En la víspera de Navidad de 1936, los cubanos se despertaron con los titulares de los periódicos y los anuncios de radio como nunca antes habían visto. El presidente Miguel Mariano Gómez Arias había sido destituido de su cargo por el Congreso. Sin embargo, esta remoción no se debió a un golpe de Estado tradicional, un fenómeno común en América Latina desde el siglo XIX. La Cámara de Representantes había presentado artículos de juicio político contra el presidente y el Senado votó a favor de destituirlo de su cargo. Lo que muchos en ese momento no vieron fue el papel que los militares, a través de su liderazgo, jugaron en la destitución del presidente.
Lo que los cubanos presenciaron fue un golpe híbrido diferente a cualquiera que hubiera tenido lugar en América Latina desde el cambio de siglo, tal vez incluso desde el siglo XIX, cuando la mayoría de los países obtuvieron la independencia. A principios del siglo XX, los golpes de Estado en América Latina tomaron la forma de golpes militares tradicionales contra líderes elegidos democrática o no democráticamente. Los juicios políticos presidenciales también eran una forma de destituir a los presidentes de sus cargos, aunque este método era mucho más raro que los golpes de Estado. Desde 1900, solo dos líderes latinoamericanos fueron destituidos de sus cargos por la legislatura de su país: Manuel Estrada Cabrera de Guatemala en 1920 y Juan de Dios Martínez Mera de Ecuador en 1933. Al igual que en el caso cubano, estos presidentes fueron destituidos de sus cargos por la legislatura. Sin embargo, a diferencia del caso cubano, los militares no estuvieron involucrados en su expulsión.
En ese momento, Cuba se encontraba en un período de transición hacia un gobierno democrático. El golpe híbrido puede ser visto como un evento importante, aunque subestimado, en la historia de Cuba que tendría profundos efectos en las décadas venideras. Varias características clave ocupan un lugar destacado en este estudio de caso único y sirven para proporcionar un marco conceptual al concepto de golpes híbridos. Junto con los elementos que definen un golpe híbrido, es importante entender el papel que jugó la debilidad institucional para permitir que se produjera en Cuba en 1936.
Historial
Desde que obtuvo la independencia en 1902, Cuba era lo que Matthew Shugart y Scott Mainwaring denominan una democracia presidencial, donde “el jefe ejecutivo (presidente) es elegido popularmente, y… Los mandatos del Presidente y de la Asamblea son fijos”[1]. A menudo conocida como una “república de médicos y generales”, Cuba fue testigo de la elección de dos abogados y tres ex generales de la Guerra de Independencia entre 1902 y 1928. Durante el período, se llevaron a cabo elecciones disputadas con la participación de dos partidos principales liderados por dos caudillos de la Guerra de Independencia convertidos en líderes políticos civiles. El Partido Conservador estaba liderado por el general de División Mario G. Menocal y Deop, mientras que el Partido Liberal estaba encabezado por el general de División José Miguel Gómez y Gómez.
La lucha entre conservadores y liberales se libró en las urnas y en el campo de batalla. Tras el exitoso intento de Menocal de reelección consecutiva (que fue prohibida por la Constitución de Cuba), Gómez organizó un fallido levantamiento liberal en su contra. Menocal fue sucedido por el candidato del Partido Liberal, Dr. Alfredo Zayas y Alfonso, quien a su vez fue sucedido por otro liberal, el general de brigada Gerardo Machado y Morales.
En esas últimas elecciones, el general Machado fue elegido por un período de cuatro años, según lo estipulado en la Constitución de 1901. A pesar de un ambicioso y exitoso proyecto de obras públicas, la búsqueda de un segundo mandato de Machado en 1928 a través de una Prórroga de Poderes enfrentó una gran oposición, particularmente de estudiantes, profesionales y oficiales militares no jerárquicos. Durante los siguientes cinco años, la violencia se intensificó en ambos bandos hasta que, tras la intervención diplomática de Estados Unidos, Machado abandonó el país en 1933.
