1- Liberación incondicional de todos los presos por motivos políticos, identificados por los juristas según estándares internacionales consensuados, incluyendo los que están en licencia extrapenal y así poner fin al presidio político en Cuba. Fin del abuso institucional y policial contra el pueblo cubano y de la represión política, muchas veces violenta contra el pacífico movimiento de derechos humanos y pro-democracia.
2- Respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros compromisos internacionales ya ratificados por el gobierno de Cuba. Ratificar -sin reservas- los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, así como el cumplimiento de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos laborales y sindicales y los acuerdos de la Cumbre de Viña del Mar en 1996 sobre gobernabilidad democrática.
3- Reconocimiento de la legitimidad de la sociedad civil cubana independiente dentro de la Isla y en la Diáspora, como interlocutora válida.
4- El carácter plural de la sociedad cubana impone la necesidad de realizar una reforma constitucional y también legal, para posibilitar la creación de espacios que garanticen el ejercicio del pluralismo político como base para la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas.