Nuestro objetivo es documentar y considerar cómo circunstancias políticas y socioeconómicas en evolución, junto con fallidos y mal concebidos intentos de reforma económica del sistema político-económico cubano no solo han fracasado, sino que han contribuido a dislocaciones demográficas y sociales a menudo ignoradas, siendo la emigración la consecuencia más visible. Estos acontecimientos demográficos adversos pueden considerarse como indicadores de retroceso en logros sanitarios y sociodemográficos logrados previamente. Con la pretensión de gobernar en nombre de los desamparados, estas políticas han generado una creciente polarización política y dislocaciones socioeconómicas, rigiendo los destinos de un país que confronta una pobreza creciente, el colapso de los servicios sociales y a una ciudadanía cada vez más frustrada acerca de sus expectativas futuras.
El empeoramiento de los indicadores demográficos incluye el aumento de las tasas de mortalidad infantil y materna y el descenso de la esperanza de vida, a su vez atados con la ineficacia de las políticas diseñadas para revertir la tendencia a la baja de la fecundidad. Nuestro análisis comienza con un examen de cómo los fallos económicos sistémicos han debilitado la red de seguridad social, incluido el colapso del sistema de sanidad pública; contribuido al empeoramiento de las condiciones de vida de una población empobrecida y cada vez más anciana; y profundizado las diferencias en niveles de vida entre los sectores urbano y rural del país.
El embargo económico de Estados Unidos contra Cuba
Aunque indudablemente ha tenido repercusiones negativas, el peso de la evidencia sugiere que esas consecuencias son más modestas en la actualidad de lo que frecuentemente se alega y que estas estuvieron concentradas en determinados periodos de tiempo (a principios de la década de 1960, durante el denominado Periodo Especial en Tiempos de Paz, crisis económica de principios de la década de 1990). Los funcionarios cubanos alegan que el embargo le ha costado a Cuba la asombrosa cifra de 1,39 billones de dólares desde la década de 1960, pero sin revelar nunca las bases de su cálculo. Estimaciones más sensatas generadas por Naciones Unidas concluyen que los daños rondan los 130.000 millones de dólares, más aquellos asociados con las sanciones impuestas por Estados Unidos a los aliados del país, así como a inversores en Cuba.
Un punto de vista cada vez más generalizado, como el expresado por un funcionario de Amnistía Internacional, es que, a pesar de que el embargo tuvo un mayor impacto negativo en la economía cubana en el pasado, resulta “obsoleto” seguir sosteniendo esa opinión, ya que los continuos magros resultados económicos de Cuba poco tienen que ver con la aplicación del embargo. Como han señalado muchos analistas, el impacto de los embargos unilaterales, por varias razones, se diluyen con el tiempo. Entre ellas se cuentan las medidas adoptadas por otros países para aislar sus economías de las consecuencias perseguidas. Sin duda el embargo inicialmente interfirió en la capacidad de Cuba para importar determinados productos, principalmente equipos de fabricación estadounidense de los que dependía en gran medida la economía prerrevolucionaria, pero durante las décadas de 1960, 1970 y 1980 su impacto se menguó gracias al apoyo económico de la Unión Soviética. No fue así durante la década de 1990, cuando esa ayuda terminó y Washington reforzó las sanciones. Desde entonces, Cuba ha logrado gradualmente diversificar sus relaciones comerciales con unos 80 países, incluyendo ganar acceso a fuentes de asistencia económica y crédito comercial, mitigando así sustancialmente la eficacia del embargo económico. No hay razón, por ejemplo, para que Cuba no pueda importar de China, una nación amiga con la cual esta alineada ideológicamente, todos los bienes que necesita, salvo por su incapacidad de pagar. Además, el embargo incluye muchas exenciones, y no solo relacionadas con la ayuda humanitaria, ya que en los últimos años Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales proveedores de alimentos y medicinas de Cuba.
A pesar de las restricciones del embargo estadounidense, incluida la punitiva legislación Helms- Burton, no ha cesado el grado de participación extranjera en la economía nacional, como lo demuestra la prolongada presencia de empresas canadienses y europeas, incluida la floreciente participación durante las últimas tres décadas de un amplio sector turístico en parte dependiente de la inversión extranjera. Esto refleja la capacidad de los países miembros de la Comunidad Europea de construir una muralla legal para prevenir la aplicación extraterritorial de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba. Además, España, el actor dominante del sector turístico extranjero, actúa como frecuente defensor de Cuba dentro de la Unión Europea, una fuente regular, junto con las Naciones Unidas, de asistencia financiera concesional.
Por otra parte, como país no miembro del sistema financiero mundial de Bretton Woods, Cuba no tiene acceso a la infraestructura financiera y bancaria internacional dominada por Estados Unidos (por ejemplo, el sistema de transferencias SWFIT) ni puede obtener créditos y ayuda de emergencia por medio de las instituciones internacionales oficiales de préstamo: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Cuba renunció voluntariamente su membresía.
