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La economía es una de las ciencias sociales más cuestionadas, sobre todo por la influencia que ejerce en la vida personal de los ciudadanos. El mercado rige las relaciones económicas en los países más desarrollados y prescindir de él ha traído como consecuencia el empobrecimiento y el subdesarrollo de otros tantos. Pudiera pensarse que la clave para una sociedad próspera es solo el mercado.
Si bien, hasta el presente momento de la humanidad, la experiencia ha sido que sin el mercado no hay prosperidad posible, también es cierto que no basta con el mercado y sus leyes para el pleno desarrollo humano en una sociedad. Las sociedades han necesitado a lo largo de los años, complementar el ejercicio de las leyes del mercado, con leyes que cubran sus externalidades y contribuyan a la igualdad de oportunidades, a la responsabilidad individual y social, al respeto a la libertad ajena, a la participación, al cuidado del medio ambiente.
En Cuba, durante 57 años, lejos de intentar establecer la convivencia del mercado con leyes que impulsen el desarrollo humano integral, se han usado las consecuencias negativas del mismo para justificar el bloqueo a la libertad personal de iniciativa económica. Y los resultados: vivimos en una eterna crisis económica que solo se ha aliviado en los períodos en los que otro país nos ha servido de “bienhechor”.
Actualmente, con el anuncio oficial de que la economía no crecerá como se esperaba, y con los rumores de una nueva profundización de la crisis energética, se pudiera esperar que cambie esencialmente el sistema económico, si no es por voluntad del gobierno, que sea por su decisión de ceder ante la imposibilidad de enfrentar las actuales circunstancias, nacionales y regionales. Combinar tres cambios: la liberación de las fuerzas productivas, el reconocimiento del derecho a convivir de diversas formas de propiedad, y la inserción de Cuba en los organismos económicos internacionales, provocaría una trasformación esencial para la economía cubana que permitiría solucionar la crisis sin nuevas dependencias.
Pero no sería suficiente un cambio desde el gobierno o un cambio en el gobierno. La implementación del mercado en la economía cubana en un ambiente democrático, no basta para garantizar el ejercicio de las libertades ciudadanas. Necesitamos para el futuro de Cuba, instituciones y asociaciones fortalecidas y efectivas. Si la sociedad civil es fuerte, articulada, con educación cívica y contando con un ambiente de libertad, respeto a los derechos, en una sociedad democrática, es más probable que los ciudadanos podamos ejercer nuestra soberanía. En esa dinámica, uno de los cambios en que es preciso trabajar desde ahora, es la supremacía de la sociedad civil sobre el gobierno y el capital, o sea, la primacía de la sociedad civil en el ambiente económico.
La actitud de una sociedad civil bien educada y comprometida debe procurar con sus exigencias, con su empuje, que ni el Estado, ni el mercado, se erijan sobre la persona humana. Es responsabilidad de la sociedad civil, velar por que cada ciudadano y ciudadana cubanos tengan oportunidades y espacios para desarrollarse como personas, y además cuidar que en ese espacio de cada uno, las prácticas no los afecten a ellos mismos, ni a otros, ni a la comunidad o al planeta.
En el ambiente de la economía existen ya experiencias y mecanismos que están encaminados a estos propósitos. Por ejemplo:
Empresas con responsabilidad social
Preguntémonos si ya actualmente, los trabajadores por cuenta propia, en las limitadas condiciones en que funcionan, no se niegan, por ejemplo, a darle vacaciones a sus empleados, o a pagarle salarios justos; o si no se acomodan en el hecho de que la competencia es escasa y la demanda supera la oferta, y brindan servicios y productos por debajo de sus posibilidades. En una ambiente de mayor libertad económica la situación puede agravarse.
Ahora es necesario exigir al gobierno cubano, el cese del monopolio sobre la propiedad y la gestión económica, pero cuando existan verdaderas empresas privadas en Cuba, cuando convivan diferentes tipos de propiedad, es necesario establecer mecanismos que la obliguen a pagar salarios justos, a producir con la calidad y en la cantidad que justifique su existencia, a mantenerse en la dinámica de innovación-progreso, y a participar en el cuidado del medio ambiente. Una empresa responsable debe caracterizarse por la transparencia en su gestión, para lo cual deben existir instrumentos y garantías eficientes, y por una solidaria distribución de la ganancia, que debe ser estimulada con políticas fiscales atractivas.
Como consumidores tenemos el deber de estimular con nuestra preferencia aquellos productos de empresas que cumplan con su responsabilidad social y con el medio ambiente.
Empresas con capital dividido en acciones
La imposibilidad legal de concentrar propiedad y riqueza, para cualquier agente económico que no sea el Estado, ha influido fuertemente en el estancamiento y la crisis de la economía cubana. Si queremos una sociedad próspera, los límites a la propiedad y a la obtención de riquezas, deben ampliarse hasta que topen con otras libertades o con el bien común.
El empuje de las grandes empresas que surjan y el gran espacio económico que ocupan, puede ser compensado en la sociedad con una amplia participación a través de la división eficiente de sus capitales en acciones. Adquirir acciones de grandes empresas aunque sea en pequeñas proporciones, nos hace partícipes de los resultados económicos de eficientes entidades que prestan un importante servicio a la economía y contribuye a compartir el poder económico.
