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En Cuba se ha autorizado la creación de pequeñas y medianas empresas privadas, llamadas Mipymes. Aparecidas en la coyuntura de una grave crisis económica y política, el suceso genera hoy un debate sobre en qué medida los nuevos actores socioeconómicos refuerzan el régimen autoritario o empoderan a la ciudadanía. En ese contexto, la creación de las mipymes parece favorecer el surgimiento de una clase empresarial, cuyos principales integrantes y mecanismos de desarrollo —a través del acceso al crédito, los insumos y los permisos para invertir y operar— poseen lazos políticos con el gobierno cubano, conexiones con capitales cubano-americanos e interlocución con segmentos de la actual Administración estadounidense. La forma del capitalismo político o autoritario asoma en el horizonte de la Cuba actual, cuya élite y asociados parecen impulsar una variante local de la piñata sin acompañarla con alguna apertura al pluralismo.
Promotores y detractores
Los defensores de las mipymes —tecnócratas gubernamentales, empresarios cubano-americanos, intelectuales, medios de prensa y organizaciones de la llamada zona gris de la sociedad civil— las presentan como respuesta relevante a la crisis nacional. En realidad, no parecen tener potencial para serlo, ni siquiera en su dimensión estrictamente económica, al operar en un entorno de restricciones (legales, crediticias, materiales, monetarias, etc.) derivadas de la persistente vocación de control estatal. En lo político, el esquema y reglas de juego en que operan las mipymes favorecen su desconexión con cualquier agenda de promoción integral de la ciudadanía. A lo sumo, se permiten acciones puntuales de responsabilidad social, vinculadas a sectores vulnerables de los barrios, siempre que no se traduzcan en formas de organización e incidencia política.
Cuando de ejercer incidencia se trata, el ejemplo de la carta enviada por un grupo de emprendedores cubanos a la Administración de Joe Biden revela una aparente paradoja: se le pide a un gobierno extranjero lo que no se le exige, con similar grado de articulación y contundencia, al propio. Sea tal proceder el producto de elección de los peticionarios, de coacción ejercida por agentes gubernamentales —lo que han atestiguado al autor dos fuentes implicadas en la iniciativa— o una mezcla de ambas, la imagen que aparece es de empresarios convertidos, por un momento y hacia un solo lado, en agentes políticos.
En contextos autoritarios, la vocación de incidencia del sector privilegiado de los empresarios suele concentrarse —a falta de oportunidades de modificar la política oficial— en obtener ventajas puntuales y maximizar sus ganancias, desentendiéndose de reclamos más amplios, en clave de derechos, para sí y para el resto de la población. Semejante esquema se sustenta en la precariedad legal y la subordinación política del sector, unido a la desigualdad, pobreza y exclusión para quienes no participan del arreglo cupular. Así ha sucedido en países como la Venezuela chavista y su actual etapa madurista; Nicaragua —hasta su deriva autoritaria reciente—; y la Rusia de Putin, por ejemplo1.
El problema
El problema en Cuba hoy no es, per se, la figura y existencia de las mipymes o la identidad de quienes conforman la mayoría de estas. El problema reside en el contexto, coyuntura y beneficiarios que las condicionan políticamente; enfatizando de manera espuria la singularidad, la selectividad y la secuencialidad en el desarrollo del sector. Se trata de una narrativa afín a la cosmovisión de políticos, empresarios y académicos cobijados bajo un orden político autoritario.
La singularidad está dada por el hecho de que solo ciertos actores pueden tener actividades, recursos, voz e incidencia en el universo emprendedor, al estar discrecionalmente avalados o habilitados por el gobierno. Una circunstancia que es opuesta a la pluralidad que debería primar en un esfuerzo real de empoderar múltiples actores. Como establece el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, opuesto a singularidades como la antes mencionada, todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. En ese sentido, el apoyo —que respaldo— a las mipymes debería partir de un esfuerzo en el que la pluralidad de voces (empresarios, académicos, activistas, trabajadores, etc.) sean reconocidos como protagonistas del desarrollo del sector privado y cooperativo.
La selectividad tiene su máxima expresión en el hecho de que en la práctica oficial, en la propaganda y en el discurso de los defensores a ultranza de las mipymes se privilegian unos derechos (a emprender económicamente) por encima de otros (a participar, al trabajo digno, a la libre expresión y asociación) bajo un modelo que fomenta consumidores y emprendedores, pero no ciudadanos. La ausencia de un Estado de Derecho y la dependencia de la buena voluntad y las conexiones con el poder ni siquiera garantizan al personal de las mipymes su posición como emprendedores y titulares de los derechos que defienden y ponderan. La aproximación y abordaje del fenómeno del emprendimiento y, en especial, de las mipymes, no debería ser selectiva, sino integral. Integral en tanto la visión pública y privada de los impulsores de esa agenda debería contemplar el carácter indivisible de los derechos humanos y considerar como meta la materialización de todos los derechos para todas las personas.
