1. El envejecimiento demográfico: avances y desafíos regionales
El mundo envejece y Cuba lleva la delantera en la región, alcanzando más del 20% de su población con más de 60 años.Se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique hacia 2050 a nivel mundial y, junto con ello, que se produzca un aumento relativo de los más viejos (75 años y +) dentro del grupo de 60 años. Para esa misma fecha, se estima que Cuba estará entre los tres países más envejecidos a nivel mundial.
Los cambios que se producen, y son producidos a su vez, en la composición y dinámicas de las familias con el envejecimiento demográfico desafían todos los ámbitos e instituciones sociales. Esto ha implicado que a nivel internacional se haya ido avanzando en la creación de marcos jurídicos que regulen los derechos de las personas mayores y sus cuidadores, de forma tal que las normativas de cada país vayan ajustándose a los principios y normas derivados de los instrumentos internacionales. Desde la Primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en 1982, pasando por la firma de la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012), hasta llegar a la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores en 2015 se han ido produciendo avances jurídicos importantes. En paralelo, las políticas sociales han ido modificando los enfoques de atención a la vejez, abandonando progresivamente el paradigma salubrista y asistencialista para asumir uno de carácter más social, de derechos e intergeneracional. Las sinergias entre la academia, los organismos internacionales, los movimientos sociales y las agendas políticas, han favorecido el avance hacia la promoción y creación de sistemas nacionales o redes integradas de servicios de cuidado. Los casos de Costa Rica, Uruguay y Chile son una muestra de ello en la región.
Aunque sigue siendo baja, se ha ido ampliando la cobertura servicios de cuidado dirigidos a las personas mayores, diversificando también la oferta programática. No obstante, la institucionalidad de apoyo a estos servicios sigue siendo débil. Ha aumentado la asistencia económica para financiar los servicios de cuidado (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá y Uruguay) y se han producido reformas a los sistemas de pensiones en 12 países de la región. Sin embargo, los recursos asignados para cubrir las necesidades de cuidado son escasos todavía. En términos de política pública, ha sido estratégica la incorporación de la cuestión de los cuidados a la discusión más amplia de losprogramas de superación de la pobreza y de la participación laboral femenina.
Sin embargo, aún queda mucho por avanzar en el reconocimiento de los cuidados como un bien público y un derecho básico, sin el cual no es posible concebir la existencia y la reproducción de la sociedad. De la misma manera, se requiere considerar en las políticas y programas la diversidad de la vejez (vejeces), los significados negativos que se le atribuyen a esta etapa de la vida y los procesos de aislamiento social, abandono y escasa consideración de las personas mayores en su agencia, ya sea en espacios públicos como en medios masivos de comunicación.
El grupo de personas mayores en Cuba ha crecido rápido y dentro de poco representará un tercio de la población de la isla. Sin embargo, la sociedad cubana está poco preparada para asumir los desafíos que este cambio en la estructura población implica. Especialmente, porque el crecimiento acelerado y significativo de la población mayor se ha producido en un escenario de permanentes y confluyentes crisis desde principios de los noventa hasta la actualidad. El rol del Estado en la protección social se ha ido modificando, achicando cada vez más su ámbito de acción y los recursos y traspasando a las familias y al incipiente mercado las responsabilidades de cuidado y asistencia social. La política social ha adoptado crecientemente estrategias de focalización y familiarización, mientras que en los programas y servicios sociales persiste un enfoque voluntarista, asistencialista y con crecientes rasgos de populismo.
Pese a la inexistencia de estadísticas públicas actualizadas sobre “población en riesgo de pobreza” y la falta de estudios de alcance nacional que incluyan población rural, se sabe que se ha venido produciendo un aumento de la pobreza y las desigualdades sociales y territoriales en Cuba desde los años noventa. Este proceso no ha hecho más que profundizarse con los impactos de la pandemia y la llamada “Tarea Ordenamiento”, que han acentuado los procesos de marginalización y exclusión de ciertos sectores y grupos, dentro de los que las personas mayores han sido las más afectadas.
En el nuevo patrón de vulnerabilidad social, los hogares unipersonales de adultos mayores o personas con discapacidad ocupan un lugar preponderante. La mayor vulnerabilidad la enfrentan aquellas personas mayores quecuentan solo con ingresos del trabajo o la jubilación. La pérdida del valor adquisitivo de la pensión promedio anualempeora la situación financiera de las personas mayores, agravada en un contexto de inseguridad alimentaria y nutricional en hogares con personas de 60 años y más.Muchos de ellos, con pésimas situaciones de vivienda, han pasado a engrosar el creciente número de personas en situación de calle, dentro de los que las personas mayores son una proporción significativa, a pesar de los escasos y desactualizados datos que existen.
Las mujeres cubanas son mayoría entre las personas mayoresy las más afectadas en términos de salud, condiciones económicas y sobrecarga de responsabilidades de cuidado. Por territorios y color de piel también se vive una vejez desigual en la isla. Muchas de estas desigualdades no están adecuadamente reconocidas ni visibilizadas a nivel público, ni reflejadas en las políticas y servicios sociales. Los efectos de la pandemia, que llegó a Cuba en medio del efecto acumulado de una crisis estructural, el deterioro significativo en el valor real de las pensiones y de la red de protección social (disminución de bienes subsidiados) configuran un presente de crisis nacional, con perspectivas de profundización. Las encuestas oficiales han registrado un aumento entre las personas mayores de los sentimientos de temor o incertidumbre por la seguridad económica en el futuro. Previo a la pandemia, la gran mayoría no estaba satisfecha con sus ingresos y sentían que no le alcanzaban para cubrir sus necesidades principales. La vivienda es otro de los problemas sociales que afecta a las personas mayores. Se suman las precarias condiciones de habitabilidad (déficit del servicio de agua potable y malas condiciones de saneamiento). Estas condiciones se ven agravadas por las dificultades con el suministro de electricidad y el uso de combustibles para cocinar, que suelen ser contaminantes y dañinos para la salud.
Los cuidados en Cuba siguen anclados en la familia y protagonizados fundamentalmente por mujeres, entre ellas, muchas mujeres mayores de 60 años. Una proporción significativa de los hogares cubanos tiene un adulto mayor entre sus miembros, a la par que el tamaño de los hogares se ha reducido. Al mismo tiempo, persiste un modelo desigual del reparto del trabajo en el hogar. La demanda de personas que requieren cuidados ha aumentado, mientras que la oferta de servicios públicos no ha crecido con la rapidez y cuantía que se requiere. Existe una importante escasez de servicios de cuidados hacia personas mayores e importantes barreras para su uso (de acceso, de información, de disponibilidad, etc.). Esto ha afectado la participación laboral de las mujeres, aumentado los costos de salud y provocado desequilibrios en el sistema previsional. Se ha producido un importante déficit de cobertura de los programas de asistencia social y un insuficiente alcance y calidad del Sistema de Atención a la Familia, a pesar de la ampliación de los estándares de “vulnerabilidad” con que se definen a los beneficiarios. El Estado ha ido traspasando cada vez más responsabilidades de cuidado a las familias, recargando a las mujeres con la atención de todas las personas en situación de dependencia. En paralelo, los flujos migratorios de cubanos y cubanas no se detienen, provocando un déficit cada vez mayor de las redes de apoyo familiar de las personas mayores, así como un problema de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, en la medida en que disminuye la población económicamente activa.
El marco jurídico para regular y proteger los derechos de las personas mayores es insuficiente, a pesar de lo que avanza en términos de protección el proyecto del nuevo Código de Familias, que debería aprobarse en el mes de abril de 2022. Así mismo, la institucionalidad y los recursos humanos son insuficientes para abordar las complejidades y multidimensionalidad de las intervenciones sociales que demanda la población mayor y sus cuidadores. Existe un nivel insuficiente de médicos geriatras y trabajadores sociales, acompañado de una merma general en el personal técnico y profesional de la salud y de deterioro de las instalaciones y los servicios. Pese a los escasos espacios de acción que existen para la sociedad civil, ha ido creciendo la participación de instituciones religiosas y otros actores en la provisión de servicios de cuidado y atención a las personas mayores.
Pese a que existe una visión predominante de la vejez como carga familiar y social, existe suficiente evidencia de que, si las sociedades se preparan adecuadamente para asumir los desafíos que ello encierra, se multiplicarán las oportunidades y beneficios. Desde el punto de vista económico, existen oportunidades de desarrollo económico, por ejemplo, a través del desarrollo de lo que se conoce como la “economía plateada”, de apertura de nuevos mercados de consumo para las personas mayores, la generación de nuevos emprendimientos y la creación de oportunidades laborales, tanto para los más jóvenes como para las propias personas mayores. En la medida en que se favorezca un envejecimiento saludable y se cuente con infraestructuras adecuadas, las personas mayores pueden seguir contribuyendo a la economía, ya sea en el mercado laboral, a través del ocio o el consumo. Desde el punto de vista social, existen importantes oportunidades de fomento de iniciativas intergeneracionalesque permitan aprovechar la experiencia y aportes de las personas mayores, en los distintos ámbitos, incluido la propia política. Una parte importante de las mujeres mayores, abuelos y abuelas, siguen brindando apoyos en los cuidados de su descendencia. He aquí otra oportunidad de las políticassociales para retribuir económicamente estos apoyos, facilitando la participación laboral de las mujeres, a la vez que son fuentes de ingreso para las personas mayores.
Sin embargo, en el contexto cubano estas oportunidades cuentan con importantes frenos políticos, económicos y sociales. Por un lado, la probada falta de voluntad política del gobierno para abordar la multidimensionalidad de la crisis social, en medio de un escenario de inmutabilidad política y mayor control y represión de los distintos actores sociales. La carencia de una estrategia de desarrollo socioeconómico eficiente y sostenible hace muy difícil abordar los efectos negativos del envejecimiento demográfico, porque lo que la ciudadanía podrá apreciar serán solo sus costes, tanto en el sistema de salud como el social. La falta de voluntad para liberar las fuerzas productivas, desarrollar la iniciativa privaday junto con ello destrabar la participación de la sociedad civil (local y transnacional) y la comunidad como posibles prestadores de servicios de cuidados y atención a la población mayor, dificulta que pueda disminuir el déficit de servicios y su mala calidad.
El envejecimiento demográfico y la crisis de cuidados requieren de una atención urgente, so pena de continuar agravándose la crisis social. Para ello se necesita comprometer a una amplia gama de actores locales, internacionales y transnacionales para legislar desde la mirada amplia del sistema de cuidados en articulación con la matriz de protección social. Para garantizar la sustentabilidad y financiamiento del sistema se requiere de una política pública integrada, participativa y eficiente, que favorezca el desarrollo socioeconómico del país y que esté basada en el respeto de los derechos humanos de las personas mayores. Nada de esto será posible si no se favorece y valora el aporte de las organizaciones comunitarias, de la sociedad civil y de las propias personas mayores como protagonistas de su vida y del futuro del país. Para mañana será tarde.
Elaine Acosta González.
Directora Ejecutiva de Cuido60, Observatorio de Envejecimiento, cuidados y derechos.