Durante los siguientes dos años y medio, Cuba fue gobernada por ocho presidentes, la mayoría de los cuales alcanzaron el cargo a través de la sucesión constitucional, y algunos de los cuales lograron el cargo a través de un golpe cívico-militar. Cada gobierno enfrentó huelgas y otras presiones de diferentes sectores sociales. Este período también supervisó la separación de los militares del control de facto por parte del poder ejecutivo bajo el Presidente y el Secretario de Guerra y Marina. El Jefe del Ejército era Fulgencio Batista Zaldívar, un coronel que rápidamente saltó a la fama en las semanas posteriores al colapso del gobierno de Machado.
Viendo la situación cubana a través de la lente de Juan J. Linz y Alfred Stepan, Cuba se encontraba en las primeras etapas de una transición democrática[2]. Como resultado, 1936 fue un año crucial en la historia política cubana. El 10 de enero, los cubanos acudieron a las urnas por primera vez desde finales de la década de 1920. Fueron candidatos a la presidencia el ex presidente Menocal de la Asociación Democrática Nacional (CND) y Miguel Mariano Gómez Arias, ex alcalde de La Habana e hijo del ex presidente Gómez, de la Coalición Tripartita (CT), integrada por los partidos Liberal (LP), Unión Nacionalista (PUN) y Acción Republicana (AR). La coalición posterior había sido apoyada por el coronel Batista y el embajador estadounidense Jefferson Caffery. Las elecciones de 1936 también marcaron la primera vez que se implementó el sufragio universal, dando a las mujeres la oportunidad de votar y postularse para cargos públicos. Otros partidos políticos, como el Partido Revolucionario Cubano (Auténtico), no participaron en las elecciones porque sus líderes estaban en el exilio o boicotearon las elecciones.
El día de las elecciones, Gómez obtuvo 343.289 votos frente a los 256.606 de Menocal[3]. La coalición de Gómez también obtuvo la mayoría en el Senado (24-12 escaños) y en la Cámara de Representantes (90-72)[4]. Las elecciones de 1936 fueron consideradas el primer paso para devolver a Cuba a la senda de la gobernabilidad democrática y reanudar un nuevo tipo de relaciones bilaterales con Estados Unidos tras la derogación de la Enmienda Platt dos años antes. El embajador cubano Guillermo Patterson y de Jáuregui se hizo eco de estos sentimientos cuando se refirió a los acontecimientos de 1936 como un “panorama alentador para Cuba”[5].
Pronto, las tensiones entre el presidente y el coronel Batista comenzaron a aumentar. Es importante señalar que, de jure, como se recoge en el Artículo VII, Sección 17 de la Constitución, el coronel Batista, como Jefe del Ejército, estaba subordinado al Presidente y al Secretario de Guerra y Marina. El Presidente se desempeñó como “Jefe Supremo de las fuerzas marítimas y terrestres de la República”[6]. Sin embargo, de facto, los militares actuaron como una cuarta rama del gobierno sin los controles y equilibrios que limitaban el poder de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Más tarde ese año, el Congreso redactó y debatió un proyecto de ley que impondría un impuesto de nueve centavos por cada saco de azúcar producido en Cuba. Los ingresos recaudados del impuesto ayudarían a financiar las Escuelas Cívico-Rurales, lo que permitiría a los militares desempeñar un papel en la educación y controlar parte de su financiación[7]. Gómez le confió al diputado liberal Francisco Lorié Bertot que vetaría el proyecto de ley si llegaba a su escritorio, comentario que el representante hizo público poco después[8]. Constitucionalmente, la capacidad de vetar legislación era una prerrogativa presidencial. Arend Lijphart explica que, como atributo no esencial pero frecuente del presidencialismo, “el presidente tiene poder de veto sobre la legislación, y el veto presidencial solo puede ser anulado por mayorías legislativas extraordinarias”[9]. En ese momento, se requería un voto de dos tercios en la Cámara de Representantes para acusar al presidente, mientras que el Senado necesitaba una mayoría simple para destituirlo de su cargo[10].
El proyecto fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y el presidente Gómez lo vetó el 21 de diciembre. Sus horas como presidente estaban contadas, ya que el proceso de su juicio político y destitución del cargo avanzaba a una velocidad sin precedentes. Se presentaron artículos de juicio político en la Cámara de Representantes en los que se acusaba al presidente de “haber interferido en las funciones libres del Congreso”. La Cámara de Representantes votó a favor de destituir al presidente el 22 de diciembre a las 2 de la madrugada, y el Senado votó a favor de destituirlo de su cargo el 24 de diciembre, poco después de la 1 de la madrugada[11]. Gómez fue sucedido por su vicepresidente, Federico Laredo Brú, quien promulgó el polémico proyecto de ley tributaria el 31 de diciembre.
Metodología
Utilizando el golpe híbrido de 1936 en Cuba como un único estudio de caso, el golpe en sí mismo y las razones de su ocurrencia requieren dos enfoques metodológicos. En primer lugar, es importante desarrollar el marco conceptual de un golpe híbrido. En segundo lugar, un estudio cuantitativo de la relación entre legisladores, partidos y experiencia legislativa ayuda a explicar por qué tuvo lugar un golpe de Estado híbrido en Cuba en 1936[12].
Golpe híbrido: un nuevo concepto
El marco conceptual desarrollado en este trabajo se basa en la literatura existente sobre golpes de Estado y juicio político presidencial. Entre los primeros, Samuel P. Huntington define un golpe de Estado como “el esfuerzo de una coalición política ilegalmente para reemplazar a los líderes gubernamentales existentes mediante la violencia o la amenaza de violencia; la violencia empleada suele ser pequeña; el número de personas involucradas es pequeño; Los participantes ya poseen bases institucionales de poder dentro del sistema político”[13]. Es interesante notar que Huntington no menciona a los militares por su nombre, pero deja su definición abierta a su inclusión.
Egil Fossum define un golpe de Estado como “cualquier deposición exitosa de un jefe de Estado, civil o militar, por parte de las fuerzas militares, o partes de ellas, con o sin participación civil”[14]. A diferencia de Huntington, Fossum limita su definición de golpe de Estado a las acciones llevadas a cabo principalmente por los militares, añadiendo que la “participación civil” puede ser un componente, pero no es indispensable. También es importante tener en cuenta que la definición de Fossum se aplica a los golpes de estado “exitosos”, mientras que Huntington enfatiza el “esfuerzo” para derrocar a un líder.
La literatura sobre el juicio político presidencial también proporciona definiciones útiles que proporcionan una base para una definición conceptual de los golpes híbridos. Aníbal Pérez-Liñán describe “la destitución presidencial [como]… el instrumento más poderoso para desplazar a presidentes ‘indeseables’ sin destruir el orden constitucional”[15]. Jody C. Baumgartner establece el punto de partida de un juicio político presidencial en “las acusaciones de irregularidades contra el presidente o aquellos asociados con el presidente que emanan de la legislatura, un fiscal especial o un comité de investigación, figuras públicas prominentes o informes de noticias”[16]. También identifica dos condiciones para el juicio político presidencial: 1) “debe haber una buena razón para creer que el presidente está personalmente involucrado en la mala conducta” y 2) “la mala conducta debe constituir lo que comúnmente se considera una violación grave de la conducta”[17].
El modelo conceptual de los golpes híbridos combina las definiciones conceptuales de los golpes de Estado de Huntington y Fossum con las definiciones de Pérez-Liñán y Baumgartner sobre el juicio político presidencial. Sin embargo, se convierte en un nuevo modelo cuando se añaden varios otros elementos. Estos elementos se centran principalmente en las interacciones cívico-militares, principalmente entre las fuerzas armadas y los poderes ejecutivo y legislativo.
Los golpes de Estado híbridos se llevan a cabo mediante el uso de medios constitucionales de jure. A primera vista, un golpe de Estado híbrido puede parecer lo mismo que un juicio político presidencial. Sin embargo, detrás de debates y divisiones que parecen ser políticas está la influencia de los militares en partidos, coaliciones o legisladores individuales. Esta influencia por parte de los militares puede ir desde la presión política y la coerción hasta las amenazas verbales o físicas contra los partidos o los legisladores.
