Los ciudadanos frente al monopolio estatal sobre el comercio en Cuba

Por Karina Gálvez
Sucursal Provincial de la cadena de tiendas estatal TRD.

Sucursal Provincial de la cadena de tiendas estatal TRD.
El comercio se ha convertido en Cuba en una verdadera calamidad. El Estado tiene el monopolio sobre el comercio legal pero los privados actúan aun en la ilegalidad, con ofertas mucho más eficientes. Los ciudadanos no valoramos lo importante de nuestra actitud para que no se pierda la cultura del comercio en Cuba. También los que nos visitan del exterior pueden ayudar.

“El comercio es el enemigo natural de todas las pasiones violentas. El comercio hace a los hombres independientes y los lleva a sentirse importantes: los lleva a querer gestionar sus propios asuntos y les enseña a tener éxito. Por lo tanto, les hace inclinarse hacia la libertad y no hacia la revolución”.
Alexis de Tocqueville, Democracia in América (1840)
Desde tiempos inmemoriales, el hombre hizo trueque de mercancías. El intercambio de peces por frutas está en los mismos orígenes del ser humano. Y existió porque el hombre lo necesitó. Luego llegó el dinero y facilitó las cosas por su calidad de equivalente universal. Intercambio entre personas, comunidades, naciones, empresas. Todo aumentando la posibilidad de vivir mejor. Y si bien es cierto que algunos lo echan a perder, el comercio está, hoy por hoy, en la esencia misma de la satisfacción de las necesidades humanas. No solo materiales, sino de búsqueda de la independencia y de realización personal.
El comercio, entendido como el intercambio de bienes y servicios, con el dinero como intermediario, se ha convertido en Cuba en una verdadera calamidad. Muy difícil resulta hacer que los productos y servicios lleguen a quienes lo necesitan y como se necesitan. Según la lógica de la economía centralizada, las condiciones para que todo esté donde debe estar en el momento en que debe estar, si todo se dirige desde un centro, son mejores que si todo se deja al mercado. Pero no necesitamos más pruebas de que no es así. Las experiencias son más que suficientes.
El monopolio estatal del comercio en Cuba, garantiza que este exista sin cumplir su función social, sin los requisitos mínimos que se necesitarían en cualquier país donde se respete la libertad de iniciativa privada. Siendo la única opción legal, tiene todo el espacio y las condiciones físicas para sobrevivir, aún siendo esencialmente ineficiente e injusto, tanto para consumidores como para trabajadores del sector.
Por otra parte, en Cuba, el comercio privado (casi todo ilegal) se realiza en condiciones muchas veces primitivas, sin recursos suficientes, sin libertad de acción, bajo riesgo de perder todo en un momento. Pero, generalmente, funciona con una ética propia y unos mecanismos dignos de los mejores ingenieros del mercado. Es lo que hace exclamar a muchos: ¡los cubanos sí inventan!
A pesar de todos los esfuerzos y del poder de recuperación demostrado por los cubanos, el comercio privado se realiza con muchas dificultades y con ninguna protección legal para los consumidores ni para los comerciantes y esto lo afecta enormemente. La injusticia por parte del gobierno cubano de impedir a toda costa que los cubanos ejerzan su iniciativa en el comercio (igual que en todos los sectores) frena el comercio en Cuba.
Más control
Recientemente se ha hablado, en discursos oficiales, de nuevas medidas y estructuras de control gubernamental para evitar las ilegalidades.
En medio de una etapa de dura represión contra los vendedores, una vendedora de chocolates lo hacía en un lugar muy céntrico y riesgoso y, ante mi advertencia de que tuviera cuidado, me contestó: “No importa, si la policía me apresa, en la cárcel tendré comida y cama, si dejo de vender chocolates no podré ni comer ni dormir bajo techo”.
No se acabará el comercio privado en Cuba ni con leyes, ni con más represión, ni con más control. Porque se trata de la vida, se trata de la necesidad de los cubanos de vivir. Y la vida es un valor supremo. No se puede vivir sin comerciar, sin ejercer la iniciativa personal. Aunque esté dormido por un tiempo, el instinto humano de crear, de sentirse persona, resurge en las peores condiciones y más rígidas prohibiciones.
