El sistema penal en una nación es un elemento determinante en la educación de la misma. Una misión fundamental de la ley, es sancionar a aquellos que no saben vivir en sociedad e incumplen las reglas de convivencia, y por otra parte, evitar, con la aplicación de altos grados de justicia, que se irrespeten los derechos de los ciudadanos, de las personas jurídicas y el bien común.
Las leyes deben constituir una garantía de tranquilidad ciudadana. El consenso entre las diversas tendencias que existen en una nación para construir la legislación es la base de la preservación de relaciones humanas legitimadas por el respeto a los derechos y a la dignidad de la persona.
La aplicación de medidas legales a personas que actúan contra la ley castiga el mal comportamiento y previene, pero cuando las sanciones se aplican contra personas que no realizan acciones dañinas para la sociedad, la ley tergiversa su misión y se convierte en una amenaza para los ciudadanos y para la vida en sociedad.
Multas de 1500 CUP a un cochero solo por llevar más de 8 personas en su coche (sin considerar las posibilidades reales del mismo), decomisar dos botellas de aceite a alguien que compró dos veces haciendo la cola, estando racionado el producto, decomisar la mercancía al dueño de una carretilla de viandas que se estacionó en el lugar equivocado; son todas situaciones que suceden en Cuba y que confunden trabajadores con delincuentes.
Es importante que una nación sea educada en la legalidad. Pero para eso es necesario que la ley se corresponda con acciones que preserven la civilidad, la convivencia, el respeto a los derechos. Los ciudadanos honestos deben sentir que la ley es para protegerlos, no para someterlos a un continuado estrés, siendo personas decentes.
Confundir trabajadores honestos con bandidos, provoca otras confusiones. Se desdibuja la línea entre lo honesto y lo que no lo es. Se difumina la división entre el trabajo policial y la delación malintencionada. No se nota la diferencia entre los que quieren privilegios y los que de verdad necesitan prioridad.
No se puede exigir a ciudadanos honestos que reconozcan como legítima, una ley que los amenaza con sancionar acciones que no representan ningún peligro para la sociedad. El rechazo a las leyes injustas, puede conducir al relativismo legal, y, por tanto, a una situación de ingobernabilidad.
El ciudadano que se siente abusado por la ley se convierte en víctima. Y no es sana una sociedad con demasiadas víctimas y mucho menos víctimas de la ley, que paradójicamente, debe protegerlas.
En Cuba se hace urgente un cambio de legislación. Emprender el camino de elaborar entre todos un marco jurídico que constituya una garantía ciudadana y de la nación en común, alejándonos de leyes que sean vistas como amenazas para ciudadanos trabajadores y honestos, es el reto para nuestro país. Algunos en Cuba, como el Centro de Estudios Convivencia, ya han adelantado trabajo para proponer y enriquecer.
link INFORME DE MARCO JURIDICO DEL CENTRO
Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968).
Licenciada en Economía.
Fue responsable del Grupo de Economistas del Centro Cívico.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia.
Reside en Pinar del Río.