A diferencia de un golpe de Estado tradicional, en el que un presidente o ejecutivo renuncia o abandona el país, los líderes de un golpe híbrido son acusados y destituidos de sus cargos por medio de un instrumento legalmente vinculante. Esta medida otorga a los militares la legitimidad necesaria para mantener su estructura de poder, al tiempo que presenta una imagen de estabilidad democrática y eficacia y eficiencia constitucional para el consumo interno y externo. En el caso de Cuba, los militares se veían a sí mismos como lo que Linz llamaba el “poder moderador”. Linz explica que, porque la destitución de un presidente “implica una crisis constitucional,… Los militares asumen con frecuencia la función de “moderación,… a menudo alentados por una oposición frustrada y se sienten “legitimados” por las disposiciones constitucionales que los convierten en los defensores de la Constitución”.[18]
El modelo híbrido golpista también presenta una mezcla de los “modelos de democracia mayoritaria y consensuada” presentados por Arend Lijphart y el concepto de “democracia delegativa” de Guillermo O’Donnell. Si bien Cuba tenía un modelo mayoritario de democracia inspirado y similar al de los Estados Unidos desde su independencia en 1902, con el tiempo se convirtió en un modelo consensuado. Al principio de la historia de Cuba, los partidos Liberal y Conservador compitieron por el poder, lo que contribuyó al desarrollo del modelo mayoritario de democracia. Sin embargo, la convulsión política de principios de la década de 1930 dio lugar a un modelo consensuado de democracia con la creación de nuevos partidos políticos y la necesidad de construir coaliciones para gobernar. Este modelo reflejaba el concepto de democracia consolidada de Lijphart al exhibir “el reparto del poder ejecutivo en amplios gabinetes de coalición, [un] equilibrio de poder ejecutivo-legislativo, [un] sistema multipartidista, representación proporcional y corporativismo de grupos de interés”[19].
En un golpe híbrido, el modelo consensuado de Lijphart se vincula con el concepto de “democracia delegativa” de Guillermo O’Donnell. O’Donnell explica que “las democracias delegativas se basan en la premisa de que quienquiera que gane la elección a la presidencia tiene derecho a gobernar como mejor le parezca, limitado solo por los hechos duros de las relaciones de poder existentes y por un mandato constitucionalmente limitado”[20]. Tanto el coronel Batista como el Presidente Gómez consideraron que tenían un mandato después de las elecciones. Gómez tenía mayoría en ambas cámaras del Congreso y se esperaba que gobernara en consecuencia. Al mismo tiempo, el coronel Batista era consciente de que su candidato había ganado de manera contundente, lo que contribuía a la percepción de un mandato, aunque indirecto, sobre sus acciones. Sin embargo, aunque parecía haber un mandato basado en el modelo consensual de Lijphart, resultó ser débil.
Enfoque cuantitativo
Estableciendo el Congreso de Cuba en 1936 como unidad de análisis, se desarrollaron dos conjuntos de datos para este estudio con el fin de medir la fortaleza o debilidad institucional. El conjunto de datos del Senado de 1936 contiene 36 observaciones, que reflejan el número de senadores en funciones en el momento de la destitución del presidente Gómez. Para cada senador, se definieron las siguientes variables: Nombre, género, experiencia legislativa previa, identificación con el partido/coalición, voto sobre el juicio político y apoyo entre coaliciones[21]. El otro conjunto de datos, titulado Cámara de Representantes de 1936, contiene 162 observaciones, que representan el número de representantes en el cargo en el momento del juicio político. Dado que ambos grupos políticos en el Congreso representaban un solo partido político (CND) y una coalición (CT), esta última se dividió en los tres partidos que la componían para comparar a los partidos políticos como instituciones de manera más efectiva[22].
Los senadores se dividieron por afiliación partidista y por la forma en que votaron (a favor o en contra) o si estuvieron ausentes para la votación de juicio político[23]. Los resultados reflejan que la mayoría de los senadores (21) votaron a favor del juicio político, mientras que una minoría (12) votó en contra, y dos senadores de la coalición CT estuvieron ausentes y no votaron. La CND dividió su voto 7-5 a favor de la destitución. Dentro de la coalición CT, los votos también se dividieron, aunque en niveles más bajos. El PUN y el Partido Liberal votaron 7-2 a favor del juicio político, rompiendo con Gómez. Como la AR era el partido de Gómez, sus senadores fueron los únicos que votaron 3-1 en contra de la destitución.
