Dimas Castellanos, primero a la izquierda, presenta sus aportes. Foto de Dagoberto Valdés Hernández.
El gobierno cubano se enfrenta a una contradicción insoluble:
la incompatibilidad de los cambios con la conservación del modelo.
Introducción
La sociedad es un organismo vivo integrado por múltiples elementos interrelacionados. Cuando la misma padece de una crisis estructural todos sus componentes son afectados. El saneamiento, para ser efectivo, tiene que abarcar de forma integral a todos sus componentes.
El totalitarismo cubano, caracterizado por el voluntarismo y el desconocimiento de las leyes que rigen los procesos económicos, al alterar elementos vitales del organismo social como la estructura de la propiedad, la autonomía de la sociedad civil y las funciones del salario, convirtió la economía en factor de pobreza y condujo al país a una profunda crisis estructural.
Medio siglo después de poder revolucionario, cuando el deterioro se había extendido a todas las esferas de la sociedad, las reformas emprendidas por los mismos agentes responsables de la crisis, carentes de la voluntad política necesaria y en ausencia de fuerzas alternativas con capacidad para influir en las decisiones, resultaron insuficientes para revertir el daño estructural.
En medio de ese peculiar escenario, la confrontación con la mayor potencia económica y militar del orbe, aunque sus intenciones declaradas fueran la democratización de Cuba, en lugar de contribuir al fortalecimiento de los espacios cívicos, los enrareció; en vez de protegernos frente a la arbitrariedad del Estado, colaboró con ella; en vez de promover climas de confianza para el avance de los derechos humanos, los hizo retroceder; a la vez que brindó un valioso argumento al gobierno cubano para justificar la ausencia de derechos y libertades cívicas y solapar las causas internas del desastre.
La coincidencia del fracaso económico del modelo totalitario cubano y de la política norteamericana en su intento de cambiar al régimen cubano condicionaron el regreso a la política. El proceso de negociaciones entre los dos gobiernos, primero secretas y luego públicas, desembocó en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, generando un escenario mucho más favorable para enfrentar la gravedad de la crisis. En ese nuevo contexto los problemas internos irán desplazando gradualmente al conflicto externo y generando posibilidades de cambio antes ausentes.
El hecho de que un gobierno que arribó al poder mediante las armas, que condujo al país al fracaso y que 55 años después aún conserve determinada capacidad para influir en los destinos de la nación, es una peculiaridad que no puede soslayarse. Esa realidad obliga a la gradualidad para evitar cualquier salida violenta y a emplear la política como instrumento de lo posible en cada momento, lo que indica, a pesar de su necesidad, la imposibilidad de enfrentar la solución de forma raigal e inmediata en cada uno de los componentes dañados del cuerpo social.
Aunque la visión a largo plazo no puede ser otra cosa que la de un país dotado de un Estado de Derecho, plural, democrático y participativo, la realidad aconseja comenzar lo posible en las condiciones actuales.
El factor común y determinante del fracaso en materia económica ha sido la falta de la autonomía que requieren su naturaleza y funciones. Por tanto, cualquier solución implica la democratización de las relaciones económicas, para que de forma paralela al Estado, los cubanos participen como sujetos con derechos institucionalizados.
Desde esa óptica se requiere como punto de partida un marco institucional y de competencias en que se desarrolle el proceso. Para ello el aparato legislativo y el judicial, aunque subordinados al poder político, podrían favorecer el proceso, pues de cierta manera los cambios también son necesarios para el propio Gobierno, que necesita de un despegue económico para sostenerse algún tiempo más en el poder, lo que explica el proceso de reformar las reformas que ha caracterizado las medidas hasta ahora implementadas.
Entrando en materia
Los seres humanos se mueven hacia determinados fines en dependencia de sus intereses y entre los factores que influyen en el interés de trabajadores y empresarios están las relaciones de propiedad y los salarios.
Como las diversas formas de propiedad se complementan, la disyuntiva no radica en elegir entre una u otra, sino en determinar cuál resulta más eficaz para el desarrollo personal y colectivo; pues ambas formas, la privada y la social, se justifican en la medida en que son útiles para el bien de los hombres. Las mismas no constituyen un fin, sino un medio de coadyuvar al verdadero fin: la persona humana, lo que hace de la institución de la propiedad un fundamento del orden personal y social.
