Armando Chaguaceda Noriega y Johanna Cilano Peláez ∫∫
Introducción ∫∫
El debate en torno a la sociedad civil va ligado a los procesos de democratización en Latinoamérica, Europa Meridional y del Este, Asia y África en las últimas tres décadas. Concebida como esfera de la sociedad, compuesta por diversos tipos de movimientos y organizaciones sociales, medios alternativos y otros actores diferenciados del estado y el mercado, la sociedad civil —en su variante/vocación democrática— ha sido identificada con los principios de autonomía, autorganización y autolimitación (Cohen, 2000:703). La construcción de normas, valores, formas de organización, actuación e incidencia, ajenas a las lógicas acumulativas de poder y riqueza relativas al sistema político y el mundo empresarial, son elementos centrales de su constitución.
La sociedad civil se estructura, en buena medida, producto de la necesidad que tienen los ciudadanos de reaccionar ante procesos que, nacidos en los espacios políticos y económicos, impactan sus vidas cotidianas, derechos e intereses. En el seno de aquella, se encuentran disimiles actores que comienzan a reconocerse desde su diversidad para solventar lo que les preocupa. La sociedad civil resulta un espacio social plural, caracterizado por la organización de ciudadanos, a partir de lógicas de autonomía, solidaridad y representación de identidades específicas, para enfrentar demandas colectivas, problemas comunitarios e incidir en lo público.Una sociedad civil fuerte y protagónica es imprescindible para la salud democrática de un país, pues propicia grados de participación importantes y dinámicas de retroalimentación entre la sociedad civil y el Gobierno.
Partiendo de esos referentes, el presente estudio aborda el desarrollo reciente de la sociedad civil cubana, caracterizado por las restricciones derivadas del régimen autoritario vigente y la emergencia de nuevas identidades, necesidades y metas. Se utilizan los datos de diferentes fuentes —otros análisis previos, índices y bases de datos internacionales— así como testimonios y reflexiones de diferentes actores entrevistados, pertenecientes al espacio asociativo. El trabajo apunta a dar cuenta de la especificidad del marco en que los miembros de la sociedad civil emergente actúan, de los desafíos que enfrentan, así como de las demandas que enarbolan.
Contexto del problema
Cuba vive, desde hace 61 años, bajo un régimen político de tipo soviético —hoy en una fase postotalitaria— que consagra el monopartidismo, la ideología de Estado, el control estatal de la economía, la educación y los medios masivos, así como el accionar extendido de una poderosa policía política como elementos de control social. Cuba pertenece a la categoría de los «regímenes revolucionarios»—junto con la Unión Soviética, China, Irán, Corea del Norte y Vietnam— surgidos de una lucha sostenida, ideológica y violenta desde abajo, cuyo establecimiento va acompañado de una movilización masiva y de importantes esfuerzos para transformar las estructuras estatales y el orden social existente. Este tipo de regímenes ha demostrado capacidad para sobrevivir durante décadas —a pesar de la intensa presión externa, los malos resultados económicos y los fracasos de las políticas a gran escala—al ser uno de los tipos de autoritarismos más duraderos del mundo moderno. (Levitsky, 2013: 5—17).
En el tema de las organizaciones sociales, la Constitución anterior (de 1976, reformada en 1992 y 2002) reconocía la primacía del partido único y el Estado sobre las principales organizaciones sectoriales(de masas) de tipo leninista: obrera, campesina, estudiantil y femenina.La nueva Constitución—aprobada en 2019— mantuvo los rasgos característicos de ese modelo: define al Estado cómo socialista, al Partido Comunista como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado y establece como horizonte la construcción del socialismo.1Las referencias al derecho de asociación en la nueva Constitución, aprobada en febrero de 2019, siguen siendo escuetas y restrictivas, al dejar a la legislación posterior total libertad y flexibilidad para mantener las actuales limitaciones al mundo asociativo en la isla. En su artículo 14, el Estado reconoce y estimula las organizaciones «sociales y de masas» que contribuyen al desarrollo de la sociedad socialista; y en su formulación final solamente señala que la ley reconoce el desempeño de «demás formas asociativas». El artículo 56 regula los derechos de reunión, manifestación y asociación, limitando formalmente su ejercicio al respeto del orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.
