Raúl Castro afirmó en las conclusiones del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), efectuado en abril de 2016, que sería el último dirigido por la generación histórica, los próximos cinco años resultarían definitorios para garantizar el tránsito paulatino y ordenado de las principales responsabilidades del país a las nuevas generaciones; un proceso que concluiría en el VIII Congreso de 2021.
El general también había prometido ceder la presidencia de los Consejos de Estado y de Ministros en febrero de 2018, un hito intermedio al que se debería llegar con el programa de medidas económicas y el ajuste de la legislación avanzados, y el ambiente político-social sustentado por éxitos en la Actualización del Modelo Económico y Social, patente en el crecimiento de la economía. No obstante, las limitaciones, las prohibiciones y la lentitud en la ejecución de los Lineamientos, demostraron que el sistema requiere cambios radicales con la prisa demandada por la depauperación económica y los sufrimientos de la población, sin retrocesos a métodos probadamente ineficientes, aplicados ante la incapacidad de movilizar las fuerzas productivas, como ocurrió en la agricultura durante 2016.
La comunidad internacional acogió los gestos de Raúl Castro para recomponer sus vínculos fundamentalmente económicos, presionado por las crecientes dificultades de Venezuela para asegurar el petróleo a Cuba y ser el principal sostén del mayor ingreso neto en divisas a través de la venta de servicios –el personal médico fundamentalmente. El gobierno logró la renegociación de la deuda dejada de amortizar desde 1986, el entendimiento con Estados Unidos favorecido por las medidas aplicadas por el presidente Barack Obama desde 2009 y su cambio de política, los acuerdos bilaterales con países de la Unión Europea (UE) coronados por Convenio UE-Cuba, la cooperación con países antes distanciados como Arabia Saudita, además de la profundización de las relaciones “estratégicas” con Argelia, Rusia, China, Vietnam e Irán.
Sin embargo, la lentitud de La Habana también dañó esos pasos promisorios, como la viabilización de las medidas de Obama, que restaron fuelle a las gestiones en el Congreso de Estados Unidos para el levantamiento de las prohibiciones de viaje a los norteamericanos y, sobre todo, para la eliminación del embargo-bloqueo, a pesar de las inminentes elecciones en ese país, que aconsejaban concretar la mayor cantidad de compromisos y apartarse de la retórica y las dilaciones cincuentenarias. Además de las incidencias en las relaciones bilaterales, el embargo-bloqueo puede golpear las aspiraciones del gobierno cubano de recapitalizar la economía mediante las inversiones extranjeras directas (IED), porque los comerciantes, banqueros, empresarios, y las grandes compañías internacionales no están dispuestos a enfrentar el peligro de sanciones. La incertidumbre sobre la política de Donald Trump hacia Cuba quizás cree un impasse más allá del 24 de febrero de 2018, cuando se negocie con otro presidente.
Raúl Castro informó en diciembre de 2015, durante la reunión de la Asamblea Nacional, que la economía en 2016 enfrentaría limitaciones financieras a causa de la caída en los ingresos de las exportaciones por la disminución de los precios de los principales rubros exportables y afectaciones en las relaciones de cooperación con otros países (Venezuela principalmente), pero se planificaba un 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En julio anunció la reducción a 1%, lo cual era difícil lograr pues en el segundo semestre usualmente descienden los resultados, la inexistencia de liquidez y medidas restrictivas. En diciembre, el presidente informó que la economía decreció en 0,9%, la primera recesión desde 1993, inicio del Período Especial por la pérdida del apoyo de la Unión Soviética y los países socialistas europeos; reconoció atrasos en pagos corrientes a proveedores; y dio garantías a los acreedores sobre el pago de los compromisos por el reordenamiento de la deuda, así como a la población de que se preservarían los servicios sociales gratuitos, como la educación y la salud pública.
