La salida abrupta de la minera canadiense Sherritt International de las operaciones de níquel y cobalto en Moa ha sido presentada por algunos medios como una consecuencia más de las sanciones estadounidenses y de las tensiones geopolíticas que rodean a Cuba. Pero creo quereducir el problema a ese circunstancia externa es insuficiente. Hay que decirlo. Lo ocurrido en Moa constituye, sobre todo, la expresión de un fracaso estructural incubado durante décadas: el del modelo extractivista impulsado por la dictadura cubana, donde la búsqueda desesperada de divisas se colocó sistemáticamente por encima de la salud humana, de la integridad ecológica y de cualquier principio serio de responsabilidad ambiental.
Durante más de treinta años, Sherritt operó en asociación con la estatal General Nickel Company mediante la joint venture Moa Nickel S.A., dedicada a la extracción y procesamiento de níquel y cobalto laterítico a cielo abierto. La región de Moa, históricamente marcada por una intensa actividad minera desde el siglo XX, fue transformada en uno de los enclaves extractivos más agresivos de todo el Caribe. La minería laterítica de níquel implica desmontes masivos, remoción de grandes volúmenes de suelo fértil, generación constante de residuos tóxicos, y almacenamiento de colas mineras que requieren vigilancia técnica permanente durante décadas.
Sin embargo, en Cuba, estas operaciones ocurrieron bajo un marco regulatorio laxo, extraordinariamente permisivo, moldeado deliberadamente por el propio Estado cubano para favorecer la explotación intensiva.
La gravedad de los impactos ambientales en Moa no pertenece al terreno de la especulación ideológica. Existen evidencias técnicas publicadas y estudios satelitales que documentan con claridad la magnitud del deterioro. Un análisis basado en imágenes Landsat ya mostraba desde 2008 la contaminación severa del río Cabañas, afectando aproximadamente 9,72 kilómetros de su cauce con residuos agresivos procedentes de la actividad minera. El mismo estudio identificó la destrucción de alrededor de 275 hectáreas de vegetación costera debido a depósitos de colas, así como una extensa pluma de contaminación que afectaba aproximadamente 1.139 hectáreas de aguas marinas cercanas. A ello se sumaba el uso intensivo de arena de coral extraída de la bahía de Moa, afectando unas 805 hectáreas adicionales de ecosistemas costeros.
Estos daños no fueron simples “externalidades” inevitables del desarrollo industrial, sino consecuencias conocidas y toleradas dentro de una estrategia económica estatal que privilegió e incentivó la producción minera sobre cualquier consideración ecológica o sanitaria. El gobierno cubano no solo permitió la degradación ambiental, sino que la facilitó activamente. Mediante el Decreto 194 de 1994, la joint venture se benefició de un período de gracia de diez años para operar sin cumplir de manera estricta ni siquiera las tibias regulaciones ambientales vigentes en el país. Pero eso no fue suficiente. Con posterioridad, la Resolución 139 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente extendió de facto esas flexibilidades regulatorias. Se autorizó explícitamente que el “derecho a la minería” prevaleciera sobre la conservación forestal, se toleró la continuación de los vertimientos tóxicos al río Cabañas y la extracción de arena de coral en la bahía.
En cualquier sistema institucional transparente y mínimamente democrático, decisiones de esta magnitud habrían enfrentado el escrutinio público, la oposición de organizaciones ambientales independientes, auditorías técnicas y en general una presión social sostenida. Pero en Cuba, donde el Estado monopoliza simultáneamente el poder político, el aparato regulatorio y la actividad económica, no existen contrapesos reales que permitan tal cosa. No es casualidad que Cuba aun no suscriba el Acuerdo de Escazú para garantizar los Derechos de Acceso.
Para colmos de conflicto de intereses, la misma estructura estatal que debía fiscalizar la actividad minera era también beneficiaria directa de sus ingresos. Lo mismo sucedió con las instancias técnicas y científicas que debían otorgar las licencias ambientales. El resultado fue un modelo donde el regulador y el explotador se confundieron en una misma entidad política.
Las dolorosas consecuencias humanas de este modelo han sido persistentes y profundamente invisibilizadas. Durante años, residentes de Moa han denunciado la presencia constante de polvo negro en el aire, problemas respiratorios recurrentes y la sensación cotidiana de vivir rodeados de sustancias tóxicas. Diversos testimonios describen tos con residuos oscuros, irritaciones respiratorias y preocupación por la incidencia de enfermedades pulmonares y cáncer. A pesar de la poca transparencia institucional para acceder a estadísticas epidemiológicas independientes y completas, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ha publicado series de datos preocupantes sobre la salud local. Los casos de Enfermedades Respiratorias agudas se cuentan en el orden de decenas de miles cada año en Moa. Además, la percepción de abandono sanitario en la comunidad es persistente y ampliamente documentada por activistas y periodistas independientes.