El salario mínimo tiene que ser suficiente para satisfacer lo que Diego Vicente Tejera1 llamó necesidades naturales: costos de habitación, vestuario higiénico y decente, alimentación sana y suficiente, más un tercio para cubrir gastos de enfermedad e imprevistos. De acuerdo a ese esquema, no con el salario mínimo -del cual nunca se habla en Cuba- sino con el salario medio actual, (equivalente a unos 20 CUC), resulta imposible. El propio presidente del Consejo de Estado ha reconocido que el sistema salarial cubano: no satisface todas las necesidades del trabajador y su familia, genera desmotivación y apatía hacia el trabajo, influye negativamente en la disciplina e incentiva el éxodo de personal calificado hacia actividades mejor remuneradas, desestimula la promoción de los más capaces y abnegados hacia cargos superiores2.
Como cada medida guarda una estrecha relación con las restantes, la separación en el corto, mediano y largo plazo, no es esquemática. Cada medida implica y tiene efectos sobre las restantes. A partir de esos presupuestos, moviéndose de lo inmediato a lo mediato, el orden pudiera ser el siguiente:
A corto plazo
– Liberar a los cuentapropistas de todas las trabas actuales y motivarlos con imposiciones fiscales bajas y flexibles. Generalizar el trabajo por cuenta propia a todas las actividades de servicio, construcción, producción agrícola e industrial. Y abarcar a todas las categorías de trabajadores, incluyendo a los profesionales.
– Promulgar el derecho de los cubanos a crear pequeñas y medianas empresas de producción agrícola, industrial y de servicios, y a su vez el derecho de comprar pequeñas y medianas empresas que están en manos del Estado. Los trabajadores y empresarios, convertidos en dueños, podrían crear cooperativas u otras formas asociadas de propiedad que consideren competitivas sin ser inducidos por el Estado, como ha ocurrido hasta ahora. Además, esas pequeñas y medianas empresas vendidas a los trabajadores coadyuvarán a despertar confianza en los nuevos empresarios nacionales o foráneos.
– Dictar una nueva ley de inversiones que permita a los cubanos invertir en su propio país. Esta ley movilizaría un considerable volumen de inversiones resultado de la acumulación en manos de la clase media en gestación, de la inversión legal de parte de las remesas recibidas y de la participación directa de cubanos residentes en el exterior. Esa medida aumentaría la tasa de inversión que actualmente es de apenas un 10 % del producto interno bruto y en consecuencia estimularía el crecimiento.
– Suspender todas las trabas encaminadas a impedir la formación de una clase media. En ese sentido, al privatizar o cooperativizar empresas estatales se debe priorizar a los cubanos, vivan dentro o fuera de Cuba, con el objetivo de fomentar y fortalecer una clase económica nacional como existió hasta 1959 y sin la cual no se pueden explicar los avances que experimentó Cuba en materia de economía.
Estas cuatro primeras medidas, de ser dictadas en el corto plazo, movilizarían la capacidad emprendedora de los cubanos, generarían de forma rápida una mayor oferta, variedad y calidad de productos en el mercado, canalizarían una parte del dinero libremente convertible que entra al país por vía de las remesas familiares hacia las inversiones, crearían nuevas fuentes de empleo, coadyuvarían al crecimiento del PIB, facilitarían la creación de condiciones para la unificación monetaria y aumentarían la presencia de la producción manufacturera en el PIB en relación a los servicios; generarían esperanzas e influirían en la disminución del éxodo al exterior.
La viabilidad de esas medidas es factible ya que las mismas pueden ser iniciadas desde el actual gobierno, incluso sin tener que cambiar inicialmente su concepción de partido único.
A mediano plazo
– Institucionalizar una concepción de la propiedad en la que cohabiten sus variadas formas, de tal manera que sea la propia naturaleza de la economía y la capacidad de sus dueños a través de la competencia, la que determine cuáles son las más eficientes y capaces. En el caso de las cooperativas, si no surgen de la unión voluntaria de los socios; si se crean dónde y cuándo decide el Estado; si carecen de autonomía; si los asociados no son dueños; y si su Reglamento lo emite el Consejo de Ministros, tales asociaciones no califican como cooperativas, sino como asociaciones de usufructuarios dependientes del Estado.
– Incrementar gradualmente los salarios hasta ponerlos en concordancia con el costo de la vida. Esta medida es factible a partir del crecimiento de la riqueza material resultado de las primeras cuatro medidas. Hasta ahora los bajos salarios han tenido un impacto negativo en la economía y en el resto de los elementos que integran el cuerpo social, agudizados por la ausencia de un movimiento sindical autónomo que defienda los intereses de los trabajadores. Su aumento constituye una medida efectiva para motivar una mayor productividad del trabajo y comenzar a disminuir las vías ilegales y el robo.
