Por primera vez en más de 60 años, este 11 de julio miles de personas se lanzaron a las calles en una veintena de poblados y ciudades en Cuba.
Estallaron en Cuba las mayores protestas sociales en sesenta años de régimen posrevolucionario. Como sucede en estos casos, las señales se acumularon pero la chispa prendió cuando (y donde) nadie la esperaba. Así sucede siempre con los grandes eventos sociales, que producen el milagro arendtiano. Pese a su decurso incierto. Pese a que el inmovilismo, el cinismo y el pesimismo de tanta gente se niegue a reconocerlo.
Entendamos el contexto. Una severa crisis derivada del agotamiento del modelo estatista, agravada por la parálisis de las reformas económicas. Impacto económico de la pandemia –que afectó al turismo, fuente de divisas– y efecto de las sanciones norteamericanas. Dolarización de la economía, que incrementó la pobreza, la desigualdad y la escasez; mientras el gobierno privilegiaba la inversión inmobiliaria por sobre el gasto social. Ausencia de políticas eficaces de apoyo al empresariado y los trabajadores, coincidentes con un férreo control punitivo del comportamiento ciudadano. Por último, una política sanitaria que apostó todo al desarrollo de vacunas propias contra la COVID-19, sin atender al resto de las condiciones –infraestructura, insumos y personal– que sostienen, en cualquier parte, la salud pública.
Vayamos a los hechos. Estallaron protestas en una localidad de la periferia habanera, rápidamente viralizadas –gracias al acceso a Internet– en más de 30 localidades de todo el país. Miles de personas, en su inmensa mayoría pacíficamente, marcharon gritando consignas de contenido social y político. Con el avance de la tarde, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas policiales, movilizadas para controlar las manifestaciones. También algunos saqueos –análogos a los que suceden durante protestas similares, por todo el orbe– de las tiendas en divisas, depositarias de productos de primera necesidad y foco de la ira popular.
La tónica general de los acontecimientos (al momento en que se escribe esta columna) fue la diversidad, masividad y politización de las manifestaciones. No fueron turbas pidiendo limosnas, sino ciudadanos exigiendo derechos. La idea de un pueblo genéticamente incapacitado para reclamar a sus gobernantes se desmorona. También el mito de una Revolución eterna, que disuelve las responsabilidades del Estado autoritario en la supuesta identificación Pueblo/Gobierno/Partido único.
Las reacciones no se hicieron esperar. Medios de prensa y usuarios de redes sociales, por todo el mundo, difundieron los eventos. Las imágenes y audios de miles de personas reclamando derechos en el espacio público quedarán para quién quiera verlos. Los silencios y solidaridades para con el régimen y la ciudadanía cubanos se harán, desde ahora, más visibles. Estamos en uno de esos momentos de la Historia en los que cada quién elije el bando que acompaña. Y asumirá la responsabilidad de hacerlo.
El gobierno cubano ha construido por décadas una aceitada maquinaria de control social, sustento de una vocación de poder total. Eso –rechazo a la pluralidad– es lo que reflejó el discurso televisado del presidente Miguel Díaz-Canel, llamando a sus simpatizantes a salir a las calles y amenazando con “estar dispuestos a todo”. Como lo han hecho los gobiernos iraní, nicaragüense o bielorruso, ante protestas populares en sus respectivos países. Porque si, como dijera Brecht, el pueblo se opone a su gobierno, este se arroga el derecho a disolverlo.
Como sucede hoy en muchos países, la gente en Cuba está cansada de soportar el peso combinado de la pandemia, la explotación y la desidia gubernamental. De que los de arriba les esquilmen, hablando (para colmo) en su nombre. La supuesta “excepcionalidad cubana” languidece. Se mantiene solo en la naturaleza de un régimen negado al reconocimiento del derecho de su pueblo, real y diverso, a tener (y ejercer) derechos.
Es irresponsable cualquier llamado a la violencia, pro o antigubernamental, en la isla. El único final feliz de estos acontecimientos sería la aceptación, por las autoridades, del reclamo de la ciudadanía. Y el aislamiento por los manifestantes de cualquier provocación –inducida o espontánea– que favorezca la represión estatal. Cuba no necesita más épica ensangrentada y redentora, sino un diálogo nacional que recupere la normalidad republicana y haga realidad la promesa socialista del Bien Común. La suma posible de libertad y la justicia, contenida en esa frase que corean ahora mismo millones de gargantas: “Patria y vida”.
* Este texto se publicó originalmente en el diario La Razón.
- Armando Chaguaceda Noriega.
- Politólogo e historiador.
- Especializado en procesos de democratización en Latinoamérica y Rusia.
- Reside en México