Se trata de un orden político donde —como muestran a continuación los datos de V-Dem—las oportunidades de participación ciudadana desde la sociedad civil se mantienen en niveles precarios, como resultado de las acciones de control y represión del Gobierno hacia cualquier forma de autoorganización y autonomía.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos y herramienta de https://www.v—dem.net/es/analysis/VariableGraph/
Para comprender de forma más amplia esas ausencias y barreras, nada tan ilustrativo como contrastar el desempeño de la sociedad civil de Cuba con el de los países vecinos. Cuando graficamos, con los datos generados por V-Dem, la trayectoria histórica de los ciudadanos autónomamente organizados de la mayor de las Antillas con dos sociedades caribeñas —comparables en la juventud de sus naciones, así como en el tamaño de sus economías y sociedades— los resultados son los siguientes:
Fuente: Elaboración propia a partir de datos y herramienta de https://www.v—dem.net/es/analysis/VariableGraph/
Desplegar el asociacionismo: barreras y recursos
Entre los análisis más recientes y completos sobre la sociedad civil cubana destacan los de Marie Laure Geoffrey (2012), Marlene Azor (2016) y Velia Cecilia Bobes (2007). Azor yGeoffrey han aportado rigurosos análisis —con base empírica— sobre los actores emergentes y opositores, destacando la resistencia de estos a los intentos de control y cooptación estatal, al tiempo que reconocen su dificultad de expandir sus acciones y conectar con las expectativas de una población cansada, desciudadanizada y enfrascada en la sobrevivencia cotidiana. Bobes, por su parte, ha realizado una exhaustiva evaluación histórica y legal del fenómeno, relacionándolo con los cambios y permanencias del modelo de ciudadanía militante —dependiente del Estado— que subordina y restringe los derechos civiles y políticos a la construcción del socialismo.
En las páginas siguientes, dirigiremos nuestra mirada a un sector emergente de la sociedad civil cubana, el cual, sin considerarse oposición político-partidaria, ni encuadrarse en las organizaciones de masas del sistema, desafía las restricciones vigentes en procura de mayores oportunidades para expresar las identidades y demandas crecientes de una sociedad cada vez más diversa y, en sentido negativo, desigual.
El desarrollo de la sociedad civil cubana permanece secuestrado por las leyes e instituciones postotalitarias. Desde hace veintitrés años, el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia no permite —amén de la regularización de alguna que otra ya existente— la inscripción de nuevas organizaciones. Además, a las ya reconocidas se les establece un «órgano de relación», entidad estatal que tutela su trabajo. Para rematar, la supuesta representación de segmentos enteros de la sociedad, que enarbolan algunas de las asociaciones existentes —sobre todo las de«masas»— se convierte en monopólica, lo que impide la inscripción de nuevas organizaciones de mujeres, abogados, campesinos, etcétera. En temas tabú como el de los derechos humanos o el de la rendición de cuentas, la labor de la sociedad civil quedó prácticamente vetada.
A partir de entonces se detuvo el crecimiento de este tipo de organizaciones, se paralizó la actividad dentro del Registro de Asociaciones —en relación con el reconocimiento de las que asumen o se identifican con el fenómeno de las ONG— y se impusieron nuevos controles a las organizaciones existentes, junto con una vigilancia y denuncia pública continua sobre los financiamientos externos. En la práctica, el registro solo continúa —hasta la fecha— activo para filiales de organizaciones ya existentes y algunas entidades culturales y deportivas, de interés oficial. Como consecuencia, las organizaciones sobrevivientes fueron reducidas a poseer roles discretos, pagando el precio de la casi invisibilidad.
Taller de Formación Cívica, 2019.
Cortesía de Kirenia Yalit.
La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil legalmente reconocida en Cuba asumen la tipología jurídica de asociaciones, reguladas por la Ley 54/1985 Ley de Asociaciones, e inscritas en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia. También pueden ser fundaciones —creadas a través de escritura pública— u organizaciones de inspiración religiosa, que se inscriben en un registro independiente subordinado directamente al Partido Comunista de Cuba. Al respecto, el testimonio de Rita García (2020) es ilustrativo:«La política estatal cubana rige toda la vida de la sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil en Cuba (en el caso nuestro no tenemos órgano de relación), las instituciones religiosas, están representadas por la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central de Partido, quien controla todo el accionar externo de nuestras organizaciones. Todos los meses se produce un proceso de consulta y aprobación de las acciones/actividades que se realizan, para su aprobación/visto bueno. Hay ciertas temáticas sensibles —relacionadas con el sector privado, derechos humanos, participación ciudadana, entre otras— que velan con recelo, incluso malinterpretando los enfoques».
Un elemento particular de la regulación de las asociaciones civiles en Cuba es la existencia de un procedimiento de aprobación e inscripción que hace depender la existencia de la organización, en gran medida, del interés que tenga el organismo estatal con fines similares a ella, el cual debe otorgarle el aval correspondiente. El llamado «órgano de relación» se convierte, una vez autorizada la organización por resolución de la autoridad competente (Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia), en supervisor de la nueva organización. Con regulaciones especiales para pautar las relaciones que en lo adelante resulten de las normas«de relación», prácticamente inexistentes. Para el jurista Eloy Viera (2020), el órgano de relación asume «un control gubernamental/estatal que elimina cualquier autonomía o posibilidad de actuación cívica más allá de unos patrones, no escritos, pero públicamente definidos desde el control político».
El procedimiento regular para la creación de una asociación conlleva primeramente la asesoría legal al grupo de personas que llevan adelante el proyecto; acudir a un Organismo de la Administración Central del Estado (OACE) para que este evalúe que la actividad a desarrollar es necesaria, y si tiene vínculos con esa entidad (no puedes asociarte si el fin es realizar un programa estatal). Posteriormente se deben cumplir los requisitos exigidos por la Ley 54, y el OACE evaluador se dirige al Ministro de Justicia solicitando la creación de la asociación, o en su caso, devuelve a los interesados el expediente. Los interesados deben además presentar, para dictamen, los Estatutos. Si estos son aprobados se emite una resolución que autoriza la constitución, y se otorga un término de 30 días para realizarla. Una vez realizada la escritura notarial, el acta de la primera reunión va al Registro de Asociaciones para su asiento.
El proceso antes descrito evidencia para Eloy Viera (2020) que, el «Estado solo permite la existencia legal de actores, instituciones y organizaciones que representen sus intereses o que mantengan posturas que dentro del marco de un concordato tácito, no pongan en riesgo la imagen de homogeneidad que el Gobierno cubano pretende mantener y para cuya construcción resulta muy saludable la existencia de balances conformados por posiciones controladamente críticas o de ejercicio de una civilidad obediente. Esos balances se mantienen entre otros elementos por la coacción que para esa misma sociedad civil representa la política estatal. Una política que no solo fomenta y legitima que las organizaciones, instituciones, actores o espacios que conforman la sociedad civil sean creados exclusivamente a voluntad o con la venia del Estado, sino que también fomenta y legitima que sea este quien decida con relación a su supervivencia o extinción».
Junto al cineasta Miguel Coyula presentando Corazón Azul
en el Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt.
Cortesía de Lynn Cruz.
Un punto focal lo constituye el tema del financiamiento, el cual genera posiciones mayormente restrictivas, aunque no exentas de contradicciones entre los mismos funcionarios estatales. Todos los proyectos pasan, además del filtro político, por la revisión de funcionarios del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Las demoras y trámites para la aprobación de los proyectos de colaboración provocan que se pierdan financiamientos o que se tengan que ejecutar en plazos muy cortos, afectando la eficacia de los objetivos planteados.
Para activistas y miembros de organizaciones civiles, la cooperación ha sido un factor estimulante a una economía frágil, deteriorada, en crisis. La inyección en ayudas y materiales de todo tipo ha dinamizado a comunidades, ha permitido desplegar un trabajo a organizaciones que ejecutan tareas importantes como el desarrollo de la agricultura, de la salud, programas que viabilizan mediante talleres el conocimiento, la perspectiva de género, la cultura de paz y el cuidado del medio ambiente. No obstante, estas organizaciones que reciben la importante ayuda financiera para la ejecución de proyectos «deben subordinarse plenamente a los órganos de relación que monitorean constantemente las acciones, y, sobretodo, el comportamiento ideológico de dichas instituciones, es decir, el control está muy bien definido» (Díaz, I., 2020).
Las restricciones oficiales cuentan con la complicidad, resignada o activa, de contrapartes foráneas, por lo tanto: «El Estado ha condicionado que algunos actores extranjeros (ONU, organismos regionales, etc.) asuman el concepto de sociedad civil manejado por el Gobierno; así, los espacios de formación y mecanismos de financiamiento y cooperación impulsados por estas instituciones foráneas y dirigidos, al menos propagandísticamente, al desarrollo de la sociedad civil cubana, se concentran exclusivamente en el sector de la sociedad civil reconocido por el gobierno cubano (Viera, 2020)». En ese sentido, «Grandes financistas como la Unión Europea, la FAO, así como organizaciones no gubernamentales foráneas, destinan anualmente cifras millonarias que son canalizadas a organizaciones de la sociedad civil prácticamente administradas por el mismo Estado cubano, y, por ende, reproducen los mismos esquemas de ineficiencia, falta de creatividad, y aproximaciones superficiales a las problemáticas; especialmente en el campo ambiental y de la agricultura existen notorias experiencias» (Díaz, I., 2020).
Vale destacarque, en condiciones de crisis económica y limitaciones para el desarrollo de actividades por las asociaciones civiles legalmente constituidas, «las ONG en Cuba viven de la cooperación internacional, pero esta es un arma de doble filo porque el Estado controla de forma detallada cómo, cuándo, dónde, y de dónde llega la cooperación que las organizaciones reciben. Para esto cuenta Cuba con regulaciones que impiden una fácil y descentralizada cooperación, dígase enormes dificultades para recibir un donativo y subvención. Además, los actores internacionales se dejan influir por el Estado cubano y, a veces, se logra el objetivo de la disminución de aportaciones; en otros casos las entidades internacionales, como iglesias, ONG, o instituciones estatales de otros países, condicionan la ayuda a acciones claramente detectables por el Estado cubano como peligrosas, dígase las relacionadas con derechos humanos, democracia, empoderamiento popular, participación y nuevos liderazgos sociales en Cuba» (Fernández, 2020).
Este asunto se vincula directamente con la realización de proyectos sobre temas moda, interesados solamente en el financiamiento, sin agendas propias de acuerdo con su objeto social y las necesidades de su población meta. Esto puede derivar en un doble discurso, respondiendo más a los intereses de las agencias financistas que a las necesidades de los beneficiarios del proyecto; además de convertirlas en entidades asistencialistas, proveedoras de recursos que el Gobierno debería proveer a la ciudadanía. No debe entenderse de modo inmediato que tales agendas sean nocivas per se, «lo que sí no se nos debe escapar que muchas son concebidas desde miradas foráneas y hasta extemporáneas. Sobre todo, vale reparar en ello por la precariedad de colectivos de la sociedad civil cubana independientes, quienes en ocasiones han asumido agendas más amplias que las que pensaron inicialmente, con tal de calificar para acceder a determinada convocatoria»(Díaz, I., 2020).
La relación con la cooperación internacional también está marcada por la peculiaridad de la regulación legal de los actores sociales en Cuba. «La cooperación con actores cubanos o extranjeros, pero radicados fuera de frontera, ha afectado de manera significativa a las organizaciones de la sociedad civil cubana, con una importante asimetría entre el acceso a financiamiento que tienen las organizaciones legalmente reconocidas en la Isla, y las que existen fuera del amparo legal» (Díaz, I., 2020). Un aprendizaje importante para activistas y miembros de asociaciones civiles cubanas es que el intercambio con los actores de la cooperación extranjera y sus metodologías de trabajo han redundando en una «mayor seriedad en el trabajo, destacándose de manera significativa la emergencia de iniciativas de comunicación o explícitamente de periodismo, con gran valor formal y de contenidos; además, otra importante ganancia ha sido el reconocimiento de luchas sociales análogas que se desarrollan en otros países; la identificación fuera de Cuba de personas, colectivos y organizaciones con sensibilidades, intereses, y objetivos afines, de cuya experiencia es posible alimentarse y potenciar el crecimiento dentro de fronteras” (Díaz, I., 2020).
Como se ha venido explicando, el financiamiento a cualquier actividad autónoma es visto siempre son sospecha, y por lo tanto digno de toda vigilancia y supervisión, llegando incluso a preferir la eliminación de este. «Las oficinas de cooperación y desarrollo de las embajadas con sede en Cuba, así como agencias donantes, están destinando recursos de todo tipo (humanos, físicos, financieros, etc.) para acompañar el proceso ciudadano cubano. Cada contraparte internacional tiene su enfoque, siempre transversalizados por los derechos humanos, el empoderamiento económico, el papel de la ciudadanía, la prevención de violencias sociales, especialmente en mujeres e infantes y el trabajo con poblaciones vulnerables y menos favorecidas. Esto siempre conlleva una revisión constante de lo que hacemos, y ciertas limitaciones a trabajar con determinadas organizaciones (ej. Fundación Sueca, Acción Internacional u otras) desde donde se trabajan temáticas sobre Derechos Humanos (García, R., 2020)».