Fomento de PYMES y cooperativas
Las pequeñas y medianas empresas juegan uno de los roles principales en una economía de mercado con responsabilidad social. Son ellas una alternativa a las grandes concentraciones de capital y a los monopolios. Llegan a los rincones del mercado a donde no llegan las grandes empresas. Tienen una gran facilidad para las decisiones gracias a que su dueño está cerca del día a día de la empresa, lo que ayuda a su eficiencia y a la rapidez de su respuesta a las situaciones de la demanda. Lo limitado de su tamaño las hacen dejar espacio para los demás.
La propiedad cooperativa, verdaderamente independiente del Estado, promueve la participación en la economía y también promueve la solidaridad y otra forma de producir y hacer gestión. La forma de gestión cooperativa es una opción para los que inician un negocio y una manera de ayudar a que la sociedad civil protagonice la economía.
No podemos decir que en Cuba hoy existen plenamente estas formas de gestión. Los pequeños negocios por cuenta propia que pueden considerarse una pequeña empresa son muy escasos y concentrados principalmente en el sector de alimentación y en La Habana o en polos turísticos. Las cooperativas son en su mayoría, en el sector agropecuario, y las que no lo son, laboran con muchas restricciones, después de padecer el insoportable burocratismo oficial para conseguir el permiso.
Desde la sociedad civil, debemos exigir las mejores condiciones para estas formas de gestión económicas, por la amplitud que le dan a la participación, el acceso por tanto, de muchos, al poder económico y la posibilidad de satisfacer necesidades muy específicas de sectores vulnerables de la población.
Bancos con responsabilidad social
Los bancos son empresas especiales debido a su importante papel como agentes principales del sistema financiero, haciendo circular el dinero entre ahorradores e inversionistas. Las decisiones bancarias sobre el uso del dinero en una nación pueden determinar que las relaciones económicas sean más o menos éticas. Que la banca actúe con responsabilidad social y no invierta en negocios que atenten contra la vida humana o contra el medio ambiente, contribuye muy significativamente en la eticidad de la conducta de los agentes económicos. El otorgamiento de créditos sin exigencia de garantías materiales, al estilo de los bancos de microcréditos promovidos en la India por Muhamad Yunus, y de la llamada Banca Solidaria, permite la participación en la economía de los menos favorecidos siendo una concreción de la búsqueda de la igualdad de oportunidades.
La concesión de créditos y microcréditos es una de las acciones económicas a impulsar en el momento en que Cuba termine su tránsito hacia una sociedad democrática. Los cubanos y las cubanas, en desventaja ante la inversión extranjera, debido a los años de bloqueo a su iniciativa económica por parte del gobierno cubano, no contarán con los recursos necesarios para invertir y participar en la economía y el desarrollo del país y necesitamos formas de obtenerlos que no promuevan la dependencia ni la subordinación.
Política tributaria justa
La justicia de los impuestos depende básicamente de que se establezcan en correspondencia con los ingresos de los contribuyentes y de que utilicen para el bien de la comunidad, según sean distribuidos por decisión de los representantes del pueblo.
En estos momentos, se ha aumentado en Cuba, la contribución que deben hacer los trabajadores a la seguridad social y el impuesto a pagar sobre ingresos personales. Ciertamente, ante el envejecimiento poblacional, aumenta la carga que ya representaba la seguridad social para el Estado cubano. Es legítimo que sea necesario aumentar los ingresos al presupuesto estatal. El problema es que esa carga se ha transferido a los trabajadores que ganan un salario que, aún está por debajo de lo necesario para un nivel de vida digno, teniendo en cuenta que el costo de la vida también ha aumentado considerablemente. Y el otro problema es que, si esa cifra recaudada por concepto de impuesto sobre ingresos personales, formará parte del presupuesto local, es de esperarse que se reparen calles, que mejore el alumbrado público o que se ofrezcan mejores servicios de salud, o que mejoren las condiciones de los centros escolares.
Nuestro deber como sociedad civil es promover una educación tributaria que nos responsabilice con el bien común. Y que, al mismo tiempo, nos eleve a ciudadanos que no veamos al Estado como bienhechor que nos favorece con sus gratuidades, sino como administrador de unos bienes que son proporcionados por nosotros mismos, dándonos el derecho a exigir excelencia en los servicios públicos y la protección del orden interior.
Pagar impuestos sí, exigir como contribuyentes, también.
Estas y otras formas de hacer economía donde se respeten las libertades económicas y se promueva la responsabilidad individual y social, encaminarían a Cuba hacia la nación próspera y justa que queremos.
Como no solo las empresas forman parte de la sociedad civil, todos tenemos responsabilidad en que la economía no sea, en Cuba, asunto de los empresarios o las empresas. Tal como ahora no queremos que sea solo asunto del Estado, tampoco es de desear que solo sea asunto de empresas y mucho menos de empresas privadas. Es hora de que el cambio en nuestro país sea hacia la democracia económica.
Por eso es muy importante que sepamos participar en la economía no como simples espectadores, sino como verdaderos protagonistas.
Conociendo algunos mecanismos económicos existentes, incluso algunos suficientemente probados en otras regiones, los ciudadanos y ciudadanas, debemos crear instituciones de la sociedad civil fuertes y sostenibles, que no se destruyan fácilmente. Es importante también la creación de mecanismos e instrumentos legales para canalizar las exigencias de la sociedad civil a empresas y al Estado.
Estas organizaciones y mecanismos deberán servir al ciudadano para exigir sus derechos sin la sensación, cierta ahora en nuestro país, de que estamos desamparados frente a un Estado “todopoderoso”, o, como en otros países, frente a un mercado excluyente y discriminatorio.
Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968).
Licenciada en Economía.
Fue responsable del Grupo de Economistas del Centro Cívico.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia.
Reside en Pinar del Río.