Muchos ciudadanos cubanos, como parte del pueblo, que es el soberano, pedimos en la etapa del debate constitucional que se cambiara la ley para que hubiera en Cuba sufragio directo y el pueblo pudiera elegir con su voto, sin intermediarios, a los principales cargos de responsabilidad en el país: dígase presidente de la República, vicepresidente, gobernadores, y los que aún no se llaman alcaldes pero que desempeñan la máxima autoridad en el municipio.
Esto es y será una de las claves para evaluar el nivel de democracia en cualquier país. El voto directo, libre, competitivo y secreto es la garantía del ejercicio de la soberanía del ciudadano. No se logró en el texto constitucional y muchos esperaban que algo de eso fuera incluido en la Ley Electoral. Todos los cargos electivos, menos los delegados de circunscripción y los diputados, son elegidos a través de un complicado sistema que deja en manos de unos pocos representantes la selección de las autoridades ejecutivas municipales, provinciales y nacionales. Este es el primer punto que demuestra que la nueva Ley Electoral cubana es para menos democracia, si eso fuera posible.
El segundo punto es la permanencia de las comisiones de candidatura en esta ley. Este raro organismo controlado absolutamente por el partido único, tiene la misión de conformar las candidaturas a los diferentes niveles. Evidentemente constituye un blindado control para evitar que cualquier persona que no esté aprobada por el partido pueda acceder, incluso, a una candidatura de municipio.
El tercer punto es la primacía de un partido único y excluyente, el Partido Comunista, que se coloca él mismo por sobre todas las estructuras e instituciones del país, incluso por encima del Estado. En los debates del proyecto de Constitución un alto funcionario del parlamento llegó a expresar públicamente que nadie podía trazarle directivas al Partido. La ausencia del pluripartidismo priva institucionalmente a la diversidad de criterios, a las diferentes opciones filosóficas, religiosas, económicas y políticas de un mecanismo de representación en las instituciones del Estado. La “nueva” Ley Electoral deja intacto el sistema unipartidista.
El cuarto elemento para evaluar esta norma electoral es que se prohíbe explícitamente que los candidatos presenten su propio programa de gobierno y realicen campañas electorales para dar a conocer sus propuestas, si las tuvieran. En ningún lugar del mundo, que no sean los regímenes autoritarios o totalitarios, se concibe un sistema electoral sin que los electores puedan conocer, comparar, elegir y votar, según los programas presentados por los diferentes candidatos, movimientos o partidos.
¿Cómo puede considerarse democrático un sistema en el que el soberano no se entera ni siquiera de lo que piensa y se propone hacer el que lo va a representar? Es el colmo del absurdo. Incluso en los países democráticos se critica, y con razón, cuando los debates electorales entre diferentes candidatos se centran más en sacar los fallos personales o incluso íntimos y privados, en lugar de centrar el debate público en los contenidos de sus respectivos programas.
En quinto lugar, pero no el menos importante, debemos tener muy en cuenta que en el último ejercicio de asambleas de barrio para elegir a los candidatos a delegados, el escalón más básico del actual sistema electoral, algunos ciudadanos, en pleno goce de sus facultades personales, cívicas y políticas, intentaron participar en dichas asambleas de vecinos con el fin de presentarse como posibles candidatos. Sin embargo, fueron visibles, comprobables y abiertas las muestras de represión, las violaciones de la propia ley electoral y el abordaje de las asambleas incluso por personas ajenas a esas circunscripciones, cuya única misión era impedir por todos los medios, incluido el acto de repudio y la descalificación ofensiva, a la persona que intentara ejercer su derecho a presentarse como candidato.
Estos cinco elementos, que van desde el mismo corazón de la “nueva” Ley Electoral hasta las experiencias negativas en su aplicación a nivel de base, son solo parte de un análisis más de corte jurídico que reafirman estos criterios cívicos y que son fácilmente identificables en el mismo texto de la flamante ley.
Desgraciadamente, una vez más, las expectativas de cambio, las esperanzas de una apertura hacia un proceso gradual de democratización, han sido bloqueadas y atornilladas con una norma jurídica que cambia algunas estructuras pero no respeta la esencia de toda ley electoral, que es garantizar la máxima participación real y efectiva, no formal y simbólica, del ciudadano que es el soberano de la Nación.
Esta “nueva” ley sigue bloqueando la pluralidad que es propia de la naturaleza constitutiva de toda sociedad, y que puede ser representada por una diversidad de partidos, movimientos o ciudadanos independientes en competencia leal y con igualdad de condiciones, para que el pueblo pueda elegir a aquellos que considere más aptos y honestos, más capaces y diligentes, para servir a la Nación y conducirla hacia la libertad, la democracia plena, la prosperidad, la justicia social y la felicidad.
Cuba ha gastado 60 años en este tipo de experimento de lo que ya la humanidad entera tiene probado, con todos sus defectos como todo lo humano, y con sus logros visiblemente comprobables y fácilmente comparables. Está claro que el paraíso terrenal no existe en ningún lado, por lo que siempre será posible sacar un “tú más” comparándose entre naciones. Todos los sistemas tienen sus vicios y crisis: corrupción, banalización, altos índices de abstencionismo e indiferencia hacia lo político; desigualdades económicas y altos índices de pobreza, entre otros muchos. Ya nosotros en Cuba, después de seis décadas sometidos a un experimento que erradicaría todas esas lacras, nos encontramos con que algunas nunca se erradicaron y otras regresan con diferente rostro. Entonces, ¿qué sentido tiene aspirar a mayores grados de democracia, y obtener resultados diferentes, si se mantienen los mismos métodos?
En democracia es posible cambiar el gobierno en 4 o 6 años cuando cumple, o no, con las promesas que brindó en su campaña electoral y elegirse el mismo, u otro, para que muestre que lo puede hacer mejor. El desafío es realizar estos cambios sin que un hijo de Cuba ofenda a otro cubano descalificándolo con epítetos como “contrarrevolucionario”, “mercenario”, “gusano”, “vendepatria”. Y todo ello sin que sean golpeados en plena calle, detenidos arbitrariamente, citados sin motivos judiciales, interrogados sin presencia de un abogado, juzgados y encarcelados por motivos políticos o por ejercer el periodismo ciudadano.
Cuba merece la unidad de todos sus hijos. Pero el camino de la unidad escogido está marcado por la unanimidad que es ajena a vivir la pluralidad humana y social. Cuba merece una convivencia pacífica que solo se logra cultivando una unidad en la diversidad y el pluralismo. Para ello no sirve la Ley Electoral recientemente aprobada que es, en esencia, igual de excluyente y hegemónica que la anterior por mucho que cambie algunas de las estructuras del Estado.
Seguimos pidiendo una Ley Electoral nueva de verdad, pluralista en su esencia, incluyente en sus métodos, y servidora en su totalidad del ejercicio pleno, igual, competitivo y transparente, de la inalienable soberanía que reside en todos y cada uno de los cubanos, piensen como piensen, y vivan en la Isla o en la Diáspora.
Sin este tipo de participación democrática y organización cívica, ninguno de nuestros problemas encontrará solución estructural y sostenible venida de los únicos que tenemos que dársela: nosotros, los cubanos.
Pinar del Río, 24 julio de 2019