Jueves de Yoandy
Hablar de ayuda humanitaria en el escenario geopolítico contemporáneo exige, primeramente, despojar al término de cualquier eufemismo diplomático o instrumentalización partidista. Según su propio concepto, la asistencia humanitaria constituye un auxilio en situaciones de emergencia, motivado de forma exclusiva por imperativos éticos de solidaridad y el respeto a la dignidad humana, y tiene como objetivo mitigar el sufrimiento extremo, salvar vidas y proveer bienes de primera necesidad (alimentos, medicinas, artículos de higiene) ante situaciones de desastre natural, crisis severas, o colapso sistémico.
Para que un país o territorio califique de forma legítima como receptor de esta clase de socorro internacional, deben cumplirse características críticas muy específicas: un estado de vulnerabilidad generalizada, la incapacidad manifiesta del Estado local para garantizar la subsistencia básica de su población y, sobre todo, la existencia de una necesidad imperiosa e ineludible.
Cada uno de nosotros podría hacer el análisis de dónde encaja mejor la situación de nuestro pueblo. En el caso de Cuba, este diagnóstico humanitario choca frontalmente con la narrativa oficial permanente. Desde las altas esferas del poder gubernamental se sostiene de manera dogmática que en la Isla “no hay pobreza ni necesidades” insatisfechas que justifiquen la intervención de donantes extranjeros, apelando a los logros históricos en materia de salud y educación.
Sin embargo, esta narrativa oficial opera como un velo de negación frente a una cotidianeidad erosionada por la escasez crónica de alimentos, la inflación galopante, el colapso del sistema electroenergético y la precariedad extrema en la que malvive y sobrevive la mayor parte de la ciudadanía.
La realidad social del cubano de a pie transcurre entre apagones cada vez mayores, colas interminables, farmacias vacías y la imposibilidad tangible de adquirir el sustento básico con los salarios devaluados del Estado. Desmentir la retórica oficial no es un capricho ideológico, ni una actividad “contrarevolucionaria”, ni un ejercicio de la disidencia y oposición, es un acto de estricta justicia humana. Reconocer que la crisis existe es el paso previo e indispensable para que la ayuda internacional comience a fluir hacia donde verdaderamente se necesita; y más que la ayuda internacional, que empiece a moverse el cambio que requiere el país hacia mejores condiciones de vida de sus ciudadanos.
Cuando un gobierno extranjero, como es el caso reciente de los Estados Unidos a través de fondos y paquetes de asistencia, decide enviar suministros a la Isla, la gestión de dichos recursos no puede ni debe regirse por los opacos mecanismos habituales de las estructuras estatales centralizadas. La ayuda humanitaria exige una serie de requisitos éticos y operativos inquebrantables.
El primero de ellos es la transparencia radical, tajante y en todo momento del proceso. Los donativos no pueden evaporarse en los laberintos de la burocracia gubernamental, ni ser desviados hacia tiendas para luego ser vendidos, ni pueden aparecer en redes de distribución privilegiadas.
El segundo principio fundamental es la selectividad basada en la verdadera necesidad. La ayuda humanitaria nunca puede ser para todos, porque los recursos de emergencia son siempre limitados frente a una crisis generalizada. Su vocación natural es focalizarse estrictamente en los sectores más vulnerables: ancianos que viven solos, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y familias con niños pequeños en situación de alto riesgo. Pretender repartir una asistencia de emergencia de forma equitativa y universal en un país sumido en el desabastecimiento equivale a diluir su impacto y vaciarla de sentido práctico, convirtiéndola en un espejismo inútil.
El tercer principio consiste en definir de la mejor forma posible las vías de entrega, siendo este un aspecto crucial que la opinión pública y los observadores deben aquilatar con rigor. La distinción institucional de los canales de entrega repercutirá, fundamental y directamente en el éxito de la ayuda humanitaria. Es un grave error conceptual e informativo confundir el origen de los fondos con el ejecutor sobre el terreno, máxime en este caso que se trata del archiconocido enemigo histórico que la revolución ha buscado como pretexto para justificar la mala gestión gubernamental y los problemas internos, a consecuencia del modelo fallido que se ha seguido durante más de seis décadas.
Cuando se habla del flujo de asistencia enviado desde los Estados Unidos, este no se entrega de gobierno a gobierno ni a las estructuras ministeriales del régimen cubano. El vehículo operativo que hace posible que estos módulos de alimentos y productos de higiene lleguen a su destino final es Cáritas Cuba, en coordinación con agencias católicas de otros países como Catholic Relief Services.
Esta distinción es esencial desde el punto de vista ético y práctico. Al canalizarse a través de la Iglesia católica y sus redes de voluntarios parroquiales, se establece un cortafuegos contra la manipulación política. Como han señalado reiteradamente las autoridades eclesiásticas, la distribución de los kits de ayuda no discrimina ideologías, creencias religiosas o afinidades políticas. Se entrega puerta a puerta o comunidad por comunidad basándose exclusivamente en fichas de evaluación de vulnerabilidad social, con previas visitas y estudios de casos.
En la compleja encrucijada cubana que vivimos en la actualidad, la ayuda humanitaria adquiere una dimensión profundamente ética. Por un lado, las autoridades de la Isla se encuentran atrapadas en una contradicción constante: aceptan de manera tácita la asistencia extranjera ante la presión insostenible de la crisis, pero a menudo intentan minimizarla o politizarla discursivamente para evitar reconocer el fracaso de su propio modelo económico. Por otro lado, para la comunidad internacional y los donantes, el desafío radica en sostener el compromiso humanitario sin convalidar los abusos de poder del sistema.
La ayuda procedente de Estados Unidos y gestionada por Cáritas demuestra que la solidaridad civil y religiosa puede sortear barreras ideológicas si se mantiene firme en sus principios de imparcialidad, fiscalización y rigor. En momentos donde la supervivencia misma de miles de familias se encuentra amenazada, los debates geopolíticos deben subordinarse al imperativo categórico de la ayuda al prójimo, como nos convoca el primero de los mandamientos.
Salvar la dignidad de un anciano o garantizar el alimento de un niño en Cuba no es un favor político ni una concesión de principios, es una exigencia moral inaplazable que interpela la conciencia de todos los actores.
Ayudemos a que fluya la comunicación en torno a este tema, poniendo como base el imperativo ético que exige la ayuda humanitaria, frente a la instrumentalización política que puede limitar lo que es, y seguirá siendo, una manera eficaz de vivir el amor a través de la caridad.
- Yoandy Izquierdo Toledo (Pinar del Río, 1987).
- Licenciado en Microbiología por la Universidad de La Habana.
- Máster en Bioética por la Universidad Católica de Valencia y el Centro de Bioética Juan Pablo II.
- Máster en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
- Doctor en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España.
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista Convivencia. Responsable de Ediciones Convivencia.
- Reside en Pinar del Río.