No se ha dado mayor inversión extranjera, en general, porque los inversores privados extranjeros consideran que Cuba es un país menos hospitalario para operar, en comparación con países más acogedores con economías orientadas al mercado. El gobierno cubano ha impuesto históricamente limitaciones a la inversión extranjera para preservar su sistema económico no competitivo y dominado por el Estado. El estatus de paria con respecto a la inversión extranjera se acaba de confirmar en una clasificación mundial de 2023 de 179 países en términos de “libertad económica”: Situó a Cuba en el penúltimo lugar – justo por encima de Corea del Norte – siendo los criterios de clasificación el estado de derecho, la eficiencia reguladora, el tamaño del gobierno y la apertura de los mercados. “Una Cuba capitalista bajo sanciones”, señalaba recientemente un analista, “no tendría ni remotamente los problemas que está experimentando. Tendría problemas, pero no en la medida en que los tiene hoy… ya que su raíz son las ineficiencias del sistema.”
El comercio con Estados Unidos está restringido por Washington a través de regulaciones que dictan que las compras cubanas – en gran medida sin obstáculos, aunque sujetas a requisitos de licencia con respecto a alimentos, suministros médicos y la mayoría de los bienes de consumo – deben realizarse únicamente en efectivo, sin permitir transacciones a crédito. De hecho, entre 2001 y 2023 Cuba compró a Estados Unidos unos 7.000 millones de dólares en productos agrícolas. En virtud de la exención 515.591 del embargo, incluso las exportaciones de equipos a Cuba podrían autorizarse en la medida en que dichos equipos se utilicen para facilitar la modernización y reparación de la infraestructura siempre y cuando esto sea para el beneficio del pueblo de Cuba. De vez en cuando, desde la década de 1990, aparte de interrupciones ocasionales (después del 11 de septiembre, durante la administración Trump), han llegado al país remesas de emigrantes por valor de miles de millones de dólares estadounidenses, además de envíos en especie de todo tipo de bienes de consumo. Cientos de miles de visitantes residentes en Estados Unidos, también con interrupciones ocasionales, en su mayoría cubano-americanos, visitan el país anualmente.
El embargo interno: Lo que a menudo queda fuera del debate sobre el embargo estadounidense, aunque siempre se avizora en un segundo plano, y que es objeto de continuo e intenso interés es el llamado “embargo interno un término introducido por el economista Jorge Sanguinetty, una noción cada vez más prevaleciente entre los economistas, tanto dentro como fuera de Cuba. Se refiere al alto coste que supone la continua imposición del modelo económico de inspiración soviética que inhibe el crecimiento económico. Esta obstinación, sumada a la continua negativa de las autoridades a considerar profundas reformas económicas orientadas al mercado, incluso aquellas afines a los modelos chino y vietnamita responsables por un prodigioso crecimiento capaz de sacar a cientos de millones de personas de la penuria, persiste. En conjunto, las consecuencias del embargo interno han sido mucho más graves que las del embargo estadounidense.
Ayuda exterior: Igualmente minimizado entre los que culpan de la grave situación económica de Cuba al embargo estadounidense está el notable grado en que la economía cubana ha sido subvencionada por naciones extranjeras, tanto durante como desde que terminó la Guerra Fría. Como han señalado dos bien informados estudiosos de Cuba, el país “ha sufrido históricamente de la dependencia económica de otros países, algo que continúa 60 años después de la revolución.” Entre 1986 y 1990, por ejemplo, los subsidios soviéticos representaron el 21,2% del Producto Interior Bruto. El nivel de apoyo externo concedido a Cuba sobre una base per cápita supera el proporcionado a cualquier otra nación, con la excepción de países inmersos en conflictos militares (por ejemplo, Iraq, Vietnam, Afganistán). Entre 1960 y 1990, Carleo Mesa-Lago estimó que los subsidios del bloque soviético a Cuba ascendieron a 39.390 millones de dólares, o más de tres mil millones anuales. Esta estimación es considerablemente inferior a otras que han concluido, basándose en el examen de los archivos soviéticos, que solo entre 1961 y 1979 el total se aproximaba a 80.378 millones de dólares en dólares corrientes, una cifra astronómica, o unos 4.000 millones de dólares anuales. A modo de contraste, independientemente de la cantidad real subvencionada, Estados Unidos concedió a todas las naciones latinoamericanas, en el marco de la Alianza para el Progreso, apenas 20.000 millones de dólares (a precios corrientes), es decir, unos 2.000 millones de dólares al año durante dos décadas, en comparación una cantidad insignificante.
Más llamativo aún en términos relativos es lo que entre 1948 y 1952 una Europa devastada recibió de Estados Unidos en el marco del Plan Marshall: 135.000 millones de dólares en dólares de 2018, o 13.200 millones de dólares en dólares corrientes. Esto significa que Cuba -teniendo en cuenta las incertidumbres asociadas a los problemas de apreciación de la moneda nominal a lo largo del tiempo-, un país relativamente desarrollado en 1960 según los estándares de la época, indemne a la guerra, y con apenas unos seis millones de habitantes, recibió en ayuda exterior – únicamente mientras estuvo bajo tutela soviética- subsidios económicos por valor de dos a cuatro veces más que toda América Latina bajo la Alianza para el Progreso, y alrededor de un tercio a dos tercios de lo que Estados Unidos concedió a múltiples países europeos en un continente postrado en la posguerra.
