Es una evidencia irrefutable la entropía, el caos y la persistente crisis de la Cuba actual. Ni las narrativas más sofisticadas de la posverdad y el metaverso logran dibujarnos una Cuba próspera, empoderada y convencida de su bienestar futuro. La información accesible, es decir, la Cuba que percibimos -vemos, leemos, dialogamos- suele ser trágicamente desgarradora, contrastando con la perfección triunfalista de las narrativas oficiales. Esta asimetría entre realidad, discurso(s) oficial(es) y múltiples expresiones opináticas o académicas, pueden darnos pistas para reflexionar sobre qué tan probable es un cambio político vía transición; o en su defecto, las razones de la persistencia del régimen actual.
Cuba parece ser la excepción de los casos de regímenes no democráticos, ya sean autoritarismos diversos o totalitarismos, renuente a las dinámicas de cambiosde la tercera ola democratizadora. A pesar de sus sustantivos vínculos económicos y políticos con la ex URSS y el campo socialista, sobrevivió su caída. Fue capaz, además, de controlar el proceso de ‘rutinización del carisma’, es decir, transferir de forma ordenada el liderazgo carismático histórico y garantizar la continuidad del régimen y la orientación socialista del proyecto. Aunque nos asombre, hay que reconocer su capacidad para reintegrarse ventajosamente en coaliciones estratégicas regionales (Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina) durante las ‘olas de gobiernos de izquierda’, e incluso, tener capacidad de negociación coyuntural con potencias internacionales (Estados Unidos), o proyectarse como un destino redituable para inversiones sectoriales (turismo para España, Canadá, Italia, etc.), o sobrevivir por más de seis décadas a medidas de embargo económico que afectan, innegablemente, el desempeño interno de su gobierno y el estado de bienestar general de su población.
Todos los factores anteriores, o su sumatoria, constituye el núcleo duro de una narrativa que resalta la legitimidad, legalidad y capacidad del régimen cubano para defender un proyecto de soberanía nacional de matriz histórica emancipatoria, y de un profundo antimperialismo selectivo (yankee). Esta narrativa, con una clara orientación Continuista, la observamos en las elites políticas cubanas, su diplomacia, y en sectores académicos vinculados (internos y externos), y podría resumirse en el categórico slogan: “la Nación es Continuidad Socialista”. A pesar de las variaciones de los posicionamientos, esta perspectiva oficial refiere cualquier contradicción interna como una derivación de la agresividad del ‘bloqueo’ económico norteamericano, y asume el cambio inequívocamente como Reforma Controlada; por supuesto, por la dirección del Partido Comunista de Cuba y el gobierno. Cualquier otra perspectiva de cambio que implique modificaciones importantes en los equilibrios de poder, en las formas de expresión y participación de los diversos intereses sociales, en la norma constitucional y las regulaciones jurídicas, será visto como una amenaza a la soberanía nacional. Tal vez ahí encontremos la profunda aversión de esta narrativa oficial al término ‘transición’.[2]
Tratando de evaluar el potencial heurístico de la categoría, sería importante rastrear sus fundamentos teóricos. Las teorías clásicas de transición fueron desarrolladas en la segunda mitad de los años 80’ y 90’ para interpretar las dinámicas de cambio político en la tercera ola democratizadora en la Europa Mediterránea y América del Sur. Por ello, la transición política es una categoría analítica, no ideológica, la cual refiere a un proceso dinámico de carácter indeterminado -no simétrico- donde se redefinen las reglas del juego político a partir de interacciones estratégicas de actores implicados en el cambio de régimen. Durante este periodo todos los cálculos políticos y las interacciones serán altamente inciertos, pues la ausencia de reglas del juego confiables provoca elecciones contingentes con resultados inciertos donde predominan <el arte de la manipulación política y los comportamientos estratégicos> (Colomer, 1998). En otras palabras, las transiciones políticas suelen ser resultado de dinámicas de negociación entre actores con capacidad para incidir en el cambio político en condiciones contingentes y de alta incertidumbre, por lo que la consolidación democrática solo constituye uno de los resultados posibles del derrumbe autoritario.
