En los países que la economía descansa esencialmente en la producción agropecuaria, la escuela rural –no la escuela en el campo- tiene una función insustituible en la formación del hombre de campo, como instrumento vigorizador de la propiedad agraria y de los intereses de los productores.
Esas características no pasaron desapercibida para algunos pensadores cubanos., Conde de Pozos Dulces (1809-1887), agrónomo y reformador agrario, elaboró un programa para establecer las bases de una identidad nacional agro-tecnológica y agro-científica. En la carta titulada “De qué modo pueden consolidarse la riqueza y la prosperidad de la agricultura cubana”, de 30 de octubre de 1857, expuso que Cuba debiera ser por excelencia la patria de la pequeña propiedad y de los cultivos en escala menor. “Constituyamos la pequeña propiedad agrícola, demostremos con el ejemplo que la caña, el maíz, el tabaco, el plátano, la yuca, pueden cultivarse en escala menor con grande utilidad para los que concentren en pequeño espacio los trabajos que hoy se prodigan en aniquilar las riquezas naturales del país”. José Martí (1853-1895), por su parte, condensó esa misma visión en una frase: “Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza”[1].
Los gérmenes de ese tipo de escuela los encontramos a fines del siglo XVIII, cuando la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP) creó las primeras escuelas gratuitas para niños de los barrios extramuros (rurales). Francisco de Arango y Parreño, figura destacada de la época, planteó crear escuelas para la enseñanza de la agricultura. Luego, en el siglo XX, a partir de 1902, Cuba recibió la influencia del modelo pedagógico estadounidense, que prestaba atención a la educación en zonas rurales y marginales. En 1909, una ley cubana contempló las particularidades de la escuela rural, y en 1914, en el plan de estudio para las escuelas rurales, se incorporó la enseñanza de la Agricultura para inculcar las nociones de las ciencias agrícolas y fomentar en los niños el amor hacia la vida del campo, los animales y las plantas.
En febrero de 1936, bajo la presidencia provisional de José A. Barnet, se dictó el Decreto No. 620, que autorizaba al Jefe del Ejército a designar militares para enseñar en lugares donde no existían escuelas. Esta fue una iniciativa promovida por Fulgencio Batista –conocedor de la realidad del campo cubano por haberla vivido– con la cual se inicio al primer gran esfuerzo de alfabetización rural, con capacidad ya en 1944 para 2 710 escuelas y una matrícula de 110 725 estudiantes[2].
Cada zona de 25 escuelas contaba con una Misión Educativa –integrada por un oficial especialista para cada una de las materias impartidas: Pedagogía, Cirugía Dental, Medicina Veterinaria, Agricultura, Oficios, Higiene y Artes y Ciencias Domésticas. Cada Misión Educativas era atendida por una Sección de Cultura creada para ese fin en cada uno de los seis regimientos militares del país.
Ante la falta de maestros dispuestos para enseñar en las zonas rurales, el Ejército hizo un llamamiento a los graduados de Escuelas Normales y a los maestros agrícolas varones, menores de treinta y cinco años, a los que ofreció puestos de sargentos de la reserva militar. Con esa convocatoria se incorporó un número considerable de maestros desempleados; pero en lo fundamental, el personal docente fue cubierto con mil cabos y sargentos que ejercieron la función de maestros.
Mediante una sucesión de decretos-leyes promulgados entre febrero y abril de 1936, se crearon las Escuelas Rurales Cívico-Militares, cuyo financiamiento se cubrió con un impuesto, promovido por Fulgencio Batista y aprobado por el Congreso, de nueve centavos por cada saco de azúcar producido, lo que proporcionó 1 millón y medio de dólares, con los que se podían costear 2 300 escuelas. Por ley del 28 de agosto de 1936, las escuelas rurales quedaron agrupadas bajo el Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia, una institución encargada de orientar y aplicar la política social del Estado entre 1935 y 1940.
Luego se dispuso la fundación de los Institutos Cívico-Militares para hijos de padres campesinos, obreros, policías y alistados del Ejército y de la Marina de Guerra fallecidos en el servicio, que abarcaban desde la enseñanza primaria hasta el nivel tecnológico superior. El primero de estos institutos se construyó en 1938, en Ceiba del Agua, actual Artemisa, en una finca cedida por su propietario, el Senador Alfredo Hornedo, donde se instalaron más de 1 200 niñas y niños. Más tarde se construyeron instalaciones similares en Holguín, Matanzas y Las Villas.
Con la entrada en vigor de la Constitución de 1940, Fulgencio Batista, quien resultó electo Presidente, emitió el Decreto-Ley 3117, mediante el cual los maestros cívico-rurales dependientes de las Fuerzas Armadas, pasaran al Ministerio de Educación.
En 1941, como complemento necesario para elevar el nivel de la enseñanza en el campo, se inauguró la Escuela Normal Rural, “José Martí”, para el perfeccionamiento de los maestros rurales, que al graduarse construían sus propias escuelas.
El impacto de la escuela rural generó un debate público que formó parte de las luchas de los cubanos por la democratización de la enseñanza: la Joven Cuba, el Comité Pro-escuelas Campesinas, la Federación Nacional de Maestros Rurales, la Central de Trabajadores de Cuba, el Partido Ortodoxo, el Partido Auténtico y el Partido Socialista Popular, entre otros, conjuntamente con la prensa de la época: periódicos, revistas, libros e instituciones científicas, se hicieron eco de los problemas de la enseñanza rural.
Las escuelas rurales en la República, si bien no alcanzaron todo lo que el país necesitaba, ni se sostuvieron por los gobiernos posteriores, constituyeron una aportación fundamental a la enseñanza requerida por un país agrícola como Cuba. El debate generado por este paso en la enseñanza en Cuba marcó un camino aún pendiente por recorrer, no solo para alfabetizar, mucho menos para adoctrinar al campesinado, sino para crear una cultura del amor y la importancia de la agricultura.
Después de las más de seis décadas de implantado el sistema totalitario que subordinó la enseñanza a los fines del Estado y del marxismo-leninismo; después de reducir la propiedad privada de los campesinos –fundamento de la nación cubana– a la mínima expresión; después de clausurar el sistema de Escuelas Normales –incluyendo una especializada en la formación de los maestros rurales– que graduó los miles de magníficos pedagogos que encontró la Revolución en 1959; después de extraer del campo a miles y miles de jóvenes para actividades ajenas a la agricultura; después de fracasar en el intento de enmendar ese error con las Escuelas en el Campo para suplir la mano de obra agrícola, y ante el desastre generado en la economía de la nación por las causas anteriores; las escuelas rurales iniciadas en la colonia y desarrolladas en la República, son hoy más necesarias que nunca.
La Habana, 9 de enero de 2022
[1] José Martí. O. C. tomo 7 Nuestra América. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1991.
[2](https//www.ecured.cu/Escuelas_rurales_C%C3%Dvico_Militares)
- Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
- Reside en La Habana desde 1967.
- Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información (1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
- Trabajó como profesor de cursos regulares y de postgrados de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
- Primer premio del concurso convocado por Solidaridad de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
- Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Cubanos con sede en la Florida.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia (CEC).