En la Cámara de Representantes, los representantes se dividieron por afiliación partidista y por la forma en que votaron (a favor o en contra)[24]. Los resultados reflejan que una mayoría de representantes (112) votó a favor del juicio político, mientras que una minoría (49) votó en contra. La CND dividió su voto 67-4 a favor del juicio político. Dentro de la coalición CT, los votos también se dividieron. El PUN y el Partido Liberal votaron 22-8 y 18-16 respectivamente a favor de la destitución, rompiendo con Gómez. Los senadores de AR fueron los únicos que votaron 20-5 en contra del juicio político.
Una medida de la fortaleza o debilidad institucional tanto del Poder Legislativo como de los partidos políticos es el nivel de experiencia legislativa previa de los miembros de ambas cámaras del Congreso. Solo 13 de los 36 senadores (o el 36,11%) tenían experiencia legislativa previa, de los cuales solo dos tenían experiencia previa en el Senado[25]. De los 13 senadores con experiencia legislativa previa, los pertenecientes a la CND, al PUN y al Partido Liberal se repartieron el voto de la siguiente manera: CND (3-3), PUN (1-1), LP (2-2). El único senador con experiencia en la AR estuvo ausente en la votación. Si bien la votación entre los senadores con experiencia legislativa está empatada, la votación de la CND en la Cámara de Representantes demuestra la mayor división dentro de un mismo partido, un hallazgo importante considerando que la CND se oponía a Gómez.
En la Cámara, solo 8 de los 162 representantes (o el 4,94%) tenían experiencia legislativa previa[26]. Los representantes experimentados pertenecían a la CND (5) y a los partidos liberales (3). De los 8 representantes con experiencia legislativa previa, los pertenecientes a la CND reflejaron la mayor diferencia, con 4-1 a favor de la destitución. La votación del Partido Liberal reflejó un margen más estrecho de 2-1 a favor del juicio político. Si bien la votación entre los senadores con experiencia legislativa está empatada, la votación de la CND en la Cámara de Representantes demuestra la mayor división dentro de un solo partido.
Debilidad institucional
El modelo híbrido de golpe de Estado y los datos recopilados reflejan que la debilidad de las instituciones estatales y los partidos políticos proporciona una idea de por qué las condiciones estaban maduras para que tal golpe tuviera lugar en Cuba en 1936. Esta debilidad era evidente dentro de las propias instituciones y dentro de sus relaciones mutuas.
Stephan Haggard y Mathew D. McCubbins explican que “las instituciones democráticas difieren sustancialmente con respecto a la separación de propósito y poder, mientras que muchos arreglos institucionales diferentes se encuentran entre los extremos de la tiranía y la anarquía”[27]. De jure, el sistema político cubano emulaba al de Estados Unidos. Sus tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) funcionaban de manera independiente entre sí bajo un sistema de pesos y contrapesos y separación de poderes. Según la Constitución, el presidente se desempeñaba como jefe de las fuerzas armadas, que estaban bajo el ámbito de la Secretaría de Guerra, a su vez encabezada por un Secretario de Guerra civil que se desempeñaba como miembro del gabinete del presidente.
Para 1936, el sistema político había cambiado, y el ejército se convirtió en un cuarto poder de facto del gobierno. Si bien los militares permanecieron subordinados constitucionalmente al poder ejecutivo, comenzaron a ejercer influencia (principalmente a través del coronel Batista) sobre los otros poderes del gobierno. Durante este período, Cuba carecía de lo que Huntington denominó “control civil objetivo”, que requiere:
1) un alto nivel de profesionalismo militar y el reconocimiento por parte de los oficiales militares de los límites de su competencia profesional; 2) la subordinación efectiva de las fuerzas armadas a los líderes políticos civiles que toman las decisiones básicas sobre política exterior y militar; 3) el reconocimiento y aceptación por parte de esa dirigencia de un área de competencia profesional y autonomía para las fuerzas armadas; y 4) como resultado, la minimización de la intervención militar en la política y de la intervención política en el ejército[28].
La legislatura también fue influenciada por los militares, lo que en parte ayudó a explicar por qué el presidente Gómez fue acusado y destituido de su cargo a pesar de tener una mayoría en el Congreso. La influencia del coronel Batista en la legislatura se refleja quizás mejor en su maniobra para obtener una enmienda constitucional que agregó 12 escaños en el Senado después de las elecciones, que fueron otorgados ex post facto a la CND. Si bien la adición de escaños de la CND proporcionó a la oposición una voz en la cámara alta, la obtuvieron a través de medios no democráticos que debilitaron aún más las instituciones.
