La falta de educación cívica, ha generado mucha confusión en conceptos. La corrupción, entendida como el uso de servicios o medios públicos en beneficio privado, es uno de ellos.
Dando una mirada crítica al funcionamiento de muchas de las instituciones en Cuba, detecta actitudes corruptas. El mismo gobierno lo ha reconocido en múltiples ocasiones y anuncia constantemente su disposición de luchar contra este fenómeno (aunque la lucha se mantiene en un nivel bajo).
Uno de los problemas en esta lucha en Cuba es que es difícil distinguir la verdadera corrupción. Sobre la corrupción de políticos en funciones es fácil hablar y está clara la necesidad de enfrentarla en todo momento. Pero la corrupción en Cuba es un concepto que se confunde con otros comportamientos.
Hemos escuchado frases como: “le regalé un refresco y me resolvió enseguida”; o, “si no le llevas un regalito al médico, no te atiende bien“.Cuesta creer que alguien pueda ser acusado de corrupto por un refresco o por un pequeño regalo, o por corresponder con un favor recibido. Sin embargo, la realidad es que cualquiera de estas pequeñas compensaciones funciona y ayudan a agilizar una gestión o a obtener un servicio de mucha demanda. Pero, ¿es corrupción o es necesidad de compensación económica o de reconocimiento social lo que necesitan estos funcionarios o profesionales?
Otra situación común es que los que tienen la posibilidad de generar ingresos en trabajos por cuenta propia, o de recibir remesas familiares con regularidad, puedan pagar servicios o productos a un precio mayor que el oficial, y, como consecuencia, puedan acceder a ellos primero. Lo peor es que, ellos le ponen precio al servicio o producto y entonces no hay manera de conseguirlo si no es a ese precio, a pesar de que supuestamente el Estado lo ofrece a un precio subsidiado. Es fácil para los responsables, encontrar la excusa para no brindarlos si no se los pagan “bien”: “no hay ahora”; “hay una cola esperando…”; “usted necesita tener una autorización… “. Es verdad que estos servicios supuestamente están pagados por el Estado, o sea, con fondos públicos. Por eso usted no debía tener que pagarlos a precio de mercado, pero las leyes del mercado se imponen. Un servicio o producto de alta demanda y poca oferta, aumenta su precio, saltándose todas las trabas. El no reconocimiento de esta realidad solo provoca que los beneficios se hagan más “particulares” que si fueran empresas privadas o si la empresa estatal pudiera cambiar los precios según el mercado. Entonces, ¿es corrupción o es funcionamiento inevitable de las leyes del mercado, donde el acceso a algunos productos o servicios es para los que tienen ingresos suficientes para adquirirlos?
La actitud de servir mejor a los que pagan que a los que no lo pueden hacer, en unos años, fue algo poco común en Cuba, dado que las diferencias de ingresos no eran significativas en los años 80s, pero se convirtió en práctica común, especialmente por parte del Estado durante la crisis iniciada en los 90s, cuando se reservaron todos los principales recursos para los turistas, con el fin de recaudar dinero y se inauguraron servicios médicos cobrados en divisas, playas donde solo podían ir los que podían pagar y tiendas nombradas “Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD)”.
Es normal para una economía de mercado donde junto a estas situaciones se abren posibilidades para obtener ingresos. Pero, en un sistema con base en la distribución igualitaria y la falta de libertad para concentrar propiedades y riquezas, la mayor responsabilidad es del funcionamiento del sistema que hace difícil la distinción entre los que son corruptos y los que solo actúan buscando la justa remuneración o el justo reconocimiento social.
Mal anda una sociedad que no puede distinguir entre corrupción y justicia económica.
Karina Gálvez Chiú (Pinar del Río, 1968).
Licenciada en Economía.
Fue responsable del Grupo de Economistas del Centro Cívico.
Es miembro fundador del Consejo de Redacción de Convivencia.
Reside en Pinar del Río.