Sin importar la votación en el referendo del pasado 24 de febrero, las quejas sobre la situación económica, pululan entre los transeúntes: por lo que no hay, por lo que cuesta lo que hay, por lo difícil que es encontrar lo que uno busca…
La Constitución abarca todas las esferas de la vida pero cuando hay problemas económicos, es inevitable que los demás pasen a un segundo plano.
Los que piensan que la Constitución no tiene nada que ver con la situación económica, deben tomar conciencia de que el sistema que aprobaron el 24 de febrero, hace 60 años que solo genera crisis y no desarrollo. Es un sistema económico que no puede ofrecer remuneración justa por el trabajo legal, es incapaz de generar los recursos necesarios para el sostenimiento de la economía, no impulsa el desarrollo de las fuerzas productivas y no ha logrado (porque es imposible, claro) justicia social en un grado suficiente como para justificar el freno a la iniciativa personal. Votar Sí, implica expresar el acuerdo con la práctica económica de los últimos 60 años en Cuba.
A algunos no les preocupa ningún resultado, no esperan nada que no sea dificultad y penuria o una solución que venga de fuera. De fuera de ellos mismos o de fuera del país. Este es uno de los frutos de un discurso oficial divorciado de la realidad personal de cada uno. Muchos han perdido la esperanza de un cambio para mejores condiciones económicas.
Con excepción de esos que han perdido toda esperanza, una cosa tenemos en común los que optaron por el Sí, los que votaron por el No o no votaron, y los que no pudimos votar: esperamos algún cambio en el escenario, principalmente económico, en que vivimos. Después del Sí, no puede quedarse todo igual y mucho menos debía empeorar. Hasta el momento, los cambios solo han sido para mayor perjuicio: más escasez, más colas, más racionamientos, mayores precios. El agobio de la cotidianidad nos deja sin fuerzas y sin tiempo para pensar. La escasez no es un asunto coyuntural y puntual sino que abarca varios productos y no parece que terminará pronto.
Si los que promulgaron que el Sí a la Constitución significa que, manteniendo el mismo sistema económico y político, vamos a poder vivir con dignidad y un mínimo de satisfacción de las necesidades materiales, quieren demostrar que tenían razón, ya pueden empezar a hacer lo necesario para que eso suceda.
Después de la aprobación del nuevo texto constitucional, deben promulgarse las leyes que concreten lo incluido en él. Lo más positivo y novedoso de ese texto es la aceptación de la existencia de la propiedad privada.
¿Tendremos leyes que obliguen a respetar la propiedad privada? ¿Incluso leyes que obliguen al Estado a hacerlo? ¿Podremos comprar inmuebles para dedicarlos únicamente a negocios manteniendo otra propiedad para vivienda, por ejemplo? ¿Se derogarán las leyes que frenan la adquisición de propiedades a los cubanos?
¿Qué leyes irán en pos de mejorar el abastecimiento en los mercados? ¿Qué leyes se proclamarán para abrir dentro del país, oportunidades de aumentar los ingresos de los cubanos?
¿Se eliminará la doble moneda? ¿Tendremos una tasa de cambio real? ¿Qué hará el Estado para buscar la revaluación de la moneda?
¿Las nuevas leyes, incluirán la posibilidad de participar activamente en la economía, como ciudadanos con iniciativa y capacidad para emprender o solo nos dejarán continuar como agentes pasivos del proceso?
¿Ofrece la nueva Constitución, espacio para asegurar que los cubanos podamos trabajar honesta y legalmente por el sustento y para elevar gradualmente el nivel de vida y, al mismo tiempo contribuir al desarrollo económico?
Las respuestas a estas y otras interrogantes, las tendremos a medida que el tiempo pase y nuestra vida vaya facilitándose o entorpeciéndose. Porque, aun cuando sea por desidia o falta de educación cívica, ya sea por desinterés o por rechazo a la política, las consecuencias de que algunos hayan votado sin conciencia del alcance de una Constitución, y se mantengan ajenos a los resultados del referendo, sean positivas o negativas, las tendremos que vivir.
Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968).
Licenciada en Economía.
Fue responsable del Grupo de Economistas del Centro Cívico.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia.
Reside en Pinar del Río.