La economía cubana ante la crisis del coronavirus COVID-19

No cabe duda que la crisis desatada a nivel mundial por el coronavirus va a acabar teniendo efectos muy negativos sobre las economías de todos los países. Estamos ante un momento excepcional que va a demandar de los gobiernos un conjunto de medidas igualmente excepcionales, para cuidar la salud de las poblaciones afectadas, y al mismo tiempo contrarrestar los efectos económicos y sociales de la pandemia.

En estos primeros momentos, la actuación seguida por las autoridades cubanas no ha estado a la altura de las circunstancias distanciándose del resto de países del mundo.

Por eso, desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos hemos incidido en la cuestión, al señalar que el coronavirus COVID-19 es una realidad universal de la que es imposible sustraerse. Ante su acelerado avance, los gobiernos de los países afectados han decidido implementar diferentes protocolos para enfrentar la pandemia. Algunos se han concentrado en detección masiva de casos de contagio, en tanto otros han apostado por estrictas acciones de aislamiento, pero la mayoría han puesto en marcha un cierre total o parcial de fronteras.

En el caso de Cuba, a pesar del factor insularidad, el gobierno no procedió inmediatamente de este modo, e incluso, las autoridades reclamaron la llegada de más turistas extranjeros a la Isla, una actuación que como mínimo se califica de irresponsable. No tiene justificación alguna apoyar a nivel internacional la visita turística a Cuba en medio de la epidemia, con argumentos poco científicos como que el virus desaparece a más de 30º de temperatura, una suposición que la Organización Mundial de la Salud ha desmentido en su página web.

Conviene recordar que el Covid-19 afecta a personas de todas las edades, pero con mayor incidencia de casos mortales en mayores de 60 años. Cuba es un país con una elevada población dentro de ese grupo de edad, y el 80,6% de los mayores padece algún tipo de patología crónica, según la Encuesta de Envejecimiento de la Población 2017, publicada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI.

También nos preocupa la población reclusa, teniendo en cuenta las condiciones de insalubridad, el hacinamiento, la mala alimentación y la deficiente atención médica predominante en los centros de internamiento de presos en toda la isla denunciadas por todos los organismos internacionales.

El gobierno de Cuba tiene la obligación de proteger y salvaguardar los intereses de los ciudadanos, la vida antes que todo. Y después tendrá que afrontar la situación grave de la economía. No será fácil. Conforme avanza la crisis, nos adentramos en un espacio desconocido para los economistas, ya que la duración, intensidad y gravedad de la misma planea sobre las decisiones que, necesariamente se tendrán que adoptar. Entender bien la secuencia de los efectos económicos sobre las empresas y las familias no será fácil. Pero no hay tiempo que perder. Las dudas, y, sobre todo, la parálisis no es buena consejera ni para paliar los efectos sobre la salud y la economía.

En Cuba las autoridades de planificación se reunieron para revisar las directrices del Plan económico 2020 sin apenas atender al fenómeno que se avecina. De algún modo, este plan va a quedar superado en poco tiempo conforme empiecen a sentirse los efectos de la pandemia. Por ello, cualquier previsión económica para 2020 realizada antes de estos días de marzo debe ser arrojada a la papelera porque no sirve. Las previsiones económicas formuladas deben obligar al gobierno cubano a asumir que se debe replantear no solo su estrategia a corto plazo, sino también a medio plazo porque los efectos de la crisis pueden ser duraderos.

Un segundo nivel de dificultad reside en el desarrollo del marco legal de intervención en materia económica, en concreto las medidas que se tienen que adoptar para afrontar la crisis y paliar sus efectos. Como ya se ha señalado, algunos países han apostado por cierres de fronteras, otros por fuertes aumentos de gasto público combinados con ventajas fiscales, los bancos centrales han anunciado expansiones monetarias adicionales. Cabe esperar que otras actuaciones vayan teniendo concreción, conforme la crisis se extienda, como la supresión de vuelos aéreos, cierre de aeropuertos.

Ningún gobierno se debe plantear la ejecución de los programas en curso, sino que tiene que girar rápidamente el rumbo de las naves. Para Cuba, por suerte, existen ya experiencias en otros países, como el aislamiento social o el cierre de fronteras, que están en vigor, y que se pueden trasladar. En todo caso, las autoridades no deben pensar que las expectativas para el presente ejercicio se van a alcanzar. Y en ese sentido, existen dudas más que fundadas sobre la capacidad del régimen cubano para acometer el sobreesfuerzo presupuestario que será necesario para avanzar hacia la reconstrucción nacional, social y económica, una vez que se derrote al virus.

Y esto conduce al tercer nivel de complejidad en la gestión de la crisis del coronavirus, que es conseguir que nadie se quede atrás y que sean los estados quienes asuman el shock del freno económico que se avecina tras el avance y expansión de la pandemia.

En el caso concreto de la economía cubana esto significa tener en cuenta cómo puede quedar afectado el sistema de intervención estatal que proporciona a los cubanos todos los bienes y servicios una vez se desaten los efectos de la crisis. Porque si preocupante es en las economías de mercado, en el caso concreto de Cuba existen muchos condicionantes que pueden agrandar los efectos esperados.

El problema fundamental es la fiscalidad. Los anuncios por los gobiernos de la mayoría de países de paquetes de medidas económicas han provocado reacciones al alza en los castigados mercados de valores, si bien es cierto que lo más importante es que estas actuaciones de política económica se trasladen sobre los agentes económicos, los trabajadores, familias y empresas.

El esfuerzo fiscal que van a realizar los países tiene como objetivo compensar la caída de la actividad económica a corto plazo, con la intención de que nadie se quede atrás. Después, cuando regrese la normalidad, es previsible que dicho esfuerzo se compense por la vía de mayores ingresos tributarios, aunque nada se dice al respecto. Algunos gobiernos han planteado iniciativas dirigidas a garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y telecomunicaciones, e incluso aplazamientos en el pago de las hipotecas, o gratuidad en las pruebas de detección del virus por sus sistemas de salud, o como en el caso de EE.UU., cheques mensuales a las familias. Este tipo de medidas paliativas se dirigen a las familias que experimentan reducciones de sus ingresos como consecuencia de la crisis. Incluso, para evitar que la crisis tenga un efecto negativo sobre el empleo se aplican, por ejemplo, en España, fórmulas denominadas Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que tienen como objetivo que las crisis temporales tengan un efecto negativo sobre el empleo.

También se han aprobado medidas para exonerar a los empresarios de la aportación de las cuotas de la seguridad social, o se permite que los trabajadores cobren el seguro de desempleo, aunque no tengan la cotización previa exigida. En concreto, se han promovido actuaciones para los autónomos, flexibilizando el acceso a la prestación por cese de actividad, que se han calificado de insuficientes. En Cuba, muchos trabajadores por cuenta propia, cuyos ingresos se vean afectados por la crisis, necesitarán este apoyo del gobierno, demandando mayores ayudas para salir de la misma.

Todo esto significa que la lucha contra la crisis económica va a servir a los cubanos para evaluar la capacidad de gestión de los responsables políticos del régimen, e igualmente la actuación de los agentes económicos, las empresas, que también pueden hacer y mucho en esta etapa de incertidumbre. En los países democráticos, las responsabilidades políticas, cuando existen, se sancionan en las urnas periódicamente, ya que esta es una de las finalidades del sistema. En el caso de Cuba, el modelo económico y político imperante en los últimos 61 años será sometido a consideración por los ciudadanos, y es posible que pueda llegar a producirse un gran debate social sobre sus capacidades y alcance para afrontar una pandemia como esta.