Nadie tiene la menor duda en la actualidad que los trabajadores por cuenta propia, los emprendedores privados y sus empleados, los agricultores independientes, acabarán siendo los grandes perdedores de la crisis de la COVID-19 en Cuba y, además, con la sensación objetiva y contrastada de haber sido tratados de forma muy diferente con respecto a los empleados del sector estatal.
¿Por qué esto es así?
Con la recuperación de la actividad, el gobierno no ha mostrado interés hacia el sector privado. El retorno a la “normalidad” se ha caracterizado por un mayor control e intervención de la economía por medio del plan, una centralización y estatización de la economía, al tiempo que se intenta destrabar los obstáculos que impiden el funcionamiento eficaz de la misma. Nada que ver con una reforma destinada a promover el desarrollo del sector privado, que tanto necesita la economía.
Pese a que será, probablemente, de los sectores que se han visto más afectados por el parón de actividad para afrontar la crisis sanitaria, los cuentapropistas, los pequeños emprendedores privados, los agricultores arrendatarios que, con grandes dificultades habían ido abriendo espacios a la actividad económica privada, han sido olvidados por el gobierno. Sin fuentes externas para remontar sus negocios y con un mercado interno débil y en exceso dependiente del Estado, la actividad privada en Cuba le será muy difícil remontar la crisis.
A ello se unen otros factores, como los bajos niveles de solvencia de estas pequeñas empresas, la ausencia de crédito bancario, el mantenimiento de la presión tributaria (eso sí, aplazada). Todos ellos pueden acabar provocando una notable mortalidad de los proyectos, duramente castigados por la crisis.
La situación es tan delicada, a corto plazo, que los emprendedores privados no han podido planificar la puesta en marcha de los fondos de contingencias para afrontar situaciones de crisis. Pagan al Estado todo tipo de impuestos por la contratación de fuerza de trabajo, seguridad social, utilidades, etc, y la carga impositiva actúa como un obstáculo para el crecimiento o para constituir los depósitos de previsión para situaciones excepcionales.
En vez de salir en su apoyo, el gobierno comunista les ha dado la espalda. Un buen ejemplo de ello son las medidas aprobadas, que se contienen en una Resolución No 194/2018, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios en dicho año, en la que se contempla que la ONAT puede disponer de una interrupción en el pago de los impuestos ante una situación de fuerza mayor como la que se está presentando. Es decir, el gobierno no ha aprobado medidas específicas para la situación actual, pese a su gravedad, sino que ha ido a buscar normativa de 2018, lo que deja muy claro que no existen intenciones de suavizar la carga tributaria sobre el sector emprendedor.
En el paquete de medidas anunciado el 16 de julio de 2020 por los distintos ministerios, y en particular por los departamentos de “Finanzas y Precios” y “Trabajo y Seguridad Social” para la desescalada, se encuentran iniciativas específicas para recuperar la actividad económica del trabajo por cuenta propia y los pequeños negocios privados.
Aunque insuficientes, aquellas actividades de trabajo por cuenta propia cuyo nivel de facturación disminuya, pero continúen prestando servicios, permiten que el empleador garantice a los trabajadores contratados una remuneración en proporción al tiempo real trabajado, que no puede ser inferior al salario mínimo del país.
Destacar el condicionante de esta medida: que “continúen prestando servicios”, lo que se dificulta más cada día con la paralización de servicios asociados, como el transporte público, los grandes centros comerciales y la regulación de numerosos productos en cuanto a las cantidades que está permitido comprar. Dificultades a las que se añaden otras, como atender a los clientes, buscar suministradores e incluso, lograr que los trabajadores puedan llegar al lugar de la actividad.
Otro ejemplo puede ilustrar la gravedad de la situación. Al trabajador contratado, de acuerdo con las medidas adoptadas, los empleadores deben pagar el salario mínimo. El problema surge cuando el emprendedor no obtiene ingresos durante más de un mes, en cuyo caso sería difícil poder retribuir con el salario mínimo. Ante esta situación el empleado privado se encuentra desprotegido, ya que solo podría acceder a la asistencia social. Por el contrario, los trabajadores estatales cobran el 100% el primer mes, y un 60% el segundo y siguientes. Las diferencias son abrumadoras.