Lo que más me preocupa en los últimos tiempos es que algunos cubanos no tengamos plena conciencia de lo que nos perjudica la falta de libertad para el comercio, la condena moral a quienes se deciden a arriesgarse y hacerlo y la preferencia de los consumidores por lo estatal-legal frente a lo privado-ilegal aunque la calidad de lo primero deje mucho que desear con respecto a la de lo segundo. Aunque no podamos cambiar por el momento, las disposiciones estatales sobre la propiedad o las leyes para la economía cubana, los ciudadanos podemos actuar ayudando desde la posición de consumidores o clientes a que el comercio funcione lo mejor posible.
¿Qué podemos hacer como ciudadanos?
1. Exijamos por igual.
Algunas actitudes ciudadanas manifiestan que tenemos exigencias para los privados que no tenemos para las empresas y establecimientos estatales.
¿Por qué protestamos frente a los precios, las condiciones de venta o la calidad de los productos y servicios de los particulares y no frente a los del Estado?
Con frecuencia escuchamos personas quejándose de los precios en el mercado campesino o de los que establecen las llamadas “coleras”*. La gente protesta a los vendedores de dulces o a los relojeros particulares. Protestamos por los servicios sin calidad, los precios abusivos, los lugares sucios. Esa rebelión ante lo injusto, junto con la competencia (en pequeña escala pero alguna existe) no permite que los precios suban más de lo que la gente puede pagar, o que los vendedores particulares intenten cubrir los dulces de los insectos y los fabriquen con la mayor calidad posible.
Sin embargo, la mayoría de los que compramos en las “shoping” (tiendas por divisas), lo hacemos sin comentar siquiera con las dependientes, los precios exorbitantes de los productos. Es que ya sabemos que los precios no dependen, en esas tiendas, de los vendedores. Y tampoco los que pagan, los consumidores o clientes, lo hacen con su salario.
Es una falta total de relación entre lo que se vende y la vida del que lo hace, y entre lo que se compra y el poder adquisitivo del que lo hace, que entorpece verdaderamente la calidad del comercio en Cuba. No obstante, si los ciudadanos nos decidimos a ejercer nuestra soberanía como consumidores, también en el sector estatal, con la misma fuerza aunque no creamos que dé resultados palpables, estaremos ayudando a que esa cultura del comercio justo no muera.
La cuestión no está en disminuir las exigencias para los privados sino en aumentarlas para los estatales. Sin dudas, la exigencia de los consumidores o clientes ayuda a la eficiencia del comercio privado y la falta de exigencia perjudica al comercio estatal.
2. Exijamos en lo esencial, sin cansarnos demasiado pronto.
Recientemente hemos visto por la televisión spots que invitan a reclamar los derechos como consumidor frente a los dependientes que incumplen las normas. Sería conveniente también que lo hiciéramos frente a las normas injustas, a los precios que no constituyen violaciones de los dependientes sino que están establecidos oficialmente y son abusivos o frente a lo que se expende en las tiendas o cafeterías por divisas que es elaborado en fábricas o importado, cuya calidad no depende de los trabajadores del lugar, sino de los que toman las decisiones, de los que establecen las normas.
No aceptemos tranquilamente un “yo no tengo la culpa” o “yo no tengo que ver en eso” o “eso viene de arriba” como explicación de los que nos atienden. Aunque sea verdad, si usted no tiene la oportunidad de ver al que sí tiene la culpa, la persona que da la cara es responsable de lo que hace y se verá obligado a protestar también.
3. Por lo menos reconozcamos y digamos abiertamente que algunas situaciones no son normales.
¿Cómo nos parece normal que esté prohibido ser intermediario entre los campesinos y los consumidores? ¿entre los productores de dulces o bocaditos y los que los venden? ¿entre los habaneros y los pescadores de langosta de La Coloma en Pinar del Río?¿o entre La Conchita, que vende producciones a granel de puré de tomate muy baratas y los que la consumen en otros lugares del país?¿entre los que cultivan chocolate en Oriente y los que lo consumen en La Habana?
Si están prohibidos los intermediarios está prohibido el comercio. Si solo puede haber un intermediario, está monopolizado el comercio y no funciona el comercio. Mucho menos si el único intermediario es también el único productor legal y el único empleador legal. No es porque no pueda abarcarlo todo (aunque también por eso), sino porque es injusto y es un atentado contra los derechos de los ciudadanos a desarrollarse, a trabajar y a procurar poner en práctica su iniciativa privada.