– Aumentar las pensiones y jubilaciones. Una necesidad que viene dictada por la insuficiencia actual de las mismas en una sociedad con un alto porcentaje de personas en la tercera edad. Lo que constituye un acto necesario y legítimo de justicia social.
– Crear un aparato de asistencia social y promover las normas preventivas que protejan al ciudadano de los desequilibrios estructurales, pues al desaparecer los subsidios estatales a la producción y establecerse la economía de mercado, las tendencias inflacionarias son casi imposibles de evitar.
– Definir cuáles empresas, por su carácter estratégico, deben ser conservadas como propiedad pública, como pudieran ser el caso del níquel, el petróleo u otras, en las cuales se aplique la autogestión y/o los consejos de trabajadores.
– Liberar el comercio interior del monopolio estatal, de manera que los precios se determinen por la oferta y la demanda, para que puedan brindar información acerca de la escasez o abundancia de los productos, acerca de quién es más eficaz, así como de quién produce con mayor calidad y con menores precios. De tal manera que los consumidores puedan influir en la determinación de la cantidad y calidad de lo que se debe producir. El mercado, como forma de relación social donde se intercambian necesidades, dinero, productos y servicios, es un efecto de la producción y a la vez causa, porque propicia que la producción y los servicios se conviertan en consumo y se originen nuevas demandas de productos.
– Eliminar la dualidad monetaria y proceder a su libre convertibilidad. Esta medida, aunque urge, la ausencia de un PIB que lo respalde y de los efectos inmediatos que acarrearía en esas condiciones, parecen imposibilitar su inmediata ejecución. De todas formas, por su impacto en la economía, cuanto antes se implante será mejor, pues las consecuencias negativas de su ausencia pueden ser peores. La Resolución 19 de 2014 del Ministerio de Finanzas y Precios, describe las medidas financieras y contables que entrarán en vigor el día antes de la unificación monetaria y describe los procedimientos y normas de la revaluación del peso cubano en las entidades estatales. Sin embargo no hay evidencias de que se proceda inmediatamente a la unificación. La devaluación que obligatoriamente ocurrirá tendrá efectos inflacionarios sobre los salarios y sobre los precios minoristas.
– Cambiar el paradigma de los precios, hoy dependientes de los costos y de decisiones administrativas de espaldas a la oferta, la demanda y la eficiencia productiva.
– Implementar una reforma deflacionaria de orden macroeconómico debido al efecto que tendrán la unificación monetaria y las nuevas estrategias de precio. Esta reforma debe comprender de forma integral el orden fiscal, el monetario, la política cambiaria y la política salarial.
– La planificación socialista, que nunca ha cumplido sus objetivos, debe ser sustituida por la oferta y la demanda nacional e internacional. Los incumplimientos en la planificación en la producción de azúcar durante décadas, en el crecimiento anual del PIB, en la sustitución de importaciones y en cuantos planes se ha trazado el Gobierno, así lo demuestran.
– Proceder a una reforma de la banca nacional que incluya bancos privados y otras instituciones crediticias y crear un marco institucional y legal que incluya los bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensión y las bolsas de valores. La reforma bancaria debe eliminar el efecto negativo de las regulaciones que limitan la competencia y que actúan como freno para el desarrollo.
– Eliminar el encargo estatal a las empresas privadas y cooperativas, así como reducirlo a las empresas que se conserven como propiedad pública, de tal manera que la misma pueda destinar una mayor parte de su capacidad productiva a las ventas en función de la oferta y la demanda.
– Impedir que la reforma empresarial en marcha genere una nueva centralización de decisiones fundamentales, pues las decisiones verticales, una de las causas de la ineficiencia económica, se está moviendo de las unidades de producción y servicios hacia las OSDEs (Organización Superior de Dirección Empresarial), que tienen una función administrativa y de control. Las funciones otorgadas a esta nueva instancia, subordinada a los ministerios con potestad para decidir acerca del plan de las entidades públicas, deben recaer en los directivos y en el colectivo de trabajadores.
– Apertura de mercados mayoristas para todos los sectores productivos, lo que redundará en eficiencia y productividad y en los cuales debe haber una fuerte participación de la emergente clase media nacional.