Ni siquiera el gobierno ha formulado alguna previsión sobre la eventual recuperación de estos negocios, que constituyen una referencia cotidiana para muchos cubanos, y una necesidad en las condiciones actuales. Más aún, en los últimos meses se han acentuado las campañas de inspección y control, con la aparición de numerosas denuncias de ilegalidades, y la expedición de sanciones y multas, acompañadas de detenciones y represión.
De modo que, ante la falta de atención del Estado a los pequeños emprendedores cubanos, y el incremento de la represión, surge una preocupación por el día después, y lo que puede ocurrir con estos agentes económicos, como consecuencia del intenso deterioro de la actividad.
Los informes elaborados por entidades de la sociedad civil independiente, procedentes de la Isla, coinciden en la percepción de la inquietud y fuerte incertidumbre que provoca el hecho de que el gobierno no haya propuesto más medidas para facilitar la recuperación de los pequeños negocios privados, y desde luego, a pesar de las medidas anunciadas el 16 de julio, se echan en falta instrumentos eficaces de política económica para dar apoyo al sector.[1]
¿Qué hacer?
El gobierno cubano debe elaborar una hoja de ruta para negociar con los emprendedores privados, incorporando a la mesa a todos los agentes que operan en la economía, con el objetivo de alcanzar un gran acuerdo en Cuba, posiblemente el primero, para la recuperación de la economía.
Este acuerdo no debe ser resultado de la decisión unilateral del partido único que dirige la nación, sino que debe integrar a todos aquellos sectores que tienen algo que decir, y que se respeten sus posiciones. El Club de París, a modo de sugerencia, o la Unión Europea, deben condicionar sus ayudas y financiación a una eventual disposición institucional para el Pacto. La razón es obvia: si no se hace un gran acuerdo Cuba entrará en una larga etapa de inestabilidad económica.
El gobierno debe aumentar su sensibilidad hacia los emprendedores privados y los trabajadores por cuenta propia en los sectores económicos afectados. Reconocer su existencia, dotarlos de un marco jurídico estable, y abandonar la dejadez que existe en Cuba hacia estos agentes económicos. Es necesario ayudar, facilitando liquidez para las empresas y eliminación de impuestos, así como ayudas directas en los términos antes descritos. Los abultados recursos del presupuesto del Estado se deben dirigir a todos los agentes económicos, y no solo al aparato estatal presupuestado. Hay que promover un fondo de reconstrucción económica para empresas y emprendedores, aplazamientos en el pago de impuestos e incluso exoneraciones, mientras no se reactive la demanda y las empresas comiencen a facturar. La fiscalidad se debe dirigir a promover el desarrollo del sector del trabajo por cuenta propia, que ya alcanza el 30% de la ocupación.
Y sobre todo, el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para reducir la incertidumbre y corregir la falta de complicidad que se le supone con aquellos que se lanzan a la arena para defender sus proyectos empresariales. Se tiene que ver que es posible construir confianza y acuerdo entre los agentes económicos independientes y el gobierno. Y por concretar en qué dirección deberían ir los objetivos del gobierno, conviene tener en cuenta los siguientes: la inversión pública, la seguridad jurídica, la colaboración público-privada, la innovación y la reindustrialización, el mercado interno. Estas propuestas son esenciales para facilitar la recuperación, la competitividad y garantizar la cohesión social.
[1] Un informe de la consultora Auge, titulado “El emprendimiento privado en Cuba. Un paciente positivo a la Covid-19”, advierte que la pandemia puede considerarse como la amenaza más grande que ha debido enfrentar el emprendimiento privado desde que en 2010 las autoridades cubanas decidieran retomar el trabajo por cuenta propia.
- Elías Amor Bravo.
- Analista cubano y especialista en formación profesional y empresarial.
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
- Máster en Gestión Pública Directiva.
- Director de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo.
- Director general de formación y cualificación profesional.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia.
- Reside en Valencia, España.