Todo lo anterior es producto del totalitarismo del gobierno cubano desde hace cincuenta años. Por eso, por el tiempo que llevamos siendo sus víctimas, es que a veces no nos detenemos a pensar en lo injusto y perjudicial de la situación. Y ese es el crimen mayor: que nos hayamos acostumbrado al abuso de poder, de tal forma que ya no nos parece “tan mal” que se adopten algunas medidas para supuestamente “proteger a la población”. Nuestra percepción del fenómeno está al revés y eso es un mal mayor que la propia situación actual.
Por ejemplo:
– Nos parece “normal” y hasta conveniente, que se racione la venta de productos que antes eran “liberados”, manteniendo o aumentando su precio. Es que nos crea la falsa imagen de que alcanza para todos, cuando en realidad alcanza para cada vez menos personas. Sin hablar de que puede usted encontrarse el mismo producto, al triple de su precio, pero sin restricciones para su compra y en cantidades suficientes en una tienda por divisa.
¿Cómo podemos creer que la mejor forma de garantizar el acceso de todos a los productos escasos es el racionamiento y la ley contra el acaparamiento, sin hacer nada para aumentar la oferta del mismo?
Es verdad que algunas personas acaparan para después vender a precios superiores. Pero esto sí es normal. En todas las economías hay diferentes precios y diferentes vendedores. A nadie le gusta pagar un precio mayor que los demás por el mismo producto, pero pensemos en cuál es el problema: ¿por qué solo pueden los establecimientos estatales vender galletas o cemento o piezas de plomería? Lo justo sería que quien quisiera dedicarse al comercio de un producto tenga la oportunidad de negociar con su productor y conseguir los mejores precios. Usted tendría entonces más opciones para comprar lo que necesite.
El problema entonces no es que “algunos se aprovechan para especular”, sino, que solo el Estado puede especular. El problema no es que hay que repartir entre todos lo poco que hay, el problema esencial es que haya poco cuando podría haber suficiente, si el productor no fuera únicamente el Estado.
Otro ejemplo:
Nos parece normal y hasta conveniente que “arreglen” ciertas zonas de una ciudad, su construcción y sus condiciones higiénicas, aún cuando esto se haga en detrimento de los que comercian en ellas, pues arreglan y convierten en establecimientos estatales, lo que fueran zonas de vendedores particulares legales en muchas ocasiones, o ilegales. Podemos escuchar a personas decir: “¡Menos mal! Ahora sí, al fin el Estado se ocupó de ese lugar”. Sin embargo ese arreglo dejó sin trabajo a muchos particulares.
Es verdad que algunas zonas son deprimentes en cuanto a condiciones constructivas e higiénicas. Pero la solución no debe pasar por el cierre de la oportunidad de algunas personas de ejercer su iniciativa privada.
El problema no era que el Estado no se ocupaba de aquella zona sino que no deje que los que allí vendían se ocuparan, la hicieran suya y se sintieran seguros como para invertir en un arreglo necesario. El problema es que el Estado se ocupe de lo que no le pertenece por derecho y que impida que otros lo hagan.
4. Tengamos como principal criterio la ética y no la legalidad.
No condenemos a los que comercian solo por la condición de ilegales. No es justo teniendo en cuenta que es la única forma de hacerlo. Condenemos el comercio de productos sin calidad, de productos a precios inalcanzables para un salario, condenemos el engaño a los consumidores, el maltrato. Tanto de los privados ilegales como de los establecimientos y empresas legales. Que la legalidad no sea un criterio decisivo para utilizar un servicio o comprar un producto.
No es justo que despreciemos o miremos como delincuentes a quienes se esfuerzan por comerciar éticamente y cuyo solo problema es que no pueden legalizar su trabajo.
Éticamente no hay obligación de cumplir las leyes injustas, que atentan contra la dignidad de la persona. Adquirir un producto por vía ilegal, en Cuba, no representa ningún problema ético, solo legal. Establezcamos bien la diferencia. Que usted no se quiera arriesgar a una sanción no es lo mismo que el hecho de que usted desprecie al que le ofrece otra posibilidad arriesgándose pero sin abusar ni engañarlo.
