Si entendemos la política en sentido amplio, como las acciones que dan orden a una sociedad, los mecanismos institucionales y ciudadanos mediante los que se busca el bien común, entonces definitivamente la sociedad civil está politizada al ser parte de los mismos. Sin embargo, si hablamos de política como una actividad que se desarrolla específicamente en el espacio institucional, compuesto este último por las instituciones que -desde el poder- organizan y gestionan la sociedad; entonces se debería hablar de una sociedad civil no politizada. Resumiendo, considero que la sociedad civil no debe estar politizada, pero si debe interferir y aportar a los procesos políticos.
El hecho de que la sociedad civil no esté politizada no significa que no interfiera en la política, la sociedad civil debe ser espacio para el cultivo de la vocación política, donde los ciudadanos primero aprenden a vivir en democracia, donde se forman para representar a la sociedad en las instituciones del poder político, donde los ciudadanos aprenden la participación democrática, forman su ideal político, etc. En este sentido la sociedad civil, sin ser política, interfiere en política y puede o no contribuir a la calidad de los políticos, de la política y de la democracia.
El grado óptimo de politización de la sociedad civil existe hasta el punto en el cual esta última pierde su autonomía de gestión, financiamiento, organización, participación, etc. El riesgo de la politización de la sociedad civil desde mi punto de vista está en el hecho de que puede llevarla a convertirse en un actor más del sistema político (perdiendo su razón de ser), afín con el mismo y sin la independencia que debe garantizarla. Por otro lado, un grado óptimo de colaboración y coordinación entre las autoridades y la sociedad civil, lo que permitiría una concertación entre las mismas sin que haya sumisión o renuncia de los intereses legítimos que estarían sobre la mesa en condiciones de despolitización de la sociedad civil, o lo que es lo mismo en condiciones de existencia y reconocimiento de una verdadera sociedad civil.
En Cuba se habla desde las instituciones políticas sobre una sociedad civil que realmente dista de serlo, no puede llamarse sociedad civil a un entramado de instituciones, organizaciones, asociaciones (todas afines a una misma ideología y con miembros militantes de un mismo partido) que responden a los intereses del poder político. Esta es la “sociedad civil” que se reconoce legalmente, y su relación con la política institucional está marcada por una ausencia total de autonomía en la gestión, en los fines y medios, en la toma de decisiones, financiamiento, etc., lo que la convierte en una “sociedad civil” enferma, deformada, improductiva y militante del poder político.
Por otro lado, se habla de sociedad civil independiente (la verdadera), que sobrevive en un ambiente de no reconocimiento como interlocutor válido para representar los intereses de la ciudadanía, no pocas veces sometida a represión e intentos de desarticulación. Aunque no exista una relación directa de colaboración entre la sociedad civil independiente y las instituciones del poder político, en los últimos años se observa un proceso de fortalecimiento, madurez y articulación de la misma que genera presiones fuertes en favor de su anhelado reconocimiento, legalización, y reconocimiento como actor democratizador de la sociedad.
En tiempos recientes hemos visto a cubanos cada día generando más estado de opinión, debate público, criticando con mayor valentía al sistema imperante; hemos visto manifestaciones por los derechos humanos, protestas de taxistas, reclamos y manifestaciones de artistas en contra de leyes que coartan las libertades; iglesias, grupos de la sociedad civil, diáspora, asociaciones independientes que se han sumado a un debate constitucional y han generado propuestas y críticas que han hecho mover pequeñas cosas; entre otras acciones que ponen la reflexión y la mirada sobre una sociedad civil cubana que cada día está más despolitizada (en el sentido de ser más autónoma, independiente y soberana respecto a los poderes políticos), pero al mismo tiempo más metida en asuntos políticos que nunca antes en sesenta años. Lo anterior, sin lugar dudas, es una razón para ser optimistas con el futuro y un impulso para seguir construyendo una sociedad civil más madura y vigorosa, que cada día tome parte con más determinación por los asuntos de interés de los ciudadanos que la componen, y que pase a ser un actor fundamental en la gestión política, económica y social.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.