividad de otros ciudadanos ante las instituciones democráticas, ya sea a nivel de las organizaciones vecinales, los grupos de la sociedad civil o los poderes del Estado, es necesario que los representativos tengan un mínimo de cualidades, como son:
- Que tengan las virtudes éticas y cívicas personales demostradas fehacientemente.
- Que sean personas honestas y confiables y que sepan trabajar en equipo.
- Que sean elegidos libre y democráticamente por sus representados.
- Que ejerzan su libertad y responsabilidad para proponer cambios, criticar, denunciar u objetar otras propuestas que crean no responden a los criterios de sus electores, todo dentro del respeto a las personas, a la ley y la moral.
Al mismo tiempo cada persona elegida para representar a un grupo determinado debe cumplir estos deberes cívicos:
1. Representatividad:
El representante ejerce la soberanía de los ciudadanos que lo eligen, solo por encargo y durante el tiempo acordado. Nadie puede arrogarse el derecho de hablar en nombre de otros si no ha recibido con anticipación ese encargo. A este encargo se le llama “mandato”. No puede reducir su participación a criterios personales y propuestas individuales. Es vocero, presenta y defiende los criterios y propuestas de los que lo han elegido democráticamente. Si así no fuere, debe ser revocado por sus mismos votantes. Debe rendir cuentas de toda su gestión a sus electores con la periodicidad que decidan.
2. Probidad:
El representante debe ser una persona con una integridad probada y de conciencia recta. La transparencia debe ser una de sus virtudes en el hablar y en el obrar. No debe usar máscaras políticas ni medios deshonestos, aun para conseguir fines honestos. Su divisa personal debe ser que el fin no justifica los medios. Aprende el recto uso de los medios cívicos y políticos para la búsqueda del bien común y de los altos fines de la convivencia pacífica. Se caracteriza por el respeto a las opiniones y proyectos ajenos. Hace renuncia pública y privada del uso de las ofensas personales a sus adversarios y los ataques a su vida privada. Descarta el lenguaje descalificador y violento. Como ser humano puede equivocarse y cometer errores, entonces debe reconocerlos y pedir perdón a todos.
3. Solicitud:
El representante es un trabajador público y debe esforzarse con agilidad y competencia. Debe ser solícito y eficiente en la gestión de su encargo o mandato. Sus electores deben ver y evaluar su tesón, perseverancia y participación pertinente, hábil y vigorosa, sin aspavientos. Debe tener contactos frecuentes, directos, abiertos y efectivos con los que lo eligieron, para evaluar su gestión, rectificar errores, recibir nuevos encargos, cambiar de métodos o mejorarlos, dar cuenta de los logros y de los retardos o fracasos en su trabajo. Esta es la garantía y el canal para una democracia participativa, protagónica y directa de sus electores. Debe ser solícito también, y sobre todo, en su preparación personal, en la consecución de mayor competencia profesional y en la búsqueda de la mayor información posible sobre la situación de su país, provincia, barrio u organización de la sociedad civil que representa, para poder tomar decisiones informadas, éticamente aceptables y coherentes con la realidad en que vive y con la justicia, la paz y el grado de convivencia que busca.
4. Alternancia:
Todo representativo debe someterse a la alternancia en el servicio público. Es la garantía de la democracia. Es el remedio para los excesos de protagonismo, los populismos, los autoritarismos y los caudillismos. Además, es la prueba más contundente de que solo es un representante y no está en el encargo por su propio poder, sino por mandato del soberano, que es el grupo humano local o la nación que lo eligió. La alternancia es la prueba mayor de la inclusión. La alternancia es también, la oportunidad para que todos los electores puedan acceder al servicio de representante. Al terminar su mandato el representante saliente tiene el deber de pasar a su sucesor toda la información, medios y gestiones pendientes, con honestidad y transparencia, para garantizar una transición representativa ágil, efectiva y total. La alternancia debe establecerse por las normas o leyes con antelación y con rigor, especificando el tiempo de la representación y la posibilidad o no, de ser reelegido, fijando por cuántas veces y cuánto tiempo.
La madurez de una sociedad civil formada ética y cívicamente se puede medir, también, por el grado de reconocimiento, confianza y agilidad con la que acepta, defiende y promueve la representatividad democrática; tanto a nivel de los grupos, asociaciones, e instituciones de la sociedad civil, como en el servicio público en las estructuras del Estado, o en las relaciones internacionales.
El ejercicio de una diplomacia ciudadana contribuiría eficazmente al reconocimiento y práctica de un nuevo concepto de las relaciones entre países que llaman diplomacia pública. Esta no solo promueve los lazos de comunicación y cooperación entre los Estados sino, también, entre la sociedad civil de los respectivos países. En ese diálogo, la representatividad de la sociedad civil es la garantía para que todas las voces y proyectos puedan tener acceso y ser protagonistas de las relaciones internacionales en esta aldea global en que no solo se organizan cumbres, sino encuentros horizontales entre los representativos de los pueblos.
Cuba necesita reconocer el valor cívico y político de la representatividad y aceptar, promover y confiar en los mecanismos de representación que la sociedad civil independiente se dé a sí misma. Si no aprendemos y confiamos en una representatividad que sea evaluada de democrática y sistemáticamente, seremos una nación fragmentada, caudillista y poco respetada. Nuestras voces, propuestas y proyectos no podrán ser escuchados, y oportunamente apoyados, y el camino hacia una democracia representativa y participativa será agónico y demorado.
Trabajemos por una educación ética y cívica que nos cultive como representativos y como representados. Para ello, la seriedad, la confianza y la competencia son cualidades indispensables.
Pinar del Río, 14 de marzo de 2013
Día de la Prensa Cubana