Las dolorosas consecuencias humanas de este modelo extractivo han sido persistentes y profundamente invisibilizadas. Durante años, residentes de Moa han denunciado la presencia constante de polvo negro en el aire, problemas respiratorios recurrentes y la sensación cotidiana de vivir rodeados de sustancias tóxicas. Diversos testimonios describen tos con residuos oscuros, irritaciones respiratorias y preocupación por la incidencia de enfermedades pulmonares y cáncer. Aunque en Cuba el acceso a estadísticas epidemiológicas independientes y completas es extremadamente limitado, el propio Anuario Estadístico Municipal de Moa 2021, publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información, ofrece datos que resultan alarmantes, con un total de casos de enfermedades respiratorias agudas de 120,474 entre 2016 y 2021. Estas cifras adquieren una dimensión mucho más grave si se considera que Moa contaba en esos años con una población aproximada de apenas 70 000–75 000 habitantes, lo cual sugiere una carga sanitaria severa y compatible con un entorno marcado por la contaminación atmosférica industrial.
Sin embargo, la ausencia de investigaciones epidemiológicas transparentes e independientes impide evaluar con precisión el impacto acumulativo de décadas de actividad minera y metalúrgica sobre la salud de la población. Mientras tanto, la percepción de abandono sanitario en la comunidad continúa siendo persistente y ha sido ampliamente documentada por activistas, periodistas independientes y habitantes de la zona.
Desde mi óptica de Ética de la Coexistencia Vital, este caso representa un ejemplo paradigmático de fracaso bioético sistémico. No se trata únicamente de contaminación ambiental o mala gestión industrial. Lo que emerge en Moa es una clara ruptura del principio de interdependencia entre comunidad humana y ecosistema: la naturaleza fue reducida a simple fuente de extracción, mientras los habitantes locales han sido tratados como piezas sacrificables dentro de un proyecto económico subordinado a la supervivencia política del régimen.
El principio bioético de no maleficencia —la obligación de no causar daño— ha sido vulnerado de manera sostenida. También el principio de justicia distributiva: mientras las ganancias derivadas del níquel alimentaban al aparato estatal y a socios extranjeros, los costos sanitarios y ambientales recaían sobre comunidades locales sin capacidad real de participación ni mecanismos efectivos de compensación. La población jamás ha contado con información real y transparente sobre riesgos ambientales a que se expone, ni existe un monitoreo verdaderamente independiente o espacios legítimos de deliberación pública. En la práctica, generaciones enteras han sidoexpuestas involuntariamente a contaminantes en nombre de una supuesta estrategia nacional de desarrollo.
Es importante señalar que Sherritt tampoco queda exenta de responsabilidad. La empresa extranjera que disfrutaba de privilegios rayanos en corrupción, publicó durante años insustanciales reportes de sostenibilidad donde destacaba avances en restauración progresiva, manejo de presas de colas y cumplimiento de estándares internacionales como Towards Sustainable Mining (TSM). Sus documentos técnicos mencionaban supervisión mediante Independent Tailings ReviewBoards, monitoreo de seguridad y el desarrollo del proyecto Moa West, concebido como una nueva instalación de colas diseñada para extender la vida útil de la mina durante aproximadamente veinticinco años adicionales.
Sin embargo, estos esfuerzos ocurrieron siempre dentro de un entorno político y regulatorio profundamente permisivo. La empresa se benefició de un sistema donde las exigencias ambientales podían flexibilizarse mediante acuerdos políticos opacos y donde la ausencia de prensa libre reducía drásticamente la presión pública sobre las operaciones. Aunque Sherritt argumente hoy que su salida fue consecuencia de “fuerza mayor” debido al endurecimiento de sanciones estadounidenses, el vacío operativo y ambiental que deja tras de sí es innegable y radicalmente peligroso. Si a ello sumamos sus intenciones de cobrar a Cuba la deuda de unos 277 millones USD, el panorama es devastador para la contraparte cubana, que como ya es usual, ha demostrado una profunda incapacidad para la actividad económica.
Ciertamente, la suspensión abrupta de operaciones y la disolución de la empresa conjunta, no constituyen un cierre planificado de mina bajo estándares internacionales. En contextos regulatorios robustos, los proyectos mineros siempre requieren garantías financieras previas, fondos de fideicomiso independientes y planes detallados de restauración a largo plazo,precisamente para evitar que las empresas abandonen pasivos ambientales cuando surgen crisis económicas o geopolíticas. Sin ir tan lejos, países como el mismo Canadá o Australia exigen bonos de restauración capaces de cubrir costos futuros, incluso si la empresa deja de operar. En Moa, tales mecanismos independientes nunca existieron de manera sólida y verificable fuera de la propia joint venture estatal. Como resultado de esa irresponsable negociación, la actual disolución implica que Cuba está forzada a asumir plenamente la responsabilidad operativa y ambiental.
