El platano fue uno de los cultivos mas dañados por los huracanes.
Los golpes de la naturaleza sobre nuestro país generan mayor preocupación y ansiedad sobre todos su habitantes, el gobierno rechaza ayudas y participación anteponiendo sus fronteras ideológicas a las necesidades de pueblo, ¿qué cambios propone y con qué estrategias pretende asegurar el futuro alimentario de cara a la población? ¿Cuáles pueden ser sus consecuencias?
Por Néstor Pérez
Dos fuertes huracanes han azotado nuestro país y uno ha sido el eslogan tanto de las autoridades como de las personas durante su azote: preservar las vidas humanas. Unas semanas después de transcurridos estos organismos, se impone reflexionar sobre la situación existente con una pregunta ¿bajo qué condiciones estarán obligadas a vivir esas vidas salvadas?, ¿qué ofrece el gobierno para su recuperación?
Al contemplar la situación por la que atraviesan estas zonas devastadas, es palpable el sufrimiento y agobio propio que queda después de estos azotes. También se percibe un desplome y desánimo, consecuencia de lo abarcador del desastre.
Las viviendas están devastadas, una situación que se agrava al saber que se suman a una larga lista de viviendas afectadas por este y otros organismos anteriores, sin más opción que esperar la asistencia por parte del estado si la sabes luchar.
Unida a la destrucción de la vivienda hay que contar la afectación o destrucción de tantos bienes, muebles, ropa, reservas de comida de aquellos que lo posean y en las provincias donde está avanzado el proyecto de la llamada “Revolución Energética”, una pesada deuda en el pago de los equipos a largo plazo sobre aquellas personas tanto retiradas, como laboralmente activas.
Ante el paso de los huracanes y durante la fase recuperativa, una de las actitudes asumidas por el gobierno ha consistido en politizar la ayuda recibida y el actuar solidario de los propios cubanos ante este tipo de situaciones de emergencia, mostrándolo como una actitud de aprobación y confianza incondicional en la revolución y el gobierno. Abundan las familias que acogen en sus hogares confortables a muchas personas, movidas por el espíritu de solidaridad propio de las comunidades. Identificar la solidaridad solo en aquellos que simpatizan con el gobierno y dan su voto de confianza a este, es desestimar una de las cualidades más nobles de la población en general.
La ayuda si se tiene como prioridad al pueblo que agoniza y sufre, desconoce límites y fronteras de políticas partidistas. Es la obligación de quienes ostentan el poder, servir al bien común facilitando a aquellas instituciones u organizaciones de la sociedad civil, con capacidad para ello, su acción efectiva: Iglesias, partidos u otras en la disposición para hacerlo.
Pero, a pesar de que esta situación sea una realidad, cada institución u organización debe reclamar para sí el derecho que le asiste en la participación y el protagonismo con el pueblo que sufre, y a la vez hacer efectivo todos sus recursos y capacidades en acciones concretas, con la mayor autoridad moral que le puede asistir, paliar la escasez y animar a las comunidades a levantarse.
Contentarnos con pequeñas acciones cuando se está en el deber de dar todo a quienes a gritos lo solicitan, es una grave omisión por la que se juzga nuestra credibilidad, actuar sin mediocridad sería la más justa de las confrontaciones, frente a quienes intenten sacar ventajas y hacer su patrimonio del sufrimiento de tantas familias.
Si la acción pacífica, reconciliadora, en medio del desastre trae como consecuencias, que disminuya el grado de tolerancia, respeto y apertura por parte del estado, señal es que el costo de lo alcanzado no se amerita en los resultados, la consistencia y eficacia de las estrategias frente al poder está a prueba en este tipo de situaciones en que se ve claramente nuestra pobreza, la necesidad de proyectos y apertura que animen a las comunidades a hacer algo más que esperar la asistencia estatal.
Otra de las acciones por parte del gobierno, ha estado encaminada a reavivar en la población un alto nivel de expectativas, en cuanto a sus acciones para garantizar la producción de alimentos a la población, a pesar de la crítica situación en que ha quedado el sector agropecuario.
Entre las medidas que se han venido tomando en la última etapa está el cierre de los mercados campesinos para reabrirlos como estatales y los que aún permanecen, sufren una campaña de descrédito por los precios desproporcionados que alcanzan los productos a causa de la escasez de los mismos y los obstáculos que deben sobrepasar quienes los comercializan. Lo más lamentable es que en ocasiones esta campaña encuentre eco en muchas personas, sin ahondar el debate en sus verdaderas causas.