Ciertamente, la transición política refiere a una dinámica de cambio de régimen político (O’Donnell & Schmitter, 1994), siendo un periodo ambiguo e intermedio, durante el cual un régimen ha perdido algunas características de los arreglos institucionales previos sin haber adquirido todos los rasgos del nuevo régimen en instauración (Morlino, 2019). Pero el núcleo duro de la transición política es la conformación de actores con perspectivas diversas y proyectos creíbles para negociar y provocar un cambio en la estrategia de los demás actores. El primer umbral crítico en la transición hacia la democracia es el movimiento iniciado por algún miembro del grupo gobernante para lograr apoyo de fuerzas exteriores a él, y esta diferenciación debe responder a una dinámica de presiones bilaterales desde <arriba> y desde <abajo> (Przeworski, 1994). Así, la liberalización solo es resultado de una interacción entre la aparición de fisuras en el régimen autoritario y la organización autónoma de la sociedad civil opuesta al régimen. En otras palabras, el inicio de la liberalización presupone una diferenciación en términos de (auto)percepciones, expectativas de cambio y recursos al interior de la élite gobernante y la necesaria existencia de un nivel de autonomía y proyectos colectivos para un futuro alternativo en sectores de la sociedad civil opuestos al régimen.
Estos estudios sentaron las bases para el análisis de la transición a partir de interacciones de los actores estratégicos: en la ‘élite autoritaria’, los Intransigentes (duros) y Reformistas (blandos), y los Moderados y Radicales dentro de la ‘oposición’. Ningún actor independiente sería capaz de garantizar las condiciones de liberalización y cambio político, por lo que entraría en juego su capacidad para establecer alianzas estratégicas con otro actor externo para fortalecer su estrategia de negociación. En la tercera ola democratizadora, las diferencias de poder entre Reformistas y Moderados conformaron el curso del proceso (Huntington, 1994; Przeworski, 1994). Así, la fuerza relativa de los actores para imponer su voluntad a los demás, las oportunidades de negociar y pactar, y la probabilidad de verse envueltos en un conflicto perjudicial y duradero determinarán las percepciones, decisiones y estrategias de los actores (Colomer, 2001).
Otros estudios han interpretado la transición política, de cualquier signo, como una dinámica de acción y reacción entre las élites del régimen que se transforma y la sociedad civil, incluyendo tanto a la oposición organizada como a todo tipo de movilizaciones sociales espontáneas. La movilización popular puede marcar el ritmo de la transformación, al obligar al régimen a optar entre alternativas: represión, integración o la transferencia de poder. Además, indica a los liberalizadores potenciales la posibilidad de una alianza que podría modificar a su favor la relación de fuerzas en el seno del bloque en el poder; y las fisuras visibles en el bloque en el poder indican a la sociedad civil que puede haberse abierto un espacio político para su organización autónoma. Por consiguiente, la movilización popular y las fisuras del régimen se alimentan mutuamente (Przeworski, 1995; Alonso, 2000).
Además del énfasis en la capacidad de los actores para construir ‘coaliciones fundacionales’ que apoyen las nuevas instituciones democráticas, son relevantes ciertas condiciones como el grado referido de movilización popular, la existencia de estados de crisis en el régimen autoritario (de legitimidad, económicas, etc.), la cultura democrática previa, la continuidad de las elites y los partidos políticos, y la presencia de procesos de aprendizajes efectivos, tanto en las élites como en las masas, debido a las fallas de los regímenes alternativos (Morlino, 2019) y la presión de actores externos.
Es cierto que este enfoque predominante de las transiciones como elecciones estratégicas, a pesar de su influencia como modelo analítico, se le critica aspectos como: a) la fuerte dimensión temporal que sitúa a los procesos políticos en una línea de tiempo y una cadena secuencial (liberalización, transición, democratización, socialización, consolidación), b) la apuesta por partir de análisis de casos para la construcción de una metodología para clasificar tipos de transición, y luego compararlas, y c) la fuerte concepción normativa de la democracia (Reano y Garategaray, 2020).
A partir de estos antecedentes, evaluar las potencialidades de cambio político en Cuba constituye un reto académico interesante, pero complejo. Como pudimos apreciar, la transición política presupone ciertas condiciones estructurales, contextuales, históricas y de elección estratégica de actores interesados en el cambio político. El tipo de régimen y su marco institucional puede ser una variable explicativa importante para entender el déficit de diferenciación al interior de la élite política y la autonomía de la emergente sociedad civil cubana. En este sentido, la matriz totalitaria del régimen cubano difiere de los autoritarismos burocráticos-autoritarios de pluralidad limitada de los modelos clásicos, pues ha garantizado la cohesión y la rotación de lealtades de la élite política.
