La polémica alrededor del anuncio del gobierno cubano de que cualquier ciudadano cubano puede aportar sus opiniones al proyecto de constitución sin importar en qué lugar del mundo se encuentre es ya un resultado positivo. Es salir de la monotonía de criticar la falta de libertad de expresión y el reclamo del reconocimiento del derecho a opinar y pasar a discutir si debe ejercerse o no.
Es comprensible que algunos duden de la buena voluntad del gobierno y se resistan a participar en el ejercicio con más imagen de democracia que se realiza desde 1959. Era algo impensable hasta hace pocos días. Por mucho tiempo los cubanos de la diáspora solo eran tratados como “no personas”.
Sin discutir sobre la bondad o no, de la voluntad gubernamental (porque no es importante), el hecho es que ahora, con el reconocimiento de este derecho, parece que el gobierno cubano ha aceptado que las opiniones en contra no solo proceden de “gobiernos extranjeros que se inmiscuyen en los asuntos internos”, sino que, sin estar al servicio de ellos, hay cubanos que tiene opiniones diferentes a la oficial y que merecen ser escuchadas.
Al reconocer que las opiniones de la parte de los cubanos que vive fuera de la isla son válidas, el gobierno no hace ningún favor, sino que reconoce un derecho. Y debemos considerar que no solo reconoce un derecho, sino que también asume un importante deber: el deber de escuchar las opiniones diferentes y argumentar.
Escuchar no significa acatar, pero sí significa argumentar a favor y ofrecer la oportunidad real de argumentar en contra sin despreciar ninguna opinión. Escuchar ideas implica no atacar a los que las emiten, sin que se manifieste una actitud de intolerancia injustificable.
Por otra parte, aunque esto ya sucede gracias a Internet y el periodismo ciudadano, el gobierno deberá propiciar que el pueblo escuche las discrepancias y participe conociendo las opiniones diferentes. Esta podría ser una oportunidad para legitimar las discrepancias en Cuba. No es ingenuidad política, es estrategia.
¿Qué sucederá si, ante esta posibilidad, nos resistimos y guardamos silencio? Para decir que los jueces de un juego son injustos, es necesario jugar, jugar bien. Luego protestemos, denunciemos, pero no dejemos que pueda decirse que no hay alternativas, ideas ricas, bien concebidas, y que persiguen el bien de Cuba como meta, distintas a las del gobierno cubano actual, para una nueva constitución en Cuba.
Participar expresando abiertamente lo que se piensa, sin complacencias, no es legitimar el sistema totalitario de gobierno. Es aceptar de una vez por todas que, en esta época de la historia de la humanidad, gracias a Dios, el camino es el diálogo. Hemos tenido ejemplos recientes, de conflictos aparentemente insalvables que se han resuelto con conversaciones.
Por último una pregunta: si pueden participar con opiniones esencialmente diversas los cubanos en la diáspora, ¿serán escuchadas también las opiniones de cubanos que vivimos dentro y pensamos diferente? ¿Dejarán de ser invisibles o inexistentes las ideas de disonantes, disidentes y opositores?
Cerrarse a un diálogo, cuando los que se han mantenido cerrados se abren, es alimentar un círculo vicioso que nos daña. Tener una actitud de apertura es estar siempre abiertos a dialogar, y esperar una oportunidad como esta para hacerlo. Que no quede por nosotros.
Si no funciona, por lo menos será otra oportunidad de evidenciar la falta de democracia.
Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968).
Licenciada en Economía.
Fue responsable del Grupo de Economistas del Centro Cívico.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia.
Reside en Pinar del Río.