Raúl Castro presentó un plan de crecimiento del 2% del PIB para 2017, aunque alertó sobre la persistencia de tensiones financieras y retos, que pudieran recrudecerse en determinadas circunstancias. Para lograrlo, señaló que se debían garantizar las exportaciones y su cobro oportuno; incrementar la producción nacional para sustituir importaciones; reducir todo gasto no imprescindible y utilizar racional y eficientemente los recursos disponibles. Al propio tiempo, se continuarían ejecutando los programas de inversiones en función del desarrollo sostenible de la economía nacional. El año comenzó con la agudización del desabastecimiento en las tiendas recaudadoras de divisas, mercado indispensable para toda la población, y de los medicamentos esenciales y otros artículos importados o dependientes de la llegada de materias primas para la producción nacional.
Medidas fundamentales para detener la recesión y avanzar
La Inversión Extranjera Directa (IED) es imprescindible para abandonar el decrecimiento de la economía cubana y comenzar a crecer, pues Cuba carece de ahorro, como expresó el Presidente, no hay liquidez. La descapitalización ha ocurrido debido a que “la formación bruta de capital fijo, es decir, nuevas construcciones, instalaciones de maquinarias y equipos y otras inversiones, realizadas a partir de 1990, en diversos sectores no alcanza para sustituir los medios básicos amortizados, por lo cual no puede haber modernización de la economía ni de la sociedad cubana, sino estancamiento y, en muchos casos, un retroceso neto en la capacidad productiva y de servicios en esferas vitales”, (Oscar Espinosa Chepe, Descapitalización a la Cubana, 2003).
El gobierno considera necesaria una IED por 2-2,5 mil millones de dólares anuales para lograr un crecimiento de 5-6% del PIB. Solo 83 proyectos de inversión extranjera por 1500 millones de dólares fueron aprobados desde 2014 y algunos proyectos empezaron a desarrollarse recientemente o no han comenzado, informó Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, durante la Feria Internacional de La Habana, FIHAV 2016, según información de AP.
En una encuesta realizada en febrero por un grupo de economistas, entre ellos el profesor Carmelo Mesa-Lago, se consideró que la IED es un factor crucial para el crecimiento de la economía nacional, pero no cuenta todavía con un marco legal adecuado. El 61% de los académicos consultados respondió que se requiere un monto anual de 2-4 mil millones de dólares, y casi 1 de cada 5 opinó que el monto anual debería superar los 5 mil millones de dólares para poder lograr un crecimiento económico satisfactorio; 89% estuvo de acuerdo en que la IED es imprescindible para alcanzar crecimientos del PIB superiores al 5%; 75% expresó desacuerdo en que la Ley 118 sea el marco adecuado. La valoración de las posibles acciones por el gobierno cubano para contribuir a mejorar el flujo de IED en 2017-2018, en escala de 1 a 5 (el factor más importante) arrojó: permitir al inversionista contratar directamente la fuerza de trabajo nacional 4,25; estimular proyectos de medianos y pequeños inversionistas extranjeros 4; autorizar proyectos entre inversionistas extranjeros y el sector no estatal 3,71; ampliación de las áreas de la economía nacional donde se permita la inversión extranjera 3,53, y reducción de los plazos de aprobación de los proyectos de IED 3,35 .
Además consideramos que la inversión de cubanos residentes en Cuba y en el exterior tiene que ser autorizada e incorporada en el acápite de la Constitución y otras legislaciones referidas a la propiedad privada, que el Presidente prometió reconocer. Los cubanos todos deben recuperar el derecho a aportar sus capitales, conocimientos, experiencias y tecnologías para imprimir un impulso importante al desarrollo del país. Para contribuir al emprendimiento de la población, especialmente la menos favorecida, debería autorizarse la concesión de microcréditos, como ha propuesto desde hace años el Cuba Study Group. Asimismo no puede relegarse el derecho de los cubanos a contratarse libremente, sin la obligación actual de hacerlo a través de la empresa empleadora estatal, así como a negociar todas sus opiniones e intereses con el empleador extranjero, entre eso su salario, otros beneficios y obligaciones.
La dualidad monetaria deberá solucionarse, con la eliminación del CUC -divisa de curso únicamente en Cuba, y el CUP con la histórica denominación de peso (moneda nacional), así como deben fijarse los precios correspondientes a la realidad económica. Desde 2013 se anunció el inicio del cronograma de unificación monetaria, sin embargo las distorsiones en la economía cubana demostraron que era una tarea complicada y, como otras, se desconoce cuándo y cómo se aplicará.