Una notoria nación deudora: Cuba, además, se ha convertido en un notorio país moroso de la deuda internacional, una nación acreedora desacreditada que ya no puede acceder a los préstamos comerciales internacionales, los prestamistas bilaterales siendo cada vez más renuentes a arriesgar su capital. Entre 1960 y 2020, Cuba recibió prestamos (excluyendo los fondos de la Unión Soviética) por casi 60.000 millones de dólares. En 2020, a pesar de la condonación de cerca de la mitad de esas obligaciones, La Habana todavía tenía que pagar unos estimados 29.787 millones de dólares. En total, por tanto, entre 1960 y 2020 Cuba fue beneficiaria, de unos cien mil millones de dólares estadounidenses en subvenciones y préstamos no reembolsados, o apenas un 30% menos de lo que el Plan Marshall proporcionó a Europa Occidental. Si los cálculos de Gilbert se acercan más a la realidad, la cantidad comparable en dólares sería mucho mayor. Desafortunadamente, seis décadas después, Cuba tiene poco que mostrar por tal generosidad internacional, una bonanza financiera compensatoria que podría argumentarse atenuó cualquier daño económico que pudiera haber causado el embargo estadounidense.
Lo que es innegable para nuestros propósitos es que siempre que Cuba tuvo acceso a abundante ayuda exterior, consiguió aplicar con éxito políticas de beneficio social, como en educación y sanidad. Cuando los recursos externos escasearon, los logros sociales retrocedieron al resultar insostenibles en ausencia de un crecimiento económico generado internamente. También hay que tener en cuenta el despilfarro y la mala gestión económica que acompañaron a la consecución de tan meritorios objetivos. Los ejemplos abundan. Uno de ellos, más allá del ámbito demográfico, es el experimento educativo, ahora descartado, de perseguir la educación universal al tiempo que se intentaba inculcar virtudes revolucionarias entre los niños cubanos. Esto se pretendía lograr educando a los niños en “Escuelas en el Campo”, donde se combinaban el estudio y el trabajo agrícola a cambio de enormes costes financieros. Una vez descartado el programa, todo lo que quedó fueron cientos de costosos y extensos campus abandonados, en su momento totalmente equipados no solo con aulas y dormitorios, sino muchos también con elaborados laboratorios e instalaciones deportivas, el equivalente a elefantes blancos, que ya no sirven para mucho. Podrían citarse muchos otros ejemplos.
Riesgos económicos y consecuencias demográficas
Cuba se enfrenta actualmente a una crisis económica casi tan grave como la de principios de la década de 1990, el llamado Periodo Especial en Tiempos de Paz, cuando perdió los subsidios comerciales y económicos de la Unión Soviética y sus aliados socialistas de Europa del Este en el marco del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CMEA). Aunque las consecuencias económicas, sociales y sanitarias del Periodo Especial fueron graves, llegando incluso a un brote de neuropatía óptica al disminuir drásticamente los niveles nutricionales, las consecuencias demográficas, aunque apreciables, no fueron duraderas. En su mayor parte se reflejaron en un impacto temporal sobre la esperanza de vida, particularmente entre 1993 y 1994 y una fuerte contracción de la fecundidad, al margen de la desordenada salida migratoria de 1994.
El Maleconazo, como ya había ocurrido anteriormente durante la apertura del puerto de Camarioca en 1965, a través del cual se permitió la salida del país de unos pocos miles de cubanos -tras la salida en 1959-1962 de los 354.963 descontentos iniciales inmediatamente después del triunfo revolucionario- llevó por primera vez a Washington a negociar con La Habana la salida ordenada de personas alienadas con las radicales políticas siendo implementadas por medio de los Vuelos de la Libertad de 1965-1973. Menos de una década después, una vez que los Vuelos de la Libertad finalizaron, se produjo el éxodo del Mariel, por el cual más de 126.000 cubanos llegaron a Estados Unidos a través del tristemente famoso sealift. En todos los casos, la emigración sirvió como válvula de escape para el descontento interno y como palanca de fuerza para forzar a Washington a negociar con La Habana. La composición socioeconómica y racial de las distintas oleadas migratorias ha evolucionado con el tiempo: mientras que al principio incluía sobre todo a miembros de las antiguas élites económicas y clases medias cubanas, desproporcionadamente representadas por descendientes de inmigrantes españoles, las oleadas de emigración más recientes reflejan cada vez más a la población cubana en su conjunto, incluido su caleidoscopio racial.