Tanto a nivel institucional como ideológico, la Unidad ha sido el núcleo articulador de la gobernanza y la legitimidad del régimen. El Partido Comunista de Cuba (PCC), partido único de corte leninista, constitucionalmente se antepone a las estructuras de Estado y gobierno,[3] y su Buró Político como órgano de vigilancia y control, así como la eficiencia selectiva de las reglas electorales han sido garantes del consenso y la rotación de lealtades al interior de la élite. Este control partidista se extiende al órgano legislativo, pervirtiendo sus funciones deliberativas en acciones de ratificación de decretos de una cúpula cada vez más invisible. Los órganos supremos del Estado (el Consejo de Estado) y el gobierno (Consejo de Ministros) rinden cuenta al Presidente, quién fiel a la vocación personalista del régimen, será el dirigente supremo del partido único (PCC). La unidad estructural y narrativa del régimen deja poco espacio al disenso, la reflexión crítica y la discusión de opciones intra-élite, condición necesaria para la emergencia de fracturas y de un sector <blando> reformista alternativo. A pesar del déficit de figuras históricas, ha predominado en el cálculo de las élites la estabilidad continuista, basada en la búsqueda de la supervivencia en la posición de poder y el sostenimiento deprivilegios dentro del partido en alianza con las fuerzas armadas (Welp, 2022).
Por otra parte, para el régimen cubano, la sociedad civil ‘institucionalizada’ son las “organizaciones sociales y de masas”. En efecto, estos regímenes de matriz totalitaria que se legitiman en ideologías abstractas tienen una visión profundamente conductista y mecanicista de lo social. La sociedad, será entonces, una ‘masa’ amorfa, reactiva, incapaz de autonomía reflexiva, por lo que debe ser orientada y dirigida desde un liderazgo protagónico externo que garantice su ‘civilidad obediente’ (E. Viera, 2020, citado en Chaguaceda y Cilano, 2021: 42). Incapaz de producir innovaciones aportativas por sí misma, el partido único (PCC) debe diseñar sus ‘funcionales’ respuestas, según sus programas y fines. Así, el uso frecuente de mecanismos complementarios de democracia directa como la consulta popular, el referéndum y el plebiscito constituyen procesos de participación popular con incidencia controlada (Welp, 2020).
Superar esta concepción conductista y funcionalista y las estrategias de manipulación y control de décadas del gobierno hacia cualquier forma de autoorganización y autonomía cívica constituye uno de los retos más importantes de la emergente sociedad civil, y tal vez nos explique los niveles precarios de participación ciudadana en estas organizaciones (Chaguaceda, y Cilano, 2021).
Un marco normativo sumamente restrictivo y discrecional que incluye medidas de registro, monitoreo, sanciones, prohibiciones, e incluso criminalización y represión en dependencia del potencial de amenaza política de ciertos temas (por ejemplo, derechos humanos, prensa independiente, marginalidad, corrupción, crisis ambientales, etc.). No obstante, en los últimos años se percibe un creciente activismo en sectores de la sociedad civil sobre un abanico de temas cada vez más diferenciados, y cuyos posicionamientos rebasan los clásicos clivajes izquierda-derecha o gobierno-oposición. No obstante, estas restricciones limitan la capacidad de interacción comunicativa y organizativa de estos sectores, así como el acceso a recursos,[4] lo que genera un sesgo significativo en los posicionamientos temáticos con un efecto de fragmentación en las acciones colectivas (Chaguaceda y Cilano, 2021).
De estas limitaciones no están exentos los grupos de la oposición, asumiendo diversos posicionamientos ante el cambio político, desde propuestas moderadas de concertaciones pactadas hasta radicales intervenciones militares de potencias extranjeras o potenciar estallidos de rebeldía interna antigubernamental. Con la información disponible es difícil visualizar los actores de oposición moderados y radicales, y su fuerza relativa para definir su capacidad de negociación en un escenario posible de transición política. No debemos olvidar que el pacto entre Reformistas de la élite y Moderados de la oposición debe ser la estrategia predominante. Las opciones radicales (extremistas) nunca han garantizado una transición política exitosa a la democracia.
Es importante subrayar que durante el último año las circunstancias internas se han complicado para el gobierno. Los nefastos efectos del ciclo pandémico y otras enfermedades endémicas como el dengue han limitado el desarrollo de renglones rentables como el turismo; la limitada capacidad de abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, la crisis energética actual, la galopante inflación, la pésima calidad de los servicios médicos, entre otros factores restrictivos sobre el estado general de bienestar de la población comienzan a convertir un malestar difuso en expresiones diversas de disenso latente. En este sentido, el carácter masivo, espontáneo, transversal y politizado de las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 nos demuestran que el malestar generalizado en la población puede desatar reacciones de disenso con resultados inciertos. La respuesta represiva del régimen exhibe sus preferencias: no negociar reformas liberalizadoras. Su estrategia predominante será la Continuidad basada en el adoctrinamiento sistemático, la cooptación manipulativa, la ‘salida’ de sectores disidentes y la represión explícita de cualquier sujeto que amenace la estabilidad y continuidad del régimen, no obstante, el costo de reputación internacional y la erosión de la legitimidad interna (Welp, 2022).
