El proyecto de Constitución que recientemente ha sido publicado para ser consultado, debatido y criticado por los ciudadanos cubanos, incluye en los fundamentos económicos el papel fundamental de la empresa estatal socialista como sujeto central de la economía y agente principal para la generación de riqueza en el país. Se trata de un argumento que en muchas ocasiones ha sido defendido por el gobierno cubano en los últimos años, dejando claro que las empresas privadas o cooperativas, sean pequeñas, medianas o grandes, no son más que un complemento a veces no deseado, y que el progreso de la economía cubana se logrará -supuestamente- con la empresa estatal socialista como eje y motor fundamental de la economía.
Al escuchar este tipo de argumentos, y luego contrastarlo con la realidad cubana de los últimos años, no dejo de sorprenderme. Si bien no estoy en contra de la gestión estatal de la propiedad, y además reconozco que puede ser beneficioso en determinados sectores estratégicos; discrepo totalmente con la idea de que debe ser el elemento que mueva y dinamice la economía, pues las dinámicas propias de este tipo de gestión con frecuencia frenan el progreso y la generación de riquezas, sin los cuales la economía no avanza.
De cara al futuro, considero oportuno una verdadera apertura a la micro, pequeña, y mediana empresa privada como agente central de la economía para la generación de riquezas y la consecución de objetivos sociales acordes con el Desarrollo Humano Integral (DHI); y en cuanto a la gestión estatal de la propiedad, un verdadero proceso de descentralización, que garantice -en primer lugar- autonomía, eficiencia y eficacia, principales enemigos de la gestión estatal en Cuba. Enemigos que en diversas ocasiones han sido reconocidos como problemas graves de la economía incluso por el gobierno, hablándose de ellos como elementos a reformar en diferentes ocasiones, sin embargo, muy pocos y superficiales han sido los cambios en ese sentido.
Específicamente, una mayor descentralización y autonomía de la empresa estatal facilitaría los flujos de información y las transacciones, garantizando mediante métodos horizontales y democratizadores de la gestión, crear y responder a los incentivos de los diferentes agentes económicos. Del mismo modo una mayor descentralización, influye directa y proporcionalmente en los niveles de innovación, factor determinante para el desarrollo económico.
Por otro lado, incluso cuando la propiedad es estatal, las empresas requieren de poder institucional para la toma de decisiones, de lo contrario funcionarían en contra de su propia naturaleza y sin llegar a su potencial, como en muchas ocasiones sucede con las empresas estatales cubanas ante el predominio de la planificación centralizada.
Después de sesenta años de ineficiencia, de probada incapacidad para progresar y avanzar hacia el desarrollo económico, constituye un error histórico -no solo económico- seguir aferrados a un modelo de gestión fracasado e incapaz de revertir la situación de la economía si antes no se somete a reformas profundas y más orientadas al mercado.Si se mira bien la balanza y se sacan conclusionesracionalessobre la situación de nuestra economía en las últimas décadas, creo que muy pocos cubanos estarían de acuerdo con que se consagre en nuestra constitución (como propone el proyecto en discusión), que la fracasada empresa estatal socialista -tal y como la conocemos- debe ser el agente fundamental, dinamizador ygenerador de riquezas de la economía, de modo que mi propuesta es: otorgarle menos protagonismo, y mayores niveles de descentralización.
Jorge Ignacio Guillén Martínez (Candelaria, 1993).
Laico católico.
Licenciado en Economía.