Aunque no se dispone de estimaciones acumulativas fidedignas de la asistencia económica venezolana, parece que durante algunos años los montos pueden haber rivalizado o incluso superado la asistencia proporcionada por la Unión Soviética. Se ha concluido, combinando los ingresos devengados por Cuba por las exportaciones de médicos y otros profesionales al país, los subsidios petroleros y el comercio de otros bienes, en contraste con las inversiones venezolanas directas, concluyó que los subsidios implícitos pueden haber alcanzado un máximo de 16.000 millones de dólares en 2012, para luego disminuir a la mitad, a unos 8.000 millones de dólares en 2017. A medida que disminuían los subsidios venezolanos, y a pesar de años en que los ingresos extranjeros generados por la industria turística fueron en aumento, así como las remesas de los emigrantes y la venta de servicios internacionales (médicos, otros) en el extranjero, empezaron a surgir indicios de una contracción económica atribuible al pobre rendimiento de la centralizada economía. Detrás de la recesión estaban dificultades para mantener niveles previos de ventas internacionales de servicios médicos y sociales, el refuerzo de las sanciones económicas de Estados Unidos y, en última instancia, la pandemia de Covid-19. Solo en 2020, justo cuando comenzaba la pandemia, el PIB cayó casi un 11 por ciento, y en una base anualizada el crecimiento disminuyó un 3,3 por ciento entre 2019 y 2021. La invasión rusa de Ucrania no hizo más que aumentar la miseria. A mediados de 2023, la economía apenas se había recuperado hasta su nivel de 2018, creciendo al 1,3 por ciento, cerca de su media del 1 al 2 por ciento de 2009-2018, muy por debajo de su máximo del 12,1 por ciento de 2006.
Las consecuencias han sido catastróficas. La formación bruta de capital se ha resentido, al igual que la producción de la mayoría de bienes y servicios, y el comercio exterior, incluidos los servicios, también ha disminuido sustancialmente. Con prácticamente todos los sectores económicos bajo presión, la demanda por las importaciones ha experimentado un drástico aumento, pero no así los recursos con que pagarlas, en particular los alimentos de los que el país depende en suma medida. Para empeorar las cosas, una serie de reformas económicas mal concebidas y pobremente aplicadas, algunas destinadas a poner fin al uso de múltiples divisas, han desatado un tsunami inflacionario, alcanzando en algunos periodos entre el 270% y el 740%, y que actualmente se aproxima al 50% anual.
Aferrándose a persistentes dictados ideológicos que impiden al régimen implementar reformas económicas consecuentes y alegando que las contempladas eran coherentes con directrices centralizadas y controladas por el Estado, las autoridades adoptaron lo que se ha denominado oficialmente como “continuidad”, lo que implica reformas modestas dentro del marco económico existente. Entre otros cambios estaban la ya mencionada y ansiosamente esperada reforma monetaria para minimizar las distorsiones económicas, y la autorización para establecer pequeñas y medianas empresas y cooperativas no agrícolas, al tiempo que se liberalizaban las normas de autoempleo. A pesar del colapso mundial de la industria turística inducido por la pandemia, y de las tasas de ocupación obstinadamente bajas, se siguen realizando inversiones masivas (nuevos hoteles) en detrimento de los recursos desesperadamente necesarios para confrontar las deficiencias en la sanidad pública.
El proceso de reforma monetaria fue acompañado de considerables ajustes nominales al alza de los salarios y las pensiones, pero no suficientes como para compensar el ritmo inflacionario. En términos de dólares, la mayoría de los salarios fluctúan entre 20 y 40 dólares mensuales, mientras que las pensiones apenas alcanzan los 15 dólares. Estos ingresos medios son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, ni siquiera cuando se adquieren artículos de primera necesidad mediante el sistema de racionamiento. Una minoría de la población con acceso a las remesas de los emigrantes o a divisas fuertes en virtud de empleos en el sector turístico (por ejemplo, ganando propinas) se las arregla mejor. En ambos casos, los cubanos mayoritariamente blancos son los más beneficiados (Kitroeff 2010), a pesar de las persistentes diferencias de color de piel en los ámbitos sanitario, social y residencial, independientemente de intentos durante décadas de presentar a la Cuba revolucionaria como una sociedad racialmente equitativa. Estas diferencias en el acceso a las remesas extranjeras y a los empleos mejor remunerados dan lugar a desigualdades de ingresos cada vez mayores. Según estimaciones no oficiales, el coeficiente de Gini, que en 1988 era del 0,25%, en 2005 había empeorado hasta el 0,45%; actualmente podría acercarse al 0,60%.
Emigración: El resultado demográfico más visible
Cuba es la nación por excelencia que utiliza la emigración para lograr fines políticos y económicos. Orquestados por el gobierno con cierta regularidad, siempre en el contexto de unas relaciones contenciosas con Estados Unidos, estos grandes flujos ocasionales de emigración no regulados han servido al doble propósito de, en primer lugar, disipar las tensiones económicas, políticas y sociales internas y, en segundo lugar, obligar al vecino del norte a entablar un diálogo político, normalmente sobre los objetivos prioritarios de Cuba. El primer incidente de esta índole se produjo, como se ha señalado, en 1965, cuando el presidente Fidel Castro anunció que se permitiría la entrada en el puerto de Camarioca a los barcos tripulados por exiliados radicados en Florida para embarcar y llevar a Estados Unidos a ciudadanos descontentos con el rumbo político del país. Aunque menos de tres mil lograron partir, muchos más de los que se quedaron atrás, eventualmente lograron reunificarse con sus familiares en Florida.