Finalmente, la memoria histórica y los procesos de aprendizaje político pueden jugar un papel importante en los procesos de transición política (Morlino, 2019). En la historia política de Cuba como República han predominado los cambios de régimen por rupturas violentas, ya sea en versiones de golpe de Estado (1952) o por revoluciones (1933, 1959) sobre los pactos (1939), y la única experiencia de democracia multipartidista se reduce a doce años (1940-1952). La mayoría de estas experiencias han sido silenciadas, tergiversadas y manipuladas por la maquinaria de propaganda ideológica del gobierno post-1959, limitando así su incorporación en la memoria histórica nacional como base de un aprendizaje político para las nuevas generaciones cubanas.
El gran reto de la transición cubana hoy es desmitificar y revalorizar el núcleo central del mito revolucionario: la unidad (totalitaria), y asumir como condición de soberanía republicana las importantes nociones de pluralidad, deliberación, tolerancia e inclusión.
Bibliografía
- Alonso, S. 2000. Élites y masas. Un análisis de la Perestroika y las huelgas mineras. España, Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Chaguaceda, A. y Cilano, J. 2021. Cuba: desafíos de la sociedad civil, en Obregón González, L. Cuba Posrevolucionaria. Una mirada panorámica, GAPAC-Editorial Dunken, Buenos Aires: 35-54.
- Colomer, J. 1998. La transición a la democracia: el modelo español, Barcelona: Anagrama.
- González Torres, C. D. 2001. Reflexiones sobre la transición democrática, en Temas, número extraordinario 24-25, enero-junio.
- Huntington, S. 1994. La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Karl, T. Lynn. 1990. Dilemmas of Democratization in Latin America. Comparative Politics, October, vol. 23, no. 1: 1-21.
- Morlino, L. 2019. Cambio hacia la democracia. Actores, estructuras, procesos, Ciudad de México: Siglo XXI Editores.
- Reano, A. y Garategaray, M. 2020. La transición democrática en debate. Una propuesta teórico-metodológica para el análisis de las transiciones latinoamericanas, Izquierdas, 49, abril: 706-724.
- O’Donnell, G. y Schmitter, P. 1994. Transiciones desde un gobierno autoritario. Perspectivas comparadas, Barcelona: Paidós, vols. 3 y 4.
- Przeworski, A. 1994. Algunos problemas en el estudio de la transición hacia la democracia, en O’Donnell y Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. Perpectivas comparadas, Barcelona: Paidós, vol. 3: 79-104.
- Welp, Y. 2022. Cuba en perspectiva latinoamericana: estallidos, protestas y demandas de cambio, Working Paper 33, Foro Europa-Cuba, Barcelona: CIDOB.
- Welp, Y. 2020. Deliberation in the process of constitutional reform: Cuba comparative context, Working Paper 12, Foro Europa-Cuba, Barcelona: CIDOB.
- [1] Profesor-Investigador, Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
- [2]Ejemplo fehaciente de una simplificación ideológica de la noción de <transición democrática>, su debate académico y sus objetivos se pueden consultar en González Torres, C. D. (2001: 204-216). El autor identifica a la literatura sobre transiciones democráticas con un proyecto político que se promueve contra la Revolución cubana, fundamentalmente desde Estados Unidos. “El uso del término pretende representar un significado como <símbolo político> del orden social burgués…….” (p. 206); “Los EE.UU. son el país que posee la mayor experiencia ejecutiva y académica en el despliegue y motivación de procesos transicionales para subvertir auténticos movimientos democráticos…..” (p. 206); “La <promoción democrática>, como mecanismo de dominación, intenta hacer valer los intereses de la política exterior de los EE.UU. y afianzar el progreso recientemente alcanzado por el capitalismo en su lucha contra la ideología y la política socialista” (p. 207). (sic)
- [3] Artículo 5 de las Constituciones Socialistas (1976, 2002, 2019). Cfr. antesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/cuba_constituciones/
- [4]Las organizaciones que reciben la importante ayuda financiera para la ejecución de proyectos “deben subordinarse plenamente a los órganos de relación que monitorean constantemente las acciones, sobre todo, el comportamiento ideológico de dichas instituciones; es decir, el control está muy bien definido” (Díaz, I. 2020; citado en Chaguaceda y Cilano, 2021: 43).
Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta.