Por Reinaldo Escobar
‘Las ideas ganarán la batalla…’ (Letrero en la imagen)
A pesar de que la justicia social, junto a la soberanía nacional, es una de las más proclamadas conquistas de la revolución cubana, es compartida la impresión de que faltan definiciones comprensibles, programas consensuados y compromisos claros para alcanzarla.
Cualquier discusión sobre lo que es justo o injusto en el plano de las relaciones sociales conduce al tema de las desigualdades, las que primero tienen que ser identificadas y evaluadas, para luego reconocer el grado de injusticia que puede haber implícito en ellas, solo entonces aparecen las consideraciones éticas y la búsqueda de soluciones prácticas.
En un entorno competitivo es fácil apreciar que algunos individuos son más capaces que otros, bien porque son más talentosos, más fuertes, más voluntariosos o resistentes, o porque han tenido mejores oportunidades para el aprendizaje de conocimientos o el entrenamiento de habilidades. También están los incapaces con suerte o con influencias provenientes del seno familiar o de cualquier otro favoritismo, y los que todo lo consiguen a través del atropello o la extorsión. La mayor fuente de injusticia, no se aprecia entonces en la diferenciación de los resultados obtenidos ni en la diversidad de potencialidades personales, sino en estos casos, donde no existe la adecuada proporción entre lo merecido y lo obtenido, que para colmo frecuentemente se ostenta.
No hay consideración ética que condene la desigualdad de aptitudes y capacidades entre los individuos, de ahí que cuando se intenta aplicar alguna solución práctica para limitar o eliminar las injusticias, generalmente se hace más hincapié en las pautas que determinan el entorno competitivo. La primera norma suele ser excluir los privilegios y otorgar igualdad de oportunidades, aunque en ocasiones se considera justo dar oportunidades privilegiadas a quienes tienen menos facultades, precisamente en aras de que prevalezca la igualdad. Eso se ve claramente en el ámbito deportivo, donde las reglas son de obligatorio cumplimiento, hay una línea de arrancada para todos y cuando se hace necesario se hacen divisiones atendiendo al sexo, la edad o el peso corporal.
La justicia social suele ser promovida de forma minimalista, cuando solo existe el objetivo de contener las protestas de aquellos muchos que perciben su miseria como consecuencia de la riqueza de unos pocos. Es propuesta en un sentido moderado, cuando se tiene la intención real de aliviar el desequilibrio producido por las desigualdades. En su versión radical, se ha intentado aplicar la justicia social enarbolando como bandera la disminución o eliminación de las desigualdades mismas. Llegando más lejos, desde un ángulo totalmente extremista, se impone, haciendo desaparecer toda heterogeneidad social y económica en un entorno exento de competencia.
Las divergencias entre estas interpretaciones pueden llevar a posiciones políticas, no solo diferentes, sino antagónicas. Especialmente cuando los defensores de una u otra perspectiva consideran que hay una sola posible: la que ellos patrocinan y porque en dependencia del modelo que se ponga en práctica puede estar en juego la existencia de la clase social a que se pertenece o se aspira a pertenecer.
El minimalismo
Hay quien cree que existe justicia social allí donde se garantiza un salario básico en una jornada mínima y donde los impuestos recaen preferentemente en el precio de los productos y no en la ganancia de los grandes empresarios y profesionales independientes. Les parece suficiente la mera existencia de servicios públicos de salud y educación, aún cuando éstos se diferencien de estas prestaciones en el sector privado en un grado tal, que solo se consiga reproducir y a veces aumentar el número de desfavorecidos. La contradicción fundamental de esta caricatura de justicia social es que eterniza y agudiza las desigualdades y estimula la prédica de radicales y extremistas.