Camarioca condujo a la negociación que culminó en los “Vuelos de la Libertad”, un acuerdo bilateral por el que aproximadamente 333.457 cubanos viajaron a Estados Unidos entre 1966 y 1971 (Schroeder1982). Estos dos incidentes, y sus secuelas, convencieron a La Habana de que podía utilizar la emigración como herramienta para forzar negociaciones en términos favorables con un Estados Unidos reticente, serían invocados una y otra vez cada vez que Cuba enfrentara una crisis interna acuciante. El éxodo de emigrantes del Mariel en 1980 viene a la mente. En este caso, el eliminar la prohibición de las visitas de emigrantes, vigente desde la década de 1960, convulsionó a muchos en una sociedad austera que ya no estaba acostumbrada a las muestras de bienestar económico y a los renovados contactos familiares de los retornados. Tras una irrupción masiva de más de 10.000 solicitantes de asilo en la embajada de Perú en La Habana, las autoridades volvieron a invitar a los emigrados a venir a buscar a sus familiares. Unos 126.407 cubanos salieron del Mariel en pocos meses.
Mientras que Camarioca, los Vuelos de la Libertad y Mariel respondieron principalmente a las tensiones internas producidas por las transformaciones ideológicas, políticas, económicas y sociales que caracterizaron las dos primeras décadas posrevolucionarias, los incidentes migratorios de 1994 y 2022- 23 fueron cualitativamente diferentes – sintomáticos de la incapacidad del sistema político- económico autocrático, verticalista y de orientación socialista de satisfacer las necesidades humanas básicas sin subsidios financieros externos. No es casualidad que el incidente de 1994 se produjera en pleno Periodo Especial, cuando la economía cubana se acercaba a un punto de ruptura tras el fin de las subvenciones soviéticas.
Aunque con algunas diferencias, la mayor salida masiva de Cuba se dio entre 2021 y 2023, todavía en curso al momento de redactar este documento, cuando más de 400.000 se dirigieron a Estados Unidos y otros países del mundo. Esta vez, la génesis del éxodo la propició otra grave crisis económica que culminó en un estallido de disturbios sin precedentes a lo largo de Cuba en julio de 2001, inspirados por la escasez de bienes de consumo, la espiral inflacionista, la pandemia de Covid y el confinamiento social asociado, y el refuerzo de las sanciones estadounidenses. Para complicar las cosas, la profunda contracción se produjo tras un periodo en el que la economía cubana, gracias a los subsidios venezolanos, la creciente llegada de turistas y el aumento de las remesas de emigrantes, había tenido unos años relativamente prósperos tras la desesperación del Periodo Especial. Orquestada de nuevo por La Habana, en coordinación implícita con Nicaragua, su aliado regional, Managua concedió la entrada sin visado a los cubanos, facilitando así su tránsito por tierra hasta la frontera estadounidense a través de Centroamérica y México. Cientos de miles de personas, a menudo con el apoyo financiero de familiares en el extranjero, aceptaron el reto y se unieron a otras caravanas de emigrantes que escapaban de la pobreza o de la intolerancia política, a menudo de ambas.
Entre otros aspirantes a entrar en Estados Unidos había innumerables venezolanos, que huían de una economía colapsada, así como nicaragüenses, expulsados de sus países, al igual que de Cuba, por fallos sistémicos similares. Un Washington desbordado por el acecho desordenado de multitudes de personas desesperadas no tuvo más remedio que volver a negociar con La Habana el procesamiento ordenado de los inmigrantes -los procedimientos formales de inmigración y solicitud de visados de visitante habían sido suspendidos por la Administración Trump durante la pandemia-. Si bien estos mecanismos (por ejemplo, la tramitación de visados de inmigrante y turista en La Habana y no en otros países; el cumplimiento del compromiso de conceder a los cubanos 20.000 visados de inmigrante al año) se reintroducirían gradualmente, Washington también anunció nuevas políticas para que los aspirantes a cruzar la frontera solicitaran y recibieran permisos de entrada temporales (solicitudes presentadas a través de un sitio web y acceso a patrocinadores con sede en Estados Unidos) para regular y controlar mejor los flujos. Esta última norma de inmigración se aplicaba no solo a los cubanos, sino también a los posibles inmigrantes nacionales de Haití, Nicaragua y Venezuela.
Una diferencia importante entre el episodio de migración irregular cubana de 2021-23 y los anteriores es que La Habana tenía un motivo ulterior al haber reconocido los importantes beneficios que el país podría obtener de los emigrantes. Un objetivo implícito era aumentar el número de remitentes de remesas, ya que La Habana sentó explícitamente las bases para permitir la salida de personas. El cambio de política, que pasó de restringir a fomentar la emigración, comenzó en 2013, cuando La Habana reformó los protocolos migratorios que previamente habían restringido rigurosamente los viajes internacionales y penalizado a los emigrantes con la confiscación de sus hogares y otras posesiones al salir del país. Entre otras subsiguientes reformas se anunció en 2023 que se reduciría la tasa de renovación del pasaporte cubano para que correspondiera con lo que cobran otros países y que no se seguiría exigiendo a los cubanos en el extranjero que obtuvieran un costoso permiso de regreso renovable, ambas importantes fuentes de descontento en la comunidad emigrada. Estas reformas se promulgaron con el objetivo de fortalecer los vínculos entre los emigrantes -en particular los emigrantes recientes más motivados económicamente- y sus familiares en el país. Como por arte de magia, un gobierno que durante décadas había interferido con el mantenimiento de los lazos familiares mediante draconianas regulaciones restrictivas dio un giro total y adoptó políticas mucho más complacientes. En este, como en muchos otros ámbitos políticos, se adoptó una corrección del rumbo de 180 grados basada en los beneficios financieros que podría recibir una nación en bancarrota, recién comprometida con la promoción de una identidad cubana transnacional.