Por su parte, el sector de la sociedad civil abiertamente criminalizado por el Gobierno —ligado a la oposición y grupos promotores de los derechos humanos— enfrenta importantes trabas para establecer lazos, que para ellos resultan imprescindibles, con actores extranjeros. Su falta de reconocimiento oficial condiciona que, a pesar de que existan muchos actores internacionales que entienden las dinámicas y los frenos a los que se enfrenta esa parte de la sociedad civil, los acercamientos de estos a actores nacionales se deban producir en la mayoría de los casos en el exterior del país. Las dificultades que han enfrentado actores foráneos que han pretendido impulsar desde el interior de Cuba espacios, proyectos o actores con capacidades de empoderar a la sociedad civil, no son obstáculos menores para una cooperación que para que rinda frutos perceptibles, es muy importante que se produzca en el mismo escenario donde la pujante sociedad civil se desenvuelve.
Así, Eloy Viera (2020) comenta «La cooperación con actores extranjeros es prácticamente el único mecanismo que tiene la sociedad civil no reconocida por el Gobierno para acceder a recursos indispensables para el sostenimiento de su labor. A la falta de acceso a fondos públicos se suma su incapacidad de emprender legítimamente mecanismos de autosustentación. Dicha situación condiciona que sea la cooperación internacional casi que el único mecanismo en el que gran parte de la sociedad civil pueda colocar sus esperanzas. Pero, al mismo tiempo, el financiamiento foráneo que no pase por los filtros gubernamentales se convierte en el principal argumento del Estado y sus voceros, para cuestionar la autenticidad y autonomía de ese sector de la sociedad civil».
También es importante apuntar que «aquellas ONG no inscritas en Cuba pero que actúan en Cuba, sobre todo las que llenan el espectro nacional digital, como blogs, revistas, o plataformas audiovisuales completas, o hasta laboratorios de ideas, dígase por ejemplo, El Toque, Periodismo de Barrio, El Estornudo o Cuba Posible, necesitan del financiamiento exterior de la misma manera que las demás ONG pero, en su caso, todo el dinero que reciben es considerado por el Estado cubano como mercenarismo, lo que impide una relación tranquila y diáfana entre sociedad civil y Estado en Cuba» (Fernández, 2020). Por otra parte, las relaciones de la cooperación internacional con aquellos actores sociales que funcionan fuera de la legalidad cubana se dan de manera solapada, no sistemática, irregular, y generando grandes dosis de vulnerabilidad en los colectivos que funcionan en la Isla. Esta cooperación se expresa sobre todo en capacitación, apoyo a la visibilidad a nivel internacional, y en aprovechamiento de materiales básicos para el trabajo de las organizaciones no reconocidas.
Por último, las posibilidades de comunicación e información son problemas que impactan el accionar de la sociedad civil cubana. La no existencia de información o las dificultades para acceder a la que sí existe en las instituciones públicas, genera un sesgo significativo a la hora en que los actores de la sociedad civil se posicionan ante las temáticas que les interesa. Desde estadísticas de criminalidad desagregada, hasta evaluaciones de impacto ambiental, o uso del presupuesto estatal en determinado municipio, son inaccesibles de manera rutinaria, lo cual tiene consecuencias inmediatas en la percepción de las problemáticas sociales, así como en el diseño de estrategias de promoción, transformación o mitigación por parte de las organizaciones de la sociedad civil.2
Un importante elemento característico de la sociedad civil cubana, que conspira contra su desarrollo, es la fragmentación. La descabellada idea que sostiene el ordenamiento jurídico cubano en materia de asociaciones y que establece que, solo una organización puede aglutinar a todos los ciudadanos con inquietudes y objetivos similares, ha sido acicate suficiente para que en la práctica se reproduzca un sentimiento contrario. El rechazo a la unidad ha ayudado a la proliferación de una sociedad civil que más que la comunidad de objetivos comunes, busca el acuerdo en las formas de actuación como base para su nucleación. Eso ha favorecido no solo el desarrollo de organizaciones y actores con impactos limitados sino también la incapacidad de impulsar mancomunadamente como sociedad civil agendas que pueden ser comunes q múltiples sectores o actores que conforman la misma (Viera, 2020).
