LA LEY DE REFORMA AGRARIA: VIOLACIÓN DE LO DECLARADO Y GÉNESIS DEL DIFERENDO

Foto tomada de Internet.

 Aprovecho la oportunidad que brinda el sesenta y cuatro aniversario de la Ley de Reforma Agraria, dictada el 17 de mayo de 1959, para referirme a tres aspectos: la violación del objetivo declarado, la relación con el diferendo Cuba-Estados Unidos, y el impacto de ambos hechos en la sociedad cubana.

La violación del objetivo declarado

En 1946, aproximadamente el 70% de la tierra no era trabajada por sus dueños. En 0ctubre de 1953 Fidel Castro declaró que concedería la propiedad de la tierra a todos los que ocupasen parcelas de hasta cinco caballerías [1], y en 1959 promulgó la ley que limitó las extensiones privadas hasta 30 caballerías y entregó títulos de propiedad a unos cien mil campesinos sin tierra.

La Constitución de 1940, en su artículo 24 rezaba: “Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo”. El artículo 87 reconoció: “la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social” [2], y el 90 proscribió el latifundio, limitó la adquisición de tierras por compañías extranjeras y adoptó medidas para revertir la tierra al cubano; pero las leyes complementarias nunca se dictaron.

Aunque el Gobierno revolucionario suplantó la Constitución de 1940 por la Ley Fundamental del Estado cubano, los artículos 24, 87 y 90 pasaron a ser parte de estos estatutos constitucionales. De ahí que las confiscaciones llevadas a cabo a partir de la reforma agraria de 1959 resultaran ilegítimas. Estados Unidos rechazó el pago en bonos a las empresas norteamericanas afectadas, considerando que no constituía “una compensación adecuada, pronta y efectiva”. También fue ilegítima la forma de proceder. Según el geógrafo cubano, Antonio Núñez Jiménez, entonces director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Fidel Castro había aconsejado a los jefes agrarios que “cuando se dispongan a intervenir una finca, la Ley debe llegar después de la intervención y […] a la hora de decidir cuántas caballerías le dejan a un latifundista, puede que tengan el criterio de dejarle cien como marca la Ley, si están bien cultivadas, pero mejor dejarle cincuenta.” [3]

La confiscación de las tierras a empresas estadounidenses aparentemente brindaba a la ley un carácter democrático y nacionalista. Sin embargo, en octubre de 1963, cuando ya no había tierras en manos extranjeras, se dictó una segunda Ley de Reforma Agraria dirigida contra la mediana propiedad en manos cubanas, que elevó al 70% las tierras estatales y originó los improductivos latifundios socialistas. Como colofón, la “Ofensiva Revolucionaria” de marzo de 1968, confiscó más de 55 mil pequeñas y medianas empresas en manos de cubanos, lo que demostró que el objetivo real era erradicar toda propiedad en manos de cubanos.

Reforma agraria y diferendo

Antes de dictar la ley de mayo de 1959, el 15 de abril de ese año, Fidel Castro realizó un viaje a Estados Unidos, donde afirmó que Cuba seguiría una política neutral y que mantendría buenas relaciones con el país del norte: “Necesitamos −dijo− desarrollar nuestra agricultura, de tal modo que nuestros campesinos tengan dinero para comprar los productos industriales y manufacturados; […]. He ahí por qué el programa económico de nuestra revolución se basa en el desarrollo de la industria y en la Reforma Agraria, de tal manera que las tierras que no producen, se pongan a producir” [4].

Sin embargo, la ley agraria de mayo de 1959 −en medio de la Guerra Fría entre las grandes potencias− generó, como ya vimos, fricciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos.

A partir de ese momento los acontecimientos pueden resumirse así: la Unión Soviética se comprometió a comprar el 10% de la producción azucarera cubana y a suministrar petróleo a la Isla, un producto que hasta ese en momento se adquiría en Estados Unidos; las empresas estadounidenses y británicas se negaron a refinarlo y Cuba las expropió; Estados Unidos redujo las importaciones de azúcar cubana; Cuba nacionalizó las restantes empresas norteamericanas (agosto de 1960); Estados Unidos prohibió las exportaciones dirigidas a territorio cubano −exceptuando alimentos y medicamentos− y el presidente Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con la isla (3 de enero de 1961): la escalada incluyó el apadrinamiento del desembarco por Bahía de Cochinos, el bloqueo naval a Cuba, el endurecimiento del embargo comercial y financiero, las leyes Torricelli y Helms-Burton, la publicación de un plan para “acelerar la transición hacia la democracia en Cuba”, y la creación de un Fondo para la Libertad, entre otras medidas. A su vez, el gobierno cubano entrenó guerrillas para exportar la revolución, desmanteló la sociedad civil cubana y participó en guerras como las de Angola y Etiopía.

El impacto negativo en la sociedad cubana

La pérdida del comercio con la mayor potencia económica y científica del mundo, fue suplida por el comercio con un país de menor desarrollo económico, científico y tecnológico, situado a miles de millas de distancia. Este permitió durante 30 años −gracias a las subvenciones soviéticas− desarrollar planes sin contar con una economía propia. De ahí que no fue hasta 1992, al perder los subsidios soviéticos, que Cuba presentó la primera resolución condenatoria contra el embargo, y a considerarlo como la causa de todas las males del país, hasta llegar al absurdo de considerarlo uno de los principales obstáculos para garantizar los derechos sexuales en Cuba [5].

Como los conflictos externos tienden a desmovilizar los conflictos internos, el Gobierno cubano ha utilizado el diferendo como pretexto para justificar la ausencia de libertades ciudadanas e impedir el resurgimiento de la sociedad civil.

Las más de seis décadas transcurridas han demostrado que la eficacia del totalitarismo para conservar el poder y eludir cualquier compromiso con los derechos humanos, no es extrapolable a la eficiencia económica. Como resultado, Cuba está sumida en la más profunda crisis estructural de su historia.

 [1] 1 caballería es igual a 13,4 hectáreas.

[2] Convención Constituyente. Constitución de la República de Cuba 1940, pp. 11 y 38. Publicada en la gaceta Oficial No. 464, de 8 de julio de 1940.

[3] Antonio Núñez Jiménez. En marcha con Fidel. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1959, pp. 189-190.

[4] http://www.cuba.cu<discursos >esp

[5] Palabras de Manuel Vázquez, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual, emitidas el 13 de mayo de 2021.

 


  • Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
  • Reside en La Habana desde 1967.
  • Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
  • Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
  • Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
  • Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
  • Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).

 

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