La moderación
Quienes intentan conquistar una justicia social moderada aceptan la existencia de desigualdades en un entorno competitivo. Aquí los exitosos estarán obligados por ley a atemperar las desventajas de los desfavorecidos y a contribuir con un porcentaje de sus ganancias a la consecución práctica de la igualdad de oportunidades. Los servicios públicos subvencionados competirán en calidad entre sí y con los del sector privado. La regla de oro consiste en que los impuestos no asfixien a los emprendedores y las subvenciones no estimulen el parasitismo. Su fragilidad radica en su dependencia del perfecto funcionamiento de los mecanismos democráticos, pues siguiendo esta variable, solo se consigue mejorar a los de abajo si los más ricos no monopolizan el poder político.
El radicalismo
Optan por el clásico procedimiento de expropiar a los ricos en beneficio de los pobres. Defienden la idea de que cada cual debe recibir en correspondencia con su aporte pero reducen la participación de los agentes económicos a su papel productivo o de prestación de servicios. La competencia no opera en el mercado sino en los méritos sociales y laborales, como vehículo para obtener mejoras en la calidad de la vida. El estado omnipropietario garantiza parcialmente la igualdad de oportunidades y distribuye de forma equitativa lo tenido por básico, que se presume será más y mejor según sea más y mejor el aporte colectivo al tesoro común. Lo que los exitosos pueden recibir por encima de “lo básico” marcará la diferencia en el status, pero nunca será en una demasía que haga sentirse humillados a los desfavorecidos. El éxito de esta modalidad depende de la productividad y su mayor riesgo es el inmovilismo por lo poco que estimula el éxito individual.
El extremismo
Son más impacientes y gustan de quemar etapas. El ejemplo histórico emblemático ocurrió a finales de los años 70 en Kampuchea, cuando el Khmer rojo condu-cido por Pol Pot eliminó por decreto las diferencias entre clases sociales, entre la ciudad y el campo y entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Fue costoso, pero fácil. Confiscaron todas las propiedades, vaciaron por la fuerza las ciudades, abolieron el dinero y convirtie-ron a los artistas en labriegos. En su discurso satanizando las diferencias sociales se asemejan a los radicales pero apelan más a la violencia para acortar los plazos. Termi-nan hundiendo a sus pueblos en la miseria más espantosa y apelando al genocidio para demostrar sus verdades inapelables.
Aquí, ahora
En la práctica social registrada por la historia las variables antes esquematizadas se presentan con las peculiaridades propias de cada país y con notable mestizaje entre ellas. En una misma experiencia local estas modalidades se han presentado ordenadas sucesivamente o han competido durante un tiempo determinado.
Cuba ha sido durante más de cincuenta años un laboratorio donde han prevalecido los experimentos de corte radical, aunque por momentos las evidentes circunstancias exteriores o las invisibles luchas internas, han inclinado la balanza hacia la moderación o hacia el extremismo. Al terminar la primera década del siglo XXI, los cubanos estamos sedientos de cambios que conduzcan al bienestar de la Nación y sus ciudadanos sin renunciar al disfrute de la justicia social.
No existe aquí una poderosa clase rica capaz de imponer injusticias extemporáneas y a estas alturas ya nadie prestará oídos a ningún desafuero extremista. El verdadero dilema, la más rica discusión que se nos viene encima, ¡que ya está ocurriendo! es entre un fracasado modelo radical, supuestamente liderado por el proletariado y una siempre sospechosa moderación cuyo único protagonista posible tendrá que ser la emergente clase media. Si la polémica se restringe al estrecho campo de variables que cabe dentro de la línea radical, en busca de una idílica perfección de lo que no funciona, no avanzaremos en ninguna dirección.
Aspiramos a una auténtica justicia social, pero ya nos lastran los frenos impuestos por el excesivo control burocrático del estado-partido que nos gobierna. Queremos igualdad de oportunidades, pero no solo para ser atendidos en un hospital o para recibir instrucción en las escuelas, sino también para ejercer actividades empresariales, para expresarnos, asociarnos y movernos libremente y para influir en las decisiones políticas.
Reinaldo Escobar (Camagüey, 1947)
Periodista. Miembro de la Revista digital Consenso.
Reside en La Habana.