Los retos del presente
En diciembre de 2019, el parlamento cubano aprobó un cronograma donde se establecen los plazos y cambios legislativos derivados del proceso constituyente, y de los Lineamientos de la Política Económica y Social. Según informó el legislativo cubano, hasta 2028 deberán aprobarse 107 nuevas normas jurídicas, entre las que se encuentra la largamente reclamada Ley de Asociaciones —marcada para julio de 2022— que deberá regular las formas asociativas y su funcionamiento.
Pese a estas promesas de cambio legal, los diferentes indicadores arrojan una precaria situación para el accionar cívico y ejercicio de todos los derechos en la Isla. Los distintos indicadores Según Freedom House (Shahbaz & Allie, 2019), Cuba es el país con menor libertad en la red de las Américas y el cuarto peor a nivel mundial entre 65 monitorizados. Conforme al índice CIVICUS (2019) su espacio cívico califica como «cerrado». El relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas Unidas (R. E. , 2019) mostró su preocupación por los diversos mecanismos de represión vigentes. La Relatoría de Libertad de Expresión del Sistema Interamericano (C.I 2019) reseñó la persecución sistemática a periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público y en su comunicado del 18 de abril de 2020 (C.I 2020) expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta del Estado a la COVID-19, al resaltar los casos de periodistas multados en virtud del DecretoLey 370.
No obstante, sin esperar por los «cambios» ni por la mejoría de la situación, en Cuba se han expandido el accionar y las restricciones del asociacionismo y movilización autónomos de la ciudadanía cubana. Estos abarcan,la criminalización del arte libre —con un hito en el encarcelamiento y amenazas de juicio sumario contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara3—, pasando por la céntrica protesta de casi un centenar de cuentapropistas en Villa Clara4, las reivindicaciones de los defensores de los animales, los reclamos dehabitantes de zonas populares denunciando déficits de su hábitat5 y la profesional cobertura mediática —con reportajes de investigación incluidos— del joven periodismo alternativo emergente, sancionado por su labor.6 Incluso la Unión Europea, coincidente con La Habana en su denuncia al embargo de EUA, marcó un tono crítico en meses pasados ante las restricciones al activismo en Cuba.7
Lo sucedido en este período es resultado del accionar y los aprendizajes, acumulativos y fragmentados, de años anteriores.8 Pese a las restricciones del contexto y las debilidades derivadas de este, que afectan su desarrollo, movimientos como el LGBTI y de defensa de los animales, por solo mencionar algunos, han puesto en tensión los tradicionales calificativos, canales y tratamientos para la representación y exigencia de derechos.Mostrando la contradicción entre una sociedad más viva y diversa y un orden político-legal enfocado en el control vertical y la anulación de lo emergente.9
El análisis del marco legal hoy vigente para el asociacionismo civil en Cuba nos coloca ante una serie importante de límites y problemáticas. Para activistas, académicos y miembros de organizaciones civiles, una primera limitante es la imposibilidad de inscribir asociaciones «con idénticos o similares objetivos o denominación» a otra ya preexistente, que supone la existencia de una sola organización de cada «tipo». Una segunda limitante es la existencia del órgano de relación estatal, como elemento de control y censura, y que hace que tener un «órgano de relación» resulte en la práctica casi imposible para cualquier organización que asuma una postura crítica o de confrontación con la realidad sociopolítica cubana, dado que ninguna institución estatal la avalaría.
Otra limitante es la polarización político-ideológica asociada al fenómeno sociedad civil, que condiciona las relaciones de las organizaciones registradas legalmente con sus «órganos de relación», pero también afecta a aquellos actores de la sociedad civil que funcionan por fuera de las estructuras legales. De tal modo, grupos sociales cuyas necesidades y objetivos trascienden concepciones ideológicas, son permeados por estas, lo cual lastra la posibilidad de alianzas y crecimiento. Esta polarización, por demás, usada como instrumento disuasivo por parte de agencias estatales y también expresada como autocensura, ha logrado la fragmentación de movimientos más o menos heterogéneos que han ido consolidándose en el último lustro como ambientalistas y defensores LGBTI (Díaz, I. 2020).