Tendencias históricas de la mortalidad y persistencia de las diferencias socioeconómicas
Como cabía prever, las respuestas de la mortalidad a las crisis sistémicas experimentadas en Cuba fueron predecibles y consecuentes con la disponibilidad de recursos externos. Cuando los recursos fueron suficientes para apuntalar la infraestructura sanitaria básica y proporcionar a la población una ingesta nutricional adecuada, se produjeron descensos de la mortalidad. En la década de 1960, las políticas encaminadas a minimizar las diferencias socioeconómicas responsables de las disparidades de clase y regionales en el bienestar, incluido el acceso a la atención sanitaria, fueron decisivas para reducir las diferencias de mortalidad entre las comunidades anteriormente marginadas y las más privilegiadas. Estos logros atrajeron mucha atención y elogios internacionales para el proceso revolucionario, ya que parecían sugerir que con las políticas sociales adecuadas, a saber, una distribución de la renta más justa, era posible cercenar la conexión entre el rendimiento económico y la mortalidad. Y aunque en parte era así, la evolución posterior demostraría que el argumento no era tan sólido, ya que se habían dejado fuera de la ecuación importantes variables explicativas.
En una serie de estudios, fueron estudiados cómo han evolucionado diversos componentes de la mortalidad en Cuba a lo largo del tiempo. Un hallazgo consistente ha sido que los descensos de la mortalidad han respondido favorablemente a la disponibilidad de recursos: cuando escaseaban en un contexto de desarrollo socioeconómico detenido, las tendencias descendentes de la mortalidad sufrían en consecuencia. Los estudios sugieren que incluso cuando los recursos financieros externos eran abundantes (los años soviéticos) no eran suficientes, o no se asignaban con la requerida eficiencia, como para borrar las disparidades raciales y socioeconómicas existentes antes de la revolución, a pesar de las afirmaciones de que habían sido eliminadas.
La discusión que sigue examina el comportamiento secular de tres indicadores demográficos claves: esperanza de vida al nacer (ambos sexos combinados, EVN), tasa de mortalidad infantil (TMI) y tasa de mortalidad materna (TMM) desde 1960 (mostrada quinquenalmente hasta 1990) hasta 2021.
Estos datos de tendencias parecen contradecir nuestra hipótesis de que las subvenciones extranjeras, aparte de otras intervenciones políticas, estaban detrás de los avances sanitarios captados por los indicadores demográficos. Durante el Periodo Especial, salvo un pequeño descenso de la EVN en 1993-1994 y un aumento igualmente menor de la TMM en 1994-95, los indicadores de mortalidad se mantuvieron estables o incluso reanudaron su trayectoria descendente antes de que finalizara la década. Más notable fue la tendencia de la TMI, ya que, a pesar de la crisis, disminuyó un 32% durante la década, pasando de 10,12 a 6,9 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos.
Nunca se ha explorado satisfactoriamente si las tasas oficiales reportadas reflejan fidedignamente o no el comportamiento de los indicadores, pero, a la luz de lo que se conoce sobre los padecimientos económicos en el país durante esa terrible década, se justifica cierto grado de escepticismo. La tendencia oficial de la TMI durante la década de 1990 es particularmente problemática, ya que su comportamiento fue anómalo a la luz de la profundidad de la crisis económica y las carencias asociadas, así como las respuestas de otros indicadores demográficos.
Una explicación plausible del notable descenso de la TMI es que, a partir de mediados de la década de 1980, la práctica de realizar pruebas a las mujeres embarazadas para detectar anomalías genéticas fetales se generalizo, así como aquella de proseguir diagnósticos adversos con abortos, los cuales fueron rigurosamente recomendados desde el punto de vista médico, de tal forma que la práctica se hizo universal en un país en el que el aborto se utiliza liberalmente. Esto por sí solo explicaría en parte la tendencia a la baja. Pero tal vez haya sido aún más determinante la clasificación errónea de las muertes infantiles como falsos mortinatos por parte de los profesionales sanitarios que, sometidos a una intensa presión política, hicieron lo que tenían que hacer para cumplir una directiva gubernamental que asignaba la máxima prioridad a la reducción de la TMI nacional, una prioridad enunciada repetidamente por el propio Fidel Castro. Esta directriz política no oficial ha sido corroborada por testimonios privados de observadores bien informados en el sector de la salud que, a través de entrevistas abiertas y relatos anecdóticos, han confirmado que ese comportamiento era y sigue siendo frecuente.
Sin embargo, más allá de esos relatos, existe evidencia estadística convincente de que, debido a una práctica médica cubana generalizada, probablemente influenciada por la misma consideración política, durante décadas el verdadero nivel de la TMI del país ha sido considerablemente subestimado. Dos investigadores concluyeron, comparando la distribución cubana de muertes fetales tardías y neonatales tempranas con distribuciones similares en compilaciones de datos para 26 países europeos como parte del estudio EURO-PERISTAT, que en 2004 la TMI cubana real -en oposición a la reportada- probablemente oscilaba entre 9,04 y 10,11 muertes infantiles por cada 1.000 nacimientos, en lugar de la reportada de 5,79. El hallazgo sugiere que entre el 36% y el 46% de todas las muertes infantiles del país se notificaron erróneamente como muertes fetales tardías cuando, en realidad, deberían haberse clasificado como muertes neonatales tempranas.
Si los hechos descritos anteriormente no fueran suficientes para poner en duda la autenticidad de la tendencia de la mortalidad infantil oficialmente reportada, existe aún otra desconcertante señal de alarma: se trata de la desconexión entre las tendencias de la TMI y la EVN. Por lo general, estos dos indicadores están inversamente relacionados: a medida que la curva de la TMI disminuye, la curva de la EVN aumenta. Si bien estas consideraciones pueden no ser lo suficientemente concluyentes como para descartar definitivamente el curso de la TMI oficialmente reportada, ellas son complementarias y refuerzan lo que definitivamente sabemos sobre el comportamiento contemporáneo de otros indicadores demográficos. Solo sobre estas bases, nos vemos obligados a poner en duda la supuesta veracidad de los datos oficiales acerca de la TMI, en particular durante la década de 1990.
Recuperación económica y demográfica:
A medida que la economía se recuperaba parcialmente de la devastación de los años 90, la EVN recuperó parte del terreno perdido, una evolución impulsada por las relativas mejoras económicas que hicieron posibles las subvenciones venezolanas y modestas reformas económicas. Sin embargo, solo
lo hizo parcialmente, sin recuperar su ritmo anterior de descenso sostenido. Esto puede haber reflejado un efecto techo, dadas las dificultades asociadas con la realización de nuevos logros en la expectativa de vida debido a la naturaleza más intratable de las enfermedades crónicas y degenerativas. Pero entre 2019 y 2021, incluso antes de la pandemia, la EVN retomo un curso descendente
El Producto Interno Bruto se estabilizó en una tasa de crecimiento negativa del 1,3% entre 2016- 2020, mientras que en el 2020, el PIB cayó un 10,9% adicional, el descenso alcanzando un promedio de -3,3% entre 2019- 2021, justo cuando la pandemia se recrudeció al máximo. Los descensos de la EVN coincidieron con el cierre de múltiples instalaciones sanitarias entre 2007 y 2018 (32,4% de los hospitales nacionales, incluidos todos los hospitales rurales; 8,6% de las policlínicas, más todos los puestos de salud), con un descenso correspondiente del 5% de las camas hospitalarias, y un descenso global del gasto sanitario del 18% entre 2009 y 2018.
Sin duda, el exceso de mortalidad relacionado con el Covid influyó en la tendencia, representando hasta la mitad de las pérdidas en la EVN. Esto se hizo evidente a pesar de las medidas de relaciones públicas orientadas a minimizar el impacto de la pandemia, afirmando que Cuba tenía la enfermedad bajo control, ya que el país tenía una de las tasas de infección más bajas del mundo cuando, de hecho, varias evaluaciones concluían lo contrario. El propósito de la campaña de relaciones públicas tenía un doble propósito económico: contener la baja en la llegada de turistas extranjeros y comercializar vacunas Covid de producción nacional a otros países en vías de desarrollo. La utilidad y fiabilidad de las vacunas aún no han sido validadas por la Organización Mundial de la Salud, por lo que las ventas previstas de vacunas cubanas contra el Covid distaron mucho de generar el dividendo económico esperado.
Una apreciación más certera de la tendencia subyacente de la mortalidad se abrió con la disponibilidad de datos de mortalidad para 2008 a 2018 por sexo y color de piel, ya que permite la estimación de la EVN, la TMI y la TMM para períodos trienales consecutivos. Las ganancias de EVN para la población cubana en su conjunto (todas las categorías raciales combinadas) persistieron hasta el trienio 2012-14, pero luego cesaron. Las estadísticas agregadas ocultan una importante diferencia por color de la piel ya que, en promedio, los cubanos blancos, independientemente del género, durante el intervalo continuaron disfrutando de una ventaja en la EVN de seis a siete años sobre los cubanos negros. Curiosamente, los mayores valores estimados de TMI se dieron entre los cubanos mestizos, incluso mayores que entre los blancos, un probable reflejo de las diferencias de adscripción racial entre los autoinformes a los encuestadores del censo y la asignación de raza/color de piel por parte del personal de salud pública a cargo de preparar los certificados de defunción. Sin embargo, la tendencia de la TMI con respecto a la raza mixta no muestra un patrón comparable, ya que ocupa un punto intermedio entre las tendencias de los blancos y los negros. Casi invariablemente, excepto en el caso de los negros, la TMI femenina es inferior a la masculina.