Por último, la secuencialidad con la que algunos miran el fenómeno del emprendimiento en Cuba, es heredera de una lectura mecanicista y teleológica de la modernización y el desarrollo institucional. Una lectura según la cual habría que fomentar primero el crecimiento económico del capitalismo para detonar la producción de riquezas, generar un cambio social —con clases medias— y desembocar en una democratización. En realidad, la historia muestra que, si bien no han existido democracias sin capitalismo, ha habido bastante capitalismo sin democracia. Hoy la contraposición fundamental a escala global entre sistemas económicos y políticos—a diferencia de la Guerra Fría— no es entre comunismo y capitalismo, sino entre un capitalismo político autoritario —al que apuntaría el actual modelo cubano, siguiendo los ejemplos chino o ruso— vs. un capitalismo liberal democrático —vigente, con altibajos, en la mayor parte de nuestro continente—.
En contraposición con el enfoque mecanicista de etapas, hay que reivindicar la simultaneidad de demandas —en pro de la mayor cantidad y tipos de libertades— en el proceso de desarrollo político. Es problemático apostar en exclusiva para conseguir algunos progresos (económicos) para algunas personas (propietarias) y pensar que luego, en plazos de tiempo que no controlamos, se extenderán todas las libertades a la generalidad de la población. Hacer eso nos obliga, en el aquí y el ahora, a negociar y poner en pausa los reclamos y suerte de la mayoría —económicamente explotada, políticamente oprimida— de la población.
Posiciones en pugna
En Cuba, inmersa en su entrada en la modernidad neocapitalista (de Estado) de la mano de la élite del viejo Estado comunista, asistimos a la conformación, coexistencia y creciente confrontación de dos coaliciones sociopolíticas. Portadora, cada una, de diversidad de sujetos, demandas y proyectos colectivos. Dos coaliciones difusas y dinámicas, que están ahora articulándose y redefiniéndose, globalización mediante, en las fronteras de la nación cubana y de su diáspora.
La coalición autocrática, formada por una élite ligada al actual régimen, una capa media de empresarios, intelectuales y funcionarios beneficiados por sus conexiones con el poder y una base popular —residuo del antiguo pacto social, clientelar y envejecida— de partidarios ideológicos del sistema, sostienen el actual statu quo y su liberalización económica controlada. La coalición democrática está compuesta mayormente por capas medias y populares, mayormente empobrecidas, desconectadas y críticas del poder, con un potencial difuso de cambio de régimen. Se encuentra reunida en la conciencia y el reclamo de que, de seguir con lo mismo y los mismos, solo se perpetuarán —ampliándose— las formas de exclusión vigentes.
El progreso integral de un país se sustenta en instituciones inclusivas, en las cuales la modernización socioeconómica, el Estado de derecho y la participación política autónoma de la ciudadanía vayan de la mano2. En el siglo XXI, el desarrollo sustentable de Cuba no provendrá con la acumulación originaria de algunos capitalistas si no se fomentan, en paralelo, los derechos de sus ciudadanos. Como han señalado diversos especialistas, los modelos autoritarios —en la inmensa mayoría de experiencias verificables— dificultan la capacidad de corrección de las políticas decididas desde arriba por sus élites, con especial impacto para los sectores más desfavorecidos. Pero el enfoque oficial sobre las mipymes en Cuba ignora la experiencia de otros países pequeños de nuestro continente —como Costa Rica, Panamá o Uruguay— donde el desarrollo socioeconómico y la calidad democrática han tenido sana retroalimentación durante el último medio siglo.
Nota: Este texto es una versión, resumida y modificada, del estudio “Mipymes y Política en Cuba: ¿ruta al Capitalismo Autoritario?”, publicado por Gobierno y Análisis Político AC y Expediente Abierto.
Referencias
[1] Ver B. Rosenfeld: The Autocratic Middle Class: How State Dependency Reduces the Demand for Democracy, Princenton University Press, 2021; B. Magyar y B. Madlovics: The Anatomy of Post-Communist Regimes: A Conceptual Framework, CEU Press, Budapest-New York, 2020.
2 Ver Acemoglu, D. y Robinson, J. A. (2019). The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty, Londres, Penguin Press.
- Armando Chaguaceda Noriega.
- Politólogo e historiador.
- Especializado en procesos de democratización en Latinoamérica y Rusia.
- Reside en México.