Los miembros de esa sociedad civil hacen balance de logros y desafíos. Reconocen que «la vida cotidiana de la sociedad civil cubana es muy complicada, por la excesiva burocracia a la que están obligados para mantener la legalidad de sus actos, el excesivo control político de sus actividades y relaciones, y la constante amenaza de intervención, inspección y control más allá de lo regulado» (Fernández, 2020). En un tono moderadamente optimista se reconoce que «la sociedad civil cubana está ahora en un momento de reconfiguración, dentro de un proceso más amplio de crecimiento. No importa si se trata de emprendimientos productivos autónomos, proyectos de comunicación, o activismos pro derechos humanos: todos han recibido la fuerte presión del sistema. Han logrado resistir, y en algunos casos afianzarse» (Díaz, I. 2020).
Un reto será impulsar, en la práctica, los dos principios teóricos constitutivos de la sociedad civil: la pluralidad y la autonomía. Porque la sociedad civil cubana del presente no se define por un reconocimiento legal que ha quedado obsoleto para revelar la diversidad de actores y motivaciones que mueven a la ciudadanía cubana. Contra ello conspira «la desarticulación a lo largo de los último 60 años de las instituciones, valores democráticos y formas de actuación que contribuyen a la formación de una cultura cívica auténtica y al empoderamiento de la ciudadanía» (Viera, 2020). Esa desarticulación ha desarmado a la ciudadanía cubana y en muchas ocasiones ha mutilado sus esfuerzos para construir proyectos sociales e impulsar actores que contribuyan a la existencia de una sociedad civil pujante.10
En la actual coyuntura de «nueva normalidad pandémica» el rol de la sociedad civil se hace tanto o más necesario, pero también más riesgoso. Si bien las libertades cívicas y democráticas fundamentales ya estaban siendo denegadas antes de que estallara la pandemia, ahora diversos Estados —entre ellos el cubano— aprovecharon la pandemia para introducir restricciones adicionales a la sociedad civil.11Promover el asociacionismo autónomo en la Cuba actual pasa por reivindicar toda forma de expresión colectiva que integre voluntades para el desarrollo de agendas y espacios ciudadanos.
Experiencias como las de la actual pandemia muestran que las comunidades organizadas pueden ser un eficaz aliado de la acción pública.12Ello implica un marco normativo que reconozca la pluralidad creciente y manifiesta de la sociedad cubana, con instituciones y leyes que aúpen —sin el excesivo tutelaje estatal— la libertad popular para asociarse, en los diversos fines que la convivencia propicia. En Cuba, como en todo el orbe, la sociedad civil debe poder desempeñar un rol adecuado en la respuesta a la pandemia, escrutar las decisiones tomadas en respuesta a la crisis, contribuir a que las lecciones de esta experiencia se aprendan y convertirse en socios en pie de igualdad para la reconstrucciónpospandémica.
Referencias bibliográficas
Azor, Marlene, 2016, Discursos de la resistencia. Los proyectos políticos emergentes en Cuba, Editorial Hypermedia, Madrid.
Bobes, Velia C, 2007, La nación inconclusa. (Re) constituciones de la ciudadanía y la identidad nacional en Cuba, FLACSO, México DF.
CIVICUS. (4 de diciembre de 2019). CIVICUS. Obtenido de CIVICUS: https://monitor.civicus.org/PeoplePowerUnderAttack2019/?fbclid=IwAR1mkw34fFcsosMMMR0KJc_MLy9pCyJEb8o9ChD-p8Q6ciJ0jfAtRnpBLZg
Cohen, Jean y Andrew Arato, 2000, Sociedad civil y teoría política, Fondo de Cultura Económica, México.
Geoffray, Marie Laure, 2012, Contester à Cuba, Dalloz, París.
Humanos, C. I. (2019). Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obtenido de http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2019.pdf
Humanos, C. I. (2020). Comunicado de prensa R78/20. Obtenido de http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1173&lID=2
Levitsky, Steven & Way, Lucan, 2013, “The Durability of Revolutionary Regimes”, enJournal of Democracy, Volume 24, Number 3, pp. 5—17.
Shahbaz, A., & Allie, F. (s.f.). Freedom House. Obtenido de Freedom House: https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2019/crisis-social-media
Unidas, R. E. (2019). Internal Communication, AL CUB 5/2019.Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Obtenido de https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24788
Entrevistas
Díaz, Isbel, activista ambiental y LGBTTI, Proyecto Guardabosques. Entrevista, 2 de julio de 2020.