Es importante también señalar que ni el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Márquez-Sterling, ni el representante Ramón Zaydín y Márquez Sterling, importantes aliados del presidente Gómez en el Congreso, estuvieron presentes durante la votación del juicio político. Ambos se encontraban en Buenos Aires, Argentina, representando a Cuba en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz. El hecho de que la Cámara de Representantes no tuviera su líder durante una crisis constitucional tan importante demuestra el sigilo con el que se llevó a cabo la votación, reflejando la debilidad institucional expresada por un Congreso que no estaba dispuesto a esperar a que su presidente y otro de sus miembros regresaran de su conferencia para votar sobre el juicio político del presidente.
Los partidos políticos también demostraron una importante debilidad institucional. Uno de los mejores indicadores de la debilidad de este partido en la legislatura es el alto nivel de senadores y representantes inexpertos que fueron elegidos para la legislatura en 1936. Estos legisladores inexpertos no habían servido previamente en ninguna de las dos cámaras legislativas. Como resultado, solo llevaban unos meses en el cargo cuando se sometió a votación la destitución y destitución del presidente Gómez, por lo que no estaban preparados para enfrentar una crisis constitucional y legislativa tan importante.
Otro fuerte indicador de la debilidad de los partidos fue la falta de relación entre la identificación partidista y la forma en que votaban los legisladores. La coalición CT fragmentó rápidamente sus votos, con 45 representantes que votaron a favor del juicio político y siete senadores que votaron a favor de la destitución del cargo. La CND estaba más institucionalizada porque había existido durante más tiempo (aunque bajo la bandera del Partido Conservador). Sin embargo, la CND también demostró debilidad institucional porque se aglutinó en torno a la imagen del expresidente Menocal. De hecho, la desaparición de la CND se produjo unos años más tarde con el fallecimiento de Menocal en 1941. El propio Menocal se había opuesto a la destitución del presidente Gómez, pero su posición como líder del partido CND no fue suficiente para impedir que la mayoría de sus miembros votaran a favor de la destitución del cargo[29].
Conclusiones
Los acontecimientos de 1936 en Cuba, que truncaron una presidencia prometedora y obstaculizaron una transición democrática, se caracterizan mejor como un golpe híbrido. El golpe híbrido toma prestadas y combina las definiciones conceptuales tradicionales de golpe de Estado y juicio político presidencial, al tiempo que agrega el uso de la coerción, las amenazas y otros medios por parte de los militares para influir en los votos legislativos a su favor. Los golpes de Estado híbridos también se caracterizan por la destitución del presidente por parte del poder legislativo, en contraposición a la renuncia o el abandono del poder por vía del exilio. Este tipo de golpes de Estado se llevan a cabo como un intento de dar legitimidad a un sistema débil donde los militares actúan como un cuarto poder de facto del gobierno.
La debilidad de las instituciones puede ser vista como la razón clave de un golpe de Estado híbrido que tuvo lugar en Cuba en 1936. Los legisladores carecieron de lealtad y unidad partidaria, lo que resultó en la destitución del presidente Gómez y su destitución, a pesar de la abrumadora mayoría de su coalición en ambas cámaras del Congreso. Solo los legisladores de la AR votaron, en su mayoría, en contra de la destitución y destitución del presidente Gómez. Si bien la mayoría de los miembros de la AR mostraron lealtad al partido, algunos no lo hicieron y votaron en contra de su propio líder. Esta falta de lealtad al partido refleja la opinión de Linz de que “el fracaso o la pérdida de apoyo de un presidente no se amortigua con la lealtad al partido. Él o ella es personalmente responsable”[30].
La opositora CND mostró un mayor nivel de institucionalización al votar como un bloque más fuerte contra el presidente Gómez. Sin embargo, los niveles de institucionalización de la CND tenían sus límites, ya que la lealtad partidaria se centraba en la figura del expresidente Menocal, líder histórico del partido. Ni siquiera sus llamados contra la destitución del presidente Gómez fueron suficientes para detener la inminente crisis constitucional. Al mismo tiempo, la influencia militar pudo cruzar las líneas partidistas, rompiendo la coalición que había llevado a Gómez al poder apenas unos meses antes.
Junto con la falta de cohesión partidista, la debilidad institucional de los partidos políticos cubanos también se refleja en los altos niveles de inexperiencia legislativa entre los miembros del Congreso de 1936. La mayoría de los miembros de ambas cámaras del Congreso fueron elegidos por primera vez ese mismo año, por lo que no estaban preparados para enfrentar una situación de la importancia y magnitud que implica el juicio político y la destitución de un presidente.
El presidente Gómez falleció en 1950, 14 años después de que su presidencia se viera interrumpida por un golpe de Estado híbrido sin precedentes. En diciembre de ese año, el presidente Carlos Prío Socarrás promulgó un proyecto de ley que reinstaló simbólicamente los honores del Dr. Gómez como presidente. Menos de dos años después, el presidente Prío Socarrás sería derrocado en un tradicional golpe de Estado encabezado por el ahora ex presidente Batista, colocando aún más a Cuba en el camino hacia la desintegración democrática[31].
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[2] Según Linz y Stepan, “una transición democrática es completa cuando se ha alcanzado un acuerdo suficiente sobre los procedimientos políticos para producir un gobierno elegido, cuando un gobierno llega al poder que es el resultado directo de una votación libre y popular, cuando este gobierno tiene de facto la autoridad para generar nuevas políticas, y cuando el ejecutivo, El poder legislativo y judicial generado por la nueva democracia no tiene por qué compartir el poder con otros órganos de jure”. Linz, Juan J. y Alfred Stepan. Año 1996. Problemas de transición y consolidación democrática: Europa del Sur, América del Sur y Europa poscomunista. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 3.
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[4] Ibíd., 210-213.
[5] Patterson y de Jáuregui, Guillermo. 1936. Relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos. Anales de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales 186 (julio): 188-193, 188.
[6] “La Constitución de la República de Cuba”, Título 7, Sección 2, Artículo 68, Cláusula 17. http://www.contactomagazine.com/titulo701.htm (consultado el 28 de febrero de 2017).
[7] Duarte Oropesa, José. 1974. Historiología Cubana: Desde 1898 hasta 1944 – II. Miami: Ediciones Universal, 516.
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[12] Pichardo, Hortensia. 1980. Documentos para la Historia de Cuba: IV – Segunda Parte. Havana: Editorial de Ciencias Sociales, 115.
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[20] O’Donnell, Guillermo. 1994. Democracia delegativa. Revista de Democracia 5:1 (enero) 55-69, 59.
[21] Riera Hernández, Mario. 1968. Cuba Libre 1895-1958: Resumen Histórico. Miami: Colonial Press of Miami, 159.
[22] Ibíd., 158.
[23] Riera Hernández, Mario. 1966. Un Presidente Constructivo. Miami: Colonial Press of Miami, 71-76.
[24] Ibídem.
[25] Riera Hernández, Mario. 1974. Cuba Republicana 1899-1958: Ocupación Americana, República, Elecciones Desde el Año 1900 a 1958. Miami: Editorial AIP, 60-72.
[26] Ibíd., 87-135.
[27] Haggard, Stephan y Mathew D. McCubbins. Introducción: Las instituciones políticas y los determinantes de las políticas públicas. En Presidentes, Parlamentos y Política, ed. Stephan Haggard y Mathew McCubbins, 1-18. Cambridge: Cambridge University Press, 3.
[28] Huntington, Samuel P. 1996. Reforma de las relaciones cívico-militares. En Relaciones Cívico-Militares y Democracia, ed. Larry Diamond y Marc F. Plattner, 3-11. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 3-4.
[29] Márquez Sterling, 471.
[30] Linz, Juan J. 1994. Democracia presidencial o parlamentaria: ¿marca la diferencia? En El fracaso de la democracia presidencial, ed. Juan J. Linz y Arturo Valenzuela, 3-87. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 29.
[31] Batista fue elegido presidente por un período de cuatro años en 1940. En el momento de su golpe de Estado de 1952, se desempeñaba como senador.
Daniel I. Pedreira (Miami, 1984).
Doctor en Ciencias Políticas. Profesor adjunto de Ciencias Políticas en Universidad Internacional de la Florida (FIU) y Miami Dade College.
Reside en Miami.