El turismo deberá continuar desarrollándose, en tanto fuente importante de ingresos. En 2016 Cuba alcanzó 4 535 577 visitantes, de los cuales 284 937 fueron norteamericanos, un 74% de incremento a pesar de las restricciones a 12 categorías de visitantes no turistas. En 2017 se aspira a un 4% de aumento, lo cual probablemente se logrará por el resultado de un millón de turistas en la temporada alta de enero y febrero, una semana antes que en 2016, según informaciones del Ministerio de Turismo. Aunque están edificándose o reconstruyéndose hoteles en La Habana con compañías básicamente europeas, y en el interior del país, las capacidades y la calidad de los servicios están por debajo de los requerimientos. Las rentas por cuentapropistas en convenios con el MINTUR han demostrado eficiencia y aporte económico para las comunidades, por lo que deberían extenderse por todo el país. La tasa de cambio y los altos precios de habitaciones y servicios son desestimulantes. El turismo multidestino entre países del Mar Caribe, impulsado en el marco de las reuniones CARICOM-Cuba podría resultar provechoso, pues Cuba perdió el mercado a comienzos de la década de 1960 y la competencia podría serle desfavorable.
La agricultura deberá mantenerse como prioridad por la necesidad de recuperar su capacidad productiva para la alimentación del pueblo, el abastecimiento al turismo y la sustitución de importaciones. No deberá imponerse la disminución de los precios a la población mediante medidas restrictivas, sino a través del incentivo a la producción. Las trabas a los productores, la carencia, la calidad y los precios de medios básicos de trabajo, la pérdida de campesinos y su tradición, las tierras infestadas de marabú, entre muchos problemas, no han permitido logros por la entrega en usufructo de tierra desde 2008. La libre decisión sobre cultivo, venta, distribución y asociación en verdaderas cooperativas basadas en la voluntariedad estimularía la producción y la competencia. Los campesinos privados, propietarios de un bajo porciento de tierra, han sido siempre los más eficientes y han aportado mayor cantidad de productos.
Los resultados de los cuentapropistas demuestran que pueden ser un gran complemento a la macroeconomía. Igualmente debería liberarse el ejercicio de todos los oficios y profesiones, y autorizarse la creación de pequeñas y medianas empresas (PYMES), lo que brindaría empleo a las personas excedentes en las empresas estatales, facilitaría producciones, servicios y eficiencia, así como propiciaría elevar el nivel de vida y disminuir la desigualdad social creciente desde la década de 1990. Las cooperativas no agropecuarias deberían incrementarse siempre basadas en la voluntariedad real y la independencia respecto del Estado y las organizaciones políticas o llamadas de masa, sin discriminaciones ideológicas y otras, ni en detrimento de las PYMES propiedad de los cuentapropistas.
La creación de un mercado mayorista en todo el país tendría beneficios para las actividades privadas. Asimismo sería muy provechoso generalizar la autonomía de los gobiernos locales, a fin de que utilicen sus presupuestos y capacidades en la reparación de las vetustas infraestructuras, la recuperación de producciones tradicionales de los lugares y el fomento de nuevas, así como los centros culturales, deportivos, fuentes de atractivo turístico, y otras iniciativas.
Resulta difícil analizar la realidad cubana debido a la carencia de datos y la fiabilidad de los escasos publicados. La profundidad de los problemas propios y las incidencias de las fluctuaciones externas sobre la muy dependiente economía cubana requieren un amplio programa de recuperación y desarrollo. Determinación y sólida fundamentación en la presentación de propuestas por parte de los dirigentes actuales que probablemente asciendan el 24 de febrero de 2018, prescindiendo del miedo a perder la posición por sugerencias distintas a las bajadas por los niveles superiores, apertura y participación ciudadana, serán esenciales para la recomposición multifacética de Cuba.
Miriam Leiva.
Periodista independiente.
Reside en La Habana.