Díaz, Teresa, filósofa, Universidad de la Habana.Entrevista,3 de junio de 2020.
Fernández, Julio, Jurista, Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo. Entrevista, 23 de junio de 2020.
García, Rita, Directora, Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo.Entrevista,12 de julio de 2020.
Viera, Eloy, Jurista y miembro delColectivo + Voces. Entrevista, 8 de julio de 2020.
Notas
1 Incluso, en la discusión de la nueva carta magna, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Luis Toledo, señaló que el Partido estaría por «encima de la Constitución». Ver «Situación de los derechos humanos en Cuba», Comisión Interamericana de Derechos Humanos, febrero de 2020 en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Cuba2020—es.pdf
2 «El aún costoso acceso a Internet y a la telefonía móvil de modo general, todo ello monopolizado por una sola empresa estatal en la isla, sigue siendo una herramienta de dosificación de la información, aún cuando la penetración de internet en Cuba ha ido creciendo de manera muy lenta»(Díaz, I., 2020).
3 Para más información ver https://www.youtube.com/watch?v=9DbupuaIDpY&feature=youtu.be y https://adncuba.com/noticias—de—cuba/derechos—humanos/esto—sigue—regimen—libera—luis—manuel—otero—alcantara
4 Para más información ver https://www.youtube.com/watch?v=rgdGo2RzVNw&feature=youtu.be
5 Para más información ver https://www.youtube.com/watch?v=89O0—cbQm00&feature=youtu.be
6 Para más información ver https://adncuba.com/noticias—de—cuba/imponen—multa—de—120—dolares—periodista—independiente—monica—baro
7 Al respecto señaló:«En 2019, la libertad de expresión, asociación y reunión siguió siendo objeto de importantes restricciones con informes de numerosas detenciones arbitrarias, así como el encarcelamiento de varios presos de conciencia designados por Amnistía Internacional (…). En los últimos meses, ha habido una tendencia a someter a los activistas políticos y defensores de derechos humanos a arresto domiciliario o a impedirles que abandonen sus hogares».Ver «European Union Annual Report on Human Rights and Democracy in the world, 2019» en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST—8580—2020—INIT/en/pdf
8 Para más información ver https://www.ipscuba.net/sociedad/2019—del—activismo—digital—a—la—accion—ciudadana/
9 Rita García (2020) comenta: «En la Cuba actual se están desplegando movimientos alternativos y opiniones diversas en cuanto a los derechos y deberes de los(as) ciudadanos(as) (…) que han influido mucho las redes sociales a pesar del aún limitado acceso a internet y sus excesivos precios».
10 «Las limitadas herramientas con las que cuenta la sociedad civil cubana actual han sido alcanzadas en muchas ocasiones a partir de intercambios con actores e instituciones foráneas que han traspasado knowhow y formas de actuación desconocidas al interior de la Isla» (Viera, 2020). Además, «la sociedad civil cubana tendrá que superar la expresión sectorializada de los intereses (…) superar el espacio virtual como principal escenario de actuación y (…) superar las segmentaciones basadas en criterios políticos. Es una sociedad civil que tiene que acabar de aceptar la diversidad más allá del dicho, sobre todo porque la falta de tolerancia a lo diverso es la que la ha condenado al ostracismo»(Viera, 2020).
11 Para más información ver «Informe sobre el estado de la sociedad civil 2020», CIVICUS; mayo, 2020 en https://www.civicus.org/index.php/state—of—civil—society—report—2020
12 Para más información ver https://www.ipscuba.net/sociedad/mas—redes—voluntarias—contrarrestan—la—covid—19—en—cuba/ y https://diariodecuba.com/cuba/1588071041_17665.html
- Armando Chaguaceda Noriega (La Habana, 1975).
- Politólogo e historiador.
- Miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia.
- Forma parte del equipo investigador del Centro España-Cuba Félix Varela.
- Johanna Cilano Peláez (La Habana, 1982).
- Doctora en Historia y estudios regionales por la Universidad veracruzana, Maestría en Estudios Políticos y Sociales y licenciada en Derecho en la Universidad de La Habana.
- Especialista en temas de gestión ambiental, recursos naturales y desarrollo comunitario.