El comercio es primordial en economía para llevar los productos hasta los que los necesiten. Solo funciona diversificado. De todas maneras no hay manera de vivir en Cuba con un mínimo de dignidad sin estar en la ilegalidad.
También los que comercian deben ayudar.
Desde la posición de comerciantes ilegales, es importante mantener la ética. Que no sea legal implica que no existe protección para los consumidores y esto conlleva muchas veces el abuso de los que venden o prestan servicios. Incumplen los acuerdos, estafan, cobran precios excesivos y diferenciados según el poder de la persona, no mantiene condiciones higiénicas, monopolizan ciertos mercados. Esto atenta muy fuertemente contra el comercio privado.
Los que decidan dedicarse a esta función deberán ser leales, brindar servicios y productos de la mejor calidad posible, ser capaces de cumplir acuerdos de palabra, dar garantías por un servicio prestado y todo aquello que contribuya a aumentar la confianza en el comercio privado
Cómo nos ayudarían los que visitan Cuba.
¿Cómo puede todavía parte del mundo creer en la justicia social de un sistema que impide arbitrariamente a los ciudadanos ejercer su iniciativa hasta en lo más mínimo, que los obliga a vivir en la ilegalidad?
Es inconcebible que ciudadanos acostumbrados a vivir en países con plena libertad económica y política, que pueden criticar abiertamente los sistemas en que viven (que son muy criticables, no hay que negarlo) declaren estar de acuerdo con el sistema cubano por las oportunidades que se brindan a los ciudadanos. Algunos afirman que es por falta de conocimiento de la realidad, que es porque solo conocen la “Cuba virtual”. Pero no es un secreto para nadie que nos visita que todas las empresas son estatales; ni que el gobierno se ha mantenido en el poder por cincuenta años; ni que las autopistas y carreteras están llenas de pasajeros que no pueden viajar fácilmente; ni que cualquier cubano necesita una carta de invitación para viajar fuera de Cuba y un permiso especial del gobierno.
¿No son estas evidencias claras de lo injusto de la situación para los cubanos?
También los extranjeros que visitan Cuba tienen una perspectiva de la situación “al revés”. Consideran ético y muy bueno lo que en sus países criticarían y no tolerarían. Decir que el proyecto cubano actual es ético es cuando menos una falta de respeto a la inteligencia y la dignidad de los cubanos que sufrimos cada día las dificultades para comer, vestirnos, viajar. O, peor aún, para pensar, decir y actuar ética y legalmente al mismo tiempo.
La obligación de comerciar en la ilegalidad para poder vivir es una situación que puede producirse en distintas escalas en cualquier país, debido a la burocracia, a la falta de conciencia ciudadana o a la injusticia de los impuestos. ¿Qué es lo distinto en Cuba?
Que el problema no es hacerlo de forma ilegal, el problema es solo hacerlo. Comerciar, servir de intermediario entre productores o vendedores y clientes más lejanos, se considera una conducta inmoral que atenta contra el bienestar de los ciudadanos. Los que lo hacen se sienten, en muchos casos, avergonzados. Muchos los consideran vagos que solo intentan vivir de las necesidades de los demás.
Bien podrían los amigos que nos visitan, además de decir lo que consideran bueno del sistema cubano, criticar lo que saben que es injusto y actuar como le conviene a los cubanos y no al gobierno cubano. Adquirir productos de particulares, educándolos en las reglas del comercio (exigiendo calidad, precios justos, transparencia en los negocios) tal y como lo hacen en sus países, preferir los servicios de “paladares” a los de restaurantes estatales o productos artesanales a los industriales, es una forma de comportamiento coherente, ética que los cubanos agradeceríamos.
Todos podemos hacer algo. Sigamos intentando que la situación de Cuba cambie haciendo lo que esté a nuestro alcance, transformando la porción del mundo que nos corresponde, sin esperar a que otro se decida, porque, a lo mejor, ese otro está esperando por nosotros.

Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968)

Licenciada en Economía. Profesora de Finanzas
Fue responsable del Grupo de economistas del Centro
Cívico.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de
Convivencia.
Vive y trabaja en Pinar del Río.
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