Se puede obtener una perspectiva aún más reveladora de la división racial/color de la piel en materia de mortalidad examinando las tendencias de la mortalidad materna en general y la mortalidad materna en la adolescencia (medidas mediante estimaciones de probabilidades de morir) a partir de los efectos combinados de complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio (muertes ocurridas en los 42 días posteriores al parto) entre 2002 y 2018. Según estas probabilidades, los riesgos de mortalidad materna para las mujeres blancas de todas las edades fueron de 5 a 6 veces menores que para las mujeres negras. Mientras que las probabilidades de las mujeres blancas se mantuvieron relativamente estables a lo largo del tiempo, aumentaron para las mujeres negras a principios de la década de 2010, lo que dio lugar a que la disparidad entre blancos y negros se ampliara con el tiempo. Al contrario de lo que ocurrió con la EVN y la TMI por raza/color de la piel, no se observaron diferencias apreciables en los riesgos de mortalidad materna entre las mujeres blancas y las mestizas.
Ocurren diferencias similares de raza/color de la piel en las probabilidades de muerte de las adolescentes relacionadas con complicaciones del embarazo, parto y puerperio, excepto en el caso de las adolescentes blancas, que estaban menos expuestas al riesgo de morir que sus homólogas negras. Resulta clara la tendencia ascendente de la probabilidad de morir para las adolescentes negras, aunque las probabilidades para las adolescentes mestizas fueron sistemáticamente muy inferiores a las de las blancas. El comportamiento diferencial de raza/color de piel en los diversos indicadores de mortalidad demuestra, a pesar de las frecuentes afirmaciones en sentido contrario, que las disparidades socioeconómicas de raza/color de piel de larga data no han sido erradicadas y que, en realidad, pueden estar empeorando a medida que el sistema socioeconómico continúa sumido en crisis recurrentes, cada vez de más difícil resolución.
Resumen e implicaciones
La visión longitudinal de más de 60 años de la implementación en Cuba de un sistema político y socioeconómico de orientación socialista y reacio al mercado lleva a la conclusión de que, siempre que contó con abundantes recursos financieros externos, obtuvo resultados relativamente positivos en aquellas dimensiones de la política social susceptibles de ser medidas mediante indicadores demográficos. Mientras contó con financiación adecuada, a pesar de las consecuencias negativas de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la esperanza de vida aumentó, al tiempo que disminuía la tasa de mortalidad infantil. A pesar de la generosidad financiera de la Unión Soviética y de las intenciones positivas de la política social, el peso de la historia no pudo borrarse, ya que diferencias en la calidad de vida raciales y residenciales no han sido erradicadas. En repetidas ocasiones la emigración ha servido como instrumento político mediante el cual las autoridades, siempre que han enfrentado retos políticos sistémicos, ha conseguido contener el descontento interno exportando a los desafectos, mientras obligaba a Washington a entablar un diálogo político. Cada vez hay más evidencias de que el sistema se acerca a una fase peligrosa en la que, en ausencia de un mecenas extranjero, las crecientes dificultades socioeconómicas y demográficas exigen urgentemente reformas radicales de la política económica, política y social si Cuba quiere ofrecer a sus ciudadanos un futuro menos conflictivo y más próspero.
[1] Traducido y sumarizado del trabajo original, Systemic Failure and Demographic Outcomes: Cuba’s Perfect Storm, publicado por el Cuban Research Institute, de Florida International University (Miami) en enero del 2024.
- Sergio Díaz-Briquets (La Habana, 1943).
Graduado de las universidades de Miami, Georgetown, y Pennsylvania, donde recibió un Doctorado en Demografía.
Director de Investigación de la Comisión bipartidista del Congreso de los Estados Unidos para el Estudio de las Migraciones Internacionales y el Desarrollo Económico Cooperativo.
Oficial de Programas del Centro para la Investigación del Desarrollo Internacional (IDRC) del Canadá. Sus actividades profesionales lo han llevado a más de cincuenta países en desarrollo.
Ha servido con agencias de las Naciones Unidas e instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial. Autor de artículos académicos e informes de consultoría. Sus libros tratan sobre la migración internacional y el desarrollo socioeconómico y sobre Cuba, temas demográficos y ambientales. Actualmente es consultor independiente. Reside en Davie, Florida.
- Juan Carlos Albizu-Campos Espiñeira (La Habana, 1963).
Licenciado en Economía de la Industria, Universidad de La Habana, 1986. Especialista en Demografía, Centro Latinoamericano de Demografía, Costa Rica, 1989.
Doctor en Ciencias Económicas, Universidad de La Habana, 2001, y Doctor en Demografía, Universidad de Paris X-Nanterre, 2002.
Profesor Titular de la Universidad de La Habana.
Asesor y miembro de la Junta Directiva del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, desde 2023. Ha obtenido varios Premios Nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba, la Universidad de La Habana y el Premio Nacional Anual de Economía “Raúl León Torras” Otorgado por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (coautor).