La consecuencia inmediata es extremadamente preocupante. Por supuesto, no para los funcionarios que han puesto al país en riesgo, sino para la naturaleza y los locales. Las presas de colas, los sistemas de monitoreo de lixiviados y las áreas parcialmente restauradas quedan ahora bajo control casi exclusivo nada más y nada menos que del ineficaz aparato estatal cubano, famoso por sus severas limitaciones financieras, tecnológicas y operativas.
La incertidumbre se vuelve todavía más alarmante ante la proximidad de temporadas ciclónicas intensas y lluvias extremas asociadas al cambio climático. Las presas de residuos mineros requieren supervisión permanente, mantenimiento especializado y capacidad de respuesta rápida ante eventos extremos tan comunes en Cuba como los huracanes. El deterioro o colapso de cualquiera de estas infraestructuras podría generar un impacto de dimensiones catastróficas para los ecosistemas acuáticos locales y regionales, y las comunidades humanas aledañas.
Moa alberga varias de estas presas de colas, algunas activas, otras en cierre o pasivos ambientales. Un estudio de la Universidad de Moa en 2023 evaluó de “Muy Alta” la vulnerabilidad global de la Presa de Colas No. 2, en tres de las cuatro zonas evaluadas; y un nivel de predisposición al dañotambién de “Muy alto”. Ello se debe a su ubicación en suelos de baja resistencia sobre el valle aluvial del río Moa, a que los materiales de colas poseen por lo general baja cohesión y plasticidad variable, y a la exposición a potenciales amenazas hidrometeorológicas, sísmicas y tecnológicas.
Existe además una dimensión particularmente irónica y reveladora en todo este proceso. El níquel y el cobalto extraídos en Moa son vistos como parte de la cadena global de “minerales estratégicos” para la llamada transición energética “verde”, especialmente en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Sin embargo, detrás de ese superficial discurso internacional de sostenibilidad permanece oculto un paisaje de destrucción ecológica, contaminación y vulneración de derechos humanos. Moa ilustra con crudeza una de las contradicciones centrales del extractivismo contemporáneo: los minerales críticos para la transición energética y las tecnologías promovidas globalmente como soluciones climáticas, pueden sostenerse sobre territorios sacrificados ecológica y socialmente.
El caso cubano agrava todavía más esa irónica contradicción debido al carácter autoritario del sistema político. En regímenes donde no existen instituciones autónomas, libertad de prensa ni sociedad civil independiente, el extractivismo (que per se ya es un problema) adquiere rasgos especialmente peligrosos. La ausencia de transparencia impide evaluar adecuadamente los riesgos ambientales actuales y futuros; la represión del disenso limita la denuncia pública y su alcance; y la centralización absoluta de decisiones convierte a las poblaciones locales en sujetos pasivos frente a megaproyectos definidos desde el poder estatal.
Por eso, la responsabilidad principal en el desastre de Moa no puede diluirse únicamente en la conducta corporativa de una empresa extranjera o en las dinámicas geopolíticas internacionales. La responsabilidad esencial recae sobre la dictadura cubana, que diseñó, permitió y sostuvo durante décadas un modelo extractivo profundamente irresponsable. Fue el régimen quien decidió asociarse con capital extranjero sin exigir garantías ambientales independientes suficientemente robustas. Fue el régimen quien subordinó la protección ecológica a la entrada urgente de divisas. Fue el régimen quien silenció denuncias y restringió cualquier posibilidad de fiscalización ciudadana.
La tragedia de Moa no es simplemente ambiental. Es moral, política y civilizatoria. Expone las consecuencias de concebir la naturaleza como territorio de sacrificio y a las comunidades humanas como instrumentos subordinados a proyectos ideológicos y económicos opacos. Desde la Ética de la Coexistencia Vital, ningún modelo de desarrollo puede considerarse legítimo si destruye sistemáticamente las bases ecológicas que sostienen la vida y si convierte a poblaciones enteras en víctimas silenciosas de decisiones tomadas sin transparencia ni consentimiento.
La salida de Sherritt cierra una etapa empresarial, pero deja intacto el problema esencial: un pasivo ambiental gigantesco y una estructura política incapaz de asumirlo de manera ética y transparente. El verdadero cierre ambiental de Moa requeriría auditorías independientes, acceso público a la información, monitoreo científico autónomo, fondos verificables de restauración y mecanismos reales de rendición de cuentas. Ninguna de esas condiciones existe hoy en Cuba.
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