Estas 14 medidas a mediano plazo van dirigidas al fortalecimiento de las medidas a corto plazo, a la descentralización administrativa, al perfeccionamiento del sistema económico nacional, al crecimiento del producto interno bruto, al fortalecimiento institucional de la clase económica nacional, al incremento de oportunidades de los grupos más pobres de la población para mejorar la equidad y a reducir la vulnerabilidad externa de la economía.
A largo plazo
– Promulgar un nuevo Código de Trabajo que refrende la libre sindicalización y la autonomía del sindicalismo, de tal forma que libere a los trabajadores cubanos del estado de indefensión a que están sometidos. Ese nuevo Código tiene que estar en concordancia con lo estipulado por la OIT, de la cual Cuba además de fundadora es firmante de 76 de sus convenios, incluyendo el Convenio 87 sobre la libertad sindical. Ese cambio pondría la legislación laboral en correspondencia con los avances que había obtenido el movimiento obrero en sus luchas desde la colonia hasta la primera mitad del siglo pasado.
– Promulgar la libre contratación de fuerza de trabajo, lo que implica su inclusión en el nuevo Código de Trabajo en correspondencia con lo estipulado por la OIT y con la historia del movimiento obrero cubano.
– Legalizar el derecho a la información como factor clave de desarrollo. Desplazar la lucha por la igualdad de oportunidades hasta la redistribución de educación, tecnología y desarrollo de las capacidades para la iniciativa personal; para que las diferencias sociales no se extiendan a la tecnología y al conocimiento.
– Promulgar una nueva ley de asociaciones.
– Sustituir el artículo 5 de la actual Constitución por el reconocimiento del pluripartidismo. Como las ideas políticas constituyen un importante instrumento para los cambios, la democratización asume en esta etapa una importancia determinante, para que cada persona o grupo tenga el derecho de asociarse libremente sujeto únicamente a la ley que se promulgue con ese fin. Como expresara Hannah Arendt: una revolución (o cualquier proyecto diría yo) que se proponga liberar a los hombres sin plantear, paralelamente, la necesidad de generar un espacio público que permita el ejercicio de la libertad, sólo puede llevar a la liberación de los individuos de una dependencia para conducirlos a otra, quizás más férrea que la anterior.”3
José Martí, quien se proponía fundar una nación con todos y para el bien de todos, partía de la convicción de que: una nación libre es el resultado de sus pobladores libres.4
Estas últimas cinco medidas van dirigidas esencialmente al tema de la democracia como base de la participación ciudadana, mediante la institucionalización de los derechos, especialmente los derechos económicos, como paso previo a la instauración de un Estado de derecho, plural, democrático y participativo. Su concreción permitirá al Estado concentrarse esencialmente en la función de control, en vez de tratar de gestionarlo todo mediante la anulación de las personas.
Una observación a manera de cierre
Para esas reformas los cubanos, aunque carezcan en este momento de la condición de ciudadanos, están potencialmente preparados. Lo ha demostrado su nivel de profesionalidad e inventivas, la eficiencia que exhiben restaurantes, servicios de transporte, alquiler de viviendas, talleres de producción de bienes materiales y culturales o los diferentes servicios gastronómicos, de reparaciones y ventas que existen y coexisten dentro, paralelos o al margen de las leyes vigentes.
Referencias
1 Diego Vicente Tejera, fundador del socialismo democrático en Cuba en “Un sistema social fáctico”.
2 Discurso de Raúl Castro en la clausura del XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba en febrero de 2014.
3 Schmitt, Carl y Hannah Arendt. “Consenso y conflicto; la definición de lo político”. Colombia, Editorial de la Universidad de Antioquia, 2002, p. 147.
4 J. Martí. Obras Completas. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991. T.8, p. 284.
Dimas Cecilio Castellanos Martí (Jiguaní, 1943).
Reside en La Habana desde 1967.
Licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de La
Habana (1975), Diplomado en Ciencias de la Información
(1983-1985), Licenciado en Estudios Bíblicos y Teológicos en el (2006).
Trabajó como profesor de cursos regulares y de post-grados
de filosofía marxista en la Facultad de Agronomía de la
Universidad de La Habana (1976-1977) y como especialista en Información Científica en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana (1977-1992).
Primer premio del concurso convocado por “Solidaridad
de Trabajadores Cubanos, en el año 2003.
Es Miembro de la Junta Directiva del Instituto de Estudios
Cubanos con sede en la Florida.