La semana pasada he tenido, por enésima vez, la oportunidad de compartir con muchos cubanos la sensación y los sentimientos que experimenta todo ser humano que se siente encerrado en su país.
Sin tener causa judicial pendiente, ni multas sin pagar, ni investigación policial en proceso, ni ninguno de los motivos que establece la actual Ley migratoria cubana en su artículo 25 con sus numerosos incisos, fui retenido en el control de inmigración en la frontera del aeropuerto Jose Martí de La Habana, conducido a una oficina, roto mi pase a bordo y clasificado como un “caso PS” (Prohibición de salida).
Una autoridad que no sabe, no puede dar razones, remite a otras autoridades que, a su vez, remiten a “la autoridad competente” que no tiene rostro ni voz. Aparece un oficial de la Seguridad del Estado y lo desconocido, aunque sospechado, comienza a tener identidad. Escucha mi reclamación de un derecho elemental y universal y pide tiempo y teléfono para darme una respuesta como esta: “Ha sido un error, se trataba de otra persona, en otra provincia y con otros problemas. Usted puede viajar cuando desee”. Luego, en el aeropuerto, recibo un mensaje desde un número desconocido que dice: “Verificamos y todo está correcto. Buen viaje”.
Estos son los hechos. Ahora comparto mis consideraciones tratando de ahorrar adjetivos:
- Lo obtenido no es un favor, es un derecho de todo ciudadano.
- No es la primera vez que me pasa. Durante la antigua ley migratoria, que establecía una “Tarjeta Blanca” como carta de libertad, me fue negada en repetidas ocasiones durante muchos años. Unas veces sí y otras no, pero había una autoridad visible.
- Parecía que, abolida aquella “Tarjeta Blanca” con propósito negro, Cuba arribaría tarde, pero efectivamente a disfrutar de un derecho que la inmensa mayoría del mundo ya respetaba hace siglos.
- No ha sido así. La “Tarjeta Blanca” resucitó de incógnito fantasma en el inciso h del artículo 25 de la nueva ley migratoria: “Por otras razones de interés público establecidas por las autoridades facultadas”.
- El término para la sanción usado es, por lo menos, raro: “Regulado-desregulado”.
- He compartido con muchos cubanos y con no pocos hermanos de la sociedad civil esa experiencia de ser excluido, de ser considerado de interés público sin saber por qué, de tener la sensación de que no hay nadie para dar la cara y ofrecer explicación y razones, como si la “autoridad competente” no las tuviera o las ocultara porque son injustas o fabricadas, que es lo mismo.
- He podido solidarizarme con tantos cubanos en la Isla y en otros países del mundo que reciben un trato discriminatorio y son considerados “regulados” o “sin papeles”. Y no solo cubanos, sino ciudadanos del mundo entero que por pensar distinto o no tener papeles son tratados como no-personas.
- Al final, pude viajar tras la zozobra, los gastos innecesarios de tiempo y recursos y, sobre todo, trás ser uno más de los muchos cubanos que sufren esta y otras injusticias.
- Agradezco el apoyo, las oraciones y la solidaridad venida de muchas partes y personas e instituciones diferentes. Los errores tan evidentes, intencionados y repetidos provocan eso en las personas de buena voluntad.
Hay muros fabricados con alambre, con acero, con bloques, y hay otros muros que no se ven a simple vista pero que son tan o más efectivos que aquellos: se trata de la voluntad arbitraria de “una autoridad competente” que pierde la autoridad moral cuando viola los derechos, y pierde la competencia cuando no puede presentar públicamente una explicación convincente. Todos los muros deben caer para que la humanidad avance hacia la madurez de un planeta que sea un hogar común, civilizado y pacífico, sin fronteras creadas por los regionalismos y racismos, por causa del origen, del color de la piel, de la religión o de la política.
Los cubanos nos enorgullecemos de ser un pueblo hospitalario y acogedor con todos los demás pueblos.
Es increíble e injusto que nos discriminemos entre nosotros mismos por razones políticas, religiosas o ideológicas. Eso no ayuda a la credibilidad y a la competencia que debe tener toda autoridad pública.
Espero que esa autoridad tenga rostro, nombre y sobre todo razones para no limitar nunca más el derecho inalienable de viajar libremente a ciudadanos que piensen diferente, amen a su país y quieran compartir con los demás sus vivencias y credos.
¿O hay algo que algunos piensan que no se debe saber ni compartir?
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
Dagoberto Valdés Hernández (Pinar del Río, 1955).
Ingeniero agrónomo. Premios “Jan Karski al Valor y la Compasión” 2004, “Tolerancia Plus” 2007, A la Perseverancia “Nuestra Voz” 2011 y Premio Patmos 2017.
Dirigió el Centro Cívico y la revista Vitral desde su fundación en 1993 hasta 2007.
Fue miembro del Pontificio Consejo “Justicia y Paz” desde 1999 hasta 2006.
Trabajó como yagüero (recolección de hojas de palma real) durante 10 años.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia y su Director.
Reside en Pinar del Río.