El camino para llevar a vías de hecho esta promesa de seguridad alimentaria, mantiene su continuidad con la Ley 259 para la entrega de tierras en usufructo, unido a rol de las empresas comercializadoras y de acopio (intermediarios estatales) que contratan las producciones a los campesinos para comercializarla hacia la población y el turismo.
El gobierno se niega a actuar en consecuencia a los resultados de los últimos años que según el Informe de la Agricultura del año 2006 de La Oficina Nacional de Estadística (ONE), se puede ver cómo las Cooperativas de Créditos y Servicios CCS y Privados (no asociados a cooperativas), durante la última década de crisis económica, tienen amplia delantera frente al sector estatal y a los otros modos de organización cooperativa donde el estado mantiene mayor control como son las CPA y UBPC las cuales son consideradas por muchos como estatales. En este sentido, calculando “la superficie cultivada” con respecto al “área cultivable de que dispone cada uno” en este informe del 2006 se muestra así; las CCS y Privados es de un 66.2%, CPA 54.2%, UBPC 45.3% y el sector estatal 30.7%, igual sucede con los demás indicadores.
Como se puede apreciar el sector privado y CCS supera dos veces el aprovechamiento del área cultivable con respecto al sector estatal bajo condiciones adversas, algo que responde a una ligera flexibilidad del mercado como consecuencia de la incapacidad del estado de satisfacer las demandas.
Entonces, ¿por qué no entregar las tierras ociosas a los campesinos y darle la propiedad? Llama la atención que se concatene aquel primer congreso campesino celebrado hace 50 años con la actual ley. El ánimo de aquellos años de lucha entre otras cosas era ese, devolver a los campesinos el pleno dominio de las tierras con criterio de justicia y equidad. La actual ley no vislumbra cambios sustanciales en esta dirección, posee los instrumentos jurídicos que hacen factible su revocación, contrata las producciones, las comercializa y controla los precios.
Son pasos atrás hacia una mayor centralización que ahora tienen la credibilidad de hombres sacrificados y con espíritu de trabajo como se muestra en la propia televisión, sin adelantos, y a la vez alentados por un incremento en los precios de compra por parte del estado. A la par, el estado, como dije antes, continúa debilitando la pequeña brecha existente hacia el libre mercado campesino obstaculizando a los comerciantes llamados “intermediarios” que con su iniciativa han garantizado el flujo de estos productos. Un derrotero que pondrá a merced del estado y su política económica centralizada a miles de familias y que tras algunas ventajas ocasionales, esconde un férreo paternalismo sobre sus ciudadanos.
Digo a merced del estado, porque después de desmontar un corte de marabú, crear instalaciones y salir adelante con el sudor garantizando el sostén del hogar, es difícil abandonar el terreno. Aún así cultivar tierras en usufructo puede ser una opción para incrementar la producción de alimentos en el país, pero quién lo decida tendrá que asumir los riesgos.
Otro criterio a tener en cuenta a favor de entregar las propiedades de las tierras es el cuidado y conservación de los suelos tan deteriorados en nuestro país, que estando bajo explotación temporal, la mayor preocupación para el productor será lograr los mayores rendimientos en el menor tiempo posible, sin importar su recuperación. La conciencia medioambiental estará relegada a un segundo lugar a causa de inseguridad sobre la explotación futura de estos suelos.
Lo más importante es que con estas reformas se fortalece el monopolio estatal sobre la comercialización y los precios de los productos agropecuarios, asfixiando cada vez más el mercado campesino y la débil estructura de comercialización privada que ha mostrado una alta eficiencia, con escasos recursos. Una vez extinguida esta estructura comercial, el estado como único intermediario, colocará en alto la espada de Damocles sobre los cuellos, tanto de los productores como de los consumidores.
No pienso que las condiciones que ofrecen las autoridades para quienes logramos sobrevivir lo huracanes sean esperanzadoras, sin embargo, está nuestra activa participación y las demandas que seamos capaces de hacer, jugarán un rol fundamental y positivo también de cara a las autoridades.
En nuestra cotidianidad sobreabunda el marabú, participemos en espacios y proyectos que eliminen la ociosidad de ellos, pero cuidemos que nuestro esfuerzo no sea usado para suprimir las áreas de fertilidad existente, pues la misma plaga con el tiempo ahogará el esfuerzo de hoy.
2 de octubre de 2008.
Néstor Pérez González
(S. Juan y Martínez, 1983)
Técnico Medio en Agronomía. Ex-estudiante de Derecho.
2do. Año de la Universidad de Pinar de Río.
Expulsado por escribir en esta revista y expresar sus criterios en el aula.
Actualmente trabaja la tierra en la vega de su familia.