El Centro de Estudios Convivencia (CEC), del que formo parte, está realizando un Itinerario de Pensamiento y Propuestas para el futuro de Cuba. El IV Encuentro del CEC estuvo dedicado a estudiar el tema de la agricultura. Expongo a continuación mis criterios sobre este sector:
– Reconocer la inviabilidad del sistema de producción agrícola entronizado en Cuba por el actual gobierno.
– Declarar la necesidad de poner fin al inmenso e inoperante latifundio estatal que existe en estos momentos (y que ha sido, con mucho, el mayor de la historia de Cuba y del resto de nuestro hemisferio).
– Constatar que, bajo el actual sistema, ni siquiera han funcionado adecuadamente los cambios realizados para descentralizar parcialmente la producción agrícola. Lo anterior comprende medidas tales como la constitución, en su día, de las llamadas “unidades básicas de producción cooperativa” (UBPC) y, años después, el proceso de entrega de tierras en usufructo.
– Reconocer que, dadas las normas culturales que heredamos de nuestros ancestros y que imperan aún en nuestro país, para que la agricultura cubana salga del estado de postración en que se encuentra, se requiere la realización de una reforma agraria que cumpla con un principio fundamental (que fue proclamado y publicitado en 1959, pero que no se ha cumplido hasta hoy): “La tierra es de quien la trabaja”.
– Reconocer asimismo que esa entrega de tierras tiene que ser en propiedad. Que el campesino debe poder disponer libremente de sus predios, hipotecarlos en caso necesario para recibir créditos con los cuales poder realizar inversiones, testar sobre ellos, etc. Y todo esto sin plazos ni condicionamientos como los que ahora existen con respecto a las tierras entregadas en usufructo, el cual puede ser prorrogado o no de manera arbitraria, en dependencia de lo que decida un burócrata.
– Considerar la posibilidad de que, para entregar el título de propiedad de una finca, el campesino abone el precio de ella. En ese caso, deben concedérsele créditos y otras facilidades de pago.
– Despenalizar la conducta denominada “sacrificio ilegal de ganado mayor”. Debe permitirse que los productores agropecuarios (en particular, los que críen bestias de las comprendidas en el concepto de “ganado mayor”), puedan sacrificarlas en los mataderos establecidos, consumir la porción que deseen y comercializar el resto con entera libertad. Es posible que, dada la situación de penuria y carestía existente hoy en Cuba, de inicio sea menester establecer algunos límites en ese sentido. Pero solo en un inicio.
– Eliminar los inoperantes planes, en particular los de acopio, que han probado sobradamente su ineficiencia para elevar la producción agrícola y abaratar los precios minoristas.
– Tomar en cuenta, al abordar esta temática, que las experiencias ya seculares de la llamada “planificación socialista” en todo el mundo han resultado descorazonadoras en todos los casos, inoperantes casi siempre y en ocasiones incluso contraproducentes y hasta sangrientas. En muchos casos, la adopción de medidas “socialistas” ha desembocado en hambrunas de proporciones bíblicas. La ineficiencia de la “planificación socialista” se ha puesto de manifiesto en todas las ramas de la economía, pero de modo especial para la agricultura. En esta —como resulta obvio— se trabaja no con objetos inanimados, sino con seres vivos como las plantas y los animales, y todo el proceso productivo está sujeto a los imprevistos del clima. En esas circunstancias, la pretensión de que unos señores supuestamente competentes, bien intencionados y honorables (lo cual ya se sabe que no necesariamente es así) decidan en una junta qué sembrar, cómo hacerlo y a qué precios resulta, en el mejor de los casos, una pretensión absurda y aun ridícula; y en el peor, el prólogo de las mayores arbitrariedades y abusos.
– Establecer con carácter general el principio de que el campesino siembre lo que estime pertinente, consuma lo que le apetezca y comercialice el sobrante en mercados plenamente libres. Esto último significa: vender a quien desee y al precio que acuerden libremente comprador y vendedor.
– Establecer como principio que el campesino pueda realizar esas ventas no solo a compradores nacionales, sino también extranjeros. Proclamar el libre acceso al mercado internacional de los productores agrícolas, así como que estos, para vender sus sobrantes, no tengan necesidad de recurrir a las ineficientes y burocratizadas empresas monopólicas de comercio exterior.
– Concertar convenios entre el Estado cubano y los países extranjeros para facilitar esa exportación de sobrantes agrícolas nacionales.
– Dejar como función del Estado, en todo ese nuevo contexto productivo, la de brindar información y asesoramiento a los productores, otorgarles créditos, así como ayudarlos en casos de catástrofes.
– Reconocerle también al Estado la posibilidad de iniciar un proceso para subastar las fincas cuando se compruebe que el propietario, sin justa causa para ello (y pese al pago de impuestos sobre tierras ociosas), mantiene su finca sin producir. Ese tipo de procesos tendrían que estar rodeado de todas las garantías procesales necesarias; realizarse solo en casos excepcionalísimos y siempre previo un formal requerimiento al propietario, el cual deberá ser hecho con antelación suficiente para que él tenga la posibilidad real de subsanar su inacción. Además, en caso de llevarse a cabo un proceso de esta naturaleza, tendría que ser en una subasta pública y bien publicitada, y lo que se pague por la finca deberá serle entregado a dicho propietario.
René Gómez Manzano (La Habana, 1943).
Abogado.
Fundador de la Corriente Agramontista.
Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia.
Reside en La Habana.